Belén, la joven tucumana presa desde 2014 tras sufrir un aborto espontáneo, escribió un mensaje que fue leído esta tarde durante una conferencia donde diversos organismos se presentaron como Amicus Curiae en la causa. La ONU solicitó que el Estado argentino revea su caso.
Belén tiene 27 años y hace dos años que está presa. A principios de 2016, la Justicia tucumana la condenó a ocho años de prisión, tras un polémico fallo en el que se la consideró culpable de haber matado a su bebé en el baño de un hospital público. Lo que la fría letra de la sentencia no cuenta es que cuando la joven -en marzo de 2014- acudió al centro médico con fuertes dolores estomacales, desconocía su embarazo y mucho más aún que estaba sufriendo un aborto espontáneo.
Luego de que los jueces de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán la condenaran por el delito de "homicidio por circunstancias extraordinarias de atenuación", distintas organizaciones lanzaron una campaña para exigir la inmediata liberación de la joven por considerar que el fallo representa un grave caso de "violencia institucional".
"A todas las mujeres que luchan por mi libertad y a todas las organizaciones que piden por mí quiero agradecerles de todo corazón lo que están haciendo. Estuve mucho tiempo sola, muy sola y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe en que pronto se va a hacer justicia para mí", sostuvo Belén, en una carta que fue leída esta tarde en una conferencia de prensa en la que diversas organizaciones anunciaron que se presentarán como Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por su abogada, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
Entre esas organizaciones, se encuentran Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacional Soledad Sosa (Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero).
"Me enteré por mi defensora que las Naciones Unidas están pidiendo que me dejen libre y eso me da más esperanzas. Hace dos años y cuatro meses que no puedo estar con mi familia. Eso es lo que más lamento, que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes, pero siento que ya falta menos. Me llegan los mensajes de la gente y todas las cosas que están haciendo desde afuera para que yo esté libre. De todo corazón, muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes", concluyó Belén en su carta.
El viernes pasado se conoció que el Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó al Estado argentino a revisar el caso de Belén “con miras a su inmediata liberación”. El organismo con sede en Ginebra mostró su "preocupación" por la situación de la joven y por el hecho de que “el aborto legal resulte, muchas veces, inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto”.
A su vez, el organismo se mostró alarmado por "los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna, así como por los embarazos de adolescentes" y recomendó al gobierno de Cambiemos “multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización" sobre el uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva.
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