Petróleo en golfos patagónicos: ¿Progreso o más desigualdad y contaminación?

Esta ley, el principal obstáculo para avanzar con la construcción del oleoducto, fue barrida con cuidadoso silencio y consensuado acuerdo político en la Legislatura de Río Negro, en septiembre de 2022. Con sólo un voto en contra y uno en disidencia, o sea, con los votos a favor del peronismo, el macrismo y Juntos Somos Río Negro, el partido provincial (que tiene como figuras al senador y gobernador electo Alberto Weretilneck y actual gobernadora Arabella Carreras), se aprobó la modificación de la 3308. Y así se desprotegió la costa atlántica rionegrina que protegía, con sus ciudadanos, playas, flora y fauna incluidas. “La modificación de esta ley fue pedida por el gobierno nacional”, reconocen desde JSRN. ¿Por qué estas fuerzas políticas, que no coinciden en ninguna otra política, apoyan ciegamente proyectos extractivos? El escenario fue similar a las modificaciones de las leyes 7722 en Mendoza y 5001 en Chubut para aprobar la minería a gran escala, aún vigentes por las puebladas que las defendieron.

“El gobierno provincial no puede controlar nada, ni las cloacas”. El único legislador rionegrino que votó en contra del proyecto es Pablo Barreno (Frente de Todos), quien dialogó con Cítrica. “La modificación de la ley 3308 se hizo sin consultas populares (como estipula la ley vigente). Los legisladores nos enteramos 72 horas antes de votarla. Del oficialismo no me sorprende nada: vicios, impunidad del poder, con la connivencia de los tres poderes del Estado”, expresó. 

Le preguntamos por qué votó en contra. “Los ciudadanos me votaron por la representación popular, quiero ser coherente, quiero ir a Viedma, quiero ir a Las Grutas toda mi vida. No se toma total dimensión de lo que significa el proyecto hasta que suceda una tragedia”, respondió. “Acá en Río Negro no se hace nada sin el OK de Weretilneck, que tiene negocios con las arenas silíceas que se usan para el fracking en Neuquén”, apuntó y se mostró preocupado por el recorrido del ducto, que pasaría por debajo del río Negro en Conesa. “Son temerarios, es una barbaridad”. 

A pesar de que modificar “para atrás” una ley que protegía una región específica viola el artículo 3 inciso “c” del Acuerdo Escazú (al que Argentina adhirió en 2020 mediante la ley 27566), el riesgo de posibles denuncias de inconstitucionalidad ni siquiera fue discutido. Tras modificar la ley 3308, en el recinto se abrazaron todos, argumentando que el avance del millonario oleoducto fue pensado “para los vecinos de Sierra Grande”. 

“Días antes habíamos pedido la suspensión de la audiencia, que en un gesto político patético la hicieron en Sierra Grande, pueblo tan golpeado y con una crisis profunda; pero no lo conseguimos. Nos inscribimos igual. Cuando llegamos, no nos dejaban ingresar al recinto por la capacidad cubierta. La policía custodiaba el lugar, estuvimos una hora afuera bajo la lluvia intentando ingresar, soportando los empujones de hombres violentos. Cuando logramos ingresar, solo pudimos hacerlo seis de nosotros y éramos más de 60 inscriptos. Me requisaron la mochila. El salón estaba repleto de gente que apoyaba el proyecto. Nos hicieron dejar carteles y banderas en la puerta, mientras que adentro las banderas por el Sí estaban desplegadas”, relató.

“Mientras, nos llegaba desde afuera del gimnasio que había llegado una patota de la UOCRA muy violenta. Hicieron un cordón policial fuerte, desplazaron a manifestantes para alejarlos del ingreso. Hablamos con la secretaria Migani, dijo que ella no podía garantizar la seguridad y que la policía hizo lo que debía. Ahí empecé a gritar, interrumpí la audiencia a los gritos para decir que no estaba garantizada la seguridad, que nos impidieron el acceso y ahí me sacó la policía a los empujones”, repasó.

“Nuestra postura no es contra los vecinos de Sierra, que decían que les veníamos a joder el trabajo. La gente estaba muy fogoneada, trabajaron para el Sí, nos recibieron con miedo y bronca. Nuestra postura es por el nivel de afectación, por la escala del proyecto, con un impacto desastroso para las economías regionales que vivimos de la pesca y el turismo. El mar no conoce fronteras: si pasa algo ahí sonamos todos”, expresó.

A través de la representación de la Asociación de Abogadxs Ambientalistas de Argentina, lxs asambleistas dejaron constancia de estas irregularidades a través de un acta. Con su patricionio legal, realizaron presentaciones de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y la Corte Suprema.

“Estamos en esta audiencia por la modificación absolutamente inconstitucional de la ley 3308, impulsada por YPF”, advirtió Gonzalo Vergés, de AAdeAA, que junto con Rafael Colombo viajaron a la Patagonia para acompañar el proceso. “La comunidad se está enterando de este proyecto en una etapa ya avanzada y no en etapas iniciales, como lo establece el Acuerdo de Escazú”, recordó. ¿Se podrá frenar el oleoducto? “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y apelamos a que una autoridad judicial tome la cuestión en serio en el marco del derecho humano a un ambiente sano”.

Además, Vergés confirmó una presentación ante la UNESCO, de Naciones Unidas, desde donde se considera a Península Valdés patrimonio histórico de la humanidad. ¿Quienes ningunean estos impactos se atreverán a denunciar también una “campaña anti argentina”?

Una cosecha (¿tardía?) de rechazos al oleoducto: turismo, pesca y ciencia en alerta

Las audiencias en Sierra significaron también la primera vez que el oleoducto de YPF salía a la calle. Luego de la cobertura de medios alternativos y populares, que desarmaron el relato oficial de “normalidad” y explicaron este paso como una fachada para avanzar, el interés de vecinxs de la zona sobre el tema creció exponencialmente.

“Tendría un impacto muy profundo en Playas Doradas, una villa turística en expansión por la que apuestan privados con inversiones. No sé si los legisladores han pensado en esta contradicción. No puede estar subordinada Río Negro a Vaca Muerta”, agregó.

En cuanto al sector de la pesca, pescadores artesanales de Chubut se movilizaron junto con los sectores que alertan sobre los impactos de esta actividad. En cambio, en Río Negro no hubo unanimidad para rechazar el proyecto del oleoducto. 

Así lo resumió Revista Puerto: “La realidad que afronta la pesca rionegrina, en un contexto de creciente conflictividad, con plantas de procesamiento al borde del colapso, la flota artesanal e industrial sin recursos para pescar en aguas provinciales, lo que llevó a la declaración por decreto de la ‘emergencia pesquera’, configuran un sombrío panorama, que dejó relegado a un segundo o tercer plano la discusión sobre este oleoducto petrolero y sus potenciales riesgos ambientales”. 

¿No se omite el riesgo de perder puestos de trabajo en la pesca al afirmar que tendría solo “riesgo ambiental”? ¿Será que el gobierno de Río Negro cerró las fronteras de consulta sabiendo que del otro lado iba a conseguir solo rechazos? Será clave el rol del gobierno de Chubut, que hasta diciembre tiene como gobernador a Mariano Arcioni, con antecedentes que demuestran más vínculos con las corporaciones que con el pueblo. Requerido para este reportaje, el ministro de ambiente de Chubut, Roberto Jure, no respondió.

Un antecedente cercano como muestra: contaminación e impunidad en Comodoro

La posible contaminación en golfos patagónicos y Península Valdés que podría generar el oleoducto, por un derrame o de manera crónica, no es un fantasma de ecoterroristas o un palo en la rueda de los violentos antidesarrollo, estigmas que les adosan a voces disidentes. Las advertencias también están fundadas en antecedentes en la propia Patagonia, como los derrames en Vaca Muerta -sobre los que el gobierno neuquino reconoce dos por día y sólo en 2018 se registron mil incidentes ambientales- y el caso de un derrame de petróleo en el mar de Comodoro, en la navidad de 2007.

Sucedió el 26 de diciembre de aquel año en Caleta Córdova, histórico pueblo pesquero ubicado al sur de la capital petrolera argentina. El desastre ecológico producido en el mar, más de 330 metros cúbicos y una mancha de cuatro kilómetros, llegó hasta la costa abarcando más de 800 metros y dejó como saldo cientos de animales empetrolados, que gracias a la tarea de brigadistas y jóvenes voluntarios, evitaron que las muertes asciendan al centenar. 

El desastre, “un error humano”, fue originado por el buque de carga “Arturo Illia” y por el que fueron imputados cinco personas (el capitán del barco y dos marineros, más los representantes de las empresas Termap y Antares Naviera).

“El gobierno provincial va a ir a fondo con el tema”, había prometido el gobernador de entonces, Mario Das Neves. Las expectativas eran altas: por primera vez se llegaba a un juicio penal por contaminación en el mar. 

Trece años después, la justicia federal (jueces Enrique Guanziroli, Luis Giménez y Ana María D’Alessio) absolvió a los imputados, quienes no avisaron con urgencia el incidente. “De haberse avisado el desastre hubiese sido mucho menor”, se lamentaron los ecologistas que evitaron consecuencias peores.

Las comunidades de pueblos costeros están organizadas, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, para resistir contra las petroleras en el mar argentino, por el oleoducto y por los embistes que vengan por el petróleo offshore.