Lof Quemquemtrew. Cuesta del Ternero. Rio Negro. Patagonia Argentina. El juez Gregor Joos del Tribunal de Impugnación, falló a favor de los empresarios forestales y ratificó el desalojo forzoso de la comunidad mapuche. El lunes 27 de diciembre se inició la instancia de impugnación pedida por la defensa de la lof sobre las medidas cautelares dictadas por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien ordenó el desalojo forzoso del territorio recuperado, en el marco de la causa penal iniciada por el empresario forestal Rolando Rocco contra la comunidad, por la supuesta “usurpación” de un predio fiscal que le fuera otorgado por la provincia de Río Negro para la forestación de pinos. 

Ese día el juez estableció un cuarto intermedio de 48 horas para que las partes intentaran establecer un avance por las vías de la negociación. El 30 de diciembre se llevó a cabo una nueva audiencia, donde las partes expresaron que “no se logró un acuerdo”. En este contexto, la abogada defensora Andrea Reile, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Patagonia, remarcó la “falta de actores fundamentales” para este diálogo. “Necesitamos que haya otros órganos para dar respuesta al querellante. Son parte aquí también el Estado Provincial y Nacional. Aquí (en la causa) hay pedidos de audiencia para Mesa de Diálogo presentadas por el Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia (representada por Orlando Carriqueo), El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y Derechos Humanos de Nación, y no han obtenido respuesta. Usted juez, puede ordenar la conformación de esa mesa más amplia, donde se permita resolver un conflicto que excede a las partes”, sostuvo.

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La propia fiscal a cargo, Betiana Cendón, a su turno, reconoció que “exceden a este legajo” las posibles soluciones de fondo de este conflicto. Sin embargo, para la fiscal jefe, estas “cuestiones” deben resolverse “en caminos paralelos a esta causa”, por lo que el desalojo sería la solución del asunto encausado por la vía penal. Similar fue la apreciación del abogado querellante Ernesto Saavedra, representante de Rocco, quien ya había manifestado en la audiencia del lunes 27 que “la resolución del conflicto a través del diálogo y la medida de desalojar son dos procesos que corren por separado”. Desalojo violento y diálogo no parecen contener contradicción alguna para el poder judicial rionegrino.

Finalmente el juez Gregor Joos, en la argumentación de su fallo, expresó: “La medida de restitución –el desalojo dictado por Calcagno- está debidamente justificada”, y “no implica la renuncia a los derechos de la lof, pero son ajenos a este fuero penal (…) Tiene que haber intervención de la provincia para resolver el dominio de las tierras” pero por otras vías. “Existe un conjunto normativo nacional provincial e internacional sobre el derecho indígena. La aplicación de éstas no implica acceder a ellos de modo violento”, dijo, aludiendo a la recuperación territorial.

  
Sin embargo, abundan las demandas colectivas y juicios iniciados contra el Estado provincial de Río Negro, realizadas por distintas comunidades y organizaciones de base del pueblo mapuche y mapuche tehuelche -como el CAI (Concejo Asesor Indígena)- que llevan más de 10 años cajoneadas y demoradas por el propio sistema judicial. “No existe el acceso a la justicia para el mapuche”, dijo Romina Jones, integrante de la lof Quemquemtrew, en varias oportunidades, frente al juez Calcagno, quien insiste en llamarla "señora Huala", en clara asociación con el lonko Facundo Jones Huala de la pu Lof en Resistencia Cushamen, preso político mapuche en Temuco, Chile. Nulas imparcialidades de la justicia rionegrina para con los originarios.

También imparciales -legítimos y legítimas- son quienes aguardaban fuera de la fiscalía de El Bolsón, autoconvocadxs para escuchar desde allí la audiencia y volver a exigir la desmilitarización del territorio y la anulación del desalojo. Cuando se escuchó al juez reafirmando la decisión, en medio de la bronca y la impotencia, diversos grupos decidieron visibilizar la situación en las esquinas céntricas del pueblo. Otros ocuparon la Oficina de Turismo de la localidad, que se encuentra situada justo en frente. Inmediatamente se arrimó la mirada turística curiosa y los "gauchos de Pogliano" -es decir, sus patotas-, rodearon la zona, mientras observaban amenazantes a las mujeres mapuche que se encontraban en el lugar. 

Entonces, una lamien exclamó a los presentes: "Es mentira que cumplen la ley. Es mentira que reconocen a los pueblos originarios. Lo único que hacen es matarnos, porque se quieren quedar con todo. Quieren desaparecer a todos los pueblos originarios, porque son los que ponen el cuerpo en el territorio, para defender el agua, para defender todas las nacientes. Para no dejarlos, y hacerles el caldo gordo a sus intereses y negociados. Porque esos poderosos no les dan ni dos magos a ustedes, les hacen la cabeza para que defiendan un edificio de mierda que no vale la vida de alguien. Nos matan a cada rato y a ustedes no les importa". 

Por su parte, el representante de APDH La Matanza Pablo Pimentel, y el werken del Parlamento mapuche tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo se reunieron el 29 de diciembre con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el ministro de gobierno Rodrigo Buteler, respectivamente, exponiendo la necesidad y urgencia de la apertura de una mesa de diálogo con distintos actores estatales, organismos de derechos humanos y organizaciones indígenas, para poner un freno a la violencia institucional y judicial, y abrir una vía para resolver el conflicto de base que mantiene el Estado con el pueblo nación mapuche, de manera política. 

La gobernadora no accedió a dialogar con el representante indígena, por lo que fue recibido por el ministro. Tras esta reunión , Orlando Carriqueo comentó: "Queda en evidencia que al gobierno de Río Negro le cuesta mucho el diálogo, y así lo expresó la gobernadora y el ministro, sin embargo es una obligación que tienen. No se puede resolver un problema de tierras con un privado que no es dueño y no puede resolver un conflicto histórico del Estado con las comunidades indígenas. El camino es el diálogo y no se puede reprimir, porque eso no va a solucionar nada. Lo que vive hoy la Patagonia argentina y otros países es un proceso social, donde está vigente el derecho a la identidad, donde hay un reconocimiento de esa identidad y una necesidad de tierras aptas y suficientes. Son todas cuestiones que pude plantear y rebatir al ministro de gobierno por conocer el tema y generaba tensión; y creo que es es por eso mismo que la gobernadora se resistía a que yo ingrese, porque todas las bondades que ella expresó de su gobierno se caían ante la realidad".

La Lof Quemquemtrew inició su proceso de recuperación territorial durante 2021, luego del incendio que arrasara con miles de hectáreas de bosque nativo, y que puso en alerta a la población de la Comarca Andina, sobre el avance de las forestaciones de pino sin control. 

El pino destruye al bosque nativo. Esta especie arde y propaga velozmente los incendios forestales o de interfase (zonas boscosas pobladas). El 18 de septiembre hubo un comunicado oficial hacia la población en general y rápidamente fue denunciada. El 24 de septiembre se realizó un operativo de identificación de personas que se transformó en desalojo violento donde detuvieron a 4 personas, y en el cual dos mujeres,  Ariadna Mansilla y Romina Jones, junto a su hijo de 8 años, fueron violentadas física, mental y espiritualmente.

A partir de allí se sucedieron las represiones policiales. Un estado de sitio en todo el Paraje Cuesta del Ternero fue respondido con un acampe humanitario que se mantuvo durante más de dos meses, en cuidado del territorio y de quienes resistieron allí desde septiembre. En noviembre, luego de diversos hostigamientos y violencias ejercidas por los agentes policiales desplegados en el lugar contra las mujeres del acampe, se decidió levantar la medida de fuerza y mantener una guardia en un terreno vecino. Días después, dos personas ingresaron armadas al territorio y asesinaron a Elias Garay Cayicol (29) e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera (26). Una de esas personas es Martín Cruz Feilberg, socio de Rolando Rocco, quien realizó la primera denuncia contra la comunidad, el mismo 18 de septiembre, cuando se anunciaba la recuperación.
El 21 de noviembre, Feilberg -junto a Alejandro Ravasio- pasaron el retén policial que mantenía sitiada la zona, con un insólito permiso otorgado por la Ministra de Seguridad de la Provincia, Betiana Minor, e ingresaron con al menos un arma al territorio recuperado. Dispararon y huyeron. Hoy se encuentran con prisión preventiva en el penal de la ciudad de Viedma a la espera de que finalice el plazo de investigación y se inicie el juicio en el que se establezcan las pruebas del hecho y las penalidades por homicidio e intento de homicidio en carácter de coautores.

En este contexto, y con una orden de desalojo inminente, integrantes de las comunidades mapuche y vecinxs conscientes volvieron a acampar sobre un costado de la ruta 6, único camino que atraviesa el paraje Cuesta del Ternero, allí donde se mantiene el retén policial impidiendo el acceso al lugar desde septiembre. 

A pocos kilómetros se incendia el lago Martin y el Steffen, avanzando y arrasando los bosques y amenazando a las poblaciones. Nuevamente quedaron en evidencia la falta de reacción, intencional o no, de los funcionarios y organismos del área. La falta de recursos, las malas condiciones en que trabajan los brigadistas, quienes exponen sus vidas en la lucha contra el fuego. ¿Y si la plata que gasta el Estado en balas y policías la pusieran en los brigadistas y las herramientas y maquinarias necesarias para apagar los fuegos? “Más agua y menos balas para el pueblo” sería un lindo slogan progresista para alguna campaña. Y uno de los deseos más pedidos para el año nuevo en la Patagonia.