El papelón racista de Argentina en la ONU

Foto superior. Orlando Carriqueo en una de las tantas manifestaciones públicas donde alza la voz por el pueblo mapuche. (Crédito: Jaime Carriqueo.) 

Es evidente que la declaración del Gobierno para fundamentar su posición tiene que ver con una gran mentira. Todos sabemos y vemos que en la Argentina no se están respetando los derechos humanos. De hecho, hace unos dias el Estado Argentino ha sido citado a dar explicaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus incumplimientos. 

Una actitud de respeto a los pueblos indígenas claramente no es la política del Estado. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un organismo que hoy está avalando la política extractivista y el despojo territorial de las comunidades. No cumple su función, la política fue vaciarlo de contenido y de presupuesto y también utilizar el organismo para fundamentar la no obligación que se está atribuyendo el Estado de hacer la Consulta Previa, libre e informada con las comunidades antes de autorizar algún proyecto en territorio indígena.

Y eso se traslada a las políticas en las provincias. Es mucho más que evidente en Jujuy, en Río Negro, en Mendoza, en Chubut. El elemento central es la Consulta pero... ¿qué tipo de Consulta corresponde? Un tipo de Consulta que garantice una discusión, un diálogo intercultural con todos los elementos, con la buena fe, con la participación colectiva, comunitaria y el acompañamiento, por lo menos en la provincia de Río Negro, de las organizaciones y la institución que han construido las comunidades indígenas en Río Negro, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI). La intención es dejar de lado todo esto. 

El Poder Judicial avala la política ejecutiva y no aplica el derecho indígena. Es evidente que el argumento de la Argentina es una falacia porque, por ejemplo, una de las cuestiones que está en tensión con el fallo en contra de la comunidad Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi) es justamente el derecho a la medicina tradicional mapuche, un sistema propio de medicina que es un derecho, igual que la espiritualidad. Un proceso espiritual al cual tenemos derecho los pueblos indígenas. 

Pero también esta postura se evidenció en la Legislatura de la Provincia de Río Negro, cuando hace unas semanas se sancionó un protocolo de Consulta, sin consulta, donde claramente dijeron que la soberanía del Estado sobre los recursos minerales no se iba a compartir, y eso es contrario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es decir, todo un entramado que nosotros venimos denunciando desde antes de que llegara la derecha al gobierno, pero que tiene que ver con los procesos de debilitamiento de la democracia.

Lo advertimos con las primeras medidas. La primera semana de este Gobierno se sancionó un protocolo antipiquete, una ley ómnibus, un DNU; todos elementos que socavaron las garantías constitucionales, el derecho a la protesta y, por supuesto, en ese marco no puede decirse que lo que atravesamos hoy en Argentina es un sistema democrático pleno.

El extractivismo es una de las cuestiones que ejerce mucha presión y un gran negocio con los gobiernos, que son parte de ese negocio. Los funcionarios públicos tienen empresas en Vaca Muerta, empresas de servicios mineros, es decir, hay un negocio del cual ellos son parte y para hacer eso hay que violar los derechos de las comunidades.

En la Argentina hay más de 40 pueblos y hay un montón de conflictos territoriales y hay un montón de proyectos extractivos que se pretende llevar adelante dentro de los territorios comunitarios. Eso se puede hacer solo si se implementa un sistema de violencia y de despojo que es, en definitiva, la continuación del genocidio, ni más ni menos. 

Son gobiernos racistas, fascistas, violentos y antidemocráticos que no deberían tener la posibilidad de presentarse a elecciones. Creo que también hay una gran hipocresía de la clase dirigencial política, que permite que estos partidos sectarios y violentos lleguen al poder. No hay que permitirles ser parte ni al PRO ni a la Libertad Avanza ni a ninguno de estos partidos, que son también militaristas y han permitido, exacerbado y planificado ejercer la violencia política en la Argentina. 

Hay un virtual sistema de terrorismo de Estado que está funcionando en la Argentina y es grave, porque la Argentina ha hecho de los Derechos Humanos una bandera que, por supuesto, no se ha cumplido nunca. Una de las cuestiones centrales de lo que no hablan el Estado ni la sociedad es el primer genocidio que ocurrió hace 145 años, cuando avanzaron con la Campaña del Desierto y con la Campaña del Desierto Verde para incorporar territorio al Estado Argentino. Eso continúa generando conflictos todavía hoy.