A dos años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la lucha continúa

En el segundo aniversario de la aprobación de la Ley nacional 26.743, la batalla por la igualdad real en materia de salud y trabajo moviliza a los colectivos trans. Marcha repasa el recorrido político que logró la legislación y los derechos que aún restan conquistar de la mano de Ornella Infante, de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina.

Era 9 de mayo de 2012 y caía la tarde en gran parte del país. La Cámara Alta nacional debatía un proyecto de ley que en caso de ser sancionado -ya contaba con media aprobación- le garantizaba el derecho a la identidad a miles de personas que hasta ese entonces vivían excluidas y estigmatizadas en la sociedad. El Senado lo aprobó y hace dos años que se encuentra en vigencia la Ley de Identidad de Género. De ese período hasta ahora, más de 6000 personas se apropiaron de la norma y cambiaron su identidad registral, aquella que hoy les permite y les garantiza el acceso a otros derechos.

Así, Argentina se transformó en el primer país en Latinoamérica en tener una ley que no criminaliza ni patologiza las diversas identidades de género. Sin embargo, el camino hacia la sanción no fue sencillo y se enmarcó dentro de un lucha mucho más grande: un cambio social que deje de estigmatizar a toda aquella identidad que no quepa Óno quiera caber- dentro de las categorías binarias de ser mujer o varón.

A dos años de la aprobación de la ley, Marcha dialogó con Ornella Infante, coordinadora de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) en la Patagonia, sobre la batalla que aún da el colectivo de personas trans en el país: la reglamentación del artículo 11 referido al acceso a la salud integral y la inclusión laboral, entre los puntos más urgentes a conquistar.

Primeros pasos

La batalla legal comenzó en varias provincias con la derogación de los códigos contravencionales. Dichas figuras de control le concebían a las instituciones policiales el poder de castigar toda aquella conducta que no estaba prevista en el Código Penal de la Nación. “Era una de las cosas que nos imposibilita a nosotras y nosotros el libre tránsito”, aseguró la dirigente, en referencia a los ?motivos? injustificados de los apremios policiales que sufrió históricamente el colectivo trans.

La lucha continuó con la implementación del Plan Nacional contra la Discriminación que culminó con la aprobación de la Ley de Identidad de Género. “Necesitábamos acceder a una identidad para recuperar los demás derechos. En el construir de nuestro género sufríamos condenas sociales, educacionales, policiales, que nos llevaba a tener una muerte a los 35 o 40 años y no superar esa expectativa de vida”, denunció.

Inclusión laboral

Varias agrupaciones políticas presentaron en sus provincias e incluso en el Senado de la Nación proyectos para crear un cupo laboral de personas trans. A su vez, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nacional tiene un sus líneas de acción un plan de “Inclusión Laboral para personas Travestis, Transexuales y Transexuales”.

Pero, a pesar de ello, son pocas las provincias -ni hablar de los municipios- que cumplen con la letra bonita de los acuerdos laborales o desconocen artículos provistos en las legislaciones nacionales. “Necesitamos conseguir una inserción real en el trabajo y que aquellas compañeras que son trabajadoras sexuales tengan un reconocimiento de su trabajo, en donde empiecen a tener el derecho de acceder a una obra social, a una jubilación, a una pensión”, defendió Infante. Vale aclarar que esa postura surge desde la mirada reglementarista, en contraposición con la abolicionista de la prostitución que no la considera trabajo sino explotación.

Acceso a la salud integral

“Nosotras necesitamos construir nuestro género y también vamos construyendo nuestro cuerpo. En esa construcción, nuestro cuerpo va sufriendo cambios. Si van de la mano de un profesional, estará controlado y va a haber una reducción de daños que nos va a permitir tener una expectativa de vida mayor”, consideró. De esta manera, Infante graficó la importancia de la reglamentación del artículo 11 de la Ley 26.743.

En términos jurídicos, la reglamentación se produce cuando se detalla cómo se va a aplicar ese artículo, situación que aún no fue dispuesta por Juan Manzur, Ministro de Salud de la Nación. Tratamientos hormonales y asistencia ginecológica son dos aristas importantes de la atención sanitaria integral que exigen los colectivos trans. “Por ejemplo, la ingesta de hormonas sin control endocrinológico resulta en hepatitis en la mayoría de los casos, que si no son controlados te terminan llevando a la muerte”, cuestionó.

Proyectos

Mañana Attta y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) presentarán en el Senado de la Nación dos proyectos de ley: uno para la creación de un plan nacional de salud integral trans y otra para una Asignación para la Ciudadanía Trans, para poder permitirle un acceso real a una vida digna a aquellas personas trans mayores de 40 años. Infante explicó que “es una manera de mejorar la calidad de vida, sobre todo a aquellas compañeras sobrevivientes que aún hoy tienen que estar paradas en la esquina y sin tener una solución a su trabajo, sobre todo por las distintas barreras que tenemos que derribar".

La materia pendiente más ardua

Para Infante, una de las batallas más difíciles de ganar es la discriminación que se encuentra arraigada en la sociedad. “Todavía nos queda conquistar algunas cosas, como vencer estos paradigmas, estos prejuicios donde la sociedad da lugar a lo binario únicamente. (Derribar) la discriminación, que hoy existe y persiste, es lo que nos falta. Erradicar definitivamente el estigma de la discriminación que sufre el colectivo”, instó.


Por Catalina Arca. Marcha, una mirada popular de la Argentina y el mundo.