“Las comunidades no tienen agua, pero las empresas sí"

por Seila Pérez*
Fotos: Equipo Tecnico Territorial
06 de septiembre de 2020

En medio de la crisis sanitaria, las poblaciones originarias del norte de Salta se encuentran sin agua y sin acceso al sistema de salud. Cómo las grandes empresas, en complicidad con el Estado, dejan sin recursos a las comunidades y cómo las ONG sacan provecho sin solucionar el problema de fondo.

Las comunidades no quieren asistir al sistema de salud, porque antes de la pandemia ya había maltrato en los hospitales. El personal de salud no está preparado en la interculturalidad, no hay respeto, no les preguntan qué necesitan, ni siquiera tienen sensibilidad o empatía. Las ambulancias nunca van a las comunidades, ahora en pandemia ni siquiera los atienden. En el hospital de Tartagal las personas pueden pasar 12 horas y hasta un día en la guardia, y no las atienden.

Las referentes indígenas dicen '¿para qué vamos a ir al hospital si de ahí podemos salir muertas?'. La asistencia está para los funcionarios y la gente que tiene una obra social. El Covid-19 no discrimina por clase social, pero las comunidades no tienen acceso a la salud. 

Ya hay 35 fallecidos por Covid-19 sólo en Tartagal, pero ahí no están contabilizadas las personas que murieron en las comunidades donde hubo fallecimientos que no pasaron por el sistema de salud porque nunca fueron atendidas. Solo en Tartagal hay 700 casos positivos que fueron hisopadas pero en las comunidades hay personas que están con síntomas y no fueron hisopados ni resgistrados como positivos, se están curando con las propias hierbas y medicinas del monte. 

En Santa Victoria Este hay aproximadamente 16 casos y en las comunidades murieron al menos 12 personas. Además, hay muchas personas con síntomas de Covid-19, pero el sistema de salud ni se entera, nunca van a venir a hisoparlos, porque es un indígena, no quieren gastar plata en ellos. 

Ahora están usando sus hierbas medicinales del monte para curarse de la fiebre, el dolor de cabeza, hacerse vapor de agua. Se cuidan y tienen mucho miedo, en las comunidades hacen aislamiento, pero las personas que ingresan que no son de las comunidades. Van y vienen de la ciudad y llevan el virus.

Nunca se han planificado módulos habitacionales. Al no tener territorio, ni agua, viven constantemente con amenazas de desalojo, las casas son muy precarias, ni siquiera tienen baño. Sin embargo, cuando hacen los relevamientos de diferentes ministerios, los programas y políticas públicas que vienen de Nación, se tercerizan en manos de ONG que están dentro de las comunidades y hacen relevamientos sin consultar a las comunidades.

Hay fundaciones que están hace muchos años, por ejemplo, la fundación El Fortín pertenece a la empresa agroexportadora Desdelsur, que tiene su base en medio de los territorios indígenas y es la primera contaminadora de la zona con agrotóxicos. No hay un hogar que no tenga bidones desocupados de agrotóxicos, los tiran por cualquier lado, son altamente perjudiciales para la salud de las comunidades. 

En el hospital de Tartagal las personas pueden pasar 12 horas y hasta un día en la guardia, y no las atienden.

La poca agua que tienen las comunidades está contaminada por las empresas. ¿Cómo van a poder alimentar a sus niñes y defender la soberanía alimentaria si no tienen sus montes, mientras pasan los aviones fumigando el suelo, las hierbas y envenenan todo?
La empresa Aguas del Norte nunca invirtió para que las comunidades puedan tener agua, solo tienen una manguera, ellos mismos hicieron esa conexión.

Es agua sin presión y a la noche sale muy poco, la juntan en esos bidones que antes tenían glifosato y otros insecticidas. Pero sí hay una red de agua que va a la empresa Desdelesur, que además exporta carne; esa agua va para las más de 10 mil vacas que posee, utilizan miles de hectáreas para su ganado de exportación. Aguas del Norte y el Estado provincial garantizan el acceso a esta empresa, por eso las comunidades no tienen agua, ésa es la realidad que nadie investiga. 

Las propias empresas que contaminan tienen fundaciones para supuestamente ayudar a las comunidades; empresas que desmontan, deforestan los territorios. Por eso las comunidades no pueden acceder a su autodeterminación alimentaria, no pueden recoger frutos ni las hierbas medicinales. Es un derecho ancestral, la Constitución establece estos derechos, pero no se los cumple. 

Ahora en contexto de pandemia, las empresas están con toda la libertad en los territorios desmontando, preparando los campos para soja, maíz, maní, porotos con agrotóxicos y eso se ha naturalizado tanto que nadie investiga. Hay un informe del Dr Carlos Romano que presentó en febrero ante la Justicia donde demuestra que estos factores son las causas de muerte por desnutrición. Además explica el terricidio y el ecocidio que se produce en las comunidades ejercido por estas empresas.

Todo el territorio está contaminado, ¿qué soberanía alimentaria pueden tener las comunidades si las están fumigando? Es el modelo económico agroexportador que no tiene nada que ver con nuestras practicas ancestrales de desarrollo comunitario.

Desde las ONG Siwok dicen que el wichi no entiende lo que es la alimentación saludable. Además de ser dichos muy discriminatorios y racistas hacia las comunidades, dan cuenta de un desconocimiento total de nuestras leyes establecidas por el propio Estado. Esta ONG se la pasa haciendo relevamientos para elaborar sus proyectos e implementar en las comunidades con mecanismos de disciplinamiento. 

Presentan proyectos ante la Unión Europea y son premiadas, dicen que van a ir a educar a las poblaciones, pero nosotros no queremos que nos den talleres, nosotros necesitamos ejercer nuestros derechos indígenas, tener accedo a nuestro territorio, nuestro monte y nuestra medicina. Nuestra alimentación está en el monte, son nuestros bienes naturales, bienes comunes que compartimos.

¿Qué soberanía alimentaria pueden tener las comunidades si las están fumigando?

Estas fundaciones lo que hacen es presentar proyectos, muchos de ellos los toma Nación y entonces se convierten en programas para intervenir en los territorios, pero estos recursos de dinero que tienen origen nacional o internacional no vuelven en políticas públicas. 

Por ejemplo, hace más de 30 años que una comunidad se dedica al cultivo de maíz, poroto y todos los productos regionales. Nunca recibieron ni una pala, ni un machete, ni un metro de manguera para poder acompañar su proyecto de familias indígenas emprendedoras. 
Hay maestras que son sabias del arte ancestral de la cerámica, del tejido de chaguar y jamás tuvieron oportunidades. Hacen falta oportunidades de derechos, políticas públicas que se destinen a los pueblos pero con su participación y que se respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que expresa la necesidad de consultar a las comunidades.

*Seila Pérez es educadora sanitaria e investigadora de la Universidad Nacional de Salta.

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