La aprobación del RIGI y su posterior adhesión en las provincias terminó de abrir la puerta al extractivismo del cobre, el mineral que calza a la perfección con el discurso de la “transición energética” pergeñada por las principales potencias del mundo. Los daños que ya está causando en San Juan, un botín que se disputan multinacionales de distintos orígenes.
“Las políticas oficiales no solo accedieron a las leyes del saqueo extractivo, sino que alentaron la radicación de transnacionales encubiertas en la teoría inversionista. Los bancos mundiales les adelantan créditos avalados por las mismas naciones que vienen a vaciar y los yacimientos se convierten en garantías reales, en tanto la mano de obra se halla cautiva, esclava de una desocupación incapaz de negociar dignidad laboral”, escribe el fallecido Javier Rodríguez Pardo en la introducción de Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después, ese libro clásico del ambientalismo argentino publicado en 2009. Allí mismo también se consigna: “El agua y la energía son los principales insumos que no figuran como tales en los informes de impacto ambiental de las mineras. Si las empresas pagaran por todos los factores de producción realmente empleados, costaría más la extracción de los minerales que su valor en el mercado”.
Quince años más tarde esta caracterización no solo conserva todo su valor sino que se observa más actual y con elementos renovados –y no por ello menos regresivos–, que tiene a la denominada “transición energética” como artefacto ideológico para encubrir una mayor depredación del medio ambiente de los países dependientes en manos de las principales potencias económicas.
Este es el escenario en que debe inscribirse la fiebre por el litio y el cobre y el tsunami de facilidades que viene a profundizar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la reaccionaria Ley Bases: como ocurre hace más de 500 años en la inmensa mayoría de los países, Argentina –con San Juan a la cabeza en lo que a minería se trata–sacrifica su territorio y salud en beneficio del consumo irracional de un puñado reducido de personas y naciones.
El lobby de las mineras en favor del RIGI
La producción megaminera en San Juan tuvo su despegue con el menemismo a nivel nacional y se profundizó durante los gobiernos kirchneristas y el macrismo. Pero sin dudas, el gobierno de Javier Milei viene a llevar esas facilidades a límites extremísimos, a tal punto que ha ocasionado incluso discrepancias al interior del sector megaminero provincial vinculado a empresas proveedoras locales. El jueves 15 de agosto, la Legislatura de esa provincia votó su adhesión al RIGI por orden de su gobernador Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio. Si bien sectores del peronismo también apoyaron la adhesión, otros que responden a los exgobernadores Sergio Uñac y José Luis Gioja votaron en contra por los motivos mencionados.
Como informamos en Cítrica meses atrás, de los ocho o diez megaproyectos de cobre en cordillera argentina, al menos cinco se ubican en San Juan. Josemaría y Filo del Sol, en el noroeste sanjuanino, en el límite con La Rioja y Chile, se encuentran a 5 y 10 kilómetros el uno del otro, y por el volumen que se espera extraer ya se denomina a esta zona la “Vaca Muerta del cobre”. Ambos proyectos pertenecen al Grupo Lundin e incluye otro yacimiento del lado chileno, llamado Los Helados. Lundin denominó a este espacio territorial “Distrito Vicuña” y según informaron en diciembre de 2021 “cada empresa tiene ahora considerables recursos minerales. Josemaría alberga reservas de 6,7Blb de cobre, 7Moz de oro y 31Moz de plata, Filo alberga un recurso indicado de 3,1Blb de cobre, 4,4Moz de oro y 147Moz de plata, mientras que Los Helados alberga un recurso indicado de 17,6Blb de cobre, 10,1Moz de oro y 92,5Moz de plata”.
Lundin es una empresa denominada “junior”, por lo que se esperaba una fusión con otra de mayor envergadura para afrontar el desafío en cuestión, algo que finalmente ocurrirá gracias a la aprobación a nivel nacional del RIGI.
La fusión entre el grupo minero canadiense LundinMining y la australiana BHP, la mayor empresa minera del mundo, según su capital, fue recibida entre bombos y platillos por la persona que se encuentra al frente de la comunicación oficial del presidente Javier Milei. El vocero Manuel Adorni reconoció sin sonrojarse que la unión entre estas dos empresas para explotar dos de los yacimientos de cobre más importantes del mundo, Josemaría y Filo del Sol, solo pudo ser posible gracias a la aprobación del RIGI: “Esta empresa no hubiera llevado adelante la decisión de invertir sino hubiera sido por este régimen que le da determinadas garantías y, por supuesto le agrega valor al proyecto”.
“El RIGI fue una influencia bastante grande en la formación de esta compañía conjunta con BHP”, le respondió uno de los hermanos Lundin a Tiempo de San Juan esta semana. Y amplió: “Creo que al tener este régimen ayuda a Josemaría y a Filo, le da estabilidad y claridad para poder mover el proyecto hacia adelante, y además se abre una gran ventana para hacer inversiones. También debido a la gran demanda que tenemos de minerales que son necesarios para el mundo”.
Saúl Zeballos, de la histórica Asamblea Jáchal no se toca, tiene una visión diametralmente opuesta a la del vocero libertario: “Esta empresa BHP está acostumbrada a avasallar los derechos de las poblaciones y de los trabajadores”. Entre el 13 y el 18 de agosto, 2400 trabajadores de Minera Escondida en Chile, propiedad de BHP, la más importante del mundo dedicada al cobre, paralizaron sus actividades en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Según sitios promineros, esta huelga puso en vilo a la actividad en todo el mundo, pues hubo riesgo de que se disparara el precio del metal a nivel internacional. El balance del principal sindicato involucrado hace referencia a una victoria de los trabajadores. En 2017 la empresa derrotó una huelga que se desarrolló durante más de 40 días.
“La BHP es una de las empresas que en Brasil generó el rompimiento de un dique de cola de desechos tóxicos mineros y que mató a 19 personas y contaminó el río Doce durante 600 kilómetros aproximadamente. Generó un desastre en la fauna del río y obviamente en la flora también”, advierte Zeballos. Agrega que “el RIGI nos deja totalmente indefensos tanto a las poblaciones que estamos río abajo de las nacientes del río Jáchal, en donde se encuentran estos dos emprendimientos mineros, y también a los trabajadores que no tendrán derechos ni siquiera para hacer huelga. Entonces, se necesitaba de esa legislación para poder avanzar con estos proyectos”. La afirmación de Zeballos debe entenderse en un sentido amplio, pues el RIGI forma parte de la denominada Ley Bases, que incluye una contrarreforma laboral que barre con derechos adquiridos por los trabajadores.
“En la provincia de San Juan los CEOs de las multinacionales mineras han sido los principales lobistas de la Ley Bases y del RIGI. A pesar de que son proyectos en los que la exploración ya se venía desarrollando desde mucho antes del gobierno de Milei, gozando de las garantías económicas y jurídicas que les brindaba la ley de inversiones mineras”, informa Juan Godoy de la Asamblea Agüita Pura para San Juan. Godoy destaca que Robert McEwen, un multimillonario canadiense, dueño del proyecto minero de cobre Los Azules en Calingasta, se reunió a principio de año con el presidente Milei, “contándole de la inversión que implicaba este proyecto, y dando declaraciones en todos los medios de las expectativas que tenían en las políticas neoliberales del presidente. En nuestra provincia se encargó de recorrer desde grandes medios hasta pequeños medios, siendo un militante activo de la sanción de la Ley Bases. Amenazando de que este proyecto no iba a continuar si no se sancionaba esta ley”.
Godoy refiere a que “el proyecto Los Azules es muy peligroso para nuestra provincia, ya que está sobre la cuenca del río San Juan, que es el río que alimenta a todo el valle del Tulum, donde se encuentra la mayor cantidad de la población, alrededor de 680 mil habitantes. Es la única fuente de agua dulce, a diferencia del río Jáchal, que es donde ocurrió el derrame de Veladero”.
Zeballos enfatiza en el retroceso en materia ambiental que implican el RIGI y la Ley Bases aún en provincias donde ya se desarrolla la megaminería: “El RIGI establece que toda norma que se oponga al régimen de incentivo a las grandes inversiones quedará nula. O sea, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección de Glaciares. Josemaría está en una zona periglaciar. Va a romper para el Open Pit que tiene planeado un glaciar, el GE 110, que no estaba en el inventario de glaciares y que nosotros desde la Asamblea Jáchal no se toca presionamos para que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) lo reconozca y lo incorpore en el inventario nacional de glaciares”. El entrevistado denuncia que el RIGI atenta contra el principio de “no regresión en materia ambiental” del Acuerdo de Escazú, al cual adhirió Argentina.
“Pagarán impuestos como un monotributista”
Nadia Gomez Akasalla es representante del Pueblo Huarpe en el Consejo de Participación Indígena y se explayó con precisión sobre el asunto: “El RIGI viola uno de los principales derechos que tenemos las comunidades indígenas, que es el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado ante cualquier actividad administrativa, sobre todo que vaya a modificar o a perjudicar nuestros territorios”. Informa que las comunidades y organizaciones indígenas no fueron escuchadas antes de que se formulara y aprobara la ley.
Como es de esperarse, sus expectativas no son alentadoras: “Va a traer más despojo. Es una legislación que no podrá tener cambios durante 30 años. Los juicios por daños ambientales o cuando afecten los derechos indígenas serán debatidos en una corte extranjera. Y este tipo de inversiones tendrán prioridad en el uso del agua. Nosotros hace más de 15 años que estamos en una emergencia hídrica en nuestra provincia, entonces que hoy un inversor extranjero que se viene a llevar nuestros recursos y que va a pagar impuestos como si fuera un ´monotributista‘-cuando a nosotros se nos ha perjudicado la vida de muchas maneras distintas-, nos parece totalmente innecesario e injusto. Y es una historia que nosotros ya hemos vivido. Nosotros tenemos hace más de 20 años megaminería en la provincia”.
La Ley Bases y, con ella, el RIGI, son la expresión más incuestionable de que, como decía Rodríguez Pardo, efectivamente “vienen por todo”: el litio, el cobre, el petróleo, los derechos de los trabajadores, el territorio, el agua y un montón de etcéteras. Acompañan estas políticas la profundización de la precarización laboral en todas sus formas y, en especial, en su manifestación más abyecta, el aumento exponencial de la pobreza y del hambre en los pueblos. Aunque atomizada, la resistencia a esta avanzada ya se encuentra diseminada en varias zonas del país.
San Juan se queda sin agua por la crisis climática y la megaminería
Mientras el lobby minero se impone en el Congreso en la votación de la Ley Ómnibus, un emprendimiento superior al de Veladero está próximo a su explotación en cordillera, la zona con mayor sismicidad del país. En el este, otro proyecto amenaza a la única parte del territorio que permaneció relativamente alejada de la minería a gran escala. ¿Quiénes están detrás de este tsunami megaminero? Por primera vez en la provincia, varios pueblos se organizan con antelación a la instalación de un proyecto.
DNU y Ley Ómnibus: un atraso abismal en materia ambiental
Riesgo RIGI para la Argentina
En el corazón de la Ley Bases está el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI). Un paquete de artículos a la medida de los capitales extranjeros con beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros a cambio de casi nada para el país. Cómo es el modelo que propone Milei para los próximos 30 años.