Leandro Bravo: el horror de morir en custodia

por Lautaro Romero
Fotos: Martina Korol y Florencia Barrionuevo
06 de abril de 2022

Leandro Bravo perdió la vida luego de ser detenido y golpeado violentamente por la policía de Charata, en Chaco, el 26 de febrero. Una segunda autopsia comprobó que el cuerpo presentaba politraumatismos y signos de asfixia. Su familia denuncia encubrimientos, falsedad ideológica y mala praxis. Hay cuatro policías detenidos.

El día de su muerte Leandro Bravo (37) almorzó con un amigo. Eran cerca de las 14:30 horas cuando logró comunicarse con su hermana Débora: “Hermanita, estate atenta porque seguramente tengamos que hacer una denuncia". Más tarde salió en busca de una cerveza, pero al ver que un patrullero se aproximaba pidió auxilio en la casa de una vecina. Para entonces el patrullero ya lo había alcanzado. También los refuerzos, cuatro patrulleros. 

Leandro Bravo fue detenido, golpeado y asesinado el 26 de febrero de 2022 por la policía de Charata. Ese día quedó todo registrado en las filmaciones que aportaron las cámaras de seguridad situadas en distintos puntos de la ciudad de Charata (al sudoeste de Chaco) que reflejan la secuencia, todo el recorrido que hizo el patrullero desde la detención de Leandro hasta llegar al hospital. También quedó todo grabado en la retina de algunos testigos: vecinos, vecinas y personas que pasaban justo por ahí. Todo el material ya fue presentado por la querella, constituida por el Comité de Prevención contra la Tortura del Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos, la madre y las hermanas de Leo, en la Fiscalía Especial en Derechos Humanos.

El 14 de marzo, las querellas pidieron la detención de todos los policías implicados. Y sostienen el requerimiento del dictado de prisión preventiva -que se hizo efectiva este miércoles 6 de abril- para los cuatro detenidos: Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez, acusados de “tortura seguida de muerte”, delito que prevé la pena de prisión perpetua. 

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“En los videos, incorporados a la causa, se ve que Leandro está parado sin presentar resistencia, y cómo de forma violenta es reducido y esposado. Lo tiraron al suelo y comenzaron a pegarle entre tres policías, lo subieron al patrullero y lo condujeron hasta sanidad. En las grabaciones se ve que el patrullero paró en Medicina Legal, pero nunca lo bajaron, nunca lo atendieron. Luego se dirigieron al Hospital de la ciudad, donde lo bajaron ya sin vida. Aun así, la médica que lo recibió trató de reanimarlo sin tener respuesta. Ella constató en el informe de guardia haberlo recibido sin signos vitales, con lesiones en la cara, ambos hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas, firma la hora de la muerte a las 16:00 horas. Sin embargo, el primer parte oficial dice que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático, sin lesiones recientes”, denuncia un comunicado del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, organización que acompaña a la familia de Leandro.  

“Leo sufría hostigamiento y persecución de la policía. Tenía mucho miedo. Veía una luz o un patrullero y se escondía, se encerraba”

“No hubo una enfermedad crónica que lo matara. A mi hermano lo mataron. Trataron de justificar todo en función del consumo de mi hermano. Estaba muy golpeado”, explica su hermana, Florencia Sánchez. “Nos dijeron que no estaba golpeado, que tenía tres infartos de larga data en el miocardio. Dijeron que mi hermano había intentado entrar a robar a una vivienda, que una mujer llamó al 911, y por eso lo detuvieron, que después se descompensó y murió”.

“Los relatos de los testigos -cuenta Florencia- son coincidentes en cuanto a lo sucedido: Vieron cómo dos policías tiraron agua en la vereda para limpiar el charco de sangre que había. Además, dos horas después de que mi hermano había muerto, fueron dos policías hasta la casa de una vecina para corroborar los datos de una supuesta denuncia. La llevaron a la comisaría, le redactaron una denuncia falsa y la hicieron firmar. Nunca le entregaron una copia de lo que ella firmó. Armamos las medidas de pruebas, organizamos las secuencias de las cámaras y presentamos todo con la lista de testigos. La primera declaración la hizo esta vecina, quien desdice la denuncia, aclara que nunca llamó al 911 y que la llevaron engañada a la comisaría. El mismo día del velorio llegaron testigos, amigos, vecinos que presenciaron el hecho. Lloraron con nosotras y nos contaron lo que pasó. Mientras nosotras intentábamos darnos cuenta de lo que había pasado, que mi hermano estaba muerto”.

Más cerca de la verdad

La familia y la querella denuncian que en la primera autopsia que se le practicó al cuerpo de Leandro, hay “falsedad ideológica y falsificación en el informe”. Por eso exigieron que se haga una reautopsia. Actualmente la familia cuenta en el equipo de investigación con la presencia de la doctora Virginia Creimer (especialista en medicina legal), como perito de parte. Creimer estuvo a cargo de realizar la segunda autopsia –el 25 de marzo- bajo los protocolos de Minnesota, protocolo que se aplica para la mayoría de investigaciones forenses de presuntas violaciones de los DDHH, protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales arbitrarias y sumarias.

Las conclusiones de Creimer y la doctora Gabriel Lamparelli, del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), en el informe preliminar son contundentes y comprueban la sospecha de la familia y las organizaciones respecto al abuso policial y las causas de muerte: hubo múltiples lesiones contusas, politraumatismos y lesiones compatibles con maniobras de asfixia mecánica. “En la primera autopsia los peritos dicen que no hay lesiones en el cuello, en la reautopsia se veían signos externos de compresión extrínseca del cuello que lo llevó a la asfixia y su muerte. Los politraumatismos más la comprensión provocaron la muerte”, detalla la médico forense. 

Continúa: “En la primera operación no se exploró el cráneo como corresponde, las lesiones en su miembro inferior derecho y en pies tampoco fueron descriptas en la primera autopsia. Decir que los riñones estaban llenos de pus es una falsedad ideológica. Los riñones nunca fueron sacados del abdomen de Leandro en la autopsia. Realizar mal una primera autopsia es un marco delictual. Implica perder pruebas y no es una cuestión inocente. En la reautopsia encontramos lesiones en el cráneo. No se aplicó el protocolo de Minessotta. Se encontraron numerosas lesiones en el dorso del cuerpo. Desde mi experiencia, esto que ha ocurrido con Leandro ocurre en la mayoría de las provincias de nuestro país”. 

Desde el Comité de Prevención contra la Tortura sostienen que “no es un caso aislado. Somos querellantes en 12 casos de muertes en custodia. Este caso cobra un carácter especial, un posible encubrimiento institucional de parte del equipo médico forense interviniendo en la primera autopsia. Vamos a solicitar que se investigue el delito de falsedad ideológica. Tiene que ver con plasmar información falsa en un documento público por parte de un funcionario público”.

La querella denunciará por mala praxis y falsedad ideológica a los médicos y a todo el equipo forense involucrado en la primera autopsia. Además, aseguran acreditar todas y cada una de las irregularidades/falsedades cometidas por la fiscalía interviniente en las primeras actuaciones, como así también el accionar de todos los funcionarios públicos involucrados. 

Estigmas, impunidad y violencia

Días previos a su muerte, Leandro Bravo le dijo a una vecina que andaba con miedo porque la Policía lo venía siguiendo. Por eso le dejó el número de teléfono de sus cuatro hermanas y de su mamá, “por si le pasaba algo”. Leo pasó algunas noches en hoteles y se movió en remis para evitar que lo vieran por la calle.

Según la segunda autopsia, hubo múltiples lesiones contusas, politraumatismos y lesiones compatibles con maniobras de asfixia mecánica.

La familia revela que Leandro fue perseguido y hostigado sistemáticamente por las fuerzas policiales los últimos cinco años de su vida. El punto de inflexión: en 2017 efectivos de la policía del 911 de Charata lo detuvieron –porque lo encontraron discutiendo con un vecino-, lo redujeron de forma brutal, lo llevaron detenido y lo golpearon violentamente. Esta vez también quedó todo registrado en videos que hicieron varios vecinos y vecinas con sus celulares. Leandro Bravo estuvo una semana internado en terapia intensiva con fracturas costales, fractura del macizo facial, graves lesiones que le impedían respirar. Ese día su vida cambió. 

“Sufría hostigamiento y persecución de la policía. Tenía mucho miedo. Veía una luz o un patrullero y se escondía, se encerraba”, cuenta Florencia. “Fueron años muy difíciles, tanto para él como para la familia. Leo era un pibe con consumo problemático, situación que a menudo es utilizada por las instituciones estatales y los medios hegemónicos para criminalizar a la juventud”.

Abandonó su carrera de Abogacía y su trabajo en el Poder Judicial. Perdió afectos.

 “Si bien él intentó recuperarse, nada fue efectivo. Y la verdad es que los espacios terapéuticos tampoco están preparados para contener a los pibes en situación de consumo. Son lugares con personas voluntarias que ponen lo mejor de sí, pero no hay un acompañamiento profesional enfocado a la recuperación de la salud de los pacientes. Cuando decimos que el Estado es responsable no sólo nos referimos a la acción violenta y represiva de la Policía, sino también al abandono, la falta de políticas públicas, educación, amparo y protección hacia las juventudes que sufren esta problemática continuamente. No hay protocolos en cuanto a cuál debe ser la actuación frente a un paciente de salud mental que debiera ser derivado a una institución de salud. Todo lo contrario: los torturan y arremeten contra sus vidas. Hay un ensañamiento. Queremos poner el foco en eso, en la impunidad y en la violencia”.

Memoria y pedido de justicia

El 24 de marzo fue un día histórico para el pueblo de Charata: fue la primera vez que se marchó en las calles para pedir Memoria, Verdad y Justicia. Más allá de la movilización, la familia de Leandro, junto a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de distintos territorios del país organizaron colectivamente un acto que consistió en una mesa de denuncia para todos los familiares de víctimas de abuso policial y tortura. Para visibilizar este y otros casos similares de represión estatal, violencia institucional, criminalización de jóvenes y gatillo fácil. Se mencionaron otros casos de impunidad, encubrimiento y causas archivadas que hay en Charata.

"Sufría hostigamiento y persecución de la policía. Tenía mucho miedo. Veía una luz o un patrullero y se escondía, se encerraba”

“A Leo le gustaba mucho escribir y dibujar. Escribía sobre sus sueños. Era un pibe muy alegre, muy sociable, muy filosófico, amante de la música y el arte. Desde chiquita me acercó a la poesía del Flaco Spinetta y Charly García. Su herramienta de comunicación era la música. Era un gran padre de familia. Amaba a sus hijos”, recuerda su hermana Florencia. 

En el acto tocaron canciones de Spinetta en homenaje a Leo. 

“Fue muy emotivo. Recibimos muchos abrazos, muchas lágrimas. Esto ayuda a romper el cerco de Chaco, que no queden los casos impunes. Hay muchas familias que son desoídas e invisibilizadas. Es por todos esos pibes y pibas que estamos levantando nuestra voz. Se los debemos, a todos lo que quedan”.

Mientras se realizaba este acto, en paralelo familiares y amigos de los policías implicados viajaron a Charata para convocar una marcha en repudio a la Fiscalía de Derechos Humanos “represora de policías”. Exigieron la liberación de los cuatro uniformados detenidos “ilegalmente y de forma arbitraria”. 

Florencia: “Fue una provocación muy grande, un hecho de mucha violencia simbólica. A nuestro hermano no lo vamos a tener nunca más. Vamos a ir por todos aquellos que por acción u omisión encubrieron el asesinato de mi hermano”. 
 

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