Tucumán: un incendio, cuatro muertes y mucha impunidad

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Claudio Maley, pasó a disponibilidad a las tres mujeres policías encargadas de la seguridad de la dependencia, Sandra Rivarola, Susana Rodríguez y Margarita Gutiérrez, y a la jefa de la Brigada, Fernanda Lazarte. La primera versión que echaron a rodar las fuentes policiales, fue que se trataba de un motín y los medio de comunicación hegemónicos dieron por cierta esa información. Titularon: "El trágico motín fue originado por una joven que pretendía ser trasladada a la cárcel".

No se trata de un hecho aislado. En 2015 sucedió un hecho similar en la Brigada de Investigaciones Norte de Yerba Buena donde murieron Ariano Viza y Emanuel Gallardo, dos jóvenes que se encontraban detenidos en un calabozo junto a otras 16 personas. Hasta ahora, la causa no llegó a juicio oral y familiares continúan con el pedido de justicia. Además, el alojamiento en comisarías por el hacinamiento de las cárceles disparó múltiples fugas en las últimas semanas. La de Roberto Carlos Rejas, condenado por doble femicidio y quien se cree contó con ayuda policial para concretarla, fue la de mayor trascendencia.  

Peregrinar por las respuestas

Después de esperar varias semanas los resultados de las pericias, Virginia Santana –madre de Rocío Micaela Mendoza– llegó sola a la fiscalía a cargo de Miguel Varela para saber qué es lo que pasó con su hija bajo la custodia del Estado tucumano. “Me dijeron que el incendio se inició afuera, en un patio. Duró más de cuatro horas y que investigan si hubo abandono de persona u homicidio”, cuenta Vicky.

La investigación no descarta que el incendio fuera provocado por una persona externa. Según fuentes judiciales, una de las oficiales apartadas fue vista por las cámaras de seguridad hablando con un hombre. El resultado del análisis de las imágenes aún no se han concluido.

Hasta el momento no hay personas imputadas. Las familias de las mujeres tendrán que esperar una semana más para que el Ministerio Público Fiscal defina si hubo responsabilidad por parte de las tres policías que estaban de guardia ese día.

"Hay elementos de sobra para formalizar cargos", sostiene el abogado querellante de la familia Mendoza, Benito Allende, quien también interviene en la causa por el homicidio de Ceferino Nadal en manos de la policía. "Hay dos elementos que afectan en forma directa a este caso. La responsabilidad personal de las funcionarias policiales que estaban en la Brigada, y la responsabilidad del Estado, tanto de los jueces por las cuáles estaban a disposición las personas privadas de la libertad y el Ministerio de Seguridad que está al frente del control de los funcionarios policiales, es imposible separar uno de otro en este hecho", explica.

“Los familiares de las víctimas están expuestos a la violencia institucional del Estado que los revictimiza en su reclamo de Justicia. Los operadores jurídicos y políticos juegan con el desgaste y la inactividad. En este tipo de casos, no está garantizado el acceso a la Justicia de los familiares”, agrega.

De acuerdo a los medios de comunicación provinciales, actualmente en las comisarías hay unas 1100 personas alojadas cuando tendrían una capacidad para 400. En tanto las unidades carcelarias, que cuentan con una capacidad de 1300 personas presas, están desbordadas en un 20%.

La única cárcel de mujeres es la Unidad  Nº4 Instituto de rehabilitación femenino “Santa Ester” en la localidad de Banda del Río Salí. No tiene una población carcelaria muy grande: en 2019, de acuerdo al informe anual del Servicio Penitenciario Provincial de Tucumán, allí se alojaban 39 mujeres privadas de su libertad y un varón trans, al borde de la capacidad máxima que es 45. La pandemia fue otro de los factores que influyeron para que no ingresarán a la cárcel femenina.

“Hay una doble responsabilidad, la del ministro y también una responsabilidad judicial, porque los jueces no se pueden quedar de brazos cruzados dictando sentencias y condenas y no asegurar que la persona que se encuentra sometida al poder de coerción del Estado cumpla la condena en las condiciones que prevé la ley”, agrega Allende. 

“Se vulnera hasta el derecho más básico del ser humano que es la dignidad. A una persona sometida a estas condiciones de encierro, cuando reclama derechos es sometida a castigos corporales, la sacan a la noche al frío, la golpean, le restringen el ingreso a familiares. En las comisarías si la familia no lleva la comida, no comen. Van creando una situación de violencia fomentada por las personas que están encargadas de su custodia”, detalla. Este letrado pedirá que se imputen los delitos de homicidio con alevosía, según el Artículo 80 inc 2 del Código Penal, y homicidio agravado por la condición del sujeto activo, por ser personal policial, artículo 80 inc 9.

María José Saravia tenía 25 años. Sus dos hijas de 7 y 3 años al momento quedaron a cargo de su abuela. Estaba detenida con condena por robo agravado como coautora. Había nacido en San Miguel de Tucumán, a más de 70 kilómetros de Concepción. No había lugar para ser alojada en el penal de la Banda del Río Salí, por lo cual, desde abril de 2021 fue trasladada a la Brigada Femenina de Concepción. Desde entonces, se había librado un oficio para que fuera trasladada al hospital por orden de una perito psiquiatra del Poder Judicial, para que reciba asistencia médica urgente, pero nunca se le dio cumplimiento. Hubiera cumplido la pena el 8 de agosto del 2024. 

“Ella tenía condena por cuatro años y seis meses por un hurto simple: había robado mercadería de un súper. Ella estaba cumpliendo su pena y ahora está muerta. Tenía condena, pero no por eso pueden tratarla como a un animal, merecía respeto como cualquier persona, no la muerte”, dijo Aurora del Carmen Astorga, luego de la muerte de su nieta.

Familiares denunciaron que su cuerpo presentaba golpes y hematomas. En sus cartas, María José relataba situaciones de malos tratos, torturas y castigos sistemáticos por parte de las policías. No podía hablar por teléfono y tampoco le permitían recibir visitas por protocolos Covid. El único contacto posible era epistolar. 

Macarena Maylen Salina tenía 22 años y una hija de seis. Ella también era de San Miguel de Tucumán. Tenía una condena de 6 años y 8 meses por robo agravado. Su marido fue quien cometió el asalto, pero ella estaba en la moto con la que llegaron hasta el lugar. Durante su detención, su pareja fue asesinada. Según consta en la sentencia, la detención de ella fue ilegítima e inconstitucional. Luego de la condena, su defensora había solicitado que fuera trasladada a una comisaría más cercana porque la familia y su hija pequeña no la podían visitar. En más de una oportunidad el mismo Poder Judicial observó esa irregularidad y ordenó el traslado, pero la respuesta siempre fue la misma: no podía efectivizarse por falta de cupo en el penal de la Banda del Río Salí. También se ordenó que recibiera asistencia por sus adicciones, pero tampoco no se dio cumplimiento a ese oficio. 

Sus parientes también denunciaron que el cuerpo de Macarena presentaba moretones. A través de cartas ya había contado los malos tratos que recibía. “En la morgue vimos el cuerpo de mi hermana y notamos que tenía marcas de golpes en sus piernas. Creemos que antes de morir, les pegaron y las verduguearon. No nos cierra la versión del cortocircuito. Creemos que las dejaron morir, y dudamos de si no las prendieron fuego. Estamos buscando apoyo de colectivos de mujeres, pero no vemos convocatoria como cuando hay un femicidio”, se lamenta Raúl, uno de los hermanos.

Tres semanas antes del incendio, Macarena iba a ser trasladada a la Banda del Río Salí. Tenía todos los papeles listos y le entusiasmaba poder estar en un lugar más grande y más cerca de su familia. Los casi 70 kilómetros que separan la Perla del Sur de la Capital, impedían que la visiten, sumadas a las restricciones que trajo la pandemia. Supuestamente había un cupo. Llegó hasta la puerta, pero una vez allí la hicieron volver porque había muchos casos de Covid.

Una responsabilidad de Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de las cuatro jóvenes. Desde la CIDH, instaron al Estado argentino a investigar los hechos “con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos; asimismo, le recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente”.

Por su parte, desde el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), pidieron al Estado Argentino una investigación exhaustiva e inmediata. Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), enlace Argentina, realizaron una presentación ante este Comité para que se incorpore a la causa judicial que investiga los hechos, una perspectiva de género.

“Entendemos que fueron violados los derechos establecidos en la Convención Belem do Pará y ratificados por la Argentina. Denunciamos los hechos y solicitamos su intervención”, explica Adriana Guerrero, coordinadora nacional de CLADEM. “La violencia institucional es una de las modalidades de violencia contra las mujeres reconocidas por la normativa nacional e internacional y buscamos a partir de este hecho terrible y lamentable, se sancione a los responsables y se brinden garantías de no repetición a través de una investigación con perspectiva de genero que permita detectar de que manera diferencial la reclusión afecta a las mujeres por su condición de tal”, puntualiza.

La abogada de CLADEM, Alejandra Paolina, agrega que “el Estado tiene un conjunto de deberes  y garantías hacia las personas, en particular hacia las mujeres que quedan bajo su guarda en situación de prisión, y dadas las características de este hecho que hemos recibido de lo que se  ha visibilizado en la prensa por parte de sus familiares, es que no sería un hecho producto de la casualidad, esto estaría enlazado con las condiciones de detención. La investigación judicial de los hechos debe ser enlazada no solamente con las causas físicas del incendio, si no con la situación ambiental preexistente que padecían estas mujeres en encierro y sus relaciones con las carceleras. Esto es muy importante para poder establecer las reales causas del hecho y quienes son sus verdaderos responsables”.

Y resalta la importancia de esta presentación, para “visibilizar este hecho tan grave, de la muerte de las cuatro mujeres que estaban bajo custodia del Estado, y ponerlo en agenda internacional la responsabilidad del Estado frente a este hecho de violencia institucional. Esto es un puntapié para poner en marcha los mecanismo que prevé la convención de Belém do Pará”.

Esta nota se realizó en el marco de una cobertura colaborativa con La Nota, La Retaguardia y Revoluciones.net.