“Hay un nuevo Plan Cóndor”
El asesinato en Paraguay de las primas argentinas Villalba, de 11 años, abrió un conflicto entre ambos países. La denuncia internacional para que haya justicia, el rol represivo del Estado paraguayo y un trasfondo de lucha campesina que viene de lejos.
Cerca del mediodía del 2 de septiembre de 2020, los medios paraguayos informaron de la culminación de un “operativo exitoso” de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Concepción, al norte del país. Allí, en un ataque a un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), habían sido abatidas dos mujeres, ambas jefas del grupo guerrillero.
El Presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, anunció en su cuenta oficial de Twitter: “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”.
La foto que acompaña la publicación lo muestra con chaleco antibalas, pistola al cinto y kepi verde militar, posando en lo que sería el escenario de los hechos: un campamento precario en una zona arbolada, con lonas colgando como si hubieran sido toldos. El Presidente se muestra junto a tres soldados con uniforme de combate y armas de guerra. Hay un quinto hombre vestido de civil con chaleco antibalas y kepi de las fuerzas de seguridad.
Los voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta brindaron a la prensa las fotografías de las “mujeres” con ropa de combate y aseguraron que ambas habían disparado. Apenas dos horas después del anuncio sobre el operativo, ambas ya habían sido sepultadas en una fosa común sin ser identificadas.
La abogada Daisy Irala Toledo fue quien primero desmintió la versión oficial de los hechos y denunció que la FTC había asesinado a las niñas argentinas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años. Exhibió copias de sus documentos argentinos y reveló que una de ellas (Lilian) era hija de su colega Myrian Villalba Ayala y la otra (María Carmen), de Laura Villalba Ayala, ambas paraguayas y hermanas de conocidos miembros del EPP.
A esa denuncia se sumó la de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que acusó al Gobierno paraguayo de haber cometido un crimen de Estado contra las niñas. La Gremial también puso en marcha la campaña internacional “Eran niñas”, con el claro objetivo de visibilizar la gravedad del asunto.
Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. 1/2 pic.twitter.com/jJA6rMNKrv
-- Marito Abdo (@MaritoAbdo) September 2, 2020
La controversia internacional
El vocero de la FTC, general Héctor Grau, rechazó las denuncias y reiteró que se trataba de adolescentes combatientes. Para ello, se apoyó en la opinión del médico forense de la Fiscalía de Horqueta, Cristian Ferreira, quien afirmó haber revisado los cuerpos y que los mismos correspondían a edades de entre 15 y 18 años.
El general aseveró entonces lo que hasta ahora es la versión del Gobierno paraguayo: las niñas serían hijas de dirigentes del EPP y no de quienes dicen ser sus madres, habrían nacido en Paraguay y su residencia en Argentina, junto a su abuela Mariana Ayala, sería parte de un esquema de reclutamiento de niños y niñas para la guerrilla. Explícitamente, acusó a Argentina de haberse convertido en una “guardería guerrillera”, aunque luego atribuyó esa responsabilidad a la familia Villalba.
La abogada Daisy Irala Toledo fue quien primero desmintió la versión oficial de los hechos y denunció que habían asesinado a dos niñas argentinas de once años.
A partir de allí, el caso se ha convertido en un punto de controversia entre los Estados paraguayo y argentino. Paraguay sostiene la versión de que se trataba de niñas reclutadas por la guerrilla y afirma que ambas eran paraguayas. Argentina, que desde el primer momento no dio crédito a la versión oficial del Gobierno paraguayo, confirma la nacionalidad argentina de ambas y reclama con firmeza la realización de una investigación y sanciones a los responsables.
El caso, que por la nacionalidad de las niñas trascendió las fronteras paraguayas y amenaza las relaciones entre ambos países, es un capítulo más de una historia de la represión y ocupación militar en el norte del Paraguay, en un esquema de guerra contrainsurgente en el cual el enemigo declarado es el EPP.
Myrian Villalba Ayala, mamá de Lilian, en conferencia de prensa en la Plaza 9 de Julio de Posadas, Misiones (7/9/20).
El EPP
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización político-militar que se dio a conocer públicamente en 2008, como desprendimiento del ya desaparecido Partido Patria Libre de Paraguay. El Estado paraguayo ejerció una persecución implacable contra el partido que incluyó el secuestro y la tortura de sus principales dirigentes, la demonización mediática, el armado de causas y la cárcel para sus dirigentes.
Muy poco quedaba del antiguo partido cuando una fracción del mismo, entre los cuales contaban algunos militantes encarcelados, dieron a conocer a la nueva organización, que actúa desde entonces en las zonas rurales de San Pedro y Concepción con el objetivo declarado de hacer la revolución en el Paraguay.
Si bien el Gobierno paraguayo le atribuye ser una banda armada relacionada a ilícitos varios, el EPP se da a conocer a través de sabotajes a maquinaria agrícola utilizada en monocultivos, escaramuzas en puestos policiales y secuestros extorsivos de empresarios agrícolas. Es por esta modalidad que su accionar es más visibilizado por el Gobierno y la prensa.
Uno de los aspectos que genera más especulaciones políticas es su inserción entre la población campesina. El Gobierno oscila en su discurso en reducir al EPP a un grupo marginal sin inserción en las bases, a explicar su completo fracaso en su combate por la complicidad del campesinado local con la organización.
Lo cierto es que el campesinado de las llamadas zonas de influencia del EPP es el más organizado y movilizado del Paraguay en la lucha por la tierra y en confrontación con el modelo de agronegocios. Asimismo, la militarización del campo y la represión sobre la población campesina ha sido una constante en la historia paraguaya, mucho antes de que se conformara el EPP.
El Gobierno paraguayo justifica los asesinatos por tratarse de "guerrilleras". El Estado argentino pide que se investiguen los hechos para dar con los culpables.
Chokokue
En 2007, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CoDeHuPy) elaboró un informe específico sobre la represión al campesinado, titulado “Informe Chokokue”, donde expone un modelo de violencia estatal e impunidad judicial sistemática en contra de las organizaciones campesinas en el marco de la lucha por la tierra.
El informe concluye que la respuesta represiva al campesinado constituye un patrón de acción del Estado paraguayo y emerge como resultado de la inequidad en el acceso a la tierra.
Myrian Villalba Ayala frente a la Casa de Gobierno en Posadas, Misiones. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos la acompañaron para expresar su repudio por el asesinato de las niñas Villalba (7/9/29).
Los datos muestran que Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la tierra del mundo, donde el 2% de los propietarios poseen el 80% de la superficie. A pesar de ello y de la constante migración hacia las ciudades, el campesinado constituye casi el 50% de la población del país.
La matriz actual de la tenencia de la tierra en Paraguay se empezó a delinear con el fin de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), de la que el país salió derrotado. Entre las consecuencias del conflicto, el Estado comenzó a vender las tierras públicas en grandes lotes que dieron lugar a amplios latifundios.
Ya en el siglo XX, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) actualizó el esquema latifundista: entregó casi 8 millones de hectáreas de tierras fiscales a miembros del régimen, empresas afines, familiares y amigos. A la caída de Stroessner le sucedería una primavera democrática en la cual las organizaciones campesinas se propusieron la recuperación de las tierras malhabidas por el stronismo. Gran parte de las ocupaciones campesinas y los conflictos se dan hasta hoy en esas tierras, y la represión estatal y paraestatal son constantes.
El Informe Chokokue tuvo una actualización en 2013, que se centró en demostrar la existencia de un plan sistemático de ejecuciones dirigido a líderes campesinos. Allí se exponen las principales disputas entre dueños de tierras y comunidades campesinas, concluyendo: “... comprometidas en este plan (están) las instituciones de Seguridad y de Justicia del Estado, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del respaldo explícito del sistema político...”.
Esa abierta hostilidad de los agentes estatales hacia el campesinado tiene en la presencia de la FTC en el norte paraguayo una de sus máximas expresiones, y es parte del contexto político en que el EPP mantiene su presencia en la zona.
Las Villalba
La familia Villalba está atravesada por el conflicto político paraguayo. Oriunda de Concepción, tres de sus miembros son del EPP: Carmen, presa en la cárcel del Buen Pastor de Asunción, es reconocida como una de sus dirigentes y voceras; su hermano Osvaldo es sindicado como el máximo jefe actual de la organización, a la cual también pertenece otra de sus hermanas, Liliana Villalba.
En Argentina residen –en un exilio provocado por las amenazas y el acoso de la Justicia paraguaya y las fuerzas policiales– doña Mariana Ayala de Villalba y tres de sus hijas: Myrian, Laura y María Rosa. Viven en la localidad de Puerto Rico, Misiones, hace unos 10 años. Anteriormente vivieron un tiempo en Clorinda (Formosa) pero allí murió, presuntamente por envenenamiento, el hijo mayor de Carmen Villalba, Néstor Oviedo.
Doña Mariana Ayala de Villalba, abuela de las niñas, junto a su hija Myrian en la casa familiar en Puerto Rico, Misiones.
La familia volvió a migrar y se establecieron en Misiones, donde las mujeres adultas crían, en un ambiente campesino y comunitario, a una decena de niñas y niños. Allí crecieron Lilian Mariana y María Carmen. A fines de 2019 expresaron su deseo de conocer a sus padres, quienes viven en la clandestinidad, por lo que fueron llevadas a Concepción con la indicación de regresar para el comienzo de clases. Antes de que pudieran hacerlo, Paraguay dictó las medidas preventivas ante la pandemia de Covid-19 y cerró las fronteras.
Las niñas ya no pudieron volver.
Un informe de DD.HH. concluye que la represión al campesinado es un patrón de acción del Estado paraguayo y surge por la inequidad en el acceso a la tierra.
Una versión en crisis
La versión oficial del Gobierno paraguayo sobre la muerte de las niñas empezó a caerse a pedazos por la reacción de algunos sectores de la sociedad civil, pero sobre todo por la repercusión internacional que tuvo la noticia.
Paraguay no pudo identificar a las niñas por sus huellas dactilares y las remitió al Registro Nacional de las Personas de Argentina (Renaper), que confirmó los datos brindados por la abogada Irala Toledo. Argentina protestó formalmente ante Paraguay y exigió una investigación imparcial y sanciones a los responsables. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también se expidió sobre el caso, lo que le valió que el Gobierno paraguayo le retirara públicamente su confianza.
Desde que el Renaper de Argentina identificó a María Carmen y Lilian Mariana, las autoridades paraguayas y la prensa se dedicaron a poner en duda la autenticidad de los datos volcados en los DNI de las niñas: sostuvieron que habían nacido en un campamento guerrillero en Paraguay y que fueron anotadas en Clorinda como ciudadanas argentinas con sus fechas de nacimiento alteradas. Sostuvieron, además, que no son hijas de quienes están registradas como madres, sino que serían hijas de dirigentes del EPP.
A los fines de establecer su filiación, la jueza Lici Sánchez ordenó la exhumación de los cuerpos, que fueron llevados a la Morgue Judicial de Asunción el 5 de septiembre para que se les tomaran muestras de ADN a fin de determinar sus edades. Esa tarea estuvo a cargo del forense Pablo Lemir.
Allí esperaban Daisy Irala Toledo, abogada de la familia, junto a Saturnino Villalba, tío de las niñas, y el cónsul argentino en Asunción, Alejandro Herrero. Tenían intenciones de presenciar el acto sobre los cuerpos, pero fueron expulsados del lugar por orden de la jueza.
Luego de la revisión y la toma de muestras, el forense Lemir admitió que las niñas no tenían más de 11 años y que el estado de sus cuerpos revelaba una excelente alimentación, lo que señalaría que no llevaban un largo período viviendo en un contexto como el de un campamento guerrillero. Esas conclusiones provisorias no cambiaron en nada la versión oficial del Gobierno paraguayo, que insiste en que el EPP utiliza niñas y niños como escudos en combate.
Los cuerpos de las niñas fueron entregados a la abogada de la familia Villalba para ser enterrados en el cementerio de Lima, una comunidad campesina del departamento de San Pedro. Días después, el Gobierno paraguayo presentó una querella criminal contra el EPP por reclutamiento de niñas y niños para sus filas.
Myrian Villalba Ayala, mamá de Lilian, en conferencia de prensa en la Plaza 9 de Julio de Posadas, Misiones (7/9/20).
El pasado 23 de septiembre, el presidente Abdo Benítez dedicó su brevísima participación virtual en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para referirse al EPP: “Condenamos enérgicamente el terrorismo y a los grupos criminales que utilizan niños y adolescentes como escudos humanos para protegerse, que los explotan, los exponen a violencia, los adoctrinan y entrenan en el uso de armamentos”.
Mientras tanto, a pesar de la denuncia por los asesinatos que obra en poder de la Fiscalía de Derechos Humanos del Paraguay, no hay una sola medida tomada para iniciar una investigación de los hechos.
Paraguay en el esquema contrainsurgente
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue creada por ley en 2013, durante el gobierno de Horacio Cartes, que le dio como función específica combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo. Para ello se determinó su ámbito de acción en los departamentos norteños de Amambay, Concepción y San Pedro. La FTC está conformada por miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y recibe anualmente un presupuesto varias veces millonario.
El principal cuestionamiento realizado por diversas organizaciones desde la creación de la FTC, es que la ley por la que fue creada es inconstitucional, ya que volvió permanente la intervención de las FF.AA. en cuestiones de seguridad interna que antes se realizaban mediante medidas de excepción, como venía sucediendo de forma continua desde 2003.
El accionar de la FTC es la continuidad de la política de militarización del territorio como respuesta no solo al conflicto social interno –que en Paraguay se vincula directamente a la disputa por la tenencia de la tierra–, sino que obedece al esquema de seguridad continental planteado por el Departamento de Estado norteamericano.
El esquema adoptado bajo el Gobierno de Fernando Lugo desde 2008, con colaboración norteamericana, colombiana e israelí, fue conocido como “Plan Colombia en Paraguay” e implica el accionar militar, policial y judicial sobre la población local basado en el concepto de la contrainsurgencia.
A pesar de la denuncia que obra en poder de la Fiscalía de Derechos Humanos del Paraguay, no hay una sola medida tomada para iniciar una investigación de los hechos.
Desde que fue creada, la FTC acumula innumerables denuncias por torturas, allanamientos ilegales, hostigamientos y ejecuciones de personas que, en la mayoría de los casos, fueron presentados como miembros de la guerrilla del EPP. Esas versiones han sido desmentidas una y otra vez por testimonios de pobladores, casi siempre de asentamientos campesinos.
Uno de los puntos señalados en los informes tanto de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CoDeHuPy) como de otros organismos, es que ni la propia FTC ni el Ministerio Público Fiscal investigan los hechos denunciados. La consecuencia es que no haya esclarecimiento ni condena.
En su Informe Alternativo para el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2019), la CoDeHuPy señalaba las irregularidades detectadas en el trabajo de campo: “Allanamientos sin orden judicial, allanamientos nocturnos sin orden, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, no solo infringidos por agentes de seguridad sino tolerados por los agentes fiscales intervinientes y amenazas de armar causas para detener a las personas”.
También menciona: “El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en 2014, realizó un estudio de las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial a partir del trabajo de la FTC y señala que sus prácticas consisten en refrendar las actuaciones de la FTC, iniciar investigaciones sin elementos de prueba y dictar prisiones preventivas sin que se cumplan los requisitos legales exigidos”.
Asimismo, en los informes y reclamos presentados por distintas organizaciones se expresa con frecuencia la sospecha de que la FTC tiene propósitos distintos a los expresados en su creación, entre los cuales se indican el control sobre el movimiento campesino y sobre negocios ilegales varios que existen en la frontera, a los cuales están ligados altos dirigentes políticos.
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