El gobierno provincial presentó un proyecto de ley para regular el uso de fitosanitarios, en una de las provincias más afectadas por los agrotóxicos. Organizaciones ambientalistas y vecines lo rechazan por ser “regresivo”, por vulnerar los derechos a la salud, a la soberanía alimentaria y a vivir en un ambiente sano.
¿Sabías que en este país hay alrededor de 36 millones de hectáreas cultivadas? ¿Sabías que para producir mucha de la comida que te llevás a la boca se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos? ¿Sabías que los envases necesarios para su comercialización generan unas 17 mil toneladas de polietileno cada año, causando gravísimas consecuencias ambientales y sanitarias?
Los números asustan. Son millones de kilogramos o litros de agrotóxicos comercializados. Así lo revela el informe reciente “Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina”, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El consumo desmedido, rutinario y masivo de productos de síntesis química para la producción agrícola resulta obsceno y por qué no absurdo. También resulta alarmante la contaminación que genera la presencia de residuos de fitosanitarios donde sea que poseemos la lupa. Hablamos de restos de insecticidas, plaguicidas, fungicidas y herbicidas en el aire, en las aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, en los suelos agrícolas, áreas urbanas y periurbanas. Los agrotóxicos más usados: glifosato, 2,4-D, endosulfán, atrazina, dicamba, cipermetrina y clorpirifós.
¿Buenas prácticas?
Si hasta ahora el panorama no resultaba lo suficientemente desolador, si hasta ahora no éramos lo suficientemente dependientes del uso de agroquímicos, basta saber que el 30 de noviembre el Gobierno de Entre Ríos presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto titulado “Buenas Prácticas Agrícolas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios”. Básicamente, lo que propone la ley es darle un marco normativo al cuestionado uso de agroquímicos en la producción agraria y en productos utilizados en las casas para el control de plagas.
Entre Ríos encabeza la lista como una de las provincias del país más afectadas por las fumigaciones aéreas y terrestres.
Según el proyecto del gobierno de Gustavo Bordet, que modifica la actual normativa vigente Nº 6.599, las Buenas Prácticas Agrícolas son un “conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación a fin de propender al desarrollo sostenible”.
Para Julián Parodi, ingeniero agrónomo, miembro de Fundación CAUCE (Cultura Ambiental - Causa Ecologista) las “buenas prácticas agrícolas” no existen porque no garantizan una producción sana, segura y amigable: “Sólo podemos hacerlo si no utilizamos agroquímicos ni semillas transgénicas, ya sea con una producción agroecológica, biodinámica u orgánica. Esa es la única manera de obtener un alimento de calidad".
La ley incorpora aspectos vinculados a la revisión técnica de los equipos pulverizadores, a las infracciones y sanciones y también aborda las distancias de aplicación de productos fitosanitarios, uno de los temas que más rechazo genera en las comunidades. Porque ni las distancias de prohibición de aplicación de plaguicidas, ni las leyes ni los controles para prevenir peores desastres son suficientes, si tenemos en cuenta que una sola gota de aplicación aérea puede recorrer miles de kilómetros.
Entre Ríos encabeza la lista como una de las provincias del país más afectadas por las fumigaciones aéreas y terrestres. Una verdadera tierra de sacrificio y desmonte donde escuelas rurales y pueblos enteros conviven con el veneno. Donde niños, niñas y adultos padecen problemas respiratorios, cáncer de piel, leucemia y malformaciones. Hambre y malnutrición. Las consecuencias de este sistema productivo que tracciona desde hace décadas a base de monocultivos, transgénicos y agroquímicos, están a la vista.
Organizaciones que defienden el ambiente y siembran conciencia en los márgenes rechazan el proyecto de ley porque detrás “se encubre un sistema productivo basado en el uso indiscriminado de diversos venenos para la producción agropecuaria, pues sabemos que no existe manera de asegurar la inocuidad en la utilización de estos productos”. Explican que el tratamiento de este proyecto de ley es ilegítimo y regresivo, en tanto no demuestra ser fruto de un análisis profundo del tema, no tiene en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía, en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud.
“El proyecto de ley cubre los intereses de grandes empresas que promueven el uso de insumos químicos", dice Julián Parodi. "Por el contrario se dejan de lado intereses que son realmente importantes y que responden a la sociedad, a las personas que viven en las ciudades, en el campo y que quieren consumir alimentos agroecológicos, sin químicos, personas que quieren cuidar el agua, el suelo, nuestros recursos naturales".
Al mismo tiempo denuncian que la ley no respeta los derechos humanos a la salud, a la seguridad, a la soberanía alimentaria y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, establecidos en el Acuerdo de Escazú, en la Constitución Nacional, en la Ley General del Ambiente -25.675- y en otras normas de aplicación local.
"Las empresas hacen fuerza y presionan al gobierno para continuar produciendo de esa manera, y el gobierno lo que tendría que hacer es empezar a mirar cómo está viviendo la sociedad, cómo está el ambiente, y no sólo mirar los intereses de estas pocas, pero poderosas, personas. Son los únicos que siguen apostando a este modelo, son los únicos a quienes les sirve este modelo de producción que nos instalaron y llevó a que desaparezcan los productores medianos y chicos. Esto se debe a que este modelo es inviable, muchísimos productores se fundieron y fueron excluidos. ¿Quiénes sobrevivieron? Los grandes productores, son los únicos que tienen la última maquinaria”, sostiene Parodi.
“En las sociedades hay una gran demanda de producir alimentos sin agroquímicos”
Mientras se acentúa la crisis planetaria el gobierno de Entre Ríos mantiene congelado el Proyecto de Ley Nº 23.372 sobre sistemas de producción agroecológica, que cuenta con media sanción en el Senado y a la espera de ser discutido en la Cámara de Diputados. Algunos de los objetivos que persigue la norma: la dignidad del productor y su familia; el acceso de toda la población a productos alimenticios agroecológicos y orgánicos; la promoción y comercialización de los productos en mercados locales y que los precios sean justos y accesibles para quienes producen y para quienes consumen.
Afortunadamente la agroecología no deja de practicarse y promoverse en la provincia de Entre Ríos y en otros rincones del suelo nacional. Desde hace un tiempo Parodi trabaja con familias productoras locales, con quienes intercambia experiencias, ensayos y saberes. Dice Parodi: “Hay municipios que acompañan y promueven la agroecología en sus ciudades, algunos lo hacen a través de las huertas periurbanas, trabajando en las periferias con productores hortícolas. Es un trabajo muy interesante, hay una gran diversidad de producciones: hortícolas, frutícolas, vitivinícolas, apícolas, ganaderos que trabajan en el norte de la provincia, donde todavía queda un poco de monte, productores agrícolas que cultivan de manera agroecológica tanto soja como trigo, centeno, maíz y poroto mung. A ese grano le dan un valor agregado porque lo transforman en harina”.
A muchos productores este sistema agroindustrial no les es rentable principalmente por el costo de los insumos químicos y los fertilizantes, a precio dólar. En consecuencia prueban alternativas con distintos insumos biológicos. “Hicimos ensayos en el campo con fertilizantes, además de inoculantes para las semillas. Esto tiene un costo muchísimo menor, el productor abarata la siembra, la producción y también mejora el suelo, los cultivos están sanos, son alimentos de verdad. La mayoría de los productores agroecológicos le dan un valor agregado a lo que producen”, resalta el ingeniero agrónomo.
“La agroecología también viene creciendo en las escuelas rurales. En la ciudad de Cerrito -departamento de Paraná-, hay una tecnicatura en agroecología. Estos estudiantes salen con un perfil netamente agroecológico a acompañar y asesorar a los productores. Al mismo tiempo, los técnicos tienen mucho que aprender de los productores. La agroecología también involucra a la sociedad, así surgió: como un movimiento social”, agrega Parodi.
"El gobierno lo que tendría que hacer es empezar a mirar cómo está viviendo la sociedad, cómo está el ambiente, y no sólo mirar los intereses de estas pocas"
Uno de los pilares fundamentales de la agroecología es preservar la biodiversidad, no contaminar, respetar la naturaleza, el agua, el aire, los suelos. El enfoque es multidisciplinario y hay otros beneficios. “Hay una gran demanda en las sociedades de producir alimentos sin agroquímicos. Lo que faltan son productores agroecológicos que respondan a esa demanda. Muchos temen a lo desconocido, a lo nuevo, ahí falta el apoyo del Estado, para acompañar a esos productores y mostrarles que es posible producir sin agroquímicos y generar el cambio masivo”, asegura Parodi.
"Nos volvieron a fumigar"
Fue en Marcelino Escalada, Santa Fe. Las víctimas, la familia de Diógenes Chapelet, que murió en enero por aspirar agrotóxicos. La foto del momento, la denuncia y el certificado médico: "Reacción alérgica en ojos, cara, oreja y manos; cefalea intensa e hipotensión aguda".
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Sabrina Ortiz denunció una fumigación ilegal en Pergamino y amenazaron a su familia: "Le vamos a prender fuego la casa", ‘Nosotros tenemos plata para mandar a un negro a matarla".
Agrotóxicos en Chascomús: el pacto de Olivos del veneno
Los vecinos y vecinas de la Asamblea Paren de Fumigarnos denuncian fumigaciones en escuelas rurales, envenenamiento de barrios y contaminación de la laguna de Chascomús. Exigen una ordenanza que contemple una vida sin venenos ni enfermedades mortales.