Cannabis: entre el cierre de la industria y la lucha contra la criminalización
por Ezequiel Dolber30 de abril de 2025
La asunción de Milei significó un desastre anunciado para la comunidad cannábica, de la misma manera que lo es para la gran mayoría de nuestro pueblo. No faltaron voces que cuando triunfó La Libertad Avanza, especularon con un “liberalismo” que acompañara una legalización de las drogas. Nada de eso sucedió.
El de Javier Milei es un gobierno prohibicionista, es decir, viene a adscribirse a una de las tradiciones más reaccionarias digitadas por el imperialismo para su “guerra contra las drogas” en América Latina, que solo dejó fracaso, miseria y muerte, como demuestran las experiencias de Colombia y México. Esta conclusión, a un año y medio de gobierno, resulta evidente pero no es ociosa, ya que con el inicio de la ultraderecha en la administración nacional, no se avino a una prohibición directa –impedido por la existencia de dos leyes nacionales de cannabis medicinal–, sino a una estrategia de parálisis, desmantelamiento y la construcción progresiva de una nueva criminalización contra cultivadores y usuarios.
Esta manera en la que se vino dando la nueva prohibición del cannabis en el país complejiza el análisis, algo que viene ocurriendo también producto de la nueva situación material en el sector que dejaron cuatro años de regulaciones, con distintos actores sobre la mesa: empresas, cámaras, federaciones, asociaciones y clubes, criadores y fitomejoradores, cultivadores solidarios y autocultivadores, agrupaciones, grows y proveedores.
Para hacer un breve repaso sobre el panorama actual: el 14 de febrero de este año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que estaban trabajando para “dar de baja” todos los permisos de cultivo otorgados en el marco del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) –alrededor de 300 mil entre ONGs, cultivadores y usuarios– y argumentó que el programa se había utilizado para “desvíar al mercado ilegal”, una verdadera fake news ya que las asociaciones civiles inscriptas en Reprocann o los cultivadores solidarios fueron quieren garantizaron de manera concreta que las personas puedan acceder a tratamientos con cannabis, es decir, todo lo contrario al narcotráfico. Incluso, el tristemente célebre “prensado” sufrió una merma ostensible en su circulación a partir del cultivo legal y regulado en Argentina.
Pero lo de Bullrich no fueron solo palabras: desde el comienzo de su gestión, se incrementaron los operativos y allanamientos de la Policía Federal contra growshops, ONGs y cultivadores, lo que aumentó la criminalización y persecución de nuestro colectivo. El espionaje policial en las redes sociales está encontrando un capítulo especial en el cannabis. En marzo de este año, la Policía Federal allanó dos growshops en Paraná y hay un cultivador preso por esta situación desde ese momento. También se incrementaron los procesos judiciales, que finalizan con suerte dispar según el juzgado que toque.
Políticas prohibicionistas
El Ejecutivo de Milei, en el marco de su brutal ajuste contra la clase trabajadora y su ofensiva contra todos los derechos conquistados, paralizó el funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y dejó a cien mil trámites en espera, además de reformar la reglamentación de manera restrictiva al limitar el cultivo solidario e imponiendo nuevos requisitos a asociaciones y profesionales de la salud. A su vez, el Instituto Nacional de Semillas (Inase), primero suspendió por un año la inscripción de nuevas variedades con porcentaje superior al 1% de THC y, finalmente, informó que darán de baja el 31 de mayo a todos los permisos que no cuadren con las resoluciones de la Agencia Regulatoria del Cannabis y el Cáñamo (Ariccame), intervenida por decreto presidencial y cuya única resolución permite el cultivo industrial de cáñamo, sin THC ni CBD, lo que hizo que miles de puestos de trabajo quedaran en riesgo. En concreto, la gran mayoría de las empresas y asociaciones que comenzaron a funcionar bajo las normativas anteriores, hoy enfrentan el cierre o la ilegalidad como perspectivas.
Esta caracterización es fundamental para entender el escenario que enfrenta la industria del cannabis y los desafíos que tiene que encarar. Nos encontramos ante un gobierno abiertamente “anticannabis” y que quiere terminar con todas las políticas públicas al respecto para devolvernos a la ilegalidad.
Clubes y registros locales
La Federación de Clubes Cannábicos (Fecca) –las asociaciones y clubes fueron uno de los sectores de mayor crecimiento y dinamismo en el último lustro con alrededor de mil ONGs con pedido de aprobación y 120 que integran la Federación– planteó en su última declaración que hay que denunciar la responsabilidad del Gobierno nacional sobre esta situación y unirse junto al resto del movimiento popular en el reclamo para que se vaya Bullrich. Junto a esa denuncia necesariamente política, se plantea la urgencia de desarrollar un proceso de movilización para debatir un marco más amplio que regule de manera integral el cannabis, que reforme de manera definitiva la nefasta ley de drogas en nuestro país y logre la liberación de las personas presas por marihuana.
Mientras tanto, como instrumento para encarar el escenario actual, la creación de registros provinciales que avanzan en una gran cantidad de distritos (Chubut, CABA, Mendoza, Misiones, entre otras) es una respuesta inmediata y concreta para dar cobertura a las organizaciones cannábicas que trabajan territorialmente en esos lugares para garantizar el acceso a la planta. Estos registros tienen un piso en las leyes aprobadas sobre cannabis aunque contempla y amplía derecho en distintos planos. Esto permite a su vez sentar antecedentes progresivos que preparen el terreno para la discusión nacional. El camino por lo tanto para defender lo existente es la lucha, la resistencia y la creación.
* El autor es integrante de la Federación de Clubes Cannábicos de Argentina (FECCA).
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