Andalgalá: el Agua Rica que quita vida

por Pablo Bruetman
08 de abril de 2021

La ciudad catamarqueña resiste un nuevo embate de la megaminería. El pueblo defiende el agua impidiendo, desde un costado de la ruta, el paso de los vehículos de la empresa que no tiene licencia social ni marco legal para explotar los cerros.

Rosa está recién jubilada. Su rutina se repite a diario desde hace dos semanas: a las 6:30 de la mañana se sienta al costado de la ruta para cumplir con su turno en el bloqueo selectivo a los camiones de la minera que intentan meter materiales montaña arriba. Rosa es una prueba viva de que Andalgalá, Catamarca, no afloja ni aflojará a su historia en defensa del ambiente. Estuvo en 2010 en la pueblada que, después de una violenta represión, consiguió detener la explotación del proyecto Agua Rica. Y hoy, está de nuevo, al costado de la ruta con el objetivo de evitar que Agua Rica (disfrazada con otro nombre) se ponga en funcionamiento a pesar de los elementos legales que impiden la su exploración y explotación. 

"Somos un pueblo del interior que nunca había pasado por esto, eso nos hizo dar cuenta del monstruo", dice Rosa. El monstruo tiene varias cabezas (empresas mineras, gobiernos cómplices, jueces enemigos de la Justicia) y un hambre insaciable. En Andalgalá lo conocen bien, porque este pueblo va a cumplir pronto medio siglo de resistencia contra el saqueo minero. En la memoria de Rosa y muchxs otrxs está la gran pueblada del 22 de agosto de 1971 en oposición al proyecto extractivista llamado "Mi Vida".

Esta jubilada, que también vivió con el cuerpo la brutal represión de 2010 que dejó varios heridos, habla de la lucha que atraviesa a varias generaciones: "Hoy estaba en el bloqueo con una chica joven, le contaba lo que había pasado. Es una historia triste que dejó una marca en la vida de muchos. Muchos vecinos tienen callado lo que sufrieron en esa represión tan inesperada". El monstruo sigue al acecho una década después, ahora con otro nombre, pero con idéntica violencia.

 

RESISTENCIAS DE AYER Y HOY

Los caminos comunales a Potrero y Choya, en Andalgalá, están prohibidos para el tránsito de las empresas mineras, según las resoluciones 208 y 209 del Ministerio de Minería de la provincia. En los medios locales, la única información que aparece acerca de estos caminos son quejas de vecinos y vecinas por el mal estado y los cortes de ruta. No se explican los motivos de fondo: las empresas mineras siguen utilizándolos, pasando por encima de la ley y la voluntad popular. 

Así como Esquel, en el sur del país, Andalgalá es un símbolo de la resistencia a la megaminería a cielo abierto. 

El lunes 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá iba a realizar una caravana sumándose a las manifestaciones convocadas por las organizaciones socioambientales de todo el país, pero antes de iniciar la marcha vieron pasar por los caminos comunales varias camionetas y una combi en la que se trasladaba a trabajadores mineros. Cambiaron los planes: decidieron hacer un bloqueo selectivo y montar una asamblea permanente al costado de la ruta. Ya sabían lo que se venía: la explotación de los cerros. 

Entre los hitos mineros que ostenta Andalgalá está el de haber sido la sede del primer proyecto de megaminería del país: Bajo La Alumbrera, que inició la explotación en 1997 y la culminó en 2019, también por la fuerte presión que ejerció la ciudadanía. Así como Esquel, en el sur del país, Andalgalá es un símbolo de la resistencia a la megaminería a cielo abierto. 

Hay una fecha tristemente célebre en los 50 años de lucha de este pueblo: el 15 de febrero de 2010. Ese día, la Asamblea El Algarrobo (recibe ese nombre porque el punto original de reunión era debajo de un algarrobo que garantizaba sombra) realizó una sentada en medio del camino para evitar la exploración y explotación del proyecto Agua Rica, de la multinacional de origen canadiense Yamana Gold. 

La fiscal Marta Nieva mandó a la Policía local. Y el juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, ordenó a la Policía, la Infantería y la División de Operaciones Especial "KUNTUR" reprimir sin titubeos: “Empezaron a pegar, unos agarraban a la gente de los pelos, o te llevaban entre cuatro, otros nos disparaban gas pimienta, balazos de goma, cachiporrazos. Te disparaban a dos metros”. Así lo contaron lxs asambleístas en una nota publicada por La Vaca en su momento.

Aquella vez no hubo un muerto de milagro. La violencia de las fuerzas de seguridad fue repudiada por toda la ciudad en una movilización, sin precedentes, que exigió la liberación de las personas detenidas y la detención de las obras en Agua Rica. Los dos objetivos se cumplieron pero el avance minero no se detuvo.

 

CAMBIO DE NOMBRE, MISMAS INTENCIONES

Los daños ambientales que dejaron Bajo La Alumbrera y las exploraciones e intentos por explotar otras minas aún continúan. Las empresas no solo no se van del territorio, sino que, por el contrario, se potencian: Agua Rica y La Alumbrera conforman ahora el nuevo proyecto MARA. Pretenden extraer oro, plata y cobre del emprendimiento que quedó varado después de la represión de 2010 y mandar los minerales, a través de una cinta exportadora, a las instalaciones –hoy teóricamente en desuso– de Bajo La Alumbrera. 

José Martes, de la Asamblea de El Algarrobo, habla de los absurdos y las contradicciones legales y políticas que deben enfrentar en Andalgalá: “La Corte Suprema de la Nación dio lugar en 2019 a un recurso de amparo que paralizaba todos los trabajos de la mina Bajo La Alumbrera, a excepción del mantenimiento. Pero en 2020, el Ministerio de Minería dio la concesión para perforaciones de 11 pozos en el perímetro minero". 

"Nuestra lucha es legítima pero nos damos cuenta que no somos escuchados y el proyecto MARA sigue tomando fuerza"

Sobre la nueva avanzada extractivista: "El lugar de la extracción es el mismo. Lo único que hicieron es integrar. El daño ambiental y social sigue estando latente. Esos pozos consumen 20 mil litros de agua diarios de uno de los ríos principales, el Minas. Después de esa autorización, la Provincia dictó la Ley de emergencia hídrica en toda Catamarca".

Las dos semanas de bloqueo selectivo en los caminos comuneros transcurrieron con la “normalidad” acostumbrada: policías de civil que sacan fotos y filman videos, y comisarios que se acercan en tono amable y hasta amistoso con el objetivo de identificar a cada asambleísta. Pero la parsimonia se rompió el martes 30 de marzo, cuando notaron movimientos extraños. 

Había una camioneta cargada de insumos a 300 metros del camping municipal, que esperaba a trabajadores mineros que llegaban en vehículos particulares, sin respetar las leyes laborales ni el protocolo sanitario. Yamana Gold había descubierto cómo burlar el bloqueo selectivo: enviando a sus trabajadores en remises y taxis.

 

CAMUFLAJE Y VIOLENCIA

A las 8:20 del 30 de marzo, por el bloqueo de El Potrero pasa un patrullero con cuatro efectivos. Cinco minutos después, frena a 50 metros de la Asamblea un taxi que lleva escondido de pasajero a un empleado de la minera canadiense. Cuando la Asamblea frena el auto para entregar un panfleto informativo, el chofer dice que está trabajando y que lleva un pasajero. Entonces, en el corte le piden al pasajero bajar la ventanilla para entregarle el panfleto. No la baja, se esconde. Tiene puesta un uniforme de la empresa minera. 

Se le pregunta al chofer si sabe que está violando las resoluciones del Ministerio de Minería pero el conductor amenaza con llamar a la Policía. Pasan autos, se entregan panfletos. Aparece el patrullero que había pasado antes. El chofer no lo frena, lo deja pasar porque ya divisó al Fiat Duna color gris patente AOP 025. Al volante va una persona que suele pasar por el bloqueo pateando carteles e insultado a las personas que componen la Asamblea. Se le acerca un folleto y dice que es proveedor de la minera Agua Rica y que necesita dejar dinero en el proyecto avícola subvencionado por la empresa. 

También tiene vestimenta con el logo de Yamana Gold. No se lo deja pasar porque el bloqueo es también a los proveedores de la empresa minera. Dice que está apurado y que va a pasar igual. Y que si es necesario, atropellará a quien se interponga en su camino. Y eso hace: pone primera, acelera y embiste a todo el grupo que está realizando el bloqueo

"Acá hay mucha complicidad de los medios de comunicación"

Arrastra 30 metros sobre el capot del auto a un asambleísta que queda con hematomas, raspones y la rodilla lastimada. También deja muy golpeada a una asambleísta en la tibia y el tobillo. Como consecuencia de la embestida se rompe el parabrisas, y se baja a pelear con el asambleísta lastimado. Ahí aparece un nuevo patrullero y el señor del Fiat Duna inventa su versión: que las personas de la Asamblea le estuvieron pegando y le rompieron el parabrisas. La Policía ignora a las personas heridas, incluso incentiva a este hombre y al chofer del taxi a realizar una denuncia por la interrupción del camino y las supuestas agresiones recibidas.

 

ENTRE LOS MEDIOS Y LOS MIEDOS

“Acá hay mucha complicidad de los medios de comunicación, inclusive salió que esta persona había sido agredido por asambleístas, que le estuvieron pegando y que se bajó para defenderse y que le pegaron con un palo”, resume José Martes la versión que comunicaron los diarios, la Policía y la minera. La Asamblea de El Algarrobo, conocedora de los mecanismos del poder corporativo, dispuso de un habeas corpus (para “resguardar nuestra integridad física mientras ejercemos nuestro legítimo derecho a la protesta”). 

El recurso fue rechazado el 24 de marzo por el juez Cecenarro, el mismo que ordenó la represión en 2010. En el diario El Ancasti apareció la voz del magistrado explicando su decisión: "Aún siguen con prácticas setentistas, vetustas, creyendo que a fuerza de violencia van a conseguir una reacción del Estado". Así declaró en una nota en donde se muestra a la asamblea como violenta y, casualidad, no aparece la voz de ningún asambleísta. El rechazo judicial fue apelado, por lo que la presentación se encuentra vigente hasta que se expida la Cámara Penal de Apelaciones.

Desde la Asamblea explican que quien incumple con las leyes es la empresa minera Yamana Gold: infringe dos resoluciones dictadas por la Secretaría de Minería (actual Ministerio de Minería) de 2009, en las cuales se manifiesta la prohibición del tránsito minero por los caminos comuneros de Choya y Potrero; viola la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares y Ambientes Peri-glaciares, la Ley de Bosques y también los Derechos Humanos garantizados en la Constitución y los Convenios internacionales que firmó Argentina. 

Además, Andalgalá cuenta con una ordenanza (029/2016) que prohíbe cualquier actividad minera en la cuenca del río Andalgalá. A pesar de que fue declarada inconstitucional por la Corte de Justicia de Catamarca en diciembre de 2020 (justo cuando Bajo La Alumbrera y Agua Rica se unieron para conformar el proyecto MARA), sigue vigente a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Nación.

Después de 17 días en la ruta, llegó la confirmación de que los miedos de la Asamblea no eran infundados. El mismo día que el Presidente Alberto Fernández anunció las restricciones por la segunda ola de Covid-19, la empresa minera subió las máquinas de perforación al cerro Nevado del Aconquija. Rosa, la jubilada asambleísta: “Es muy frustrante, nuestra lucha es legítima pero nos damos cuenta que no somos escuchados y el proyecto MARA sigue tomando fuerza con el respaldo del Gobierno provincial y el silencio del municipal”.

 

POBRES DE AGUA

Si la obra de Agua Rica se activa al 100%, los agricultores se verán privados de agua por completo. La compañía consumiría 300 millones de litros por día, seis veces más de lo que usa todo el pueblo de 12.600 habitantes. “Lo que uno protege es el curso de río, la minera está en la naciente del río”, explica Rosa. 

¿Cómo continúa esta pelea, Rosa? “Vamos a seguir a pesar de todo esto, seguimos con el convencimiento de que nuestra población tiene que conocer lo que nos va a pasar si permitimos la instalación de la minera. No queremos que nos sacrifiquen como a los vecinos de Jáchal. Acá no hay licencia social, nos gustaría tener una consulta popular o plebiscito como fue en Esquel, pero la Justicia de Catamarca nos negó ese derecho en 2011. Estamos seguros que ganaría el No a la Mina y por mucha diferencia”.

Todos los sábados desde 2009, en Andalgalá se realiza una Caminata por la Vida. Van 583 sábados ininterrumpidos. Con calor, frío o temporales, siempre se camina. Una lucha pacífica contra la suciedad del lobby minero. Dice Rosa: “Algunos nos acusan de no dialogar, sobre todo los medios de comunicación que nunca se acercaron al bloqueo ni a las caminatas y copian publicaciones de Facebook de promineros". 

¿Por qué no dialogan, Rosa? "¿Qué vamos a dialogar? Un diálogo se establece con confianza y con alguna circunstancia a resolver, pero ellos no nos dan respuestas nunca. Si logramos algo es mediante presentaciones legales. Uno aguanta todo esto, porque no tiene opción. Lo que hacemos es visibilizar la situación que vivimos. La situación ya nos tiene hartos y cansado el espíritu, el sábado vamos a caminar de vuelta, la del sábado será la 584. Y en agosto cumpliremos 600 caminatas. Es así, no se para nunca”.

Nunca se para, porque al cierre de esta nota, las perforadoras estaban avanzando, con la custodia de Gendarmería, hacia el cerro Nevado del Aconquija.

 

©2024 Revista Cítrica. Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Editor responsable: Cooperativa Ex Trabajadores del Diario Crítica. Número de propiedad intelectual:5313125 - [email protected] | Tel.: 45626241