La violencia machista en las cárceles bonaerenses

Liliana Cabrera estuvo siete años presa, hoy integra el colectivo Yo no fui, da talleres de escritura y es moderadora de contenidos web, desde su experiencia asegura: “Las mujeres y las cuerpas disidentes viven dentro de las cárceles en muy malas condiciones, por empezar porque la cárcel como sistema no está preparada para nosotres; para nadie, porque no sirve pero hay cuestiones que tienen que ver con nuestra intimidad e incluso con nuestra dignidad que un régimen como el penitenciario quebranta todo el tiempo. La situación laboral actualmente es tremenda, les compañeres viven en constante incertidumbre con las horas de trabajo, no solamente sufren quienes están privades de libertad, sino sus familias, a quienes mantienen aun estando en la cárcel”.

Durante 2017, la CPM realizó 30 inspecciones en distintos espacios de encierro donde permanecen detenidas mujeres, lesbianas, travestis y trans prestando especial atención a los tipos de torturas que padecen estas personas en relación con su género llegando a la conclusión que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad comparado con los varones. Cuando la violencia es ejercida por varones hacia mujeres presas hay un plus de sufrimiento. El informe detalla: “La violencia de género se despliega a través de la presencia de personal masculino destinado a garantizar, a través del uso de la fuerza física y sexual, el orden institucional”.

Las cárceles fueron construidas para varones siguiendo los lineamientos de la política criminal y no tiene en cuenta las condiciones específicas que requieren mujeres, travestis y trans como por ejemplo mujeres embarazadas, aquellas que se encuentran encarceladas junto a sus hijxs o travestis y trans que están atravesando un tratamiento hormonal para adecuarse al género en el que se autoperciben. No existe dentro de las cárceles una perspectiva de género aplicada a estas personas. Cabrera explica: “No solo hay violencia física, por la que sé que hubo compañeras que perdieron incluso la vida adentro del penal; la violencia en las cárceles de mujeres también se manifiesta psicológicamente dentro de un sistema que te trata de quebrar todo el tiempo. Desde que nos dieran comida podrida hasta que no nos atienda el Centro Médico, el miedo constante a los traslados, son muchas las cuestiones donde ejercen su violencia en las vidas de las personas privadas de libertad.”

Ser lesbiana en las cárceles conlleva a padecer maltratos y castigos de mayor ensañamiento por parte del personal penitenciario, el sistema de heterosexualidad obligatoria también se extiende en los lugares de encierro.  El informe de la CPM relata el testimonio de una mujer que manifestó haber recibido agresiones físicas por parte del subdirector de la unidad donde se encontraba detenida mientras era amenazaba con comentarios lesbofóbicos: “Vos te merecés esto porque sos un hombre”, le decía el oficial, haciendo referencia a su orientación sexual.

En relación con las actividades sociales y educativas, que se llevan a cabo en las unidades penitenciarias, a partir de las inspecciones se reveló la falta de programas de formación laboral y educativos. Los escasos programas que existen refuerzan la lógica patriarcal: actividades domésticas, limpieza, peluquería y cocina a la que culturalmente se predestina a las mujeres. Según el informe: “Las mujeres privadas de la libertad que son estudiantes están en peores condiciones que los varones. Tienen una mayor dependencia de las facultades para acceder a los materiales de estudio porque muchas no reciben visitas de familiares, que suelen ser la principal fuente de ayuda sobre todo en lo relacionado con trámites previos (acceso al título secundario, por ejemplo).”

Frente al sistema penal las mujeres también se encuentran en desventaja en relación con los varones, el análisis de la CPM asegura que hay un uso excesivo de la prisión preventiva en delitos de penas bajas sobre las mujeres en relación con los hombres. En diciembre de 2017 hubo un 60.4% de mujeres con prisión preventiva frente a un 49.8% en varones.

Infancias encarceladas

Hasta diciembre de 2017 había un total de 81 embarazadas y 62 mujeres conviviendo con sus niñxs en cárceles bonaerenses. Es decir que desde 2016 en adelante ha aumentado la cantidad de niñxs detenidxs junto a sus madres. La maternidad en situación de encierro presenta una serie de dificultades que impiden que las internas puedan desarrollar esta actividad de manera plena. Según las entrevistas realizadas para el informe de la CPM, la mayoría de las mujeres consultadas reconocieron ser el único sostén económico de su familia tanto dentro como fuera de la cárcel. Se trata de jefas de hogar, que al estar privadas de su libertad sus familias padecen graves problemas emocionales y de subsistencia.

La unidad N° 33 de la localidad bonaerense de Los Hornos, partido de La Plata, posee cinco pabellones destinados al alojamiento de internas embarazadas y madres con menores de 4 años. Según el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), este lugar posee las características especiales para internas que deben convivir con sus niñxs. Sin embargo, no es un alojamiento adecuado ya que allí padecen las mismas condiciones inhumanas de encierro que sus madres: celdas muy precarias, sin calefacción ni ventilación y graves deficiencias en la atención médica.

El mes pasado, las internas de esta unidad permanecieron más de 15 días sin suministro de agua. Según las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, el problema se debía a una rotura de la bomba de agua que abastece al penal. A pesar de los reiterados reclamos que realizaron las internas, la única respuesta que recibieron fue que podrían permanecer más de quince días sin agua hasta que se solucione el inconveniente.

Este lugar aloja a 500 internas, entre las que se encuentran embarazadas, ancianas, 65 menores de edad y 3 bebés prematurxs (recientemente operados) y niñxs con problemas de salud que necesitan agua para poder ingerir sus medicamentos. La mayoría se alimenta con leche en polvo que se prepara con agua, por lo cual durante 15 días, las internas se vieron obligadas a recolectar en jarros y botellas la escasa cantidad de agua no potable que llegaba, dejarla estacionar para luego poder consumirla.

“Hace unos días se incendió un pabellón por un descuido y ni los matafuegos andaban. No paso a mayores pero esto muestra que no hay nada revisado, no funcionan las cosas como corresponden”, advirtió una interna, en diálogo con FM Raíces, quien detalló que también atraviesan cuestiones sanitarias pésimas, falta de atención médica e insumos. En julio del año pasado Luisa Cienfuego falleció a causa de un infarto; las internas denunciaron que las autoridades actuaron con negligencia y demoras en el trasladado de la mujer al centro médico.

Discriminación hacia las personas trans

Las personas travestis y trans se encuentran alojadas en los pabellones 11 y 2 de la UP 32 de Florencio Varela, el pabellón 10 de la UP 2 de Sierra Chica y el pabellón A de la UP 44. Durante las inspecciones realizadas, la CPM denunció que la ausencia de atención médica provocó la muerte de 3 personas, también revelaron condiciones inhumanas de alojamiento. Además de la imposibilidad de continuar o comenzar tratamientos hormonales, no hay profesionales con formación de género, a las personas que padecen VIH rara vez les realizan los controles necesarios y no se les respetan adecuadamente el suministro de medicación ni una dieta especial indicada.

Lxs funcionarixs penitenciarixs no respetan la identidad de género de estas personas y son objeto de discriminación, burla y humillación constante, también utilizan el acceso a sanidad como una forma de poder para extorsionarlas a veces sexualmente. Además, son recluidas en pabellones junto a detenidos varones con causas por delitos contra la integridad sexual, equiparando la transexualidad con un delito sexual. Ser migrante es otro agravante: el personal penitenciario utiliza la condición de extranjeras de muchas de ellas para violentarlas y negarles una correcta atención de su salud.

En relación con el Poder Judicial, las personas travestis y trans sufren todo tipo de exclusión que va desde el rechazo total para el acceso a la Justicia, pasando por las dificultades que atraviesan al momento de realizar denuncias de violencia o abuso, llegando a no poder acreditar su condición de víctima. A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, el SPB diseñó protocolos de actuación para el alojamiento, control, registro y traslado de personas trans. Y sin embargo no se aplican ni se implementan políticas que promuevan entre el personal penitenciario, judicial y médico el respeto a la identidad de género y a la orientación sexual de estas personas.

Las lesbianas, travestis y trans sufren violencia institucional, física, psicológica, sexual y simbólica. Se trata en su mayoría de personas de muy bajos recursos, desempleadas o provenientes del mercado de trabajo informal, muchas de ellas también excluidas del sistema educativo, debido a las carencias cotidianas y a la exclusión social sistemática que atraviesan a lo largo de sus vidas. Según información recopilada por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) para 2016, el 68.2% de las mujeres detenidas se encontraba desempleada al momento de su detención y un 20.7% tenía un trabajo de tiempo parcial. El sistema penal en lugar de revertir estas desigualdades las profundiza al igual que reproduce las violencias patriarcales en las cárceles.