El niño no miente

Todos vivían en el mismo pueblo, una pequeña comunidad de unos 600 habitantes a 100 km de Madryn. El niño era alumno de la escuela primaria local, su mamá trabajaba como maestra jardinera, la pareja del padre era docente en el colegio secundario y el padrastro había sido concejal hasta 2015. Imposible no cruzarse. Imposible no cruzar a las otras personas mencionadas por el niño.

Los vómitos, el pis en la cama, las pesadillas, los miedos del pequeño. También los aprietes en la ruta y las llantas cortadas. Para el padre y su pareja todo cobraba otro sentido. Esa misma noche armaron los bolsos y se fueron de Puerto Pirámides. Era noviembre de 2016 y tenían más de dos años de infierno por delante.

Primeras dudas sobre la Fiscalía

“No es necesario que gasten plata en un abogado porque con la Fiscalía alcanza”, recuerda el padre que le aconsejaron en la oficina judicial. En el sistema chubutense quien investiga es el Ministerio Público Fiscal, no el juez. La dependencia de Puerto Madryn, a cargo del fiscal general Daniel Báez, fue la que recibió la denuncia y activó el protocolo de actuación para casos de ASI. En el Hospital Andrés Ísola de esa ciudad se examinó al niño y se comprobaron lesiones compatibles con abuso sexual.

La confianza en la Fiscalía no duró mucho. Las dudas se empezaron a cristalizar con el primer testimonio en cámara Gesell. “A los 14 minutos, Angélica Cárcano, la fiscal, corta la cámara Gesell, porque el nene ya empezaba a contar de una tercera persona, alegando que se iban a vulnerar los derechos de defensa de las personas que mencionen. Como que se nos iba a caer el caso. Al principio pensaba que nos estaban cuidando, hoy me doy cuenta qué es lo que estaban haciendo”, detalla a Cítrica el padre del niño. El testimonio recién se completaría ocho meses después.

Luego de la primera Gesell, la perito oficial y psicóloga, Mariana Pastor, entregó un informe psicodiagnóstico del que también había participado la psicóloga de la defensa, Silvia Sarubinsky. Según fuentes de la causa, el procedimiento tuvo cuatro encuentros con el niño y no se hizo en sede judicial. Entre otras conclusiones, Pastor afirmó que el relato era “increíble”. También señaló la presencia de “indicadores emocionales, que dan cuenta de conflictiva que no ha logrado tramitar”, aunque explicó no haber podido establecer una relación entre los indicadores y un abuso sexual. Sí se inclinó a identificarlos como resultado de una disputa entre los padres biológicos. Este informe se convirtió en el principal argumento utilizado por Fabián Gabalachis, abogado de la defensa, para pedir el sobreseimiento.

Una frase de la fiscal María Alejandra Hernández, también de Madryn, profundizó la desconfianza de la querella. “Tu error es haber escuchado al nene y tomar nota”, le dijo a la pareja del padre en los pasillos de Tribunales.

Por recomendación de la abogada de Familia que hasta entonces lo asesoraba, el padre decidió constituir la querella “para acompañar el proceso”. Convocó, entonces, a los abogados Alfredo Pérez Galimberti -ex defensor general de Chubut- y Federico Ruffa, que presentaron los abusos intrafamiliares separados del resto. El objetivo era evitar que la causa se diluyera. “Si no accionábamos así tal vez ni siquiera hubiéramos llegado al juicio”, señalaron los abogados. La conformación de la querella resultó clave, también, por otro motivo: la fiscal María Angélica Cárcano decidió no acusar y pedir el sobreseimiento de los imputados.

La jueza Eizmendi, en tanto, extendió el periodo de investigación. Se realizó así una pericia grafológica, la segunda cámara Gesell y otro psicodiagnóstico, el último firmado por la perito oficial Elsa Sánchez. En el informe detalló que el menor fue “víctima, en etapa temprana, de hechos psicotraumáticos - de características sexuales, lo que ha afectado un normal funcionamiento y evolución del mismo”.

Con la voz del niño como estandarte, se elevó la causa a juicio oral. Para la jueza pesó más el testimonio del niño víctima de abuso que la ausencia de la Fiscalía para defender sus derechos. La maestra jardinera y el exconcejal iban camino a la condena.

Quién miente

Al momento de la investigación, Morón ya no era concejal de Puerto Pirámides. De Cristófano, en tanto, había sido separada temporalmente de su cargo como maestra jardinera. En ese marco, la mujer fue acogida en el municipio de Puerto Pirámides, a cargo de Javier Roldán. Los unía la amistad, pero también la política: Morón había sido electo concejal en el periodo anterior por el mismo partido, Chubut Somos Todos (Chusoto).

En paralelo, la estrategia judicial pasaba por construir la imagen de un pequeño manipulado por el padre para atacar a su ex mujer. “El niño miente”, repitieron durante el proceso familiares y amigos de los acusados. Se trajo así a la mesa un concepto muy cuestionado por profesionales de la psicología y por organizaciones de protección a la niñez: el Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Según datos de Unicef y el Ministerio de Justicia de la Nación, el 80 por ciento de las víctimas de abuso sexual son niñas, el 95 por ciento de los abusadores son varones y la mayoría son familiares que viven en el mismo hogar. En un contexto de patriarcado que no es sólo nacional, el SAP es generalmente utilizado por la defensa de los abusadores para acusar a la mujer de instrumentalizar a los hijos en contra del padre. Sin embargo, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA por sus siglas en inglés) lo reconocen. Como se puede leer en el documento del último 8M, la lucha contra el SAP es también parte de las consignas del movimiento feminista.

Consultada sobre el tema, la psicóloga y fundadora de la Asociación Abuso Sexual Infantil No, Mónica Creus Uretta, habló sobre el caso Pirámides y explicó que el SAP no es real. “Habría que citarlo entre comillas: el síndrome no existe, porque la enfermedad no existe. Fue creada por un psicópata en Estados Unidos para defender acusaciones contra abusadores sexuales infantiles”, afirmó en una entrevista con Radio Escuela Namunkurá. “En temas de abuso sexual cuesta mucho desde el entorno aceptar que se cometen estos delitos; todos piensan ‘es una infamia, ¿cómo puede ser?’. Entonces el recurso es ‘los chicos mienten’, a pesar del coraje de la víctima en hablar”, señaló Uretta.

Con el incondicional apoyo de un grupo de vecinos y vecinas, de miembros de la comunidad mapuche tehuelche, de las redes Madres Víctimas de Trata, Infancias Robadas y ASÍ No, el argumento del SAP no alcanzó. Aún con el apoyo del oficialismo local, la madre y el padrastro fueron condenados, y los cuestionamientos contra la Fiscalía tomaron más fuerza.

La Fiscalía, en la mira

El procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, reconoció que le “llamó la atención” el fallo. Sin embargo, en declaraciones a Radio Chubut señaló que los fiscales no son “denunciadores seriales” y que, en caso de no tener elementos de convicción y de creer que van a “un callejón sin salida”, no llevan la causa a juicio.  

Con o sin esa justificación, la desconfianza de la querella se hizo más fuerte después del fallo. “Si el nene no hablaba me lo mataban”, afirmó la abuela una vez terminado el juicio.

Para el padre, la Fiscalía archivó la segunda denuncia, porque “no quieren que avance ninguna causa de prostitución o trata”. Según explicó, por ese mismo motivo nunca fueron secuestrados los teléfonos celulares de los condenados durante el primer proceso.

Según las organizaciones especializadas en la defensa de la niñez, también es necesario rever el accionar de la fiscal. “Como representación legal de Madres Víctimas de Trata, nos presentaremos en el caso Puerto Pirámides, porque consideramos de gravedad extrema la no trascendencia jurídica que se le dio a la declaración del niño en cámara Gesell con la denuncia que ha realizado. Evaluaremos qué tipo de presentación corresponde en este caso”, confirmó a Cítrica Marcela Cano, la abogada de la asociación. Una posibilidad sería una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En los próximos días estarían viajando a Chubut.

Cómo sigue

Tras el fallo, la defensa apeló. De no resolverse en esa instancia, el caso pasaría al Superior Tribunal de Justicia de la provincia y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre la segunda denuncia hay más incertidumbre. Según el sistema judicial chubutense, quienes deben iniciar las investigaciones no son los jueces, sino los fiscales. En otras palabras, la misma Fiscalía que archivó la segunda denuncia debería ser la encargada de volver a abrirla. Según la querella, el contexto político que envuelve a este caso lo haría poco probable.

Otra opción, sobre la cual no existe jurisprudencia, es que un juez tome la denuncia sin intervención de la Fiscalía. Así, la responsabilidad de la acusación recaería sólo sobre la espalda de la querella, una tarea extremadamente compleja con una denuncia que menciona a 28 personas, entre ellas a ex funcionarios y políticos en actual función.

La Fiscalía es el Estado y sin el compromiso del Estado es muy difícil que pueda esclarecerse un caso de prostitución infantil. La clave, otra vez, será escuchar al niño. Un niño que ya habló y que corre el riesgo de ser revictimizado.