Retos y oportunidades del Acuerdo de Escazú en clave de género

Durante la COP 1 del Acuerdo de Escazú, se realizó debate regional entre mujeres de América Latina y el Caribe, con el objetivo de identificar puntos de entrada para que se tomen decisiones que contribuyan a la progresividad de los derechos de acceso de las mujeres, con enfoque intercultural e intergeneracional.

El 19 de abril de 2022 la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Eco Maxei Querétaro AC organizaron, con el apoyo de IUCN Netherlands y la participación de Defensoras de la Pachamama y Fundación Pachamama, el evento paralelo oficial de la COP 1 del Acuerdo de Escazú:  “Lectura del Acuerdo de Escazú en clave de género: retos y oportunidades”. La propuesta fue conformar un espacio de debate regional entre mujeres de América Latina y el Caribe, con el objetivo de identificar puntos de entrada para que -en el marco del Acuerdo de Escazú- se tomen decisiones que contribuyan a la progresividad de los derechos de acceso de las mujeres, con enfoque intercultural e intergeneracional. El primer panel del evento contó con la exposiciones de Itza Castañeda (México) sobre Violencia de género en el sector ambiental, de Valeria Berros (Argentina) sobre el Acceso a la información, de Belén Paez (Ecuador) sobre el Acceso a la participación y de Vanessa Torres (Colombia) sobre el Acceso a la justicia.

¿Qué retos enfrentan las mujeres para ejercer cada derecho de acceso? ¿Qué cambios se deben hacer para eliminar estas barreras? ¿Qué capacidades se tienen que crear o fortalecer para que eso suceda? Esas preguntas intentaron responder las expositoras:

Derechos de acceso y perspectiva de género

“La naturaleza de la violencia compleja, en términos de esta violencia de género, se da en contextos de acceso y control sobre los recursos naturales, sobre presiones y amenazas como el cambio climático, los desastres naturales, y también lo que llamamos la acción ambiental para defender y conservar los ecosistemas y los recursos”, presentó su exposición la méxicana Itza Castañeda, directora de Equidad Social, bióloga y consultora en género y desarrollo sostenible, para de inmediato citar un reporte sobre medio ambiente y violencia de género realizado por la UICN-USAID en el año 2020, previo a la adopción del Acuerdo de Escazú: “Identificamos -en este estudio realizado en África, Asia, América Latina y otras partes del mundo- denominadores comunes en términos de la violencia de género, pese a los diferentes contextos sociales, económicos, políticos y religiosos: El análisis reveló que la naturaleza de la violencia compleja -en términos de esta violencia de género- se da en contextos de acceso y control sobre los recursos naturales, sobre presiones y amenazas como el cambio climático y los desastres naturales, y la acción ambiental para defender y conservar los ecosistemas y los recursos”. 
 
Otros denominador común, según el informe, es que las leyes nacionales y consuetudinarias, las normas sociales y los roles tradicionales de género, las dictan justamente quienes pueden acceder y controlar los recursos y -a menudo- esto resulta en la marginación de las mujeres en comparación con los hombres. 

Castañeda también se refirió a la desigualdad ocasionada por la tenencia de la tierra en América Latina y el Caribe (LAC): “Cuando vemos los tipos de violencia de género vinculados a la tenencia de la tierra y al acceso de los recursos, no están plenamente entendidos y documentados. Hay violencias de distinto tipo, no únicamente la física, sino también la económica, social y cultural que se da a partir de este eje estructurante que es el acceso a los recursos a partir de la tenencia”. 

“En LAC la violencia de género es un medio de control sistemático para hacer cumplir y proteger los privilegios existentes en torno a los recursos naturales. Esto hace que se mantengan los desequilibrios de poder, y esto se da desde los niveles macro, comunitarios, hasta en el hogar. A estas desigualdades de género las llamamos la violencia de la desigualdad. La desigualdad en sí misma es violenta”, consignó. 

En el estudio de la UICN-USAID se documentó el incremento de ataques a mujeres. “La desigualdad se ha incrementado a partir del COVID-19 y no únicamente en términos de pobreza, también en relación al medio ambiente, que incluyó una mayor degradación de los recursos naturales (bosques, agua). En México estamos en crisis hídrica, y los impactos que esto tiene -por supuesto- también están vinculados con la violencia cuando mujeres y niñas tienen que caminar más tiempo, también están más expuestas a la violencia de género. También en relación a la migración climática que no está reconocida ni tiene marco legal para atender las violencias que las mujeres sufren por el desplazamiento de grandes masas de personas por el cambio climático”, especificó.

Castañeda añadió que la violencia hacia las mujeres en América Latina no es únicamente la violencia del Estado y de las empresas, sino también del crimen organizado. “Las desapariciones de mujeres rurales que van a hacer trabajos forzados a la minera ilegal, a la tala ilegal, esa violencia sexual, y después la criminalización, están documentadas en estos reportes”. 

“Se ha visto un incremento de ataques a mujeres, diferenciado al de los hombres. La violencia contra las defensoras incluye intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización. Además, se ha documentado mayor violencia contra población indígena”, destacó.

En cuanto al país en en el que vive hace muchos años y del cual adquirió la nacionalidad (nació en Guatemala), Castañeda mostró su preocupación por la desaparición del fideicomiso que funcionaba como fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos, de reparación y asistencia integral y otros relacionados. “Está desaparición de los fondos no sólo contraviene las obligaciones en materia de protección de los derechos humanos ambientales y su defensa -como lo menciona el Acuerdo de Escazú-, sino que se traducen en que se eliminan los recursos  financieros que hacen el sustento del Estado para cumplir con estas obligaciones”. 

“No podemos leer el Acuerdo de Escazú de manera aislada de los otros marcos de derechos humanos de las mujeres. Tenemos que leerlos en su conjunto. La violencia de género se manifiesta en absolutamente todos los temas ambientales. Tenemos que empoderar el Acuerdo de Escazú, que sea un ancla para poder avanzar", propuso la bióloga y ambientalista mexicana.

 Acceso a la información

La abogada argentina Valeria Berros, abogada y doctora en Derecho (UNL) e investigadora Adjunta del CONICET, se refirió al acceso a la información y expresó al respecto que “es clara la desigualdad existente en términos de sufrimiento ambiental, de desigualdades territoriales, de activismos que están cruzados por la perspectiva de género”. En ese sentido sostuvo que “Escazú se convierte en un espacio importante para empezar a fortalecer y robustecer los distintos accesos”. 

“Cuando pensamos en la implementación de Escazú y el proceso que se está comenzado a dar -en primer lugar- hay que pensar en cuáles son los procedimientos existentes en los ordenamientos internos de cada uno de los países que lo están empezando a implementar, así como también cuáles son los obstáculos que se identifican y que se pueden vincular de modo directo con el tema de género. Preguntarse cuál va a ser la voz de las mujeres en los diseños institucionales que -necesariamente- se tienen que robustecer de cara a la implementación de Escazú”. 

Agregó que “es importante tenerlo en cuenta, dado que son esos espacios los que van a permitir, en mayor o menor medida, robustecer la información ambiental y la accesibilidad a la misma”. 

“Tenemos la cuestión de producir información con perspectiva de género. Importante desafío que tiene que ver con visibilizar este tema para la profundización de esa mirada. Cuando producimos información ambiental, cómo atravesamos la perspectiva de género en ese proceso de producción. A mi modo de ver, podría dar contenido a los retos y desafíos que plantea Escazú”, planteó.

Respecto de los cambios que deberían generarse para eliminar las barreras para el acceso a la información, Berros analizó que “se podría pensar en dos grandes ejes: uno con organizar la información existente de una manera crítica; es decir, mirando esa información a partir de la idea de las barreras que existen vinculadas con las desigualdades de género. Y, por otro lado, robustecer el acceso a la información a través del planteo de preguntas disparadoras. Una de ellas puede ser si tenemos conocimiento en los distintos países y territorios sobre qué porcentaje de acceso a la información son realizados por mujeres. Este dato nos permite pensar algunas cuestiones y también graficar cuáles son los accesos a la información que efectivamente pueden ser llevados a cabo por parte de mujeres. Otra pregunta que nos podemos hacer es si conocemos cuáles son las dificultades existentes para el acceso a la información, tanto en orden de lo territorial, acceso a instituciones, presentación de accesos a la información, y de qué manera esto también está atravesado por la perspectiva de género”. 

“Una tarea interesante en estos momentos de implementación de Escazú es la de identificar 
los espacios institucionales, la articulación entre estos espacios vinculados a la cuestión ambiental y de género
. Allí es central ver cómo incorporar los movimientos y las voces de mujeres, para que esas capacidades puedan robustecer el proceso de implementación de Escazú”, analizó.

Y remarcó que “a su vez, ver cuál es el rol del sistema científico y tecnológico, tendiendo puentes entre la cuestión ambiental y la perspectiva de género. Esta producción de datos siempre robustece la posibilidad de pensar en cómo generar un mayor acceso a la información. En el acceso a la información es importante el rol que pueden tener los proyectos de extensión que existen en varias instituciones en los distintos países de América Latina y el Caribe. Hoy en día pueden tener incluso una responsabilidad a la hora de la implementación de Escazú".

Acceso a la participación

"Confiamos que en el horizonte de los próximos 5-10 años, el Acuerdo de Escazú -y con la definición de otras políticas públicas relacionadas (por ej. de reducción de deforestación, entre otras)- pueden ser herramientas poderosas para la región, para fortalecer la participación de las mujeres, en la medida en que los movimientos sociales y grupos de mujeres rurales e indígenas puedan participar con mayor amplitud en las comunidades y ciudades, en la política pública”, expresó Belén Paez, Directora Ejecutiva de la Fundación Pachamama, organización ecuatoriana creada en 1996 para proteger la Amazonía y promover los derechos y los medios de vida de los pueblos indígenas.

¿Qué tan robustos pueden ser los procesos de toma de decisiones en torno a la consulta ambiental, en torno a la consulta previa libre e informada? “La participación en torno al monitoreo ambiental de los proyectos en cuanto las mujeres y comunidades rurales puedan estar con la generación de capacidades y las acciones necesarias para poder participar en el monitoreo de las políticas ambientales”, señaló.

Paez hizo especial hincapié en que las mujeres e indígenas sean partícipes en el diseño de normas en materia de derechos humanos y ambientales. “La participación implica que haya más acceso dentro de espacios públicos, para invitar a participar a los movimientos de las mujeres y de pueblos indígenas al diseño de estas políticas públicas”. 

En ese sentido consideró que “si bien ha habido cambios en los últimos años, la naturalización de roles de género sigue llevando a que se limite a mujeres y niñas a ser agentes pasivas de sus comunidades, y a dedicarse a las tareas del cuidado del hogar sin participar del espacio público”. 

La directora de Pachamama también destacó que “los mayores rangos de disparidad se observan en el empoderamiento político y en la participación en espacios de diseño legislativo y de toma de decisiones. Tiene que haber mayor coherencia entre los adelantos de los derechos de las mujeres y de igualdad de género con aquellos que están relacionados con el cambio climático y la protección ambiental. Estos aspectos no se pueden ver por separado, sino que debe impulsarse su integración”.
 
“El 50% de la población mundial son mujeres, por lo que las limitaciones en el acceso a la participación pública en asuntos de carácter ambiental y climático equivale a combatir la crisis con la mitad de la capacidad de la humanidad”, criticó. “Datos indican que las mujeres en zonas rurales y mujeres indígenas cada vez tienen menos acceso a espacios de decisión y se encuentran cada vez más empobrecidas e impactadas por la contaminación y las actividades extractivas en sus territorios”. 

“Necesitamos incidir para que haya mayor participación de mujeres en torno al diseño de políticas públicas, de normas ambientales y aumentar la capacidad de que se incorporen en el monitoreo y la evaluación de los proyectos en territorio. Son las mujeres quienes están en la primera línea fortaleciendo el proceso de defensa territorial”, sentenció. 

“La transversalidad de género y la interseccionalidad con la intención de garantizar la participación igualitaria de las mujeres en la gobernanza ambiental existe. En los últimos años se ha tratado de implementar la llamada perspectiva de género en políticas públicas ambientales siendo un proceso largo y con muchos desafíos. Pero tenemos confianza. Movimientos de mujeres campesinas, de mujeres de los Andes, de mujeres amazónicas, han creado un pacto social fuerte que avanza hacia la incidencia de las políticas públicas", concluyó la directora de Fundación Pachamama.

1.4 Acceso a la justicia

Vanessa Torres, Abogada ambientalista colombiana y Asociada de la ONG Ambiente y Sociedad centró su exposición en cómo el Acuerdo de Escazú impacta directamente en la vida de las mujeres: “Vivimos en un escenario regional complejo como el que vivimos en América Latina dónde el rol del liderazgo femenino se ve amenazado por diferentes circunstancias”. 

El artículo 8 de Escazú reconoce la necesidad de que los Estados garanticen el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y reducir cualquier decisión, acción y omisión relacionada con el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y con cualquier otra decisión acción que afecte el medio ambiente o las normas jurídicas que  regulan el derecho al medio ambiente. 

“Para el cumplimiento del Artículo 8 - sostiene Torres - se requieren órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Viendo la regulación que establece Escazú podemos identificar las barreras a las que nos enfrentamos las mujeres, y particularmente las mujeres pertenecientes a comunidades vulnerables. En la práctica existen -efectivamente- barreras que impiden a las mujeres acceder a la justicia ambiental. Y esto puede verse reflejado en la identificación de los impactos que conflictos sociales y ambientales tienen sobre las mujeres, y que muchas veces no son evidenciados desde un escenario judicial”. 

Posteriormente, la abogada ambientalista tomó como ejemplo el avance de proyectos petroleros en ecosistemas estratégicos en América latina y el Caribe, habitados -muchos de ellos- por comunidades vulnerables como los pueblos indígenas, comunidades campesinas, “lo cual marca un escenario hostil para las mujeres”.

“En la cuenca amazónica, la presencia de actores externos en territorios colectivos -en el marco de la implementación de proyectos extractivos- genera impactos directos sobre las mujeres. Por ejemplo: la limitación en la movilidad por temor a amenazas sobre su integridad, hasta denuncias de abuso sexual en contra de las mujeres perpetradas por estos actores externos. Estas denuncias no son incorporadas en el reconocimiento del impacto social y ambiental generado a nivel comunitario y territorial desde una instancia judicial. Aquí ya vemos una gran barrera judicial que enfrentan las mujeres frente a la invisibilización de estas afecciones y estás vulneraciones de sus derechos”.

Además en Colombia, Torres destacó que el conflicto armado y el avance de megaproyectos inciden considerablemente. Un ejemplo es la Hidroeléctrica en departamento de Antioquía. “Caso emblemático a nivel internacional, porque se construye en base al río más grande del país, el río Cauca, del cual dependen muchas comunidades campesinas pesqueras y barqueras, el cual fue impactado por la presencia de grupos armados paramilitares y guerrillas. En relación a las mujeres que habitan en el río Cauca, son sobrevivientes que han perdido a sus hijos y esposos a causa de la guerra. También el conflicto ha afectado sus vidas y sus cuerpos. Sin embargo ha sido difícil el enfoque diferencial por parte de los jueces a nivel nacional en torno al impacto socio-ambiental que se ha generado por parte de este proyecto”.

El Acuerdo de Escazú habla de la importancia de la generación de pruebas del daño ambiental, medidas cautelares y otras figuras judiciales, para proteger los derechos fundamentales. “Aquí es importante recordar que las mujeres tienen roles importantes a nivel comunitario que muchas veces dificultan que sean ellas quienes lideren estas acciones de activismo judicial”. 

¿Qué hay que cambiar para eliminar esas barreras? “En primer lugar, poner fin a las limitaciones para acceder a la justicia ambiental, desde el fortalecimiento de órganos estatales competentes, con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental, procedimientos efectivos, públicos, oportunos y sin costo que integren un enfoque diferencial que reconozca el impacto que un conflicto socio-ambiental tiene en las mujeres que habitan un territorio. En segundo lugar, el análisis crítico de carteras de desarrollo como un ejemplo de una visión externa del territorio de cómo se está organizando, sin tener en cuenta el rol de las comunidades. En tercer lugar, el fortalecimiento de liderazgos feministas comunitarios que son procesos bastante avanzados, estos deben trascender a escenarios de políticas públicas”. 

“¿Qué capacidades tenemos entonces para traspasar estás barreras? “El Acuerdo de Escazú construye -y se construye- en torno a un espacio colaborativo a nivel regional que nos lleva al fortalecimiento de liderazgos feministas comunitarios que ya existen. El Acuerdo tiene que llevarnos a visibilizar estos liderazgos en la implementación del articulado del Acuerdo hacia la construcción de políticas públicas en nuestros países”.

A modo de conclusión, Vanessa Torres reiteró que el Acuerdo de Escazú fue construido por mujeres de América Latina y el Caribe que participaron en todo el proceso de consolidación, y que eso, sin dudas, abre un escenario interesante para garantizar que el enfoque de género sea tenido en cuenta. “La apertura sobre una discusión de fondo acerca de la incorporación de características sociales culturales económicas y de género de las comunidades defensoras de los territorios en el marco normativo nacional, también es un escenario de oportunidad que nos ofrece el Acuerdo de Escazú y que se hace en construcción conjunta con las experiencias en los diferentes países de la región, lo cual es muy valioso”. 
 

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