El fuego mapuche que Boric no puede apagar

¿El fin de la militarización?

Pese a las presiones mediáticas y políticas de la derecha, el Gobierno de Boric optó por no profundizar ese primer desencuentro con comunidades mapuche movilizadas y eludió la vía judicial después del tiroteo: no se presentó como querellante.

A su vez, días después el Presidente anunció el fin del Estado de Excepción y de militarización en la llamada Macrozona Sur, que incluía las regiones del Biobío y La Araucanía. En esa zona, a más de 600 kilómetros de Santiago, las recuperaciones territoriales mapuche no paran de crecer. Al igual que los incendios y sabotajes.

El Estado de Excepción, instaurado por decreto por Sebastián Piñera el 12 de octubre del año pasado para “enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, había sido ratificado una decena de veces por el Parlamento. Boric, que confiaba que dar de baja esa medida sería un puente con el movimiento mapuche, otra vez quedó a mitad de camino. 

–La militarización finalizó pero los pacos solo cambiaron de uniforme. Cambió la estética, nomás. 

Jaime Huenchullan, werken de la comunidad Temucuicui Autónoma, conoció a Boric en una visita que el actual Presidente realizó en 2016.

Hoy estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui con el lonko Víctor Queipul dialogando con su comunidad pic.twitter.com/S02PAN5EOB

-- Gabriel Boric Font (@gabrielboric) August 8, 2016

“Esa expectativa que se tenía con Boric no se ve. Anuncian el fin de la militarización pero los militares les dejaron todas las armas y hasta los tanques a los grupos especiales de la Policía. En los caminos hay más controles policiales ahora que antes. Por eso las comunidades continuamos en alerta, porque no ha cambiado nada. No se necesitan simbolismos, se necesita avanzar en temas concretos”. 

Fuego, acciones directas y presecución política 

Las acciones de sabotaje y de reivindicación por parte de comunidades y organizaciones mapuche son cotidianas y muchas no llegan a los medios de comunicación. En las últimas semanas, recrudecieron en el sur de Chile. 

El lunes 4 de abril el alcalde Cristian Peña fue sacado a empujones en la toma de la Municipalidad de Lebu, que es la capital de Arauco, al mismo tiempo que estudiantes mapuche tomaron la antena del canal de televisión TVN, en La Araucanía. Las exigencias eran las mismas: libertad a los presos políticos de Elicura (Ver “Los presos de Elicura”).

Unos días antes, varios cortes de ruta y piquetes de las comunidades obligaron a suspender la visita a Cañete (también en Arauco) del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien planeaba reunirse con “víctimas de la violencia rural”. En declaraciones públicas, Monsalve relacionó los ataques incendiarios a “bandas dedicadas a robo de madera, vehículos y narcotráfico”, el mismo discurso utilizado por Piñera, pasando por alto la complejidad del conflicto y las demandas de las comunidades.

Hace dos semanas también fueron quemadas más de 15 cabañas y dos vehículos en Contulmo, en el sector Paillahue, a orillas del lago Lanalhue. La acción fue reivindicada por la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), organización que a través de un comunicado expresó: 

“A menos de 20 días de asumir el gobierno de Boric ya ha quedado de manifiesto su desconocimiento absoluto del conflicto territorial que se vive en Wallmapu. Intentó mediante simbolismos mostrar una cara permisiva y amable frente al conflicto territorial, utilizando la palabra Wallmapu, por ejemplo, pero sin atacar el problema de fondo que han instalado las distintas expresiones de la Resistencia Mapuche, marcado hoy por la presencia de más de 50 presos políticos mapuche en las distintas cárceles del sur como eje fundamental”. 

La acción de la Resistencia Mapuche Lavkenche –que incluyó un ultimátum de 48 horas para que “el gobierno ordene el retiro inmediato de todas las querellas en las cuales es persecutor en causas mapuche”– le sumó más presión a un Ejecutivo desorientado, que ante las críticas opositoras admitió la posibilidad de endurecer más su postura. Es lo que sucedió días más tarde, cuando la ministra Iskia Siches anunció en la Cámara de Diputados la compra de 34 camionetas blindadas y un desembolso de “mil millones de pesos para comprar drones de mayor alcance que faciliten la acción policial”.

La violencia política como camino hacia la reivindicación territorial y las demandas de autonomía fueron durante años minoritarias dentro del pueblo mapuche. Sin embargo, desde hace más de dos décadas eso comenzó a cambiar, al punto de que hoy cada vez son más las comunidades que encuentran “legitimidad” en la defensa –incluso armada– de sus tierras.

En 1997 se hizo pública la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche que llevó a cabo la quema de dos camiones de la forestal Arauco. A partir de esa acción en Lumako (provincia de Malleco), la CAM realizó decenas de sabotajes y acciones contra empresas forestales. 

Líderes de la CAM, como de otras organizaciones y comunidades mapuche en resistencia, fueron víctimas de diferentes “montajes”, como la Operación Huracán –durante el Gobierno de Bachelet–, una causa armada por Carabineros que salió a la luz y terminó condenando a los jefes de esa fuerza. La investigación posterior confirmó que la Policía chilena falsificó mensajes de Whatsapp para condenar a ocho referentes de la lucha mapuche, que pasaron varios meses en prisión.

Héctor Llaitul fue uno de ellos. Vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, respecto de estos primeros pasos de Boric con el pueblo mapuche, le dijo a Infowerken: “No tenemos la más mínima intención de dialogar, sobre todo cuando hay discursos de este tipo en que, de alguna manera, se trata de hacer un parangón artificioso con la violencia que impone el Estado y, supuestamente, con la violencia que ejerce la resistencia mapuche a la hora de confrontar con los intereses de los bienes capitales y contra la represión que se ejerce de manera brutal y criminal en el Wallmapu”.

Tras considerar que luego de su anuncio la ministra Siches dejó de ser una “interlocutora válida”, el líder de la CAM precisó: “Con Piñera eran 20 blindados. Pero hoy en día con Boric a un mes de su Gobierno, nos encontramos que tenemos 40 blindados, es decir se duplicó la cantidad de estos equipamientos”.

Los presos de Elicura

El lunes 4 de abril una causa muy sensible para el pueblo mapuche debía tratarse en la Corte Suprema de Justicia: el pedido de nulidad del juicio de los ocho presos políticos mapuche de Elicura. Finalmente esa audiencia se pospuso. Durante todo ese lunes hubo distintas acciones.

¿Quiénes son los presos de Elicura? Carla Leviqueo Raiman es familiar y werken (lleva adelante la comunicación) de dos de los presos. Elicura se ubica en la Región del Biobío, provincia de Arauco, comuna de Contulmo, en la ribera del lago Lanalhue. Otra de las zonas más convulsionadas en los últimos tiempos.

–¿Qué es lo que ocurre en esa región y qué relación tiene con los ocho presos?

–Hace 6 años tuvimos la amenaza de un proyecto hidroeléctrico en nuestro territorio, una empresa chilena española. El proyecto Hidrowatt pretendía instalar dos centrales de paso en el río del Valle e intervenir y matar lo poco que quedaba, porque esta zona es de monocultivo de forestales. Nos vimos en la necesidad de levantarnos como jóvenes que no queríamos más proyectos extractivistas en nuestro territorio. Se formó un movimiento en defensa de los ríos y bajo esa organización se interpusieron recursos y se peleó de la forma legal. El proyecto se frenó. Decimos que está dormido, porque no tenemos la certeza de que no quieran volver. Hace tres años empezamos el proceso de recuperación territorial del Fundo Las Vertientes, ocupado por la familia Rivas, latifundistas que estuvieron tres generaciones en nuestro territorio. Al año nos allanan y se llevan detenidos a dos personas de nuestro proceso, junto a seis personas más que son de este territorio.

–¿De qué los acusan?

–Dos años se demoró el proceso de investigación, involucrando a mis familiares en una causa donde resultó una persona muerta. Sin embargo, en los días del juicio no se presentó ninguna prueba contundente que justificara el veredicto condenatorio que dio el tribunal. De hecho, todo lo contrario, fue un juicio con muchas contradicciones y además se utilizó un testigo protegido, prueba que fue fundamental para condenar a excesivos años. A Eliseo Raiman a 21, y a Matías Leviqueo a 25 años. Y el resto de los lamgen (Esteban Huichacura Leviqueo, Francisco Medina Huichacura, Manuel Huichacura Leviqueo, Carlos Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara y Bernardo Camus Parra) a más de veinte años. Son las condenas más altas que haya dado un tribunal contra gente mapuche. Nosotros entendemos que es un proceso de persecución y criminalización hacia los procesos de resistencia que se dan en los territorios en contra de estos proyectos extractivistas. 

–¿Qué esperan de este proceso?

–Debido a esa utilización de un testigo protegido, se ingresa un recurso de nulidad. Se consideró admisible, y actualmente estamos esperando las fechas de los alegatos. Esperemos que el juicio se anule. No estamos mendigando que no se pueda hacer. Lo único que pedimos es un juicio justo. Hay que recordar que Chile ya había sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la utilización de testigos protegidos en causas mapuche. 

–¿La judicialización es un modus operandi que se repite contra las comunidades movilizadas?

–Sí, es importante conocer el trasfondo de los presos. Hay una criminalización. Los medios hablaban de asesinos antes de las condenas. Éste fue un territorio dormido durante muchos años, y ahora nos levantamos contra las represas y para recuperar nuestras tierras. Por eso nos condenaron, para bajarnos. Cuando ingresamos a nuestra tierra, teníamos claridad que la cárcel podía llegar, incluso la muerte. Son cosas que asumimos con dignidad. Las familias también, claro que el dolor siempre va a estar. Pero tenemos claro por qué estamos luchando. 

Sangre derramada que el Estado quiere limpiar

Matías Meza Lopehandía, el jefe de Gabinete de Boric, fue durante varios años abogado de comunidades mapuche en conflicto. Publicó la tesis “Territorio y Autonomía de los pueblos originarios de Chile”. Salvador Millaleo, que en 2019 asumió como el primer consejero mapuche del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hoy es el encargado de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. También forma parte del Gobierno Ruben Sánchez Curihuentro, nacido en la comunidad mapuche de Naire, en La Araucanía, e investigador en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera.

Cítrica intentó comunicarse con algunos de los funcionarios que siguen el tema de cerca. Ninguno quiso hablar. 

“Están desorientados. No logran entender el diagnóstico. Si bien hay una sensibilidad diferente a otros gobiernos con el tema, con los primeros pasos demostraron, por un lado, la poca capacidad resolutiva, y por el otro, un desconocimiento de lo que realmente ocurre en los territorios”, dice una fuente con comunicación permanente con comunidades y algunos funcionarios del Estado, que también prefiere el anonimato. 

La misma fuente expresa: “Hay una mirada santiaguina del conflicto. No tienen contacto con las comunidades que están en las reivindicaciones territoriales. Hablan de plurinacionalidad y de traer veedores internacionales, cuando lo que hay que hacer si quieren iniciar un diálogo es lo mismo que hizo Boric con los presos de la revuelta: que el Estado deje de ser querellante en las causas de persecución mapuche. Pero eso implica una complejidad que hoy el Gobierno no está dispuesto a afrontar”.

“Es muy difícil pensar que esta manera en que ellos llegaron a las comunidades puede ser vista como un inicio al diálogo cuando existen una infinidad de presos políticos mapuche en las cárceles de Chile”, dice Alejandra, del Lof Peleco, en Territorio Lafkenche. “Cuando una ve el sufrimiento que ellos llevan al interior de las cárceles, cómo se enferman, cómo se debilitan sus familias, cómo se fractura su participación al interior del pueblo mapuche, una se pregunta ¿cómo es posible que un Estado pretenda que haya diálogo cuando hay un pueblo fraccionado debido a los mismos órganos que ellos usan para reprimir al pueblo mapuche?”.

Sobre la responsabilidad del Estado en la persecución: “El Poder Judicial va de la mano con el Ministerio Público, va de la mano con la Policía y la represión más dura de este país. Está comprobado que Carabineros trabaja en conjunto con el empresariado forestal y minero de la zona. Nosotros tenemos memoria. Hay sangre derramada de nuestros lamgen. No hace 500 años, sino hace unos meses atrás. Los asesinatos a la gente que lucha, los heridos... hay una historia de mucha tortura en torno a los gobiernos. Cada vez que nos queremos juntar como pueblo, mandan el aparato represivo, a controlar nuestros teléfonos, a mirarnos con drones. ¿Cuál es el diálogo que pretenden? Uno impuesto. Uno que deciden ellos a puertas cerradas. Frente a este escenario es muy difícil que pueda haber un diálogo, más cuando ese diálogo es a punta de violencia y represión en nuestro territorio”.

Así las cosas, los incendios, sabotajes y procesos judiciales contra comunidades mapuche continúan en Wallmapu, la expresión que utilizó la ministra Siches para referirse al territorio mapuche y que tanto revuelo generó política y mediáticamente en Chile. Las repercusiones en Argentina incluso obligaron a la ministra a pedir disculpas. Una muestra más de que diferentes sectores a un lado y otro de la Cordillera seguirán negándose a revisar la historia oficial. Algo que Boric se animó a cuestionar desde lo discursivo y simbólico.

Una mujer mapuche con un disparo de lacrimógena en la cabeza y otros dos comuneros heridos de gravedad se encuentran en este momento internados en el hospital de Lebu, donde se realizó una visita masiva de diferentes comunidades a los presos políticos en esa cárcel. En ese contexto se dio una fuerte represión de Carabineros, algunos de cuyos agentes también resultaron heridos. 

Sucedió la misma semana en que las noticias nacionales dieron cuenta de diferentes “ataques incendiarios” en las regiones de Biobío y La Araucanía, que incluyeron quema de camiones, un camping, casas y disparos contra la policía, además de nuevas detenciones de comuneros mapuche.

El pronóstico anticipado es que se vendrán nuevos capítulos de violencia en Wallmapu y que, más allá de las buenas intenciones discursivas, el nuevo Gobierno chileno tiene por delante un problema complejo que será difícil resolver sin la escucha sincera de las necesidades de ese pueblo al que Boric dice respetar.