Sobre la utilización de la etiqueta linchamientos y otras cuestiones
Claudia Cesaroni escribió el libro Masacre en el pabellón Séptimo sobre lo ocurrido en el penal de Devoto durante la dictadura. Ahora escribe sobre los linchamientos ocurridos en Rosario y en el barrio porteño de Palermo.
¿Estamos ante la presencia de un fenómeno nuevo, o más bien se trata de un nuevo peligro construido entre políticos de derecha y medios a la búsqueda desesperada de rating, como antes construyeron al peligro del menor que delinque, o violador al acecho y, mucho antes, indio salvaje, subversivo terrorista, y así de seguido? Cada una de esas construcciones se resolvió con el establecimiento de políticas de emergencia explicitadas, una y otra vez, y entre muchos otros, por nuestro Eugenio Raúl Zaffaroni, en el marco de los estados de excepción descritos por Georgio Agamben: la emergencia supone la excepción, y eso termina en masacre. Se van recortando garantías, "excepcionalmente", porque la emergencia así lo requiere; se sancionan nuevas conductas; se agravan penas; se cercenan derechos. Hasta que la excepción -solo hacemos esto para los más malos- se transforma en la regla, y la regla, en prácticas tales como abusos policiales, desapariciones, tortura y muerte.
La diferencia entre esas construcciones y la que sucede en estos días -la ola de linchadores- es que, en este caso, la víctima no le importa a una parte importante de la sociedad. La víctima de los llamados linchamientos es el pibe chorro, o el que se le parece. Entonces, la respuesta no es aumentar penas, sino poner en debate si la acción de los supuestos linchadores tiene, aunque sea, un poquito de legitimidad. Se sostienen discusiones y debates, se realizan encuestas, se contrastan argumentos sobre la pertinencia o no de que haya "justicia por mano propia". No se pregunta si está bien patearle la cabeza hasta reventársela a alguien indefenso, se pregunta: Linchamiento ¿sí o no? ¿Le parece bien a usted que se linche gente?
Esas preguntas habilitan el "No, pero...". "No estoy de acuerdo, pero como el Estado está ausente..." "No, yo no lo haría, pero entiendo que si le roban a una abuelita..." "No, claro que no, pero es que la gente está harta". O sea: sí. Una parte muy importante de nuestra sociedad está de acuerdo con que se le peguen patadas en la cabeza a una persona hasta matarla, dadas ciertas condiciones. Como una parte de la sociedad estuvo de acuerdo con que a otra parte se la desapareciera, tirara de aviones, metiera picana en ojos, bocas, vaginas y testículos. Están de acuerdo, les parece una respuesta posible.
¿Debemos debatir con ellos? ¿Tenemos que sentarnos a discutir en televisión con alguien que sostenga que, bajo ciertas circunstancias está bien torturar o patear cabezas? ¿Repetiríamos hoy, con todo lo que hemos trabajado por memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, aquel programa en que Alfredo Bravo, un torturado, se enfrentaba a Miguel Etchecolatz, su torturador, y éste lo desmentía y hostigaba?
https://www.youtube.com/watch?v=O4uZ5iS0AC8
Creemos que no, que hay cosas que no se debaten, porque el mero debate ya supone una concesión inaceptable.
Y el segundo aspecto repetido hasta el cansancio, es el del "Estado ausente", como justificación, o al menos como manera de relativizar la responsabilidad de los homicidas. Cuando se dice: "no hay Estado y por eso la gente lincha", ¿qué se quiere decir? ¿Qué Estado debería haber para que pudiera evitarse que alguien pase corriendo y le robe la cartera a una mujer? ¿Un policía cada medio metro, sería el Estado presente?¿Más cámaras de las miles que hay, y que, como hemos dicho tantas veces, no previenen nada?
El reclamo por el "Estado ausente" encubre un pedido de más excepción, como decíamos al principio. Un poco de abuso policial, otro tanto de tortura (no mucha: un par de sopapos, limpiar a fondo la comisaría, un ratito en pelotas en el patio, lo suficiente para que aprendan), terminar con la puerta giratoria, que gira, parece, solo para un lado, porque la cantidad de presos no para de aumentar en los últimos quince años(http://www.infojus.gov.ar/sneep)
Todo ello, en el marco de una campaña brutal encabezada por políticos como Sergio Massa, que ha decidido construir su caudal electoral sobre la base de enarbolar consignas falsas, ofensivas y brutales. Una de ellas "queremos que se pudran en la cárcel", referida por ejemplo a adolescentes acusados de delitos graves, grafica lo que es su plan de gobierno en materia de política criminal: la tortura y el encierro de por vida, recetas que países como su admirado Estados Unidos aplican a rajatabla, sin que supongan la construcción de una sociedad más segura y pacífica, sino todo lo contrario.
La gravedad de estos debates está asociada a su repetición, sin analizar que esa repetición está sucediendo. A diez años de las llamadas "leyes Blumberg", que fueron elaboradas por el ex subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla, Roberto Durrieu, y a 38 años del golpe genocida, poner en discusión si es pertinente matar a una determinada categoría de personas, y para peor privatizando la venganza en cabeza de los pretendidos linchadores, es un retroceso inadmisible.
El Estado democrático de derecho -en el que conviven quienes quieren destruirlo- debe hacerse presente, persiguiendo con toda la fuerza y la legitimidad de su sistema penal a los autores de estos homicidios, consumados y tentados.
Aplastar el huevo de la serpiente, antes de que otra vez sea demasiado tarde.
Claudia Cesaroni
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