La primera línea sin cuidados

“El número de trabajadores de la salud infectados es preocupante porque estamos empezando la pandemia. Este es el momento de rever los procesos de trabajo, de ver que todos tengan los elementos de protección personal adecuado, que todos los sepan usar y que se cumplan los protocolos. ¿Quién controla si en una clínica privada se estén cumpliendo los protocolos y que no haya personal con febrícula al cual no le hayan permitido tomarse la licencia?”, se pregunta María Fernanda Boriotti, Secretaria General de La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

En la Ciudad de Buenos Aires las cifras alarman, luego de que delegadxs gremiales denunciaran ante los medios de comunicación casos positivos de Covid-19 entre trabajadores de la salud por falta de insumos básicos de protección, dos clínicas privadas tuvieron que reconocer los contagios. El Sanatorio De la Providencia, en el barrio porteño de Balvanera, debió cerrar tras comprobarse que 34 profesionales que trabajaban allí habían dado positivo de Covid-19. Por otra parte, las autoridades del Hospital Italiano, con sede central en al barrio de Almagro, confirmaron en un comunicado que poseen 19 infectadxs.

Boriotti asegura que en algunos hospitales solo recibió capacitación el servicio de guardia y terapia, no así el resto del personal que actualmente también trabaja, y muchas veces son refuerzo y soporte de esas áreas, además agrega: “No sabemos cuántos trabajadores de la salud practicaron el ponerse y sacarse los elementos de protección antes de usarlos con un paciente positivo, y quién los supervisó, porque cuando estemos en el pico de la pandemia, esto van a tener que hacerlo de memoria."

El 24 de abril el personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires nucleado en ATE denunció en las puertas del Hospital Rivadavia, ubicado en Recoleta -uno de los barrios que concentra más casos- que no reciben los insumos para protegerse y los que recibieron son de mala calidad. De acuerdo a la información publicada por Canal Abierto, ya fueron presentados más de cien amparos ante la Justicia porteña para que la Ciudad y las ART se encarguen de proveer los elementos de seguridad correspondientes para lxs trabajadores de la salud.

Mediante el decreto 367/2020 publicado el lunes 13 de abril en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso que las ART deben incluir el contagio de Covid-19 como enfermedad laboral, sin embargo, según lo que establece el decreto, lxs trabajadores tendrán que probar que contrajeron la enfermedad en su lugar de trabajo, excepto el personal de salud que posee la presunción a favor, es decir, que debe darse por hecho que el contagio se produjo en el ámbito laboral.

La secretaria de FESPROSA explica: “Este es el tiempo para supervisar que los protocolos se cumplan y lo que nos está demostrando el número de infectados es que no está funcionando. Cuando tengamos la mitad de la planta de trabajadores infectada quién va a atender en el pico de la pandemia. Gines se refirió a la omnipotencia de los profesionales de la salud, yo le pregunto si tiene certezas de que alguien capacitó y si el ministerio controla esas clínicas. Parte de los trabajadores que se infectaron en los efectores privados, a las cuales las patronales los hicieron responsables, dijeron que no les daban elementos de protección por no gastar.”

Dos semanas atrás, seis trabajadores entre lxs que se encuentran médicxs, enfermerxs y administrativxs del Centro de Salud del Norte, de Villa Adelina (localidad repartida entre San Isidro y Vicente López), resultaron infectadxs. El establecimiento fue clausurado el viernes 17 por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El centro de salud no informó que una mujer de 65 años que había estado internada allí murió por Covid-19. El número de infectadxs en ese lugar aumenta a 12, si se incluye a los empleados de una funeraria encargada del sepelio y familiares de la fallecida. 

El miércoles pasado desde el Hospital Manuel Belgrano se confirmó que 18 personas que integran el equipo de salud de ese nosocomio, ubicado en el partido de San Martín, tienen coronavirus. Las explicaciones que circularon están más cerca de responsabilizar del contagio a lxs propios profesionales, que a una falta de aplicación correcta del protocolo. “Puede haber pasado que trabajadores con sintomatología leve pueden haber estado contagiados sin que nos demos cuenta y sin que ellos lo denuncien a tiempo al sistema de salud”, explicó el director del hospital, Nicolás Rodríguez. Desde la dirección del nosocomio desmintieron la falta de elementos de protección para trabajar a raíz de una denuncia de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) por falta de insumos. Una vez que salió a luz el número de contagiadxs las autoridades anunciaron que sumaron personal, triplicaron la cantidad de equipos de protección y aumentaron los testeos de la Covid-19. Una vez más se actuó tarde.

En esa misma sintonía parece estar el ministro de Salud Ginés Gonzales García cuando días atrás afirmó: “Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurrieron con fiebre a trabajar”. Este tipo de declaraciones -que responsabilizan a los profesionales de contagiarse- pueden servir para alimentar la violencia y discriminación perpetuada por algunas personas hacia lxs profesionales. Vecinxs que saben dónde trabajan lxs han hostigado en sus domicilios y hasta lxs han denunciado simplemente por ser trabajadores de la salud. 

En respuesta a estos dichos Boriotti asegura: “Las declaraciones del ministro de salud responsabilizando a los trabajadores son peligrosas. En La Rioja un vecino le quemó el auto a una médica de terapia, ‘váyanse ratas infectadas’ le dejó como mensaje. La doctora estaba haciendo su aislamiento en su casa encerrada. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, es como cuando culpan a las mujeres por la violencia que reciben, la violaron porque provocaba o por cómo iba vestida, ¿me infecté porque no usé como correspondía los elementos de protección? ¿alguien controla? La responsabilidad final es del jefe de servicio, del jefe de inspección, del director de la institución y del Ministerio de Salud, la garantía de que trabajemos como corresponde.” 

Liliana trabaja en la clínica privada Noguera de la ciudad de San Antonio de Padua, en Merlo (Buenos Aires), el lugar atiende exclusivamente a afiliadxs de PAMI. Ella cuenta que a medida que avanzaban los casos de Covid-19 en su lugar de trabajo y las medidas de protección no llegaban no tuvo otra alternativa que comprar con su propio dinero un barbijo profesional para protegerse. “Al principio nadie le dio mucha importancia y fue catastrófico porque cuando quisieron darse cuenta ya estaba el virus circulando en la clínica y la empresa no tomó los recaudos, aunque sabiendo que íbamos a tener casos en el algún momento, no le dieron importancia porque no querían gastar demasiado en el personal. Tal como sucede en la mayoría de los lugares privados, hay mucha mezquindad en la compra de insumos y nosotros los trabajadores mientras exponemos nuestras vidas. Incluso teniendo pacientes de alto riesgo, todos mayores de 60 años. Yo me compré mis propios materiales de protección antes de que empezara haber más contagios porque ya sabía que iban a aumentar y creo que mi vida vale más que $1500 que cuesta el barbijo profesional, decidí invertir en eso y en guantes también”.

Liliana cuenta que las autoridades de la clínica no respondieron ni si quiera cuando apareció el primer contagiado: “Una semana después apareció un segundo caso y siguieron sin tomar recaudos, cada uno de los trabajadores, como teníamos miedo, nos compramos nuestros propios elementos de protección. Además tenemos familias no los queremos contagiar. El barbijo que nos dan en la clínica no es el que corresponde. Cuando ya estaba todo infectado y surgieron más casos recién ahí nos dieron un mameluco que no servía para mucho porque todo el espacio ya estaba contaminado. El servicio de limpieza tampoco está capacitado para manejar ese tipo de virus y no tienen los elementos suficientes para higienizar de manera correcta".

Actualmente en la clínica donde trabaja Liliana hay más de 10 profesionales contagiadxs, “estoy esperando el resultado de mi análisis, yo misma lo solicité cuando vi que a mis compañeros que trabajan en el mismo turno que yo le dio positivo y también estuve en contacto con pacientes contagiados”. Liliana asegura que hay más casos en otros centros de salud, “un compañero de la clínica Agüero en Morón también está infectado, esa clinica fue una de las primeras que tuvo pacientes con coronavirus”.

Recién esta semana las autoridades de la clínica donde se desempeña Liliana decidieron realizar una desinfección por sectores y trasladar a los pacientes a otro establecimiento de salud del mismo dueño. “La mayoría de los enfermeros estamos en nuestras casas en aislamiento, hoy no estoy yendo a trabajar, yo misma decidí aislarme tal como me dijeron cuando me realizaron el hisopado, no puedo salir de mi casa hasta que no tenga el resultado, eso fue el viernes pasado y eso mismo le comuniqué a la empresa.”

Crisis sanitaria en medio de la pandemia

En Salta, con un sistema de salud en crisis en plena pandemia el viernes pasado renunciaron dos gerentes del hospital de General Mosconi por falta de recursos, ambos son diabéticos y por lo tanto, grupo de riesgo frente al Covid-19. Sin embargo, renunciaron solo a la gerencia, seguirán trabajando como médicos, de esta manera buscan que envíen más personal al hospital donde hay días que solo cuentan con dos médicos y trabajan con guardias que comienzan un día a las 8 de la mañana y terminan a las 20 del día siguiente. A este caso se suma lo sucedido en el Hospital Joaquín V González donde lxs médicxs de guardia renunciaron luego de que uno de ellxs fue agredido en la guardia. Otro motivo que los llevó a tomar esta medida es la falta de infraestructura e insumos para atender a los casos de Covid-19.  

En la ciudad rionegrina de Cipolletti 14 trabajadores se infectaron en el Sanatorio Río Negro, lo que obligó a su cierre. En Chaco la situación es de una gravedad extrema, es la tercer provincia que registra más infectadxs y lxs trabajadores de la salud representan más de la mitad de los contagios, las cifras cambian minuto a minuto. El mayor número de contagios corresponde al Hospital Julio C. Perrando, el más importante de esa provincia, donde la propia directora resultó positiva de Covid-19. 

Boriotti plantea: “Chaco tiene un problema estructural más serio, al igual que otras provincias, desde Nación se han puesto a trabajar en un plan para proveer, ha ido especialmente gente del Ministerio de Salud de Nación a ver cómo son las estructuras en allí, pero también hay falta de insumos adecuados con la gravedad que son los mismos ministerios de las provincias los que otorgan elementos de protección que no son de la calidad necesaria. Hay provincias que están entregando elementos de protección personal que no son los adecuados, como un barbijo confeccionado de manera casera con todo el amor que ha hecho la población. Una cosa es el barbijo comunitario que es el que usa la población, que es muy distinto al barbijo que tienen que usar los trabajadores para atender pacientes en el hospital. En Chaco, Tucumán, Neuquén, La Rioja, Buenos Aires, en muchas provincias, frente a la falta entregan lo que venga.”

La secretaria de FESPROSA plantea que no todxs lxs trabajadores de la salud al inicio de la cuarentena estaban informados sobre cuáles eran los elementos correctos con los que podían trabajar sin riesgos de contagios como, por ejemplo, qué calidad de friselina es la que sirve. A un mes de concretada la cuarentena recién ahora conocen qué materiales sirven y cuáles no y comenzaron a rechazar las partidas que llegaban a sus lugares de trabajo. Y agrega: “Todavía tenemos tiempo porque la curva viene lenta y achatada, pero no lo desperdiciemos en hacer declaraciones que no se condicen con la realidad. Aprovechemos el tiempo para capacitar, fabricar elementos adecuados en el país, hay posibilidades de hacer muchas de las cosas que necesitamos, otras hay que importarlas, pero hay que avanzar hacia eso a nivel nacional. Porque si no saldríamos a exigir y hacer relevamientos de todo lo que está faltando, estarían muy cómodos los gobernadores y ministros de Salud sin resolver la situación”.

Desde el Gobierno se planificó una serie de vuelos de Aerolíneas Argentinas destinados a China para traer equipamiento sanitario. El 18 de abril arribó el primer avión con insumos, pero únicamente para Buenos Aires. El material que traerá el siguiente vuelo será distribuido desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia el resto de las provincias.   

La salud de lxs trabajadores versus las ganancias de las empresas privadas de salud

Al inicio de la cuarentena a partir del decreto que estableció el aislamiento, se prohibió el funcionamiento de todas aquellas actividades que no estén estrictamente relacionadas con salud, seguridad y alimentos. Hubo un férreo control a todxs aquellxs ciudadnxs que transitaban sin el permiso adecuado, lo que también incluyó abusos policiales y un excesivo uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el Ministerio de Salud no implementó medidas para controlar que las clínicas privadas, respetaran e implementaran de manera correcta y efectiva el protocolo frente a la pandemia de Covid-19. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, encargado de velar por los derechos de lxs trabajadores de la salud tampoco supervisó que las entidades sanitarias privadas entregaran los materiales de protección necesarios para brindarles seguridad. ¿Por qué no se controló a aquellas entidades que ganan grandes sumas de dinero brindando un servicio de salud? ¿Cuánto poder tienen los efectores de salud privados? ¿A qué responde esta falta de control sobre un sector que prioriza sus ganancias por encima de la salud de sus trabajadores? 

“En los hospitales públicos cerraron la terapia del Zubizarreta, aislaron el Fernández dejaron solamente la guardia, en el Ramos Mejía se cerró neo y maternidad, se van cerrando áreas completas para preservar, en cambio, en los privados se silencia, no se licencia a todo el personal que corresponde y cuesta que se avance en testear rápidamente a los casos sospechosos de los trabajadores de salud. Si se harían los testeos rápidos podríamos tener posibilidad de aislar a los compañeros solo doce horas y en base al resultado se toman las decisiones. No se avanzó adecuadamente desde el Ministerio de Salud a este control para poner límites. Ni siquiera se les terminó exigiendo la disponibilidad absoluta de las camas de internación y de terapia para que las maneje el ministerio como se dijo al principio que era la nacionalización de las camas. Quedó en una cooperación, pero vemos que los privados no cooperan ni con sus propios empleados, siguen facturando y no pasa nada”, explica Boriotti.

Otro de los casos que se intentó ocultar tuvo lugar en Rosario, una clínica que pertenece al Grupo Oroño, la empresa de medicina privada más importante de esa ciudad, cuyo director es Roberto Villavicencio, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario y uno de los accionistas principales del diario La Capital. Una de sus clínicas tiene el mayor el número de casos positivos de trabajadores, Bariotti asegura que hasta la semana pasada eran 25 lxs trabajadores contagiadxs: “En los medios no se publicó nada, solo lo que difundió la clínica, con los tres primeros casos donde pusieron nombre y apellido de los infectados en el diario, eran dos médicos y un instrumentista y hubo personal que después terminaron contagiados, al cual no dejaron licenciarse y sumado a esto. En salud tenemos la cuestión del pluriempleo, un profesional trabaja en tres o cuatro lugares distintos, entonces se va replicando el contagio por no tomar las medidas correspondientes”.

El miércoles pasado, el Ministerio de Salud de la Nación mantuvo una reunión con FESPROSA, ATE y CTA-Autónoma, para tratar el pedido de un Plan Nacional de protección a los trabajadores de la salud, la propuesta fue aceptada y desde el Gobierno se comprometieron a impulsar a la brevedad un DNU o en su defecto una resolución ministerial que contemple "declarar de interés nacional la protección de los trabajadores de salud: establecer normas de funcionamiento del sistema, capacitación y entrega de elementos de protección personal que permitan reducir al mínimo el riesgo de contagio y alcanzar con la resolución el conjunto del sistema de salud público y privado en todas las jurisdicciones".

Boriotti concluye: “Si el ministerio, los directores de clínicas, y todos los que tienen poder de decisión en salud más allá de nosotros como entidad gremial no se ponen las pilas a cuidar a los que cuidan no va hará quien cuide, el Estado es el responsable porque es el que tiene que garantizar los elementos de protección y que se cumplan los protocolos”.