“Están entregando los recursos de todos los argentinos”

Para entender el objetivo de este gobierno hay que hacer un poco de historia.  La privatización de Yacimiento Carboníferos Río Turbio ya se dio en la década del 90 de la misma forma que pretenden hacerla ahora. El sistema privatista de Carlos Menem llevó a la empresa a una concesión de una sociedad anónima, de la que se hizo cargo Sergio Tasselli, quien incumplió los contratos y acuerdos. El Estado Nacional le proveía de fondos, es decir, estaba subvencionado, sin embargo, no solo no invirtió esa plata que recibió sino que también empezó a vender y a desguazar nuestra empresa. Cuando fue concesionada a Taselli, el yacimiento de Río Turbio tenía más de 5 mil trabajadores, un puerto y un buque propio para poder transportar carbón. Se generaba carbón para vender a la usina de San Nicolás, a Los Hornos y también a otros países, era una empresa muy productiva. 

Además Taselli, llevó adelante un proceso de recorte del personal, de los 5 mil trabajadores, solo quedaron 800. Fueron recortes muy fuertes en todo sentido, y eso demandó un atraso operativo porque lo único que se dedicó a hacer es sacar el carbón y no a expandir la mina o liberar las reservas de carbón y realizar la explotación, que demandaba un año aproximadamente.

Cuando la empresa volvió a manos del Estado en 2002, prácticamente estaba al borde del cierre. Los mineros llevaron adelante un proceso de lucha para reactivar ese yacimiento y producir el carbón y venderlo. Al tener todas esas falencias operativas se produjo un accidente en el interior de la mina donde fallecieron 14 mineros. 

Durante la presidencia de Néstor Kirchner llegaron las inversiones. Se determinó la necesidad de darle un valor agregado al carbón, se comenzó a transportar al puerto de Punta Loyola en Río Gallegos para su venta y se construyó la usina. Se invirtió también en el yacimiento, se compró equipamientos, colectivos, ambulancias y de los 800 trabajadores que quedaban se aumentó a casi 3 mil para poder armar los frentes de explotación en el interior de las minas, las galerías y liberar reservas de carbón para que podamos poder sostener la demanda de la usina. 

Cuando asumió Mauricio Macri, con Aranguren como ministro de Energía, tomaron la decisión de paralizar la obra y llevar adelante una auditoría. Paralizaron la usina generando un daño y un perjuicio al Estado nacional, ya que al no tener mantenimiento y al no estar en funcionamiento el equipamiento se generan un montón de inconvenientes técnicos. Durante ese tiempo no se pudo continuar con la generación de energía, lo que iba a dar es un salto importante en nuestra empresa porque podía inyectar energía con nuestro carbón para generar recursos propios para la empresa, además iba a generar un proceso de desarrollo en materia energética y productiva. 

Aranguren también inició acciones para privatizar y desguazar el Yacimiento porque ya habían separado la usina de la órbita de la empresa. Eso ocasionó mucho daño en cuanto a la balanza que veníamos teniendo de nuestra empresa, luego de lograr aquello por lo que tanto años se luchó, que era darle valor agregado al carbón y una salida al mercado, ya que en aquel tiempo el carbón estaba muy bajo para poder ofrecerlo como venta. Después de que se paralizó empezaron con los recortes presupuestarios y de personal, fue un proceso bastante duro en el que hubo más de 500 despidos. 

Ahora, 9 años después, si se concreta este decreto, que es ilegal, ilegítimo e inconstitucional, nuestra organización gremial que es ATE, ya no tendrá injerencia, ni tampoco el convenio colectivo de trabajo que tienen los trabajadores mineros. La nueva empresa no va a sostener un convenio como el que tenemos hoy, lo van a negociar obviamente a la baja, van a modificar las jornadas de trabajo y van hacer un reestructuración de los sectores, todas medidas que afectarán al trabajador.

La provincia de Santa Cruz debería haber defendido el recurso, estamos hablando de un recurso importante y estratégico porque estamos en un enclave geopolítico. No es cualquier empresa, no es cualquier lugar lo que se está privatizando. Javier Milei está tomando decisiones totalmente autoritarias. Todo el arco político en su conjunto debería ponerle un freno al gobierno nacional, en este caso al presidente de la Nación porque no es dueño de los recursos. Lamentablemente hay mucha complicidad de todo el Congreso. Lo que deberían hacer es denunciar la inconstitucionalidad de este decreto y exigir al gobierno de Milei que lleve la discusión en comisiones, como corresponde. 

Con la privatización lo que se pierde en términos políticos es un recurso del Estado. El Estado Nacional no tiene ninguna empresa minera bajo su órbita actualmente, salvo YCRT, que ahora está intervenida. También hay que tener en cuenta que el carbón hoy no aporta energéticamente al país con su recurso, no le están dando utilidad, pero sí puede ser parte de la generación energética del país a través de la usina de 240 megas que está construida a metros de la Boca de Mina. El aporte de nuestra empresa es importante porque le permitiría al Estado Nacional un ahorro económico importante en materia de generación de energía. Con nuestro propio recurso estaríamos generando energía y no necesitaríamos del fueloil (una fracción del petróleo), por ejemplo, que se exporta para poder generar energía. 

Lo que hay que dejar en claro es que hay una gran cantidad de inversión que hizo el Estado Nacional en materia de equipamiento y un montón de elementos que tiene nuestra empresa que es patrimonio del Estado Nacional. O sea, no es una empresa chiquita, tenemos una empresa que tiene un puerto, un ferrocarril de más de 300 kilómetros, una mina y una usina, además del capital más preciado que tiene una empresa, que son los trabajadores. Y hoy la quieren entregar, regalar prácticamente, a un privado;  el privado no tiene más que venir y ponerla en funcionamiento, porque ya el equipamiento lo tiene. Lo puso el Estado. Es nuestro.