Barrios populares de Tierra del Fuego mantienen protestas contra el recorte de subsidios al gas en plena temporada de bajas temperaturas. Denuncian que las nuevas medidas dejan a miles de familias al borde de destinar gran parte de sus ingresos únicamente a calefaccionarse.
Mientras el frío comienza a intensificarse en Ushuaia, vecinas y vecinos de barrios populares mantienen protestas contra el recorte de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP), un recurso esencial para miles de familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural. El conflicto escaló durante los últimos días con un acampe frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego y una permanencia dentro del edificio gubernamental.
Bajo la consigna “el gas es un derecho, no un lujo”, familias autoconvocadas exigen que el gobernador Gustavo Melella promulgue la ley aprobada por la Legislatura provincial que derogó los decretos 2112/25 y 505/26, además de la Resolución ME 209/26, medidas que modificaron el esquema de subsidios al gas envasado utilizado por miles de hogares fueguinos.
Las nuevas normativas condenan a muchas familias a destinar gran parte de sus ingresos únicamente a calefaccionarse durante el invierno patagónico. La tensión aumentó luego de que un grupo de vecinos permaneciera durante varias horas dentro de Casa de Gobierno, en oficinas vinculadas al área que conduce la ministra Gabriela Castillo. Allí reclamaron una instancia de diálogo y exigieron que el Ejecutivo provincial de marcha atrás con el recorte.
Tras la poca comunicación con el gobernador Melella, las y los manifestantes continúan con la medida de fuerza hasta que el Gobierno efectivice la restitución del subsidio. “El reclamo sigue hasta que el gobernador cumpla su promesa”, señalaron mientras siguen protestando frente a la Casa de Gobierno.
El pasado 30 de abril, la Legislatura fueguina aprobó la derogación de las medidas oficiales hasta tanto se diseñe un nuevo esquema que contemple criterios de vulnerabilidad y equidad. Sin embargo, las organizaciones sostienen que aún no existen definiciones claras sobre la implementación de esa decisión y temen que el Ejecutivo introduzca modificaciones parciales o dilate su aplicación.
El conflicto tiene como eje el acceso al gas en una de las regiones más frías del país. En numerosos barrios populares de Ushuaia, el GLP continúa siendo la única alternativa para calefaccionar viviendas, cocinar y acceder al agua caliente, debido a la falta de conexión a la red domiciliaria.
El decreto 2112/25 redujo en 50 kilos mensuales el subsidio provincial destinado a usuarios residenciales de GLP. Además, el Gobierno avanzó con un reempadronamiento y una segmentación que, según denuncian las organizaciones, dejó fuera del beneficio a familias vulnerables bajo criterios vinculados a ingresos, características de la vivienda o cercanía a la red de gas natural.
En los fundamentos oficiales, el Ejecutivo provincial justificó el ajuste en la necesidad de “optimizar recursos públicos” frente a una situación económica compleja y al incremento de costos energéticos.
Sin embargo, en los barrios advierten que las cifras son incompatibles con la realidad cotidiana. De acuerdo con datos difundidos por Noticias Ushuaia, la Resolución 209/26 establece que los hogares con ingresos superiores a ocho salarios mínimos pierden la totalidad del subsidio. Actualmente, ese límite ronda los 2,9 millones de pesos mensuales.
Las organizaciones remarcan que el problema aparece cuando se cruza ese tope con el costo real de calefaccionarse en Ushuaia: cubrir los 450 kilos mensuales de GLP necesarios durante el invierno puede representar cerca de 1,2 millones de pesos. En términos prácticos, una familia que supera el umbral fijado por la provincia podría destinar casi la mitad de sus ingresos únicamente al gas.
El reclamo vecinal también exige recuperar el esquema anterior de subsidios, que contemplaba un cupo de 450 kilos mensuales durante el invierno y 240 kilos en verano. Además, solicitan que el precio del kilo de GLP se actualice únicamente según la inflación oficial.
La comparación con los valores del año pasado refleja el impacto de los aumentos. Hasta marzo de 2024, el kilo subsidiado costaba alrededor de 80 pesos. Hoy, según denuncian las familias, los valores se multiplicaron y continúan en ascenso.
“Usaba los 450 kilos por mes y a veces igual no alcanzaba. Somos cinco personas y en invierno el consumo se dispara”, cuenta una vecina de uno de los barrios alcanzados por el recorte. “Cuando se termina el subsidio tenemos que pedir prestado o dejar piezas sin calefacción”, agrega.
Actualmente, el tubo subsidiado de 45 kilos ronda los 7200 pesos, aunque el consumo mensual promedio puede llegar a ocho o diez tubos entre calefacción, cocina y agua caliente.
En Tierra del Fuego, donde las temperaturas bajo cero forman parte de la vida cotidiana durante gran parte del año, el acceso al gas aparece para muchos sectores como una condición básica de supervivencia. “Acá no tener gas no significa solo pasar frío. Significa más enfermedades respiratorias y más precariedad en los barrios”, expresaron desde la protesta.
Mientras continúan las negociaciones y la incertidumbre sobre la decisión final del Ejecutivo provincial, las organizaciones barriales ya anticiparon que sostendrán nuevas movilizaciones en Ushuaia si no se revierte el recorte.
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