Fracking en Mendoza: radiografía de una resistencia

“Que el fracking no haya avanzado en Mendoza es un triunfo tanto de organizaciones indígenas como de organizaciones ambientales”, dice Gabriel Jofré, werken de la organización territorial Malalweche, que reúne a más de 20 comunidades mapuche. Jofré sustenta su argumento con datos: ”Desde 2017 a la fecha estaban proyectados más de 150 pozos en toda la provincia, pero solo se pudieron realizar unos 25”.

Mendoza, como Chubut y otras regiones del país, es un ejemplo de que es posible frenar al extractivismo. La tarea compleja requiere trabajo de base, interdisciplinario y transversal casi de forma permanente.

Así y todo, ni bien se baja la guardia –o por más que eso no ocurra–, los proyectos petroleros, mineros y/o inmobiliarios avanzan pese a las consecuencias socioambientales que provocan y a la oposición de ciudadanías conscientes y organizadas.

¿Cómo se frena el fracking en Mendoza?

La defensa del agua en Mendoza, como se vio en las masivas manifestaciones de diciembre de 2019, atraviesan la sociedad de forma masiva y diversa. Organizaciones socioambientales, sindicales y productivas, junto a comunidades mapuche y ciudadanos de distintos puntos de la provincia, intercambian información y estrategias en pos de esa resistencia.

Los miembros de la asamblea autoconvocadxs de Tunuyán, por ejemplo, trabajaron con el proyecto municipal de “Tunuyán libre de fracking”, el cual fue aprobado por unanimidad en 2013 pero sólo como “Declaración”. Cuando en 2018 el gobierno provincial publicó el decreto 248 –que intentó reglamentar y autorizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales en Mendoza–, la Asamblea volvió a movilizarse y presentó un proyecto votado por unanimidad dando origen a la Ordenanza Municipal 2.917/18.

En los últimos años, similares ordenanzas departamentales anti-fracking se obtuvieron en Tupungato, Lavalle, General Alvear y San Carlos, mientras que también se impulsan proyectos en San Rafael y Las Heras.

Sin embargo, en 2020, la Fiscalía de Estado consideró a las ordenanzas “inconstitucionales” por considerar que van en contra de lo establecido por la legislación provincial y nacional y comenzó un nuevo proceso judicial para definir el futuro del fracking en Mendoza. En este sentido, se aguarda la decisión de la Corte Suprema provincial, que tiene que resolver sobre varias causas referidas al fracking, entre ellas la “inconstitucionalidad” del Departamento de Irrigación de la provincia, que es cuestionado por otorgar permisos de agua para realizar hidrofractura.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver el recurso de queja presentado en 2019 y que cuestiona todo el procedimiento administrativo que se dio en la provincia para aprobar las habilitaciones de fracking, sin tener en cuenta los riesgos ambientales ni los estudios previos correspondientes.  

A la par de las iniciativas locales, y acompañadas de una gran movilización y con más de 42.000 firmas de respaldo (actualmente superan las 50.000), en mayo de 2018 las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza (AMPAP) presentaron en la Legislatura provincial un proyecto de Ley para frenar el avance la explotación petrolera mediante el fracking. La iniciativa, cuyo texto surgió tras un debate técnico, académico, legal, jurídico, político, ambiental y social, nunca fue tratada por los legisladores. 

Los (no) estudios de impacto ambiental

Actualmente la fractura hidráulica en Mendoza está frenada también por diversas presentaciones judiciales.

En abril de 2018, la organización local OIKOS presentó una acción de inconstitucionalidad por el Decreto 248/18 firmado por el entonces gobernador Alfredo Cornejo. En diciembre pasado, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se presentó como Amicus Curiae en esa causa, sumándose a la Asociación Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos XUMEK y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que también pidieron la revocación y suspensión de las resoluciones que promueven el fracking. 

“En Mendoza, donde hay un estado permanente de sequía, era importante contar con estudios hidrogeológicos, para conocer el estado o situación de las cuencas hídricas.
Pero desde un primer momento se autorizó la fractura hidráulica sin la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental y sin consulta previa, algo que exige la Ley General del Ambiente”, explican desde el equipo de abogados de OIKOS, organización que cuestionó judicialmente “al gobierno (provincial) por haber flexibilizado la normativa ambiental y vulnerar derechos fundamentales y humanos reconocidos constitucionalmente, como son el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia”. 

FARN, por su parte, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza argumentos que prueban que el decreto provincial deja afuera los impactos y aspectos más relevantes de la actividad:

*la gestión de residuos peligrosos;

*la inducción de sismicidad;

*las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases peligrosos para la salud;

*la generación de radioactividad.

A su vez, la presentación judicial dio cuenta de que el decreto provincial que dio luz verde al fracking tampoco cumple con ciertos estándares, como la independencia de quienes realizan los estudios, que una evaluación de impactos debería contemplar previo a cualquier autorización.

Resistencia legal y administrativa contra el fracking

“Entendemos que hay muchas formas de lucha. No solo el cliché de salir a la calle o cortar la ruta, que es una forma de resistencia que reivindicamos, pero también aprendimos que se puede emprender una lucha organizada desde lo legal y lo administrativo con la que venimos consiguiendo logros”, dice Jofré y pone como ejemplo al Lof El Morro, que en 2018 logró impedir que la empresa El Trébol–UGA (que entre sus dueños tiene al Grupo Vila-Manzano, que por decreto fue beneficiado con una reducción de 25 por ciento de regalías sobre la extracción de hidrocarburos) desarrolle fracking y pudo conseguir un reconocimiento de su Derecho a la Consulta y Consentimiento Libre Previo e informado. 

Esa comunidad, que hace pocos días volvió a sufrir amenazas e intentos de desalojo sin orden ni proceso judicial, se opone al Plan Estratégico Malargüe, en cuya audiencia 
pública del pasado 4 de enero se les impidió el ingreso a comunidades y pobladores rurales de la zona. 

Jofré remarca: “No queremos ser bala de cañón de nadie. Los muertos son nuestros después. Y entonces dicen: ‘oh, pobres, los pueblos indígenas que ya no están’. Tenemos capacidades técnicas, administrativas, jurídicas y las hemos puesto en marcha”.

En el plano internacional también hay alerta. Jacob Kopas, abogado del programa internacional Earthjustice, dice: “Antes de que el Gobierno de Mendoza se adentre en el fracking, necesita estudiar la ciencia y la evidencia de los efectos del fracking en profundidad. No debe ignorar los errores en otros países, donde la creciente evidencia muestra cómo los desechos del fracking pueden contaminar los ríos, los acuíferos subterráneos y el aire”.

Dicha organización también se sumó como Amicus Curiae en la presentación contra el uso de esta técnica extractiva en Mendoza. “La fracturación hidráulica puede exponer incluso a los trabajadores y las comunidades cercanas a niveles peligrosos de partículas radiactivas. Mendoza puede impulsar su economía y crear nuevos empleos al invertir en alternativas de energía limpia como el sol y el viento”, apuntó Kopas.

Vila-Manzano y el rol de los medios

“Todo el mendocino tiene en claro que no quiere megaminería, y entiende el concepto contaminante, pero es muy difícil que la gente entienda que el fracking también es contaminante", reflexiona Paula Sapolnik. Para esta docente primaria que integra la asamblea de Tupungato, "se hace difícil porque el mendocino está acostumbrado a la industria del petróleo, y cuesta hacerlo entender que esto se trata de otra cosa, y del peligro".

Habla de la manipulación mediática: "Te confunden y no te dicen un montón de otras cosas. Dicen ‘estimulación hidráulica’, en vez de fracturación. Te van con medias verdades. Y no se termina de entender que es una técnica nueva distinta a lo que se venía haciendo”.

“Por un lado, está el multimedio que es propiedad de Vila-Manzano que particularmente no habla del fracking, no lo toma, no lo considera ni por bueno ni por malo (...). Y después están todos los otros medios masivos que han tomado posición a favor del fracking porque entiendo que, por un lado, hay periodistas que están muy a favor de este tema por sus convicciones, por su ideología política y también está la pauta publicitaria. (...) Hay una especie de silencio cómplice entre los grandes medios de comunicación y el Gobierno en el cual, el espectro es negar el tema y hacer de cuenta que el fracking no existe o una decidida defensa y una invisibilización de la protesta social”. 

Esta mirada compartió con Cítrica Eduardo Sosa, licenciado en gestión ambiental y ex jefe de Gabinete de la Secretaría Ambiental, cargo al que renunció en 2017 tras denunciar que se habían otorgado a Vila-Manzano permisos para utilizar agua del arroyo El Álamo, en Puesto Rojas, Malargüe.

El boca en boca, más lento y menos masivo que el discurso mediático, también logra fracturar “los espejitos de colores” que llegan con los proyectos extractivistas, destacan desde diferentes asambleas, tras el triunfo popular que significaron las manifestaciones de diciembre de 2019. 

Sapolnik: “Sirvió mucho esa pueblada, los vecinos que no estaban al tanto se informaron y empezaron a confiar en otras formas de manifestarse, como las asambleas, las presentaciones ante la Justicia y los legisladores y las acciones en la calle. Y al mismo tiempo vio cómo los medios hegemónicos los engañaban abiertamente. En negar las tremendas movilizaciones, por ejemplo”. 

“Cuando vos le pusiste el cuerpo, y ves que te reprimieron cuando vos estabas reclamando por la salud de tu pueblo, es como que se te cae la venda –dice–. Si bien algunos no terminan de entender bien la problemática, se prende una lucecita de alarma cuando hablamos de fracking”. 

Primeros pozos, primeras resistencias

“La experiencia piloto fue en 2017 en la zona del Cerro el Pencal, conocido como Puesto Rojas (en Malargüe, al sur de Mendoza, en lo que también es parte de la formación Vaca Muerta). En el mismo momento en que estaban desapareciendo a Santiago Maldonado, llegaban camiones para hacer una experiencia con cinco pozos viejos, que ya estaban perforados, y que lo que hacían era estimularlos”, describe Gabriel Jofré, que una semana después integró un intento de supervisión comunitaria. No los dejaron entrar, pero recolectaron pruebas y filmaron videos. 

Jofré: “En una charla con el supervisor nos reconocen que había habido derrames e incidentes. Es un desastre lo que ha quedado ahí: sacaron un pedazo de cerro”.

Recién una semana después de las primeras fracturas, la información se publicó en el Boletín Oficial, lo que motivó a las organizaciones mapuche a presentar diferentes amparos. 

“El deber del Estado de cumplir con la consulta, libre, previa y consensuada de las comunidades indígenas no se cumplió en 2017, y no se cumplió hasta la actualidad. Es muy grave que no se está cumpliendo el derecho indígena”, denuncian desde Oikos, que acompañan el reclamo de las comunidades.

La nueva avanzada del fracking (hoy)

”Lo que más nos preocupa con respecto a fracking en Mendoza por estos días, no es tanto la continuidad de los pozos ya hechos, que por ahora son relativamente pocos (veintipico, y el petróleo extraído de ellos no llega al 1% del total del petróleo que se está sacando en Mendoza; el resto es de yacimientos convencionales), sino la avanzada oficial para que la Suprema Corte declare inconstitucionales las ordenanzas municipales que prohibieron el fracking en varios departamentos”.

Marcelo Giraud es un histórico defensor del agua de Mendoza. Es geógrafo, participa de las asambleas en defensa del agua y le apunta a la Dirección de Protección Ambiental del gobierno de Mendoza y al Departamento General de Irrigación: "Se hacen los distraídos. Juegan un papel cada vez más proclive a adoptar políticas que les hagan el juego a las empresas mineras y petroleras". 

“El fracking es una actividad que no tiene consenso social en Mendoza, pero el Gobierno provincial no lo respeta”, dice desde Tunuyán la asambleísta "Benche" Galdame, quien explica: "La problemática que afrontamos tiene que ver con los ‘planes municipales de ordenamiento territorial’. Están haciéndolo de manera muy turbia, sin darle legítima participación a la ciudadanía”.

Gran parte del agua que se utiliza para el fracking en la provincia, es de la cuenca del río Atuel, agravando aún más la crisis hídrica que tiene Mendoza. Desde las asambleas explican: “Con el fracking se usa y se contaminan grandes cantidades de agua para romper la roca, y gran parte del agua sucia que metemos al subsuelo vuelve a la superficie más contaminada, porque esa roca tiene metales pesados y compuestos radioactivos, por lo que la contaminación de esa agua es tan alta que ya no puede ser tratada para hacerla potable, o sea: esa agua se perdió y para siempre. Pero, ¿qué hacen con esa agua? La vuelven a inyectar muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra”. 

En la provincia cordillerana se ha ido conformando una red cada vez más sólida y abarcativa cuyo principal objetivo es levantar una y otra vez esa alfombra, y defender el agua de Mendoza.