Los chanchos y el ambientalismo falopa

Pensemos el caso de la energía. Una versión radical del desarrollismo sostiene que una matriz con una alta participación de energía fósil es deseable ya que sigue siendo el fundamento del desarrollo, la industrialización y el bienestar social. El problema con esa posición no es lo que dice, sino lo que oculta: desigualdad, contaminación, represión, saqueo, dependencia económica y tecnológica. El fracking es mucho más que una técnica contaminante, es un modelo energético que a su vez sostiene un modelo social que es excluyente. Se lo pueden preguntar a las y los vecinos de Valentina Norte Rural, en el oeste de la capital neuquina, que no tienen acceso a la red de gas mientras el subsuelo de sus casas es fracturado. 

El horizonte planteado por megaproyectos como la Vaca Muerta exportadora en tanto generador de empleo, divisas e industria es una pretensión que a ocho años de su puesta en marcha es indemostrable. Solo existe en los discursos políticos de los distintos gobiernos pertenecientes a diferentes sectores políticos que han pasado por Nación, Neuquén, Río Negro y Mendoza durante la última década. Pero la obstinación por sostener la lectura lineal de que más chimeneas es igual a más desarrollo y menos pobreza, se sostiene sobre la omisión de la dimensión social, cultural, ambiental y económica del impacto del actual modelo.

Entonces mientras el mundo avanza hacia una transición energética, existen amplios sectores de la sociedad que empujan para que esa transición energética sea con justicia. Esto significa que no quede capturada en manos corporativas, y sea controlada de manera pública, al mismo tiempo que se aleja del consenso fósil. Esta perspectiva incluye también el hacer esa transición en conjunto con las y los trabajadores del sector, porque la solución tampoco sería que 3 mil familias de Río Turbio y 28 de Noviembre en Santa Cruz se queden en la calle cuando se decida cerrar la mina. Pero eso no nos impide observar y ser críticos respecto de la industria del carbón. 

En la actualidad, el neoliberalismo ya no emplea ese concepto. Desde la crisis de 2008, a nivel mundial comenzó difundirse la noción de “economía verde”. Bajo este paradigma, la supuesta tensión entre economía y naturaleza se resuelve valorizando los costos y beneficios ambientales, logrando de esta manera una mercantilización de la naturaleza transformada ahora en un activo. Como explica el sociólogo José Seoane, esto redefinió lo que el desarrollo sustentable entendía como “medio ambiente” que pasa a ser simplemente lo “verde” quedando despojado de sus dimensiones sociales o culturales. Es la perspectiva que sostuvo al “Buenos Aires Verde” de Macri.  

En contrapartida a las propuestas de desarrollo sustentable y economía verde, en el país existe una diversidad de movimientos que buscan saldar esa falsa ruptura entre economía y naturaleza. No es algo reciente, el movimiento indígena y el campesino tienen décadas de desarrollo, al que se suman el fenómeno de las asambleas, al menos desde la década de 1990, y que confluyen con organizaciones más recientes como el movimiento climático -de fuerte impronta juvenil. Un esbozo de esas confluencias se vivieron en Mendoza en diciembre del año pasado en las multitudinarias manifestaciones contra la derogación -promovida por el radicalismo, el PRO y el PJ locales- de la ley 7722 que protege el agua del uso de químicos contaminantes. Desde trayectorias y culturas políticas diversas estas articulaciones están ocurriendo en distintos puntos del país y se piensan en clave “socioambiental” como superación de una idea solamente ambientalista.