La Bonaerense, entre la vulneración y el reclamo de derechos

Kicillof tiene razón cuando refiere que son reclamos históricos del personal policial, principalmente la cuestión de los sueldos. Por eso llama la atención que el Plan Integral de Seguridad en el AMBA, anunciado por el presidente Fernández, no incluya –aparte de los recursos logísticos y edilicios– un reconocimiento salarial para los efectivos policiales.

El origen de la rebelión

Hay una serie de cuestiones que nos pueden revelar algunas posibles causas que desencadenaron la “rebelión” policial. Primero, como ya se mencionó, la ausencia de reconocimiento salarial para el personal de seguridad, en el marco del anunció del Plan Integral de Seguridad. Frente a los nuevos aportes logísticos –que no se solucionan con 2.000 patrulleros más–, la carencia salarial resulta al menos una provocación hacia los efectivos, principalmente los de menor categoría, quienes más sufren las penosas condiciones de los recursos. 

Segundo, un ministro de Seguridad como Sergio Berni, más preocupado por su imagen política que por la conducción de la fuerza policial, interpreta que solo con un discurso de esencia militar y apelando a la recomposición de la “familia policial”, obtendrá la “obediencia debida” de la tropa policial.

Es importante resaltar, en este sentido, que los nuevos efectivos policiales crecieron al calor de los tiempos democráticos y bajo la influencia de los medios de comunicación masiva; esto, en breves palabras, da como resultados jóvenes más informados y con diferentes expectativas de trabajo. Para esta camada, es muy probable que el discurso corporativo haya perdido su efectividad. 

Lo tercero es una situación que, debido a la pandemia y al receso económico y laboral, ha llevado a que muchos de los ingresos formales e informales que los efectivos tenían para ayudar a complementar el bajo salario, ya no se encuentren disponibles. Cuando se menciona la informalidad de los ingresos, aceptamos una realidad: la interacción de la policía con la sociedad, mediante la cual el efectivo obtiene recompensas económicas por acciones tales como cuidar más un lugar por sobre otro en sus recorridas, realizar vigilancias particulares, dejar pasar ciertas infracciones o delitos, y hasta ciertos abusos policiales en los territorios que terminan en beneficios económicos.

También hay que mencionar como ingreso extra habitual las llamadas horas de Compensación por recargo de servicios (CO.RE.S). Todo esto, en cuarentena, se mantiene en suspenso y repercute en los bolsillos del personal policial, que cae en la cuenta de un salario formal miserable.

El cuarto aspecto es la imposibilidad de la organización para reclamar. Quizá es el más importante de los puntos, ya que las fuerzas de seguridad de nuestro país tienen la imposibilidad de formar sindicatos; el Poder Judicial se ha expedido en reiteradas oportunidades en este sentido. En el caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Ley del Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (Nro. 13.982), reglamentada a través del decreto 1050/09, les impide reunirse en sindicatos y realizar actividades políticas. 

Esto lleva, principalmente a los jóvenes, a reprimir las demandas laborales o, en el caso de hacerlas a los superiores, que las mismas sean invisibilizadas. Es importante señalar a los jóvenes, porque son las jerarquías más bajas las que reclaman, mientras que las jerarquías más altas en general invisibilizan el reclamo para poder mantener sus lugares de conducción y no llevar problemas a la superioridad. Con ese panorama, los problemas se resuelven con los escasos recursos disponibles y echando mano a los ingresos y los beneficios informales, que eran moneda corriente antes de la pandemia.

¿Un sindicato policial?

Este conjunto de circunstancias posiblemente haya sido el detonante del reclamo de las fuerzas policiales. También es altamente probable que la desorganización del reclamo haya llevado a los efectivos a caer en manos de actores con otros intereses, principalmente políticos y desestabilizadores, quienes al ver este campo fértil no dudaron en sembrar. Es así como todo concluyó con varios focos de rebelión policial, desarticulados, con oportunistas tomando la pal abra y acciones delincuenciales como las de tomar recursos del Estado para fortalecer la manifestación, realizar una afrenta en la residencia presidencial y también en la casa del gobernador provincial. 

Desde una mirada abarcadora de todas estas circunstancias y principalmente desde el impedimento legal que las fuerzas de seguridad tienen para organizarse en una demanda –sumado a la invisibilización histórica de los reclamos policiales–, nos encontramos –sin obviar los aspectos negativos de la Policía que fueron mencionados anteriormente– ante un individuo altamente vulnerable, con amplias dificultades para defender sus derechos laborales. 

En una paradoja de la realidad, mientras todos los ciudadanos y trabajadores nos hacemos de derechos y los defendemos en cada momento que los vemos peligrar, a las fuerzas de seguridad año tras año se les niega judicialmente esa posibilidad. A pesar de que la Constitución Nacional y los Tratados internacionales en Derechos Humanos –incluidos en ella con igualdad de jerarquía– se expresan sobre los derechos laborales, el debate acerca de la inclusión de las fuerzas policiales en este mismo marco de derechos se sigue postergando. 

Varios países ya han debatido este asunto y han dado el visto bueno para ello. Un ejemplo cercano es el de Uruguay, donde la Policía Nacional se encuentra sindicalizada desde el año 2005. Claramente es otra realidad y otra sociedad, pero no es el único caso. Dado que la estrategia de negarles ese derecho se repite una y otra vez, tal vez sea el momento de repensarla e incluir a las policías en el proyecto social colectivo, darles un lugar como trabajadores con derechos y no dejarlas desorganizadas, desbordadas y vulnerables, al acecho de actores con diversos intereses. 

Claro que esta forma de organización trae aparejado lo que siempre se exige de una fuerza de seguridad: una formación que los construya profesionalmente, la democratización de su funcionamiento con participación externa en su control, una diferente interacción con la sociedad y la aplicación de recursos logísticos adecuados y sostenibles en el tiempo. Esta tarea no es fácil, ya que no es una nueva Policía la que se intenta crear, sino que habrá que reconstruir una institución diezmada y descontrolada. En algún momento habrá que comenzar a desandar ese camino.

*Sergio Pedersen es licenciado en Seguridad Ciudadana (Universidad de Lanús). Integró la Policía Bonaerense entre 1993 y 2010, donde llegó a ser Teniente Primero. Actualmente trabaja en la ANSES.