Rosariazo ambiental y el genocidio que ocultan los medios

por Maxi Goldschmidt
Fotos: Juan Pablo Barrientos
21 de junio de 2019

Muerte de docente fumigada, Marcha de los Barbijos, Tribunal contra el agronegocio, Congreso Socioambiental con científicos internacionales y fallos judiciales contra el glifosato. ¿Nada era digno de noticia?

En las escalinatas de la Bolsa de Comercio de Rosario hay varios cuerpos tirados. Tienen la cara blanca, ojeras, rastros de algo que parece sangre. Es miércoles, seis de la tarde. Alrededor de los cuerpos, semillas desparramadas y miles de personas con barbijos. La imagen, potente, histórica, no saldrá al día siguiente en los diarios de mayor tirada.

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No en una, no en dos, no en tres. En decenas de escuelas rurales argentinas la escena se repite desde hace años. Aviones o “mosquitos” fumigando muy cerca o directamente encima de establecimientos educativos donde chicas y chicos empiezan a toser, a vomitar, a respirar con dificultad, a sentir mareos, dolor de cabeza, picazón por todos lados.

Docentes, muchas veces bajo los mismos síntomas, en la desesperación intentan cerrar ventanas, llamar por teléfono, pedir ayuda. Alrededor, todo suele ser soja. Y un olor como a veneno de hormigas que se mete de facto en la nariz y la boca.

Mariela Leiva, esa mujer rubia que camina junto a Nora Cortiñas adelante en la Marcha Plurinacional de los Barbijos por las calles de Rosario, lo sufrió varias veces. El 4 de diciembre de 2014 decidió salir de la escuela Nº 44 República Argentina, en la localidad entrerriana de Santa Anita, y fotografiar y filmar a la avioneta en plena fumigación. Esa vez, gracias a su insistencia, la policía y la ambulancia llegaron rápido: todo quedó registrado.

80 % de las tierras cultivables de nuestro país son químicosdependientes de venenos y son sembradas con semillas genéticamente modificadas.

“Desde ese día empecé a perder la vista. Antes veía perfecto, pero a partir de la fumigación empecé a tener los ojos rojos, llorosos, irritados, una conjuntivitis crónica, la boca completamente llagada”, le dijo a Cítrica la maestra que, con el apoyo de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y el sindicato de docentes AGMER, en 2018 logró que un tribunal condenara a la empresa fumigadora, al propietario del campo contiguo a la escuela y a quien piloteaba la avioneta.

En una foto de su Facebook, a Mariela se la ve abrazada a su colega y amiga Ana Zabaloy, también fumigada y creadora de la Red Federal de Docentes por la Vida. Ana murió tres días después de la marcha de los Barbijos. Muchos medios también se “saltearon” la noticia.

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Debajo de muchos barbijos blancos hay caras jóvenes. Llama la atención la cantidad de pibas y pibes, de adolescentes que portan banderas, sacan fotos y cantan. Por ejemplo:

-Alerta, alerta, alerta que camina, la agroecología por América Latina. Se cuidan, se cuidan los sojeros, la agroecología va a salvar al mundo entero.

O también, delante de una bandera de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra):

-Vecina, vecino, no sea indiferente, que cuando nos fumigan envenenan a la gente.

En auto y en micro llegó ese grupo de jóvenes de La Plata. Pertenecen al Bosquecito Vivero Experimental del Barrio Hernández. Con orgullo cuentan cómo recuperaron ese basural a cielo abierto y, tras largas jornadas de trabajo, lo transformaron en un vivero, una huerta agroecológica comunitaria y un banco de semillas criollas y nativas. A su lado, caminan y cantan integrantes del Movimiento Agroecológico La Plata, organización universitaria que se unió a militar a la par de familias campesinas y productoras de alimentos sanos, seguros y soberanos.

“Me arruinaron mi sexualidad. Al lado de mi casa hay un campo sojero. Una madrugada empezaron a fumigar y a la media hora tenía toda la cola y la vagina inflamadas. Ya no puedo hacer el amor con mi marido".


Desde abajo, las nuevas generaciones saben escuchar a la tierra. Y la defienden. Arriba, funcionarios repiten argumentos vencidos y envenenados. De la plaza San Martín al Monumento a la Bandera, un grupo de jóvenes con remeras negras no dejan de cantar un segundo. Son decenas, llevan distintos carteles y caminan detrás de un pasacalles que reza: Villa Constitución sin veneno.

Hace dos años, en su pueblo de casi 50.000 habitantes vieron un cartel y quisieron saber. Decía Nitron. Luego se enterarían que esa empresa estadounidense de químicos, junto a la concesionaria PTP Warren, instalaría un depósito de fertilizantes a 360 metros de varios barrios.

“No hago más investigaciones desde que me di cuenta que todas iban a parar a las multinacionales farmacéuticas", dice Cristina Arnulphi, Doctora en Física. 

Unidos a muchos otros vecinos, juntaron más de 10.000 firmas para hacer la primera consulta popular en la historia de la provincia de Santa Fe. Preguntan, casa por casa, si quieren vivir contaminados. Y brindan la información que ocultan las autoridades. Por eso, y por acampar frente al depósito y oponerse a que su ciudad reciba 160 mil toneladas de veneno, fueron golpeados y detenidos. La historia está contada en la última MU, y vale la pena conocerla.

En esa misma revista, también hay una entrevista a Damián Pettovello, un ingeniero agrónomo que fue asesor máster de Bayer hasta que se dio cuenta que su trabajo era matar. Hoy, y tras haber superado un cáncer, es educador agroecológico y detalla cómo funciona el monstruo del agronegocio por dentro.

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“Perdí mi intimidad, se arruinó mi sexualidad. Al lado de mi casa hay un campo sojero y me fumigan desde 2015. Una madrugada empezaron a fumigar y a la media hora tenía toda la cola inflamada. Y la vagina también. Me empezó a sangrar, y después se me hicieron unos granos de pus. Ya no puedo hacer el amor con mi marido porque me duele mucho”, dice Norma Cabrera, 44 años, 6 hijos, algunos con problemas en la piel y respiratorios, una hija con cáncer y un vecino que como tiene poder y contactos políticos, la amenazó con impunidad y la sigue fumigando.

 

Norma vive en Cañada de Gómez. Nos recibe en su casa y nos muestra una carpeta con denuncias y denuncias presentadas ante diferentes organismos. Un día, cansada de no recibir respuestas, decidió cruzar un pasacalles en la puerta de su casa: Paren de fumigarnos.

-Ese día aparecieron concejales a preguntarme qué quería para sacar el cartel. Después también apareció el hijo del dueño del campo a decirme que podía pagarme lo que quería. Pero lo que yo quiero es simple: que dejen de fumigar, que no me maten más los animales y no me arruinen más la vida y la familia.

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Entre las miles de personas que asistieron a la marcha, el pasado 5 de junio, el Día del Medioambiente, están los ojos de Norita, irreconocible bajo un pañuelo y un barbijo, agarrada a la letra L de la palabra plurinacional. La Madre de Plaza de Mayo camina a la par de otras madres, docentes y docenas de víctimas de las fumigaciones.

Abundan estudios científicos respecto a los efectos de los agrotóxicos, que en Argentina -el país con mayor consumo per cápita del mundo- ronda entre los 360 y 400 millones litros por año

Sobran los testimonios en primera persona de “un movimiento político emergente con una base espiritual”, como dice Cristina Arnulphi, que es Doctora en Física pero prefiere presentarse como campesina: “No hago más investigaciones desde que me di cuenta que todas iban a parar a las multinacionales farmacéuticas. En lugar de eso me dediqué a estudiar el impacto de los agrotóxicos”.

“La salud no se negocia”, dice en letras verdes una bandera blanca. Uno metros adelante, otra escrita prolijamente sobre una tela: "La única buena práctica es la agroecología".

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Antonio Latuca tiene 68 años y mira a esos jóvenes con ojos emocionados. Ingeniero agrónomo, militante del peronismo revolucionario en los setenta y uno de los creadores del ProHuerta, hoy trabaja en el Programa de Agricultura Urbana de la ciudad de Rosario.

-Cuando empecé éramos 4 gatos locos. Y mirá hoy semejante marcha, con tanta juventud. La política no ve este fenómeno, se está perdiendo algo grande que está pasando en la sociedad. A esta altura la agroecología debería ser una carrera de grado y tendría que haber huertas en todas las escuelas.

Elizabeth Bravo llegó desde Ecuador, y también se sorprende por la convocatoria. “Cuando empezamos la Red, en épocas de Menem, ya había en Argentina 5 millones de hectáreas de soja. Sin embargo no se hablaba del tema y no encontrábamos a nadie que se opusiera a este modelo que comenzaba a implantarse. Ver esta marcha fue súper emocionante, con gente de todo el país que se moviliza. Aunque también es cierto que se han sentido mucho más los impactos, que lamentablemente son a mediano plazo”. Bravo es bióloga, integrante de la ONG Acción Ecológica y coordinadora de la Red por un Ambiente Libre de Transgénicos.

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-Esperá que revivo- dice Verónica, y se levanta con una sonrisa. Estaba “muerta” junto a otros jóvenes que realizaron una permorfance en las escalinatas de la Bolsa de Comercio de Rosario, otro símbolo del genocidio silenciado provocado por el agronegocio y que buscó visibilizar la marcha de los Barbijos.

Verónica Azpiroz Cleñan es politóloga e integrante de la comunidad mapuche Epu Lafken, de Los Toldos, en plena Pampa húmeda. Rodeada de soja, la comunidad no sólo trabaja en la recuperación de las plantas de uso medicinal: también presentó un estudio con herbarios que demuestran que en las últimas décadas desaparecieron 150 especies por el uso de agroquímicos
 
-Venimos denunciando las fumigaciones y en el proceso de debate sobre la Ley Bayer Monsanto, la Cámara Diputados no llamó al procedimiento de la consulta libre pre informada que es un mecanismo constitucional, entonces mi comunidad presentó un recurso de amparo pidiendo que se cumpla con ese paso. Se logró frenar por el momento una ley que se pretende imponer de todas formas, sin consentimiento ni consulta sobre miles de comunidades que históricamente estamos ligadas a la producción agraria.

TRIBUNAL CONTRA EL AGRONEGOCIO

“El año pasado se cumplieron 10 años de los derechos de la naturaleza -dice Elizabeth Bravo, una de las impulsoras del Tribunal contra el agronegocio, que tuvo lugar un día antes de la marcha de los Barbijos-. Quisimos ver qué pasa en América Latina. Tomando en cuenta que los derechos de la naturaleza no lo vemos como una cosa conservacionista sino como la naturaleza ligada a los seres humanos. Porque nosotros somos naturaleza y lo que le hace mal a la naturaleza nos hace mal a nosotros”.

A causa de las fumigaciones son cada vez más  los“nacimientos con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, daños genéticos y enfermedades endócrinas en niveles nunca antes visto".


Así fue como en el corazón del agronegocio, se llevó adelante una “experiencia innovadora para nuestro país”, según describió Damián Marino, del Equipo Interdisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata, que también participó del tribunal que reunió “las voces de los pueblos, información científica y jurídica y aspectos legales” que son fundamentales para “la construcción del conocimiento popular”.

La audiencia se llevó a cabo en una de las sedes de ATE Rosario y contó con 17 testimonios de personas afectadas en sus territorios y en sus cuerpos por el agronegocio. Voces de Argentina, Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde entre 2005 y 2015 se deforestaron casi 7 millones de hectáreas y entre 1 y 5 millones de personas por año son fumigadas. “El 40 por ciento de las personas que están en territorios fumigados tienen malformaciones. Se vuelve impredecible el daño”, dice Lis García, de Paraguay.

Víctimas pero también peritos, científicos e investigadores expusieron diferentes pruebas de afectaciones a la salud y al medio ambiente. El juicio popular fue presidido por el ex fiscal Carlos Matheu, quien fuera el fiscal de la histórica causa de las Madres de Ituzaingó Anexo en Córdoba.

Esas Madres que recorrieron su barrio haciendo un mapa a mano de las personas afectadas y luego presentaron las pruebas de cientos de casos de cáncer, marcaron el camino. Fueron las primeras. En lograr una sentencia en contra de las fumigaciones, en marchar con barbijos, en abrir los ojos de la sociedad y de algunos sectores de la ciencia respecto a los efectos de los agrotóxicos. Ellas serán protagonistas de la serie “como Chernobyl pero del glifosato”, que se filmará más temprano que tarde en nuestro país, según escribió el abogado ambientalista Enrique Viale hace dos domingos en Tiempo Argentino.

UN CONGRESO QUE NO DA LA ESPALDA

De un lado hay funcionarios, jueces, empresarios, multinacionales y estados cómplices que promueven el agronegocio. Y del otro, movimientos sociales, universidades, docentes, laburantes de la salud, estatales, barrios enteros, estudios científicos, asambleas, madres y Madres, de Plaza de Mayo, de Ituzaingó, de cientos de lugares donde no llegan los “grandes medios” a contar la trágica y cotidiana realidad que quienes viven sobre el 80 por ciento de las tierras cultivables de nuestro país, que son químicosdependientes de venenos, están sembradas con semillas genéticamente modificadas y llegan a utilizar más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año.

"No es una moda, es una cuestión de salud pública", repiten profesionales que no suelen ser consultados por el periodismo extractivista que oculta el genocidio.

Parte de ese gran sector que resiste -y que propone un modelo alternativo, porque “no hay salud humana en territorios enfermos”-, se reunió durante tres días en Rosario. Sin la cobertura mediática de medios cómplices al modelo, no fue noticia la multitudinaria marcha, ni el Tribunal contra el agronegocio ni el V Congreso Internacional de Salud Socio-Ambiental, que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Rosario. 

Allí sobraron los estudios y exposiciones científicas respecto a los efectos de los agrotóxicos, que en Argentina -el país con mayor consumo per cápita del mundo- se estima que ronda entre los 360 y 400 millones litros por año, lo que equivale a cada vez más “nacimientos con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, daños genéticos y enfermedades endócrinas en niveles nunca antes visto". Nuestro país, además, es el tercero del planeta, después de Estados Unidos y Brasil, en producir transgénicos. 

"No es una moda, es una cuestión de salud pública", remarcaron varios profesionales, respecto a que el Estado debe tomar con urgencia cartas en el asunto ante “este experimento que se lleva a cabo en nuestro país”.  

Unos días después, murió Ana Zabaloy, una docente que había sido fumigada. ¿Cuántos medios, políticos y jueces se hicieron eco de la noticia? Ellos, también, son cómplices de la fumigación sistemática de cuerpos, territorios y conciencias.

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