Los campamentos sanitarios que se realizaban en la Universidad Nacional de Rosario como práctica final de Medicina fueron suspendidos por decisión de las autoridades. Qué información aportaba esa experiencia educativa y cuál es el valor de la salud en los pueblos fumigados.
La intersección es Oroño y la costanera del Río Paraná. En ese rincón rosarino se desarrolló el 4 de junio el Juicio Ético y Popular a los Ecocidas, que reunió a organizaciones socioambientales, espacios educativos, militancia territorial y muchas familias que eligieron ese lugar para un paseo de sábado.
Cuando el micrófono llegó a Analía Zamorano, docente de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), enumeró su lista de candidatxs al banquillo de acusación:
*lxs 19 senadorxs provinciales que no dieron tratamiento a ciertas modificaciones en la Ley de Agrotóxicos;
*las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), por negarse a reclasificar al tóxico glifosato;
*el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, Jorge Molinas, por firmar la resolución 2546/2021 que adhiere a “las buenas prácticas agrícolas” (refiriéndose al “correcto uso” de agrotóxicos para reducir o atenuar impactos en la salud humana).
El ámbito académico como territorio de disputa en torno del modelo de agrotóxicos es bien conocido por Zamorano y el equipo docente de la Cátedra de Salud Socioambiental, una materia electiva en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Nació en 2004 y una década después dio origen al Instituto de Salud Social Ambiental (ISSA) dentro de la misma Facultad.
La mayoría de lxs docentes que la componen tienen, además, cargos con función en la práctica final, donde realizaban campamentos sanitarios como evaluación final de lxs estudiantes de Medicina. Debían ir a distintos territorios para evaluar la salud de la población en contexto: “Una de las cuestiones que nosotros soñábamos cuando empezamos los campamentos era que el estudiante tenga la oportunidad, aunque sea una vez en toda su carrera, de poder trabajar en un territorio y que sea la comunidad la que realmente le dé el visto bueno para poder ejercer”, dice Zamorano.
Esta modalidad de examen consistía en nueve meses de tutorías y un viaje a alguna localidad con menos de diez mil habitantes, donde lxs estudiantes realizaban diferentes relevamientos epidemiológicos, talleres en escuelas o instituciones, control de peso y talla para niñes en edad escolar, entre otras actividades. A lo largo de esos cinco días que duraba el campamento, generaban una cantidad de datos que se volcaban en un informe preliminar a la comunidad y luego un informe definitivo confeccionado por el ISSA.
La salud en riesgo
En 2016, el responsable académico, coordinador de los campamentos sanitarios y director del Instituto de Salud Socioambiental, Damián Verzeñassi, brindó su testimonio en el Tribunal Internacional Monsanto que se realizó en La Haya. Fue el único representante de esta parte del mundo.
A su regreso se encontró con una extraña novedad: la oficina donde el equipo docente guardaba la documentación de varios años sobre los relevamientos de los campamentos estaba cerrada con candado. No tenían acceso a miles de encuestas con información de las poblaciones visitadas. Desde distintos espacios académicos y socioambientales salieron a denunciar la persecución ideológica y política del decano Ricardo Nidd.
En 2019, tras un recambio de las autoridades, los campamentos sanitarios se suspendieron y se profundizó la persecución a quienes integraban la cátedra. Las autoridades desarticularon definitivamente los campamentos durante 2020, previo a la pandemia, y dejaron a lxs docentes que lxs impulsaban sin funciones durante casi un año y medio. Todavía hay unx de ellxs sin tareas y su caso está judicializado. Otras dos docentes que fueron echadas al inicio de la pandemia.
Durante la gestión del decano actual, Jorge Molinas, cambió también el responsable de la práctica final, quién definió una nueva modalidad evaluatoria para lxs estudiantes. El campamento sanitario se transformó en un examen virtual donde se estudia un caso clínico. Zamorano opina: “Tener que tomar exámenes a través de una cámara y exclusivamente preguntarle qué droga le pone al paciente o qué droga le dejás de poner, para mí es como un retroceso impresionante”.
Sobre el valor de los campamentos sanitarios: “No son concebidos sólo como una herramienta de evaluación y aprendizaje, sino como una política de construcción de saberes en salud que constituyen elaboración de perfiles de morbomortalidad y propuestas de organización de políticas públicas en salud, a partir del vínculo con la comunidad”.
Veneno y antídoto universitario
En los años en que se realizaron los campamentos recorrieron más de 40 localidades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, donde más del 65% de las comunidades relevadas han sido entrevistadas en sus domicilios. En localidades santafesinas de Acebal, Alcorta y Chabás, por citar algunos ejemplos, se han encontrado datos alarmantes sobre los signos y síntomas de las intoxicaciones agudas y crónicas por el uso de agrotóxicos. Asimismo, han recuperado las percepciones de los habitantes sobre los problemas de salud colectivos y las fuentes de contaminación.
Durante el Juicio Ético y Popular a los Ecocidas acompañaban a Zamorano otros dos docentes de la cátedra, Facundo Fernandez y Gabriel Keppl. La opinión era coincidente: “Como universidad pública, lo que veníamos haciendo era dar respaldo a lo que las comunidades vienen denunciando, para que sirva de herramienta de lucha. Que hoy un decano de la Facultad diga 'puede ser que cause algún tipo de enfermedad', quita un montón de valor a la lucha que se está dando. De hecho, lo pone en duda desde la ciencia. Incluso relativiza la lucha que venimos dando como Facultad. Hoy seguimos demostrando lo que las comunidades ya saben. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir demostrando que lo que se fabrica como veneno, que se vende como veneno y se aplica como veneno, es veneno?”.
Hay una característica repetida en las localidades donde se realizaban las prácticas finales y es que la mayoría tiene habitantes que llevan adelante su rutina a pocos metros de donde el modelo agroindustrial realiza sus prácticas: la siembra de organismos genéticamente modificados dependientes de venenos.
Los campamentos no son una idea desechada, ya que se sigue peleando para su restitución. Mientras tanto, existen otras actividades de extensión universitaria que se llevaban adelante en simultáneo: “Tenemos un desarrollo para lo que es el afuera de la facultad, entendiendo que el ejercicio de la extensión universitaria tiene que impartir la producción y el conocimiento que se crea dentro de un ámbito universitario. En esa línea, tenemos la página (www.institutossa.org), los libros que estuvimos haciendo en pandemia, los cursos que dictamos, los materiales pedagógicos (como el mapa Cuerpo-Territorio) y también trabajamos en talleres, escuelas y demás”.
Redes
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Volver a jugar después del tiroteo
Las organizaciones territoriales se convirtieron en el único sostén social de los pibes del barrio Empalme Graneros, donde hace dos semanas el asesinato de Máximo Jerez, de 11 años, tras un conflicto entre bandas narcos de Rosario, generó una pueblada. ¿Cómo se crece entre “cuerpos a tierra” y el sonido de las balas?
Humo sobre las aguas de Rosario
Incendios forestales deliberados, realizados por la agroindustria intensiva en el Delta del Paraná, rememoran las nubes de humo y cenizas que agobiaron al Litoral en 2008, y que llegaron hasta Buenos Aires. Laura Prol, integrante del Área Humedales del Taller Ecologista de Rosario, realizó minuciosas investigaciones sobre las quemas y señala las afectaciones que producen sobre los humanos y los ecosistemas.
Ley de Humedales Ya
Gabriela Cabezón Cámara escribió un alegato pertinente y urgente acerca de los incendios que azotan el país para la segunda jornada del 25ºForo Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura organizado por la Fundación Mempo Giardinelli.