Hablemos de crisis y transición

Innovación productiva y gobernanza ambiental

Uno de los puntos para repensar los procesos y modelos hacia una transición energética y ecológica justa, integral, que transforme las relaciones de poder, no deje a nadie afuera y sostenga la vida, es repensar las estrategias y horizontes de “desarrollo” de cara a las múltiples crisis actuales que hay en el planeta. Resulta de vital importancia proteger ecosistemas, construir otra relación con la naturaleza, respetar los derechos de las comunidades que de ella dependen y, fundamentalmente, dejar de ser dependientes de la quema de combustibles fósiles, que conforman el 85% de la matriz energética y el sector es el responsable del 53,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina.

“Vemos con preocupación que, lejos de abrazar las oportunidades que estos contextos de incertidumbre abren para repartir y dar de nuevo, se renuevan los esfuerzos por mantener el statu quo, aun pese a las claras señales de agotamiento”, sostiene el Informe Ambiental 2022, como diagnóstico de lo que sucede en el país.

Argumenta: “Pérdidas de cientos de miles de hectáreas de humedales; bosques nativos y pastizales a merced del fuego en distintos puntos del país; pérdida de estado parlamentario del proyecto de Ley de Humedales (por tercera vez a lo largo de toda una década); aprobación de la Ley de Zonificación Minera y su derogación inmediata tras las movilizaciones sociales del Chubut-aguazo; aprobación de actividades de exploración sísmica luego de un defectuoso procedimiento de evaluación de impacto ambiental; leyes especiales para promover y proteger actividades generadoras de divisas en un contexto de crisis de deuda y sin un plan posterior. Existe un denominador común: la distancia entre la demanda social de una mayor incorporación de los temas ambientales en la agenda pública y las decisiones de gobierno que restringen, minimizan o dejan de lado esas preocupaciones”.

Incentivos y beneficios a sectores extractivos de hidrocarburos, minería y agroindustria a fin de aumentar las exportaciones –se estiman en USD 25.000 millones para 2030– y el pago de la deuda externa son la evidencia. Incentivos que van desde subsidios y beneficios a grandes empresas, avances en exploraciones offshore en el mar, hasta la construcción del gasoducto que comunique a Vaca Muerta con los sitios de exportación. Mediante distintos planes para fomentar la extracción de gas local, entre 2013 y 2020, los gobiernos les transfirieron a las empresas hidrocarburíferas USD 9.400 millones.

“Estos modelos son la base para evaluar el costo de la matriz energética y estimar cómo las erogaciones direccionadas a los fósiles por el Estado Nacional podrían colaborar en un proceso de transición hacia una matriz energética limpia”, explica el informe que presentó FARN.

De esta manera, el gas aparece en escena como “combustible puente” para alcanzar la transición hacia las energías renovables (por la supuesta menor intensidad de emisiones en relación al carbón), y continuar con el Plan Gas: producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas argentino en cuatro años; generar un ahorro fiscal de 2.500 millones de dólares y un ahorro en divisas de 9.200 millones de la misma moneda.

Los subsidios al sector energético y al transporte en el período 2010-2020 fueron de USD 138.000 millones. El informe pone la lupa sobre la reducción del gasto energético: “Se centra en disminuir un 0,6% del PBI del gasto en subsidios al eliminarlos para el 10% más rico de la población. Este objetivo podrá ser puesto en jaque si se tiene en cuenta que el país podrá necesitar USD 6.000 millones adicionales para cubrir la demanda energética para la importación de gas en invierno, cuyo costo pasó de los USD 6 a USD 60 por millón de BTU a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego quedó fijado en USD 30. El plan económico desalienta los subsidios a la demanda; sin embargo, no persigue ese mismo objetivo respecto de aquellos destinados a la oferta, que se contemplan en el apoyo a empresas como YPF, CGC,Tecpetrol, Total (francesa), Wintershall (alemana) y PAE (en la que participa BP, británica), por USD 645 millones de los recursos nacionales en 2020”.

Minería, litio y acumulación por descarbonización

Cuando hablamos de transición energética, hablamos básicamente de dejar el petróleo, el carbón y el gas natural bajo la tierra para apostar a las energías renovables. En la región hay iniciativas, como la del flamante Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien propuso salir de los combustibles fósiles. ¿Somos capaces?

Al mismo tiempo, la generación, el almacenamiento, transporte y uso de las energías renovables requiere de crecientes cantidades de metales y minerales como el cobre, la bauxita, el litio, el grafito, el níquel y las tierras raras, entre muchos otros; que se extraen de la corteza terrestre, una actividad de alto impacto ambiental y afectación en los territorios. Vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas. Se estima que durante los próximos 30 años será necesario extraer 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para impulsar el proceso de transición energética mundial (Banco Mundial, 2020), para avanzar hacia una economía global más “verde” y “sostenible”.

“Los gobiernos y empresas, así como los actores financieros, utilizan el argumento de la emergencia a fin de promover al extractivismo minero como la solución adecuada e indispensable para resolver 'tecnológicamente' problemas cuyo trasfondo profundo es político y social”, dice el informe. “Los discursos en torno a la minería 'verde' pretenden transformar uno de los cimientos de la crisis actual, el extractivismo, en una de las bases de su solución. El modelo de transición actual se presenta como una oportunidad sin precedentes para que las empresas mineras diversifiquen y multipliquen sus ganancias. De forma similar, las empresas energéticas desarrollan proyectos de energías renovables, sin dejar, en muchos casos, sus actividades y ganancias basadas en energías fósiles. Esta propuesta de transición energética gubernamental y corporativa –a diferencia de la “transición popular” que plantea este libro– representa, más bien, una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos al diversificar los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de 'acumulación por descarbonización'”.

“Existen múltiples amenazas y desafíos para los países del Sur Global relacionados con la transición energética”, vaticina Thea Riofrancos, Doctora en Ciencias Políticas. “El primero es el riesgo de que, a pesar de que las poblaciones de estos países son más vulnerables al cambio climático y sufren otras formas de contaminación y degradación ambiental --son, en otras palabras, 'zonas de sacrificio' del capitalismo global--, tendrán dificultades para mitigar la crisis climática y adaptarse a ella debido al acceso profundamente desigual a las tecnologías de energía renovable y a la falta de inversión en los sectores de energía renovable, dejándolos dependientes de los hidrocarburos tóxicos”.

El informe hace referencia a la falta de participación ciudadana y acceso a la información y la Justicia que existe en torno a las actividades extractivas y la toma de decisiones en los territorios: “La sociedad no cuenta con información precisa y confiable sobre ciertos aspectos sociales, ambientales y económicos. Sería deseable que se produzcan y publiquen datos de impacto económico que permitan conocer los costos directos o las pérdidas de recaudación que son consecuencia de la aplicación del régimen, y también de los costos indirectos o de distorsión, que incluyen el costo adicional como resultado de maniobras de evasión. En términos de impacto social, debería producirse información relativa a los cambios en las características de las poblaciones afectadas, como su composición, tradiciones, propiedad y usos de la tierra y del agua, actividades productivas, niveles de empleo y de salarios, y acceso a servicios básicos. Sobre el impacto ambiental, deberían establecerse líneas de base que permitan evaluar la calidad del agua, del aire, el suelo y la vida silvestre”.

“La ausencia de esta información evidencia un grave desconocimiento del principio precautorio, fundamental en materia ambiental, que establece que ante el riesgo de un daño ambiental, la falta de certeza científica o información no deberá ser motivo para evitar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para proteger el ambiente amenazado”, agrega

Las consecuencias las padecen, claro, los cuerpos de agua, las especies y sus hábitats, los paisajes ancestrales, las comunidades que rechazan la minería, como las indígenas de Atacama, en Chile, o de Salta y Jujuy en la Argentina –a quienes a menudo se les vulnera el derecho a la consulta y el consentimiento y padecen los impactos de la deforestación y el avance de la frontera agrícola–, los pueblos que resisten en Andalgalá (Catamarca), en Sauzal Bonito (Neuquén) y en Esquel (Chubut).

Cristina Agüero, Licenciada en Ciencias Ambientales, integrante de la Asamblea No a la Mina Esquel, hace un diagnóstico de lo que sucede en este preciso momento en los territorios: “Resistimos porque entendemos que los que nos trajo hasta esta crisis no puede ser parte de la solución. No queremos extractivismo. No queremos ser zonas de sacrificio. Hay que buscar alternativas, como la agroecología”.

La transición en las ciudades

Hacinamiento. Falta de espacios verdes. Apenas unos metros cuadrados por habitante. En algunos barrios, ni eso. Mega torres que generan agobio, oscurecen el cielo y quitan vista al río. Humedales bajo nuestros pies, sepultados bajo el cemento. Falta de participación social. Vivimos en un modelo de producción de ciudad dominado por el mercado, “donde la renta se impone sobre el cuidado del ambiente, el acceso a la tierra y a la vivienda o a alimentos de calidad”, dice el informe.

Claro que debemos hacernos cargo de lo nuestro, de lo que generamos en este mundo: por ejemplo, ¿estamos dispuestos a resignar algunos pasajes de confort? ¿A sacar autos de la vía pública, una de las principales fuentes de contaminación? ”Es necesario invertir más y mejor en transporte público, como tranvías, trolebuses, colectivos eléctricos y subterráneos, e impulsar masivamente el uso de la bicicleta como medio de transporte”, explica Fabio Márquez, Licenciado en Diseño del Paisaje, especializado en diseño participativo, biodiversidad urbana y gestión pública.

El desafío gira también en torno a los residuos en las grandes ciudades, que a fin de cuentas reflejan nuestros patrones de producción y consumo. ¿Cómo prevenir la generación de residuos? ¿Cómo reducir el volumen de lo que usamos y tiramos?

Algunos números: se estima que para 2050 en América Latina y el Caribe la generación total de residuos aumentará un 60% y la generación per cápita un 31%. En Argentina, donde el 92% de la población vive en áreas urbanas, el 64,7% de los residuos se disponen en rellenos sanitarios, y según los datos disponibles se recicla un 6%, aunque esa cifra no registra los circuitos informales. Cada habitante consume 42 kg de plástico por año, más que el promedio regional, de 32 kg, y el 21,25% de los RSU son envases posconsumo.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores calcula que hay 150.000 cartoneros y cartoneras en el país. “La articulación con el sector es clave para acelerar la transición hacia la recuperación y generar empleo de calidad. Resulta imposible pensar un sistema si se excluye a este actor principal. Sin el Estado garantizando el conjunto de condiciones necesarias, lo máximo que se puede esperar es el voluntarismo hoy existente y los denodados esfuerzos de organización de las y los recuperadores nucleados en cooperativas, trabajando junto a sus organizaciones sociales. Sin una Ley de Envases es imposible materializar el concepto de economía circular, integrando en un todo la justicia ambiental y la justicia social”, sostiene Cecilia Allen, socióloga que trabaja con organizaciones socioambientales.

“Otro desafío son los residuos orgánicos, que representan el 50% de los RSU en la Argentina. La articulación con los cordones frutihortícolas periurbanos y con actores como la Unión de Trabajadores de la Tierra y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología es una vía necesaria. Los programas que se han implementado en mercados centrales en Santa Fe, Escobar y Buenos Aires ayudan a reducir estos residuos y a tender el puente campo-ciudad. El compostaje domiciliario, comunitario, en parques e instituciones, la digestión anaeróbica y la formalización de su uso como alimento para cerdos son vías posibles”, precisa Allen.

Agroecología y crisis del sistema como oportunidad de transformación

El mundo se desmorona. Guerras, crisis climática, ecológica, económica, social. Escasez de recursos, desigualdad, hambre, pobreza y exclusión. Falta de seguridad energética y alimentaria, falta de justicia ambiental y social, falta de acceso a la información, a la democracia y la participación ciudadana, falta de leyes que protejan los humedales, la flora y la fauna. Supervivencia.

En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, resulta imperiosa la instauración de la agroecología como el sistema principal de producción de alimentos. Santiago Sarandón, ingeniero agrónomo, sostiene que la agroecología “viene a sacudir e incomodar al modelo actual, demostrando que se pueden producir alimentos de manera justa y responsable con la tierra”. Sin embargo, Sarandón afirma que “es muy complejo dejar atrás el modelo agroindustrial, ya que no solo implica transicionar hacia un modo distinto de trabajar la tierra, sino que también significa poner en jaque conocimientos, técnicas, saberes y hasta el propio sentido común que rige en la sociedad; en definitiva, se trata de un cambio de paradigma”.

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, uno de cada 50 establecimientos produce alimentos de base agroecológica, orgánica, biodinámica o permacultural. Hablamos de 5277 establecimientos distribuidos en 23 provincias de la Argentina. En seis años, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA) logró reunir a 40 municipios (38 en la Argentina, uno en Uruguay y uno en España) y a 30 grupos de aprendizaje que nuclean a 85 técnicos/as y más de 180 productores/as (de tipología diversa), los cuales manejan en forma agroecológica aproximadamente 100.000 hectáreas, indica el informe.

“La agroecología reconsidera todo y evidencia que aplicar un plaguicida no resuelve los problemas de fondo del sistema alimentario”, dice Sarandón. “Por eso, en vez de preguntarse ‘¿Cómo controlo la plaga que está en el cultivo?’, se pregunta ‘¿Por qué hay plagas en los cultivos? ¿Qué hicimos mal?’. Eso muestra que se trata de otro paradigma. La agroecología viene a disputar no sólo una manera de producir, sino también de relacionarse con la naturaleza”.

Por su parte, Flavia Broffoni, activista, politóloga y miembro de Rebelión o Extinción, llama a “descentralizar, volver a la tierra y achicarse”, y construir una “esperanza radical” con la incertidumbre como timón:  “Un planeta vivo solo puede estar saludable si sus órganos y tejidos son regenerativos, incluyendo a los bosques, el suelo, los pastizales, los humedales, los arrecifes de coral, las abejas, los peces, las ballenas, los elefantes, las montañas y todos los demás sistemas y especies de la Tierra. Si continuamos degradándolos y destruyéndolos, incluso si reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero a cero de la noche a la mañana, la Tierra morirá porque es la vida la que mantiene las condiciones para la vida, a través de procesos poco entendidos y muy complejos como los de cualquier fisiología viviente”.

El Informe Ambiental de FARN ya está disponible en forma gratuita en el sitio: www.farn.org.ar. También, quien lo desee, puede acceder al ejemplar impreso, realizando una contribución por única vez.