Detrás de las cifras de femicidios hay historias, vidas, proyectos y sueños empañados por la violencia machista. Familias de Sobrevivientes de Femicidios denunciaron, en Plaza de Mayo, los 44 asesinatos en lo que va del año, la ausencia del Estado y la complicidad de la Justicia.
Treinta y siete fueron las víctimas de enero según el Observatorio de violencia patriarcal “Lucía Pérez”. A eso se le sumaron otras 7 durante los primeros 10 días de febrero. Y, si bien las cifras sirven para dimensionar la cantidad de casos, cada uno de estos es mucho más que un número. Porque detrás hay historias, vidas, proyectos y sueños. Y de cada una de las pibas quedan marcas y luchas que coinciden, todas, en la falta de escucha y presencia por parte de las autoridades.
“Nosotros terminamos haciendo el trabajo de la Justicia y de la fiscal”, dice Facundo Ortiz, papá de Luna Ortiz, asesinada en 2017 en Tigre. Quien después sería su asesino la instigó vía Facebook para concretar un encuentro. En un principio, ella se negó. Si Luna hubiese sido menor, sería un caso de grooming. Pero ella tenía 19 años y un día, finalmente, aceptó encontrarse con Isaías Villareal. Cuando lo hizo, él le dio droga, alcohol y la llevó a la casa de sus amigos, quienes también violaron a Luna.
Por este hecho, en 2018 se condenó al femicida a 14 años de prisión. Actualmente está preso, pero no tiene condena firme. “El detalle es que se caratula a la causa como abandono de persona y no como femicidio. Eso es una clara muestra de que tenemos una Justicia machista y patriarcal. Dicen que Luna quería tener sexo con distintas personas y en distintas casas, aún cuando las pericias toxicológicas dicen que estaba alcoholizada y no podía decidir por sus propios medios”, cuenta Facundo quien, en el medio del dolor, sigue luchando y, junto a su familia, habían logrado intercambiar conversaciones con la fiscal para sumar pruebas y que Isaías sea condenado, también, por abuso sexual. “Pero hoy leo la pericia y dice algo así como que Luna estaba en una situación de consumo, pero que, de todos modos, ella quiso divertirse y se la buscó. En este nuevo documento describen a Luna como invulnerable, aunque en el juicio se había dicho que ella estaba en una situación de vulnerabilidad y hay cámaras que muestran que se tambaleaba porque no podía caminar por sus propios medios. Pero la Justicia no lo ve”, sentencia el padre.
"Es shockeante vivir de cerca un femicidio y, como familia, es muy difícil saber para dónde ir o a quién llamar"
“Nadie nos escucha. Nadie investiga a la persona que vio a mi hermana por última vez”. Los relatos se parecen, pero la que habla ahora es Soledad Basaldúa, quien lleva a Cecilia Basaldúa dibujada en su remera. “Mi hermana viajó cuatro años y medio por Latinoamérica, había vuelto en diciembre de 2019 a Argentina y en marzo, antes de que empiece la pandemia, decidió viajar a Capilla del Monte para escribir un libro. Pero el 5 de ese mismo mes desapareció. A nosotros nos avisaron tres días después. Entonces hicimos la denuncia acá, en Nuñez y, a la vez, un familiar nuestro la hizo en Córdoba. Al día siguiente se empezó la búsqueda. Al principio no pudimos viajar por la situación sanitaria, pero a fin de marzo mis papás lograron ir a Córdoba. Al día siguiente apareció el cuerpo violado y estrangulado”, explica Soledad. Por este femicidio hay una persona presa sin pruebas.
“Nuestro principal sospechoso es quien la alojaba en la casa, la última persona que la vio y que nos avisó tres días después. Sin embargo, para la Justicia ese hombre es un simple testigo que recién ahora citan a declarar”, dice Soledad, quien en su remera también luce la frase: “Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo” y, siendo consecuente con esas palabras, sigue luchando y pide: “Queremos que se tenga en cuenta lo que nosotros, los querellantes, pedimos”.
Lo que hay, entonces, es un sistema judicial que parece no ver ni escuchar, y que se combina con una falta de efectivización de las medidas pensadas para el cuidado y la prevención. Esto último se hizo evidente esta semana porque el asesino de Úrsula Bahillo tenía 18 denuncias en su contra y, sin embargo, estaba libre. Pero no es un caso aislado. Carla Soggiu es otro ejemplo. Ella murió ahogada el 15 de enero de 2019 tras activar el botón antipánico que tenía por haber denunciado a su ex pareja.
“Mi hija tenía hidrocefalia --cuenta Alfredo, padre de Carla-- y, el 26 de diciembre de 2018 fue violada, atada y golpeada durante cinco horas por Sergio Nicolás Fuentes. La primera vez que intentó escapar llegó desnuda hasta la puerta de salida, pero él la agarró de los pelos y la volvió a meter en la casa. Sergio sabía que ella tenía una válvula por su enfermedad y la golpeó varias veces ahí, donde estaba ubicada. Al segundo intento ella logró huir”. Carla hizo la denuncia esa misma noche. Tardó 12 horas para realizarla, le dieron un botón de antipánico y no le hicieron tomografías o resonancias para ver si los golpes le habían dejado secuelas.
Lo que hay, entonces, es un sistema judicial que parece no ver ni escuchar, y que se combina con una falta de efectivización de las medidas pensadas para el cuidado y la prevención.
“Él fue preso, pero días más tarde mi hija activó el botón porque estaba desorientada. Le manifestó lo que estaba viviendo a quién la atendió, pero no supieron ayudarla porque no había sistema de GPS. Se había terminado el contrato con Coradir, que había provisto el servicio hasta el 31 de diciembre, y todavía no tenían la cobertura de Soflex, empresa que suplantaría a la anterior”, cuenta Alfredo, quien exige, junto a su familia, que el Gobierno de la Ciudad les muestre los contratos con las empresas tercerizadas que proveen la geolocalización para poder sumar las pruebas a la causa.
Carla tenía un hijo y una hija que actualmente están al cuidado de los abuelos. “Tenemos una guarda, pero no es definitiva. Y tampoco hay una condena sobre Sergio. No dormimos tranquilos porque no tenemos la certeza de que no va a volver a joder. Si hizo eso con la mamá de los chicos, ¿uno qué puede esperar?”, lamenta Alfredo y cuenta que, a raíz de la muerte de Carla, el Gobierno de la Ciudad les envió una psicóloga para evaluar la situación tanto de la nena, que en ese momento tenía dos años, y del nene, que tenía cinco. Después, continuaron algunos meses con tratamiento psicológico en el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, de Barracas, pero con la pandemia esa atención se cortó. “El 2020 fue un año perdido. No tuvimos ni acompañamiento psicológico ni adelantos de la causa”, culmina Alfredo.
Sin embargo, las familias no se rinden y, en medio del dolor, siguen exigiendo lo que creen justo. Por eso el miércoles 10, después del acto en Plaza de Mayo, presentaron una nueva carta pidiendo una audiencia con el Presidente, la quinta que escriben desde que Alberto Fernández asumió. Mientras, la fortaleza para que sus cuerpos sigan luchando la sacan de la organización.
“A nosotros nos acompañaron los movimientos de mujeres”, dice Soledad Basaldúa y cuenta que gracias a eso lograron, a fines de 2020, que el ministerio de Derechos Humanos de la Nación sea querellante en la causa de su hermana. “La base fueron las mujeres que nos ayudaron. Porque es shockeante vivir de cerca un femicidio y, como familia, es muy difícil saber para dónde ir o a quién llamar”, reconoce la hermana de Cecilia. “La unión y la lucha son necesarias para reclamarle al Estado, responsable de todo esto, que tome cartas en el asunto”, agrega Facundo Ortiz, poniendo en palabras lo que hace tiempo vienen haciendo quienes pueden, porque siguen con vida, y porque tienen la convicción de que es necesario un cambio profundo para que toda acción se realice con una perspectiva de género.
Porque Úrsula Bahillo, tras haber denunciado y aún sin respuestas, pidió en redes sociales: “Si un día no vuelvo, hagan mierda todo”. Y ella no volvió, al igual que muchas otras.
Los nombres se renuevan, pero las consignas son históricas: El pedido por ni una menos (o ni una más) y que el Estado se haga responsable: que haya Educación Sexual Integral desde la infancia en todas las escuelas y que se implemente La Ley Micaela para establecer la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para las personas que se desempeñan en la función pública. Para que nunca más una piba avise que un femicida la va a matar. Y el femicida la maté. Úrsula dijo “Si un día no vuelvo, rompan todo”. Ahora toca eso: romper todo no permitan un femicidio más. Ni una más.
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