Mendoza: la privatización de la cordillera

por Mariana Aquino
Fotos: Rodrigo Ruiz
04 de mayo de 2022

El gobierno de Mendoza cedió 12 mil hectáreas a capitales privados para la construcción de una pista de esquí. El proyecto turístico, que pretende superar a Las Leñas, viola leyes nacionales y provinciales, y no se realizó ningún estudio de impacto ambiental.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y su ministro de Gobierno, Victor Ibáñez a través del Decreto 2138/2021 -- firmado el 23 de diciembre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero pasado -- asignaron de forma gratuita más de 12 mil hectáreas linderas a la Cordillera en Malargüe a la empresa El Azufre S.A. para que construya el centro de esquí más grande de la región. Empezaron el proyecto sin los estudios de impacto ambiental (EIA) ni audiencia popular. De esta manera, se ponen en peligro ríos, zonas glaciares y periglaciares, cuencas altas del río grande y fuentes de agua dulce. Además comunidades enteras y puesteros sin títulos de propiedad son rehenes del proyecto turístico que involucra millones. 

David Ávila pertenece a la tercera generación que hace las veraneadas (pastoreo) por las zonas altas cordilleranas de El Azufre. Allí donde hoy él y sus hermanos llevan a sus animales a pastar de noviembre a abril, ya pasaron sus abuelos y antes sus bisabuelos. “Estamos acá desde siempre, hace más de 100 años. Toda una vida trabajando y cuidando de este suelo para que ahora nos venga a pasar esto: vienen otros de la nada y se adueñan de nuestra tierra”, dice Ávila masticando la bronca.

Ávila no está en contra de un proyecto turístico que puede dar empleo en la zona, Ávila está en contra de lo que ese proyecto desencadena para su familia y la de tantos puesteros de la zona: “Si no hacemos veranada en El Azufre, si ganan ellos, los poderosos, nosotros nos quedamos sin campos y sin animales. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Ir a la ciudad a trabajar por dos pesos y vivir hacinados? ¿O pagarles a ellos para ingresar a nuestra propias tierras? No es eso lo que queremos para nuestros hijos. Mis hermanos tienen hijos que cuidar, yo también tengo hijos y quiero que el día de mañana puedan tener de qué vivir”.
 
En estas 12 mil hectáreas hay áreas de veranada/pastoreo que usan las familias puesteras, nacientes de agua dulce y un ecosistema propio. La empresa Azufre S.A. nunca presentó un estudio de impacto ambiental, ni hubo audiencia popular. Pero las obras ya están avanzando: la empresa ya habría comenzado con las intervenciones, pruebas y desarrollos en esa zona de montaña.


 
 “¿Y qué hacemos nosotros con una pista de esquí si no vamos a tener ni para comer? ¿Dónde llevo a pastar a mis animales? ¿Adónde nos van a mandar cuando vengan acá como dueños de todo?”, se pregunta Samuel, uno de los tantos puesteros autoconvocados que se opone a la entrega de miles de hectáreas para el proyecto turístico más ambicioso de la zona: un centro de esquí más grande que el de Las Leñas.

“Una vez más se repite esa historia de despojo que venimos padeciendo los pueblos originarios hace 500 años. Aquí vemos ese despojo de tierras, que es histórico por parte del Estado y después puesto en manos privadas”

“Para el Estado somos usurpadores y resulta que ahora esta gente, con un par de millones ya son dueños de nuestras tierras, compran territorios con comunidades dentro y resulta que después empiezan a cobrarnos alquiler por transitar nuestras propias tierras. Ya pasó en Las Leñas. Acá hay familias de puesteros con más de 100 años en el territorio. Sus abuelos ya trabajan allí y la tradición sigue, pero nunca obtuvieron títulos de propiedad. Toda esa gente trabajadora se queda ahora presa de un proyecto millonario. Acá nadie es dueño de nada, padecemos esa situación histórica. No nos oponemos a un emprendimiento turístico sino a que lo hagan en nuestros territorios ¿Es necesario para un emprendimiento turístico tener semejante magnitud de terreno y hacer tanto daño?”, reprocha ahora Samuel. 

El megaproyecto del centro de esquí abarcaría una zona donde hay ríos, zonas glaciares y periglaciares, cuencas altas del río grande, fuentes de agua dulce y fuentes de interés para conservar la biodiversidad. Son espacios claves, protegidos por leyes nacionales como la Ley de Glaciares. Allí donde se pastorean chivos, vacas, ovejas y caballos y la población vive de la cría de ganado, se ha firmado un Decreto para que haya una pista de esquí. 

“La gente tiene miedo”, repite varias veces durante la charla Ávila. ¿Miedo a qué? ¿A quiénes? “Miedo a lo que pueda pasar después, si el negocio millonario nos gana. La gente tiene miedo y no habla, piensan que si reclaman después los van a echar. Prefieren quedarse callada, yo no. Yo tengo bronca y pena”. La mayoría de los puesteros, después de un siglo de trabajar esas tierras, nunca pudieron acceder a un título de propiedad. “Acá nadie es dueño de nada”.

CINCO SIGLOS IGUAL

Históricamente Malargüe fue una zona de sacrificio. En un principio el territorio cordillerano fue invadido para la explotación minera. Desde los años 30 se extrajo carbón mineral y eso provocó la llegada del tren. La extracción de combustibles fósiles comenzó hace más de 40 años.

Malargüe proviene del mapudungun Malal We. Significa "el país de los corrales de piedra", debido a las formaciones montañosas donde el pueblo mapuche arriaba su ganado. Esas tierras les pertenecen desde siempre. En la zona de El Azufre hay al menos tres comunidades que tienen veranadas, dos de ellas incluso están dentro del relevamiento territorial y son amparadas por la ley 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país).

“El primer conflicto que aparece es territorial porque hay una gran desigualdad en el acceso a la tierra. La concentración de tierras en estas zonas es tremenda, desigual, compleja, rozando la corrupción. Todas esas entregas o concesiones  se hacen con gente adentro, puesteros, campesinos y comunidades enteras que de un día para otro tienen dueños. Una vez más se repite esa historia de despojo que venimos padeciendo los pueblos originarios hace 500 años. Aquí vemos ese despojo de tierras, que es histórico por parte del Estado y después puesto en manos privadas. Han querido borrar de la historia un pasado milenario”, resume Gabriel Jofré, mapuche de malalweche , Werken de la organización “Organización, Identidad Territorial Malalweche”. 

“Tenemos una sensación de injusticia colectiva, hay expresiones de apoyo al reclamo en todo Mendoza. Nos apoyan montañistas, pescadores, asambleas ambientales y hasta dirigentes políticos. Estamos tratando de ver cómo generar algo distinto para evitar este modus operandi que es histórico. Pero el grado de impunidad y el lobby mediático que manejan nos genera un desgaste”, reconoce Jofré. 

LAS LEYES QUE NO SE CUMPLEN

Las tierras se ubican en Zona de Frontera. Las Zonas de Frontera son áreas protegidas por la Leyes Nacional 18.575/70 y 21.900/78. En 1991, Nación y Provincia de Mendoza suscribieron un convenio (aprobado por el Decreto 2868/91, durante el gobierno de José Octavio Bordón)  que establecía que Mendoza debía elaborar un plan para favorecer la radicación de pobladores y el aprovechamiento de los recursos existentes para las tierras ubicadas en la zona denominada Potreros de Cordillera. En aquel entonces, la Agencia de Bienes del Estado (AABE) pidió una licitación acerca de la situación y las propiedades de esas tierras, pero Mendoza, para eludir el mandato de Nación creó una unidad provincial de tierras fiscales. 

Según la Ley General del Ambiente de Mendoza (Ley 5961), todo emprendimiento que pueda generar un  impacto significativo en el ambiente -sobre todo aquellos que se desarrollen en alta montaña- tiene que atravesar por un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA), presentar su proyecto a la Secretaría de Ambiente y someterse a un análisis técnico y legal; y recién después de superar esas etapas llega la audiencia pública. Ninguno de estos pasos se realizaron y la obra ya comenzó. Nada se sabe tampoco de los afluentes cloacales y el tratamiento de residuos. 

“Nos preocupa la privatización de la montaña y la entrega de los recursos naturales, sobre todo la impunidad de obviar procesos administrativos y legales. A esta gente se le dio el visto bueno desde la gobernación, como un trato de amigos y empezaron a instalarse con banca económica y desarrollan un emprendimiento que no cumple con ninguna etapa de la ley”, asegura un docente que prefiere que no divulguemos su nombre.

Actualmente, el Estado, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), intimó al Ejecutivo mendocino a que deje sin efecto la asignación de tierras a la empresa El Azufre S.A por no haberse realizado una Audiencia Pública ni una consulta al Gobierno nacional, que también tiene injerencia en esas tierras.

YA PASÓ EN LAS LEÑAS

En 2003 Nieves de Mendoza, del grupo Walbrook de capitales malayos, adquirió las acciones de IRSA y pasó a controlar el 97% de Las Leñas. Además es dueño de los hoteles Piscis, Escorpio y Aires en el centro de esquí mendocino. La vida del docente de la zona que brindó su testimonio pero prefiere resguardar su nombre, cambió por completo con el emprendimiento turístico. Siempre vivió libre, en la montaña, con su familia. Ahora ya no. “Nosotros nos criamos ahí, en las montañas. Cuando éramos chicos jugábamos por ahí, ahora tenemos que pedirle permiso a Las Leñas para ingresar a lugares históricamente abiertos a la comunidad. Para llevar a los chicos a conocer la nieve en su propia provincia hay que pedir permiso y a veces no lo dan. Muchos puesteros fueron vendidos con tierra y todo, y han tenido que arreglar el alquiler de sus propios territorios. Así como pasa en Las Leñas va a pasar en El Azufre. El día de mañana también tendremos que pedir permiso o pagar una entrada para ingresar a esa montaña”.

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