Los productores aseguran que las restricciones a las fumigaciones los dejan en la ruina. Las maestras sufren las aplicaciones de glifosato y otros productos. Y la agroecología aparece como una solución con fervientes defensores y fervientes opositores.
En la Escuela Nº66 de Costa Uruguay Sur, provincia de Entre Ríos, en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú, hay dos naranjos. Son los primeros días de junio y el otoño empieza a despedirse pero el sol se hace sentir después de una semana a puro chaparrón. Las naranjas aún están pequeñas. Da sed el sol alto en el campo. Y más el movimiento de alumnos, alumnas, docentes y directoras de todas las escuelas de la zona que se encuentran aquí un sábado al año para celebrar entre cartulinas, escarapelas, disfraces y chocolatadas la fecha patria del 25 de mayo. Emilce Altuna, una de las docentes dice que se le hace agua la boca con las naranjas. La maestra anfitriona, Estela Lemes, le contesta que si quiere pruebe pero que les faltan porque lluvia hubo pero heladas no. Las naranjas generan expectativa y se esperan con ansías; son un triunfo de la vida. Hace cinco años la fumigación del campo lindero mató a cuatro naranjos; además de los daños de salud que le ocasionaron a Estela. Hoy está prohibido fumigar cerca de la escuela.
Dentro del ejido de Gualeguaychú, la municipalidad prohibió por completo el glifosato. En la provincia de Entre Ríos, la Justicia prohibió en octubre de 2018 fumigar a 3 mil metros de las escuelas rurales por vía aérea y a mil metros si se lo hace por tierra. El gobernador Gustavo Bordet, en 2018, reaccionó a favor de los productores e intentó anular la prohibición a través de un decreto, en diciembre de 2018, que reducía a 100 y 500 metros las distancias. No pudo: el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, en mayo de 2019, observó "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica del trabajo interministerial" en el decreto y lo anuló al considerarlo violatorio de la constitución provincial y nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero la historia no terminó: la presión y las manifestaciones de los productores hicieron efecto y en agosto de 2019 llegó un nuevo decreto. Ahora limitando las fumigaciones nuevamente a 100 y 500 metros pero en este caso respecto al casco de la escuela. Es decir que el patio de la escuela, por ejemplo, puede lindar directamente con los campos de producción en donde se fumiga.
Entre Ríos es hoy el epicentro de la guerra entre las escuelas y la producción tradicional. Tanto es así que el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guia, pidió que saquen a las escuelas rurales de los campos: "Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción", declaró. La Red Federal de Docentes por la Vida, fundada por la maestra recientemente fallecida Ana Zabaloy respondió recordando que las escuelas rurales son “el único lugar que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte y la carencia de recursos económicos”.
Así está planteada esta guerra, donde terratenientes, productores y empresas productoras de semillas, fertilizantes y agroquímicos denuncian una debacle económica a causa del ambientalismo; y docentes -llenas de glifosato en sangre- piden detener un genocidio silencioso. En Entre Ríos se juega una batalla entre la agroindustria y la agroecología. O, como prefieren describirla los y las ambientalistas, entre el negocio y la vida.
DECRETOS, DISTANCIAS Y MUCHAS BRONCAS
El gobernador Bordet con el nuevo decreto pretende dejar conforme a todos los sectores: “Hay que ir en busca de una norma que proteja a los chicos en las escuelas pero que garantice el proceso productivo”, declaró.
“Es todo una locura”, dice Sergio Dalcol, vicepresidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. “Para mí la distancia no aplica, tiene que ser cero. Pero parece que el decreto va a ser por cultivo o por zona y se van a establecer comités y protocolos según cada escuela. No hay criterio razonable. Esto tiene que estar en manos de los técnicos. ¿Qué puede decir un maestro? ¿Qué sabe un maestro sobre los productos que se aplican a la producción? Es como que me llamen a mí para dar el servicio meteorológico”.
“Es todo una locura”, dice Emilce Altuna, maestra de la Escuela Rural Número 42 de Entre Ríos. “No podemos hacer nada. Hasta nos han dicho que somos las docentes las que tenemos que constatar si hay o no glifosato. Yo tengo que asistir a clase y no sé con qué me puedo encontrar, no se respeta ni siquiera no fumigar en horas de clase. El agua tiene glifosato, los chicos tienen glifosato. No respetan la reglamentación. Los chicos están enfermos pero las familias no lo reconocen porque es su fuente de trabajo. No le pueden decir al patrón que se están envenenando. Por ejemplo hay una familia que tuvo cuatro hijos con deficiencia mental y piensan que es algo genético. No se dan cuenta. A otra nena de cinco años le salió glifosato en sangre y se tuvo que ir a vivir a la ciudad. Pero el padre se quedó porque trabaja fumigando”.
Tienen bronca las maestras. Son ellas las que sufren los abortos espontáneos de las embarazadas expuestas a las fumigaciones; los mareos, dolores de cabeza y las ronchas que le salen a pibes y pibas cada vez que pasa el mosquito o el avión; o las enfermedades que contraen ellas mismas.
Estela Lemes tiene una polineuropatía y debe hacerse un tratamiento de por vida: dos meses al año en vez de tomarse vacaciones, tiene que internarse en una clínica para evitar la atrofia muscular. También perdió los reflejos: el otro día se cayó, así como de la nada, y se fisuró una costilla. Mariela Leiva, maestra rural de la Escuela Nº 44 República en Santa Anita está perdiendo la visión después de tantas fumigaciones. “Además tengo una conjuntivitis crónica y la boca completamente llagada”, agrega. Lo cuentan con el dolor de saber que ya perdieron a una compañera a causa de un cáncer de mamá reactivado por las fumigaciones. Ana Zabaloy murió el sábado 8 de junio, luego de denunciar el genocidio silencioso de los agrotóxicos.
La agroecología necesita una gran cantidad de mano de obra por lo que es inviable económicamente. En grandes superficies no la puede manejar una persona.
Bronca también tiene las tradicionales organizaciones rurales de la provincia: “A una chacra cítricola esta prohibición le agarra toda la producción.Tenemos que pensar que hay muchas escuelas rurales y si tomamos un radio de mil metros, alrededor de cada una de ellas hay 330 hectáreas en donde no se permiten utilizar los productos”, se queja Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural de Entre Ríos. “La clave es que hay personas a las que la prohibición les agarra el 100 por ciento de la superficie productiva. A un productor de 5000 hectáreas le agarran el 5% de la producción pero a uno más pequeño lo agarra en la totalidad. ¿Y qué puede hacer?”, se pregunta Sergio Dalcol, quien, además de ser vicepresidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, se dedica a la venta de granos y semillas.
–¿Y no puede practicarse la agroecología en los terrenos más cercanos a las escuelas?
–Sergio Dalcol: Cada uno dentro de su propiedad que produzca lo que le parezca. La agroecología, es mano de obra intensiva, necesita una gran cantidad de mano de obra por lo que es inviable económicamente. La agroecología es una cosa en una huerta o en la terraza de tu casa pero en grandes superficies no la puede manejar una persona porque las malezas van a seguir estando. El 100 por ciento de la producción fruti-horticola se produce con químicos, salvo producciones artesanales, no existe más otra forma de hacerlo. Una hectárea de trigo produce 3000 kilos, ¿cuantas personas serían necesarias para controlar una producción de trigo de 100 hectáreas? Si producimos haciendo los controles a manos, reducimos como mínimo el rendimiento a la mitad. Acá se está planteando una falsa dicotomía entre salud y producción, acá las alternativas son producir menos o producir más.
–Walter Feldkamp: Hoy las producciones orgánicas rinden entre 40 y 60 por ciento menos en producciones intensivas. Si se produce la mitad, necesitás cobrarlo el doble. Y yo no coloco mi producto por ser orgánico al doble. En los cultivos extensivos no hay para producir orgánicamente, que sean sustentables económicamente.
–¿A qué cantidad de hectáreas se refiere con extensivo?
–W.F: En 10, 15 hectáreas uno puede controlar las malezas a mano. En 50, 100 hectáreas no.
–¿Pero eso no se soluciona con más mano de obra?
–W.F: Sí. ¿Pero cuánta gente tengo que tener para controlar la oruga? Lo que aún no hay es productos orgánicos que puedan combatir todas las plagas en las grandes extensiones. Hoy tenemos que usar aquellos que están aprobados y, nos guste o no, el glifosato en la Argentina está aprobado. Si no puedo usar esos productos, los rindes son la mitad y dejó de ser sustentable.
¿Entonces no se puede hacer siembra directa sin usar químicos? ¿La agroecología no es posible en forma extensiva? ¿Cómo hacen para practicarla entonces, por ejemplo, en la Unión de Trabajadores de la Tierra? ¿Cómo se hace en Gualeguaychú ,donde la fumigación está prohibida por completo? ¿Cómo hacen los 150 productores que practican la agroecología en las 85000 hectáreas que otorgan los 14 municipios adheridos al RENAMA, (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología)?
Emilio Vitale trabaja en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú. Es parte del programa RENAMA. Son 312 hectáreas, declaradas como área natural protegida pero que en el pasado fueron utilizadas por un colegio religioso, para el monocultivo de soja y hasta para un autódromo que dañó considerablemente la flora y la fauna. Ahora la están convirtiendo en una reserva productiva y agroecológica. La creación de un banco de semillas, el cuidado del Río Gualeguaychú, la producción de alimentos, la plantación de especies frutales y especies nativas, la ganadería mediante el sistema de pastoreo Voisin y la recuperación del monte nativo son sus principales objetivos. “Claro que se puede hacer agroecología extensiva”, asegura Emilio. “Lo que pasa es que para hacerla, tienen que levantar la pala. Para hacer siembra directa sin químicos, necesitás inversión de materia gris que es sacrificado. Hoy la mayoría de nuestros gauchos se convirtieron en gauchos feed lot que alquilan su campo a un pool de siembra y lo único que hacen es recibir un porcentaje de la renta. No trabajan el campo, cuando decís sojeros tenés 10 tipos de colores distintos, chicos, medianos, grandes, con máquinas, sin máquinas, tenemos que entusiasmar a los chiquitos que hoy están netamente condenados a desaparecer, lo único que vienen haciendo para salir adelante es vender el campo y construir departamentos para alquilar, al de escala grande le sirve, pero al de la escala chiquita cada vez le conviene menos”.
Al menos hay un punto de coincidencia entre defensores de la naturaleza y defensores del negocio agroindustrial: ninguno quiere que el negocio inmobiliario de la construcción acabe con sus producciones. La discusión, la madre de todas las batallas, es qué producir y cómo. ¿Hay que realizar producción frutihortícola sin agrotóxicos para alimentar a la población local? ¿Qué suelo necesitan vacas, cerdos y aves? ¿Se debe priorizar el autoabastecimiento de una ciudad o la generación de commodities? ¿Son estas alternativas incompatibles?
¿LA AGROECOLOGÍA ES SUSTENTABLE? ¿Y RENTABLE?
“Más del 90% de las frutas y verduras que se consumen en Gualeguaychú vienen del Mercado Central. Inclusive nuestros productores venden camiones al Mercado Central y luego los productos vuelven para ser consumidos. Para darle de comer frutas y verduras de huerta a la ciudad harían falta 80 hectáreas de huerta y no las hay. Si acá se corta la ruta, la ciudad queda desabastecida”, confirma Manuel Maza, uno de los encargados del PASSS, el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana que tiene como una de sus políticas principales el Municipio de Gualeguaychú y apunta principalmente a cambiar esa realidad: a que la ciudad entrerriana pueda autoabastecerse.
La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura tomó la definición de Soberanía Alimentaria originada por la Vía Campesina: "Es el derecho de los pueblos de definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros, e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales”. O sea, si un pueblo no produce alimentos, no tiene soberanía alimentaria. O sea, si un pueblo no tiene tierras para producir, no tiene soberanía alimentaria. “Se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas pero eso no es cierto - denuncia Marcos Filardi, abogado e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA- en el 60% de la superficie cultivable de la Argentina se produce soja que se exporta para agrocombustible y otro 25% se destina a la producción de granos. No hay frutas y verduras para abastecer al mercado interno. No son accesibles. No está garantizada en el país una alimentación nutricionalmente sana. El derecho a la alimentación es un derecho humano para la ONU. Y también para los tratados de derechos humanos de los que Argentina es parte y que por tanto tienen jerarquía constitucional. La alimentación es un derecho humano en constante vulneración.
Se usan químicos para ‘fertilizar’ a un suelo que no es fértil debido a que esos mismos químicos la han matado.
“Las sociedades deben decidir qué es lo que se come y cómo se produce”, resume Manuel Maza. Walter Feldkamp no cree lo mismo. Sostiene que el primer derecho del productor es elegir qué producir y maximizar el beneficio. “En Estados Unidos les tiran de todo a la producción, los herbicidas y fungicidas son aplicados en forma sistemática, ellos priorizan la producción sobre cualquier cosa, nosotros la maximización del beneficio. Porque los costos son muy caros, entonces tenemos que maximizar el beneficio. Más producción no redunda en la maximización del beneficio. Si la producción no genera beneficios económicos, no es sustentable”.
Sergio Dalcol directamente cree que la agroecología es un mal negocio: “Si yo produzco -sin fitosanitarios- 10 kilos de zapallo y el productor de al lado produce 20, y los vendemos al mismo precio, no me conviene. Y en cuanto a la contaminación…para eso hablemos de los vehículos que incrementan el calentamiento global. La verdad que nunca escuché a nadie que venga con un plan a mediano plazo. Si viene, se analizará”.
Emilio Vitale tiene ese plan. Lo está construyendo en La Reserva Las Piedras copiando modelos realizados en otros municipios: “Nosotros tenemos experiencia en RENAMA, con campos de más de 10 años practicando la agroecología donde podemos tirar números: el retorno para la inversión, en la Aurora, en Benito Juárez, nos dio que devolvía 5, 15 dólares por cada dólar invertido y al vecino en sistema convencional le retornaba 1, 31 dólares por dólar invertido. Los números los confirmó el mismo INTA. Los productores pequeños tienen mayor rentabilidad cuando se pasan a la agroecología porque no tienen que pagar las fumigaciones. Nos vendieron que este modelo era sustentable pero si tan solo tuviese que cumplir con los controles ambientales ya no sería rentable”, explica Emilio.
“Si hoy alguien tiene menos de 100-200 hectáreas este modelo no le rinde, esto es inviable desde lo económico, la industria va a tener que reconvertirse, en el corto mediano plazo, el planteo productivo de producción de alimentos va a modificarse en el mundo. Además los suelos que están usando las corporaciones están en crisis y no tienen buenos rendimientos”, explica Manuel Maza, quien conoce de suelos: trabajó ocho años realizando análisis de suelo para un pool de siembra en las provincias de La Pampa, sur de Córdoba y partes de San Luis. “Las muestras de suelo se hacen entre 0 y 20 centímetros 20-40 cm o 40-60, y por lo general no me llegaba suelo sino polvo, talco. Con mis propias manos sacaba la tierra y nunca encontré una lombriz o un insecto vivo. Si fuéramos acá a un campo de los que hacen agroecología en Gualeguaychú con una palada de suelo se encuentran diversidad de insectos. Si en el suelo no hay vida, no hay fertilidad. Entonces, a partir de los análisis se calculan las dosis de fertilizantes, la cotidianeidad es que un agrónomo que hace agroindustria tradicional haga una muestra de suelo, pida análisis de nitrógeno, fósforo, PH, Conductividad, etc y a partir de eso se calculen las dosis químicos que hay que agregarle al suelo para ‘fertilizar’ entre comillas, porque es un suelo no fértil debido a que no tiene vida porque los químicos la han matado”.
La agroecología propone algo totalmente distinto. Destinar la inversión en fertilizantes a inversión en mano de obra: “La agricultura orgánica no trabaja con análisis de suelo, no utiliza laboratorio sino bioindicadores, cuando hay una presencia de determinada especie, es un indicador de fertilidad del suelo. Esto lo que requiere es de personas trabajando la tierra”.
Las explicaciones de Manuel y Emilio se reflejan en sus rostros. Da sed el sol alto en el campo. Caminamos por la Reserva y se les iluminan las caras cuando ven un bicho moviéndose por la tierra o cuando convidan un pastito comestible o un pomelo rosado que calma la sed. Llegamos al río qué debe preguntarse con qué derecho la avaricia de quienes lo rodean, le está cambiando el color y la forma. Manuel y Emilio quieren sumar a los terrenos ceranos a la agroecología, pretenden hacerlo con el ejemplo. Creen posible que el río se salve y que las personas que lo rodean sean "rentables".
“Tanto la defensa de la salud como el ambiente con los sistemas agroecológicos son la vanguardia de la humanidad, estamos en vísperas de un proceso transformador. La forma de producción tradicional o actual es un negocio que pronto dejará de serlo porque no es sustentable. Y tendremos que estar atentos porque las grandes corporaciones van a reconvertirse, van a intentar camuflarse en la agroecología, en las banderas de lucha de los pueblos, tenemos que estar atentos a los planteos de monopolización de los recursos. El mundo ya comenzó un cambio. En Latinoamérica estamos mucho más atrás pero anhelo la transformación en la conciencia social en el continente y que la agroecología deje de ser una apreciación romántica y de militancia, y que pase a ser algo unánime”, se entusiasma Manuel con el futuro.
Sin embargo, la Sociedad Rural aún no se convence. Dividir las tierras no le parece un buen negocio. “Están hablando de un modelo que propone dividir por ejemplo 5000 hectáreas en 100 productores de 50 hectáreas cada uno. Y si hacés eso, ninguno va a trabajar la tierra. Eso es lo que sucede", remata Dalcol.
LAS COMODITIES Y EL FONDO SOJERO
“Necesitamos controles de maleza química o granulados en el suelo, y el control de insectos. Sino nos comen la totalidad del pasto”, desafía a la agroecología el vicepresidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. “La otra alternativa es que volvamos a la prehistoria y se coma lo que se pueda”.
La Argentina necesita dólares genuinos que ingresen al país para que pueda crecer, para que se pueda invertir. Dalcol toma a Ucrania como el ejemplo a no imitar: “Hay un ambiente productivo en cantidad y calidad mejores que Argentina, tiene la gran ventaja de que produce fertilizante y por tanto no tienen que comprarlo tan caro como nosotros; pero no producen porque no hay conciencia de propiedad privada. Si todo termina en el autoabastecimiento no sirve. Los dólares genuinos que entran al país son los de las comodities. ¿Queremos dejar de alimentar 200 mil millones de personas? Si se piensa que se va a bajar la producción es un camino equivocado”, sentencia.
Y otra vez aparece un punto en donde hay coincidencia. La agroecología también quiere el ingreso de dólares al país. “Es importante producir soja, y cereales para exportación, para que ingresen dólares al país y podamos comprar cosas de afuera que se pagan en dólares, el tema es que para producir esos comodities no se nos vayan todos los dólares que tenemos de ganancia. Es importante producir con insumos locales, con semilla propia, con fertilizantes hechos en el lugar, que los dólares de ganancia no se nos terminen yendo al volverlos a invertir en el proceso productivo”, remarca Manuel Maza. Por supuesto, cuando habla de fertilizantes no habla de agroquímicos o fitosanitarios sino de fertilizantes naturales. Por supuesto, no quiere comer “lo que se pueda”, quiere comer tomate de verdad. Por supuesto, cuando habla de comodities está convencido de que no tienen relación con la alimentación de 200 mil millones de personas. “Gran parte de la soja que exportamos es para engordar chanchos en China”, recuerda.
“El 70% de la producción mundial agropecuaria lo hace las grandes corporaciones. Pero ese volumen no es alimento para humanos sino para hacer balanceados para pollos, cerdos y vacas. Y el 30% de los alimentos que producen los campesinos alimenta efectivamente al 70% de la población mundial”, explicó en una entrevista reciente a Revista Mu el ingeniero agrónomo colombiano y radicado en Brasil Jairo Restrepo. Entonces el problema no es el volumen de alimentos sino quién produce y a dónde se destina. “Otro dato: el 52% de la tierra cultivable del mundo está en manos del 2% de la población. Y los campesinos que producen para el 70% de las personas, tienen solo el 13% de las tierras, que además son las peores. Por eso estoy con los campesinos. Por eso son necesarias transformaciones productivas y que exista una reforma agraria que brinde tierras, dignidad, salud, educación y placer a la gente del campo”, explica Restrepo. “Y conectividad”, agrega Manuel Maza. “La conectividad es un derecho humano declarado por la Unesco en 2009. El campesino de hoy ya no es el de antes, la vuelta al campo no se da sin señal de internet. No hay vuelta al campo con el sistema actual porque es el que expulsa a la gente de los campos”. ¿Para qué la gente va a volver al campo si los campos no producen alimentos? La 72ª Sesión de la Asamblea General de la ONU alertó que el 80% de los alimentos del planeta son producidos por la Agricultura Familiar, un sector sumergido en la pobreza. ¿Para qué volver al campo si allí hay pobreza? Hay para quienes vale la pena intentarlo bajo el sistema acroecológico. “No vinimos a tragarnos el modelo que quieren hacer que nos traguemos, que es totalmente desastroso. La agroecología es altamente revolucionaria y positiva. No hay que tenerle miedo al miedo”, alienta Restrepo.
La municipalidad de Gualeguaychú decidió aprovechar el fondo sojero para invertirlo en agroecología y así también combatir el daño al medio ambiente, que desde la lucha contra la papelera de Botnia al otro lado del río es una de las principales preocupaciones de sus habitantes. “Nuestra idea con el fondo sojero fue destinarlo a mitigar los impactos del modelo. Por eso, decidimos dedicarlo a impulsar la agroecología, al programa PASS. El año pasado eran 17 millones de pesos de los que podía disponer libremente el municipio para lo que considerara adecuado. Justo cuando lo destinamos al PASSS cerraron el fondo sojero. Y ahí algo hay de no contagiar la experiencia”, piensa Manuel Maza. De no contagiar una experiencia que demuestra la posibilidad de producir sin generar daños y sin tanto costo de insumos: “Necesitamos volver a producir sin gastar casi nada como hizo esta región casi siempre, no podemos encontrar los montes o los arroyos como una dificultad”.
LA ENSALADA DE LECHUGA Y TOMATE
Desde la Federación Agraria y la Sociedad Rural sostienen que es inviable la producción agroecológica en la actualidad. Porque no alcanzaría para alimentar a tantas millones de personas, porque no hay suficiente mano de obra, porque en las grandes extensiones de tierra conviene plantar cereales o soja que es lo que nos pide el mundo y nos hace entrar los dólares. Tienen muchos porqués. Pero el dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp los resume a todos en uno solo: “No puedo ser ambientalmente sustentable si no voy a ser social ni económicamente sustentable”.
–¿Por qué no es posible? ¿No pueden serlo al menos los productores que están al lado de las escuelas?
–Hay productores con 60 hectáreas a los que les dicen que tienen que ser orgánicas. Pero no tenés las herramientas. ¿Adónde se va ir a vivir esa gente? Encima sus hijos van al lado a la escuela que es la que les impide producir. Todo va a terminar en que alguien va a comprar esas tierras para producir un loteo.
-Entonces el Estado tendría que ayudarlos en la transición de una forma de producción a la otra…
-Hoy no hay un espectro de productos que me permitan producir orgánico de forma sustentable. Inclusive un tomate o una lechuga orgánica mucha gente las ve y dicen que están manchadas. Yo sé que no tienen nada pero por ahí tienen otro aspecto y no se compran. No es que no se esté promoviendo la agroecología. Es un problema del mundo, no de Argentina. Hoy no dan los avances, sí hay avances para trabajar en forma amigable, hoy una aplicación pega directo en la maleza y no en el suelo, que no lo necesita. El suelo no necesita del fitosanitario. Y ese adelanto evita derivas. Hoy la exigencia es cada vez mayor. En el ambiente productivo somos los primeros que queremos que no haya problemas de salud. Antes no había controles de nada, hoy hay un control exhaustivo, hoy hay ropa específica y adecuaciones. La agroecología no es decir mañana paso a producir maíz orgánico. No es tan fácil. No se puede cambiar el modelo de producción.
Feldkamp reconoce la calidad de los productos orgánicos pero no cree posible practicarla en forma intensiva o que los productores puedan pasarse fácilmente a la producción sin agrotóxicos. Dalcol, en cambio, piensa que el Estado tiene tierras donde se puede producir agroecológico. Aunque no le interesa el tema. Prefiere seguir comiendo verdura con agrotóxicos.
–¿Te planteaste alguna vez consumir frutas y verduras sin agrotóxicos?
–Nunca. En lo normal uno compra en la verdulería. Yo en lo personal la verdad que no tengo inconveniente. En las fruterías y las verdulerías la presentación de los productos no es la mejor, pero son muy baratos. En Buenos Aires, mi hijo me cuenta que es mucho más caro. Mirá acá funciona una especie de puestos de venta de productores hortícolas agroecológicos y vos ves que no va nadie. No sé si será la calidad o el precio.
–Fui a la feria. Los tomates se agotan porque son de verdad. En invierno no tienen porque no es época. Ahora como están reformando la terminal quedaron un poco lejos de barrios residenciales y disminuyó la cantidad de gente que se acerca…
–Hay 15 feriantes y dos compradores, la verdulería que yo voy es gigante, tiene 4 cajas. Y el tomate tiene gusto a tomate y la lechuga gusto a lechuga.
–¿Pero cómo sabés si nunca probaste el tomate agroecológico?¿No deberías probar para saber la diferencia?
–La elección de productos es algo subjetivo. Es importante que haya opciones. Yo tengo una heladería a la vuelta de mi casa que es Grido y el helado sé que no es bueno como en otros lugares. Entonces cuando quiero un helado bueno, me voy a otra heladería a quince cuadras.
–Pero estamos hablando de poder tener acceso a un tomate que nos da la tierra, no un producto elaborado…
–Bueno, hay lugares gourmet para eso. Restaurantes que cocinan todo de primera calidad. Si querés comer un tomate con un chorrito de oliva es una cosa, pero para meterlo en una ensalada y comerlo todos los días no tiene que ser el mejor tomate. Si voy a comer tomate solo voy al restaurante, si voy a tomar helado solo, voy a la heladería que tengo a 15 cuadras. Ahora si voy a comer ensalada, compro el tomate de la verdulería de acá a la vuelta. Y si voy a ponerle helado a un flan o a una torta, voy a comprar el de Grido, no necesito el otro si los voy a mezclar.
En julio de 2018 el SENASA suministró a la organización Naturaleza de Derechos los estudios de agrotóxicos en el tomate. Se detectaron un total de 25. Entre ellos endosulfan y metamidofos, altamente tóxicos y totalmente prohibidos en el país. Además, el 40% de agrotóxicos detectados son considerados cancerígenos. Las lechugas, además de endosulfan y metamidofos, también tienen el prohibido DDT. El 50% de los agrotóxicos detectados en la lechuga no están autorizados por el SENASA. Es el caso de por ejemplo el clorolotanil: en Entre Ríos se detectaron 14mg de ese agrotóxico por kilo de lechuga. Sin embargo, no hay prueba más contundente que probar un tomate orgánico u agroecológico y uno producido por la agroindustria. La diferencia entre el gusto a fruta o verdura y el gusto a agrotóxicos suprime cualquier discusión.
¿PUEDEN CONVIVIR LAS ESCUELAS CON LAS FUMIGACIONES?
“Para salir de este embrollo si quieren podemos tomar una distancia de 50 o 100 metros de establecimiento. Pero en realidad lo importante es que haya en el momento de la aplicación un profesional habilitado y que determine si hay condiciones de pulverizar o no según el viento y las condiciones ambientales. Y que se haga cuando no haya presencia de alumnos y avisando a los habitantes de las casas”, propone el vicepresidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú Sergio Dalcol.
–Suele haber muchos productores que practican la agroecología que tienen muchos problemas con sus producciones porque les llegan las fumigaciones de la soja de sus vecinos…
–Uno mismo dentro de la misma propiedad, no siembra el mismo cultivo. Con ese pensamiento no tendríamos que hacer varios cultivos; no hay problemas si se realizan los controles, los problemas de derivas son mínimos, existen si uno aplica con condiciones adversas, ahí está la responsabilidad de quien lo aplica, si yo con mi aplicación perjudico al vecino me voy a comer un juicio.
–¿Entonces no hay que mover a las escuelas porque las escuelas están antes que la producción como dijo el vicepresidente de la Federación Agraria Elvio Guía?
–Las escuelas y la producción tienen que quedar como están pero lo que no tiene que pasar es lo que pasa acá: que hay dos colegios rurales, cuyo 80 o 90 por ciento son alumnos que llevan de la ciudad al campo para aumentar las matrículas. Yo soy un convencido de que hay que poblar el campo pero para hacerlo tenés que tener rentabilidad, la vuelta al campo va a venir asociada de la rentabilidad.
–¿Para poder tener mayor rentabilidad, no sería necesario que haya más dueños de la tierra?
–No está asociado. Ahí entramos a diferenciar la renta que genera el conocimiento y la producción. Si se puede trabajar bien la tierra, hay rentabilidad. En definitiva no importa de quién es la tierra.
–¿Entonces cómo proponen regular las aplicaciones de “fitosanitarios”?
–En la provincia de Córdoba se ha regulado bastante el tema de aplicaciones y aparentemente hay un control más efectivo. Nosotros estamos trabajando de manera interna, en tratar de crear un organismo, que sea del sector privado pagado por el sector privado donde existan personal que realicen control sobre las máquinas aplicadoras y de los comercios que las expenden. Decir que nunca se va a enfermar nadie no se puede decir, los accidentes ocurren. Pero ese orden podría hacer más efectivo el control.
–¿Dentro de ese organismo no debiera haber especialistas en salud y ambiente?
–Especialistas en salud y ambiente sí. Y hay que escucharlos: el doctor Cormillot dijo que hablan mucho del glifosato pero que la sal es más grave. La gente no muere de ingesta de un agroquímico. Lo único que matan, los productos con glifosato, son los piojos. Si queremos cuidarnos del glifosato, no hay asociación directa con la muerte ni el cáncer. No es como la sal. Por supuesto que habría que hacer medición de glifosato en sangre de todas las maestras pero los productos más complicados son los organofosforado, esos son los más propensos para generar cáncer, y las personas que trabajan en aplicaciones deben hacerse análisis. Sin embargo hoy no registran datos positivos de este tipo de sustancias.
–Me decís que el glifosato no genera cáncer pero Bayer-Monsanto están perdiendo juicios millonarios en Estados Unidos porque el Round Up, su herbicida hecho con glifosato enfermó de cáncer a quienes realizaron las denuncias…
–Eran jardineros. No eran aplicadores. Inclusive los costos millonarios son porque el producto no aclaraba en su etiqueta la forma indicada de utilizarlos. Ahí está la cuestión importante: la protección que se usa para estos productos. Eran jardineros que no los aplicaron correctamente.
Los juicios millonarios que perdió Monsanto no amilanan a la Sociedad Rural. Son “errores”, “malas prácticas”. Como si un médico hiciera mala praxis, como si un paciente se tomará un medicamento vencido. ¿Pero un médico recetaría un medicamento que genera cáncer?
“El juicio que perdió la empresa fue por ser posiblemente cancerígeno”, dice el director de la Sociedad Rural de Entre Ríos Walter Feldkamp y acentúa con fuerza el posiblemente: “Es la misma calificación que le han dado al mate o al café. Los juicios eran en específico a esa empresa porque no había puesto en el membrete la calificación de posiblemente cancerígeno.
La organización mundial encargada de investigar y dictaminar que productos generan cáncer es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS que en 2015 recalificó al glifosato como probable cancerígeno en humanos y cancerígena en animales y genotóxica. “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin) y por otra parte el herbicida también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”, fueron las conclusiones del informe.De los cinco niveles de asociación de sustancias con la provocación de cáncer, el glifosato se ubica en el segundo lugar en peligrosidad.
–La Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, realiza campamentos sanitarios donde detecta una larga lista de enfermedades, entre las que incluye el cáncer, entre la población expuesta a los agrotóxicos. ¿No se debieran tener en cuenta?
–Esos estudios no son datos oficiales. El ministerio de Santa Fe no habla de esos casos, cuando hablas con ciencia y técnica no los reconocen, porque la metodología estadística no es la adecuada, los organismos oficiales no encuentran esos datos. Si fuesen así, deberían detectarse en los ejercicios permanentes.
–Pero sabés que hay maestras fumigadas, chicos fumigados que tienen que dejar la escuela por mareos y dolores de cabeza
–Puede ser que por mala práctica si tengo soja resistente al glifosato y aplico con viento pueda tener una deriva que origine problemas. Pero se hizo mal eso y fue algo específico no sé hubo algunos casos, no es algo permanente.
–Si así fuera, ¿por qué las maestras piden desesperadas que cesen con las fumigaciones?
–Es un tema político, rinde a ciertas posiciones, algunas maestras fueron candidatas, yo soy ambientalista, como agrónomo soy ambiental, pero no extremista, pienso en combinar la producción con lo sustentable. Defender la no utilización de productos rinde para la tribuna. No hay problema de salud por aplicación de fitosanitarios, en Córdoba la mayoría de los contaminados son por uso de productos de limpieza en los domicilios, y son de venta libre. Pero ir en contra de las amas de casa no rinde, rinde ir contra las trasnacionales y los sojeros. Pero estas medidas de las distancias a los que más perjudican son a los pequeñísimos productores. Si el tipo tiene 300 hectáreas y la escuela pegada no puede hacer nada. No hay manera. Al que aplique mal que le caigan con todo el peso de la ley. Ahora no se permite aplicar fertilizante en ningún momento, hasta ese punto tan ridículo llegamos, no se puede hacer ni en vacaciones. Solo 5 escuelas están en permanente conflicto, algo habla de eso. ¿Por qué siempre esas cinco? Recolectamos notas de maestros y nunca tenemos problemas, son los hijos de los productores los que van a la escuela. ¿Cómo es? ¿Protegen a la escuela pero no al chico de su escuela? No es salud o producción la cosa. No hay problemas que los alteren a los chicos. Los supuestos problemas son los mismos productos que se usan para hormigas en las casas. Los aplicamos en nuestros domicilios y no hay recetas. Es realmente insólito lo que pasa. Estamos convencidos de que esto es un problema político. No puede ser tanto problema combatir las cucarachas.
¿Por qué siempre las mismas maestras?¿Por qué siempre las mismas escuelas?¿Será que las maestras se inventan los dolores?¿Será que solo unos pocos productores no cumplen con las “buenas prácticas agrícolas”?
¿O será que muchas maestras no se dan cuenta que sus enfermedades se originan en las fumigaciones? ¿O será que tienen miedo de hacer las denuncias? ¿O será que los productores las amenazan? ¿O será que si cuentan lo que ven, los padres de sus alumnos y alumnas se quedan sin trabajo? Benítez es una maestra que se acaba de animar a hacer una denuncia. Lo hizo por primera vez. Emilce Altuna se lo comenta a Estela Lemes, quien se alegra profundamente. “Hace un tiempo tuvimos una reunión en el gremio y ella me llamó aparte y me dijo: ‘Mirá a mí me pasa esto, esto y aquello. “Denuncia, denuncia, le dije”. Y recién ahora se animó.
El miedo a denunciar es frecuente: “Tengo dos escuelas que están cerca de la mía, reciben las mismas fumigaciones pero no se animan, no hubieran venido a hablar con ustedes”, nos explica Emilce. “La gente de Gualeguay me dice que no puede denunciar, porque son suplentes y les van a sacar el trabajo”, agrega Estela, quien también tuvo miedo. También fue una maestra fumigada que no relacionó su deterioro físico con los agrotóxicos. “Me da algo de pena tomar conciencia recién ahora porque donde trabajaba antes también fumigaban y deben seguir fumigando. El año pasado era terrible como tenía la cara pero yo no lo relacionaba”, nos confiesa Emilce y como un designio del destino, como dándole presencia real a sus palabras, un mosquito pasa por la ruta que linda con la escuela número 11. “Tenía la nariz toda escamada- retoma Emilce después de la interrupción-. Tenía una cáscara gruesa que después me saltó a la cara”.
Emilce nunca se hizo el análisis de glifosato. Hacerlo en Entre Ríos sale 6000 pesos. Estela viajó a Mar del Plata a hacerlo. Allí en 2016 salía 300 pesos. “Tengo 1,8% y 1,6% de insecticida. ¿Es mucho o es poco? Los médicos lo que me dijeron es que no tendría que tener nada. Yo me hice los estudios. Pero los chicos no. ¿Cuánto tendrán?”
¿Y dónde están las buenas prácticas agrícolas entonces? Para cada practicante de la agroecología, para cada persona que pone al alimento por sobre el negocio la única manera de que la tierra sea fértil es que allí pueda crecer vida, es que allí pueda haber animales y bosta, que allí pueda haber agua.
De pronto, en las escuelas de Gualeguaychú la vida, así como los naranjos, empieza a renacer: “Hoy encontré bichos bolita. Hacía una banda que no veía tantos”, comenta Emilce mientras toma la chocolatada en el festejo atrasado del 25 de mayo. Celebrando una revolución que un 9 de julio se transformaría en Independencia. Y ahí están las maestras con su revolución. Devolviéndonos la vida. Para independizarnos de este sistema que nos saca la mierda que produce alimentos para darnos de comer veneno y matarnos. “Veía los bichitos y pensaba: ‘Mirá lo que estamos logrando’ unas lombrices gordas salían. En la escuela nos quedó el gabinete de una heladera vieja y ahí tenemos para hacer el compost. Estamos en una plantación de lombrices. Estamos cosechando lombrices”, dice Estela con la fascinación de una nena que recolecta mariposas. No lo puede creer. Está ganando una batalla: “Recuperamos la fauna. Es increíble lo que estamos ganando acá”.
"Paren de enfermarnos, paren de matarnos"
Carta de Ana Zabaloy, ex directora de una escuela rural fumigada de San Antonio de Areco. "Nadie nos los contó, no lo leímos en ningún diario, nos pasó, lo vivimos, como una cotidianeidad inevitable", asegura.
El silencioso genocidio de los Don Nadies
Pérdidas de embarazos, cáncer, agua venenosa, narices que no paran de sangrar. Las consecuencias de un modelo productivo con el que los políticos no se meten, los medios prefieren ignorar y los afectados callan por miedo.
"Me echaron por proteger a un niñito fumigado y enfermo de muerte"
La Clínica Caraffa despidió a Medardo Ávila Vázquez, reconocido pediatra de los pueblos fumigados de la provincia de Córdoba. El motivo: comprarle medicamento a un niño de dos años en una farmacia que no era de la clínica. "No hacemos caridad", le dijeron quienes debieran cuidar vidas.