Presa por travesti y por pobre

Luz es una joven travesti de 22 años. Está acusada de un delito que no cometió y estuvo 8 meses privada de su libertad en el Penal de Ezeiza. Recién la semana pasada le otorgaron prisión domiciliaria. Perdió casi toda la visión, pero la justicia se negaba a aceptar su discapacidad y a otorgarle el beneficio de esperar el juicio en libertad, tal como le corresponde por el inciso C del artículo 32 de la ley ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660) que ordena otorgar el beneficio en caso de que la permanencia en la cárcel de la persona discapacitada sea inadecuada por su condición y/o reciba un trato indigno, inhumano o cruel. Y eso le pasó a Luz: durante el tiempo que pasó en la cárcel su estado de salud empeoró, y además padeció la violencia del Sistema Penitenciario Bonaerense que es especialmente cruel con las travestis y trans.

A sus 20 años, Luz se despidió de su Salta natal en 2017 y viajó a Buenos Aires donde comenzó a estudiar en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Se prostituyó desde los 13 años, condición que la llevó a vivir situaciones de extrema violencia: fue atacada en tres oportunidades distintas mientras estaba en la calle y en cada uno de esos momentos estuvo en riesgo su vida. Perdió la visión de un ojo en su totalidad, solo ve parcialmente del derecho y sufre de cataratas. Todos esos ataques transfóbicos quedaron impunes.

Apenas llegó a Buenos Aires, se instaló en el Hotel Gondolin, una cooperativa gestionada y administrada por travestis y trans donde se alojan chicas de todas partes del país. Allí la apodaron “La Cieguita”. Ella quería estudiar para salir de la situación de prostitución en la que se encontraba y le fue muy bien en el curso de séptimo grado, lo terminó en muy corto tiempo e ingresó al bachillerato al año siguiente y en pocos meses llegó a hacer grandes amistades con sus compañeras del Gondolin y del Mocha.

Desde julio del año pasado, Luz estuvo con prisión preventiva a disposición del Juzgado Criminal Número 40 a cargo de la jueza Paula González, por una acusación de “robo agravado y privación de la libertada agravada”. Lucía Fuster Pravato es docente del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis e integra la Comisión Justicia para Luz, cuenta a Revista Cítrica cómo se enteraron de la detención de su compañera: “Cuando la detuvieron, a todes nos costó mucho entender qué había pasado, incluso a Luz. Pensamos primero que era por prostitución, algo contravencional. Días después nos informaron que la acusación era intento de homicidio, por atacar a un señor en su casa, en Palermo. Charlando con ella por teléfono, porque no la podíamos visitar y ya estaba detenida en Ezeiza, nos contó que unos meses atrás había hecho un servicio sexual en un departamento en la zona donde ella está en situación de prostitución, a dos hombres. Resultó ser que minutos antes, en ese departamento, esos dos hombres habían atacado brutalmente al señor que vivía allí, dejándolo maniatado e inconsciente en una habitación. Cinco días después, una hermana encontró el departamento revuelto y a su hermano tirado en el piso en una habitación, aún atado de manos amordazado e inconsciente. Luz se enteró de esta situación cuando ya estaba en prisión, y quedó en un shock profundo, nosotres también”.

Durante los 8 meses que Luz estuvo privada de su libertad fue constantemente estigmatizada por su identidad travesti. Pravato cuenta: “La detuvieron por un crimen que no cometió, en la zona donde estaba trabajando dos meses después del hecho que se le pretende imputar en lugar de buscar a los verdaderos responsables. No querían reconocer su discapacidad visual, la cual fue certificada por especialistas del cuerpo médico forense. No respetaron los turnos médicos asignados. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, las amigas, compañeras y docentes estuvimos en comunicación constante con ella porque fue víctima de reiteradas agresiones. Traslados que duraban una eternidad, desconocimiento de su estado de salud y maltrato psicológico”.

En relación con el Poder Judicial, las personas travestis y trans sufren todo tipo de exclusión que va desde el rechazo total para el acceso a la Justicia, pasando por las dificultades que atraviesan al momento de realizar denuncias de violencia o abuso, llegando a no poder acreditar su condición de víctima. “A Luz le fue negada la prisión domiciliaria, cuando existe una ley que ampara este derecho para personas con alguna discapacidad, como es su caso. La justicia históricamente ha criminalizado y perseguido a las travestis y trans como forma de disciplinamiento social, de hostigamiento a sus identidades de género. Los derechos de Luz por su discapacidad visual fueron vulnerados por una justicia ciega. Luz estuvo presa por travesti” asegura Pravato.

A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, el Sistema Penitenciario Bonaerense diseñó protocolos de actuación para el alojamiento, control, registro y traslado de personas trans. Sin embargo, no se aplican ni se implementan políticas que promuevan entre el personal penitenciario, judicial y médico el respeto a la identidad de género y a la orientación sexual de estas personas.