“Argentina tiene un gran hueco en la búsqueda de personas”

por Adriana Meyer
27 de diciembre de 2022

Alejandra Gonza, quien lleva el caso de Iván Torres ante la Corte IDH, comparte su malestar por el vacío estatal ante las desapariciones forzadas en democracia. Sin un registro unificado de casos ni acompañamiento a las familias, el delito se perpetúa y las respuestas no aparecen. Lo actuado en delitos de lesa humanidad como camino posible.

"La búsqueda de Iván está estancada, la Justicia no autoriza la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y a casi veinte años no fue peritada la foto de su búsqueda dónde él está demacrado y encadenado”. Alejandra Gonza, abogada de la familia del desaparecido Iván Torres Millacura, sintetiza de esta manera el estado de la causa judicial por el habeas corpus del joven que fue visto por última vez el 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia. 

María Millacura, mamá de Iván, mantuvo reuniones con una comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que pasó por Buenos Aires para supervisar el cumplimiento de sus sentencias, entre ellas la referida a la desaparición forzada de su hijo–, con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el Procurador interino Eduardo Casal y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. En diálogo con Cítrica, la abogada resumió el resultado de los encuentros, cuyo denominador común fue “el reconocimiento por parte del Estado del incumplimiento de la obligación de búsqueda”, pero “a la hora de las respuestas concretas sólo dilaciones y ausencias”.

Salteña de origen y radicada en Seattle, donde es docente universitaria, Gonza explicó que también hay un incumplimiento en investigar y sancionar a todos los responsables de lo sucedido con Torres. Esta vez María Millacura estuvo acompañada por su hija, Valeria Torres. Había estado para un encuentro similar hace tres años, cuando la Corte IDH vino por primera vez a supervisar el cumplimiento de la sentencia que condenó en 2011 al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván.

“Es claro que se necesita un mecanismo extrajudicial de evaluación y de diseño de un plan integral de búsqueda con hipótesis razonables de lo que pudo haberle pasado a Iván, porque de la Justicia no vamos a obtener respuesta”, dice tajante esta abogada de derechos humanos, que fundó la ONG Global Rights Advocacy (https://www.globalrightsadvocacy.org/) donde asiste, entre otras, a mujeres iraníes. Los pedidos directos que le hicieron al Gobierno fueron el fortalecimiento del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos, con recursos humanos y económicos para hacer trabajo de campo; al Ministerio Público Fiscal le solicitaron funcionarios que no vengan de la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y al Ministerio de Seguridad, el refuerzo del equipo que trabaja en la causa por el habeas corpus de Iván. Esto sería evaluado en una nueva audiencia virtual, fijada para el 25 de noviembre, entre el Estado y las partes.

–¿Esta visita es un poco barajar y dar de nuevo?

–Sí, pero con una mesa bien tendida, que ya la tenemos. Argentina tiene un gran hueco en la búsqueda de personas. Los mecanismos existentes no son suficientes para afrontar los casos de desapariciones forzadas en democracia. No estoy hablando de todas las personas extraviadas, sino específicamente de la desaparición forzada. Hay otros modelos donde los mecanismos de búsqueda son autónomos de la Justicia y de todos los órganos del Estado, y podrían llegar a tener mayor cercanía con las familias. Ante la ausencia de ese mecanismo autónomo es que pedimos que se forme un grupo interdisciplinario de investigación y búsqueda, donde nos centramos en el aspecto humanitario de esa búsqueda. Tras el análisis exhaustivo, inteligente y razonable de todo lo que ha sucedido en estos 19 años, queremos que respondan dónde está Iván. Luego de la respuesta más certera a esa pregunta se puede pensar quiénes son los responsables, y determinar la gravedad de los hechos.

–¿Hay una dificultad particular en investigar las desapariciones forzadas en democracia llevadas a cabo por fuerzas de seguridad?

–Sí, son muy difíciles de esclarecer con los canales normales de la Justicia. Los grupos interdisciplinarios sirven, si se les da acceso a los expedientes, a los funcionarios y a entrevistar a personas. Le pedimos que lo haga el Estado y no lo pudieron hacer, no pudieron presentar un plan integral de búsqueda con las hipótesis a seguir. Tenemos una mesa de trabajo con el Estado, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal con la PROCUVIN, el Ministerio de Seguridad con el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas). Pero cada uno mostró sus debilidades, por eso insistimos ante la certeza de que la búsqueda de Iván está estancada, tenemos que buscar qué hacer. Se ha presentado una queja contra la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por retardo en las medidas solicitadas, por el rechazo de la inclusión del EAAF y de un grupo de expertos independiente al caso, el rechazo al peritaje fotográfico, y otras medidas no dadas a lugar o dilatadas. Pedimos a la jueza que proteja el aspecto humanitario de la búsqueda, es una evolución jurídica de la Corte IDH: todo buscador, sobre todo familias como la de María, no va a parar de buscar, pero para buscar tenés que hacerlo en dignidad, con vivienda digna, comida, abrigo, gastos para viajar, apoyo en la salud física y mental. No se puede buscar con dignidad en la pobreza.

–¿Qué pasa con esa mesa de trabajo?

–Al menos tenemos la semilla, la mesa. Es importante fortalecerla. A la Corte le decimos que estamos sentados con el Estado, poniendo voluntad por parte de las víctimas, lo cual es mucho pedirles, que vuelvan a confiar. La Secretaría de Derechos Humanos había puesto un investigador para que hiciera el necesario peinado del expediente, pedimos que fuera a tiempo completo. Necesitamos trabajo de campo, hay que revisar cada lugar con perspectiva de víctima que complemente el trabajo de escritorio. Al procurador Casal le reclamamos que no hubo un fiscal de la PROCUVIN, ni un fiscal natural, que haya activado el caso. Le dijimos que si hay una Unidad especial para los crímenes del Terrorismo de Estado, debía colocar algo similar para las desapariciones forzadas en democracia, no como una cáscara sino con personal, dinero y estrategia. La tarea es igual de difícil: antes era enjuiciar a militares, ahora se tienen que cargar a las Policías. No es fácil pero antes se hizo.

–Para eso hace falta voluntad política.

–Sí. Y les digo que usen el know how, el conocimiento y experiencia de la dantesca tarea que fue ver en toda la Nación los casos de lesa humanidad, sistematizar todo eso. Que empiecen con el caso de Iván y la Policía de Chubut, y los desaparecidos de esa provincia desde 1983, que son 28. De la lista de tu libro (NdR: Desaparecer en democracia, Marea Editorial, 2021) agregamos uno más. En Comodoro Rivadavia hay 9, y en El Maitén 4. En diez casos las víctimas murieron, pero de los 18 aún en búsqueda sólo 4 figuran en el SIFEBU. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Hay que conformar el patrón victimológico y el de perpetradores. Hay que hacer un mapeo. La Comisaría Primera, donde desapareció Iván, fue un centro clandestino de detención. La violencia cambió de manos, pero sigue. El otro pedido al Ministerio de Seguridad es la creación de un registro único de desapariciones forzadas, no con el modelo del programa BUSCAR, que ni siquiera es una base de datos. El registro único de los desaparecidos de la dictadura está bien conformado, se pudo hacer. ¿Por qué no usar esa experiencia?

–¿Qué responden?

–Hace tres años era un no rotundo, decían que iban a mejorar la lista del BUSCAR, que también incluye el ofrecimiento de la recompensa, que para la visita de la Corte IDH la subieron a cinco millones. Pero salió muy mal, les dijimos que buscaban a las víctimas de desaparición forzada como criminales. Al principio ese programa tenía personas extraviadas, prófugos de la Justicia y autores, pero cuando entrabas estaban todos mezclados; Iván aparecía con su ficha junto a un violador buscado por la Justicia. ¿Qué te dirían las Abuelas de Plaza de Mayo si pusieras esas fichas buscando a sus desaparecidos? No es por insultar a nadie pero no lo harían. Con la movida de la Corte IDH empezó a salir en los aeropuertos la ficha de Iván, y la reacción de la familia ante eso fue visceral, porque lo buscan como a un criminal. No alcanza con cambiar la foto, es pensar en el cambio de política sobre cómo estoy atendiendo la desaparición forzada en democracia. En una recorrida por el mismo museo de la ex ESMA te das cuenta de que hay una falta de dignificación del desaparecido forzado en democracia y de sus buscadoras, sus mamás. Todo ese espacio llega hasta 1983. Una víctima de la dictadura puede ser funcionario, pero vos ves a la hermana de Iván y es gente pobre. Entonces, la falta de diseño de políticas tiene un trasfondo de discriminación que consiste en quiénes son los desaparecidos.

–¿Quiénes son?

–Si hablamos de Chubut, son hombres jóvenes en circunstancias socioeconómicas desfavorables; no son estudiantes, ni pensadores, nada parecidos a los desaparecidos de la dictadura. María es una madre en una situación de vulnerabilidad enorme, con una fuerza de búsqueda inmensa, que no ha sido acompañada en todos estos años por una política seria que haga de ella una buscadora dignificada. Ahí está el tercer paso que pedimos, como una obligación del Estado. Tuvimos una respuesta favorable en el sentido de reconocer que esto es así, es una deuda pendiente incluso por ley, dar políticas específicas para víctimas como María, medidas concretas de vivienda digna, educación, trabajo, acceso a salud mental de confianza y a médicos. Sabemos que el Procurador General se reunió con la Corte IDH y presentó una resolución de creación de una Unidad de Desaparición Forzada, en el marco de la PROCUVIN, sin detalles de los recursos humanos ni económicos que tendrá. Pero nos cambia la pelea. La reunión política es importante y hubo empatía con María, aunque los resultados concretos aún están pendientes. Nuestro pedido enfático al secretario Pietragalla fue que el cambio de Gobierno nos deje siempre con acuerdos firmados para que la mesa siga tendida, que tenga continuidad.

–Que no se corte con los cambios de Gobierno.

–Claro, que no sea como el juego de la oca. Tomamos con seriedad las palabras del secretario. Pero el 25 de noviembre en la reunión por Zoom de seguimiento no estuvo presente la jueza, el encuentro final lo cambiaron de fecha, y encima la Secretaría se negó a firmar los compromisos asumidos por Pietragalla. Fue un tremendo manoseo que afectó mucho a María, hablaban del cuerpo de Iván como si fuera cualquier cosa. Dijeron que iban a aumentar la recompensa a 5 millones pero ni siquiera eso cumplieron.

–¿A la Corte IDH qué le pidieron?

–Que tenga en cuenta la paralización que tenemos en el habeas corpus, donde no podemos lograr ninguna de las medidas de búsqueda que piden las víctimas, y que necesitamos que se empiece a gestar el grupo de expertos independientes de investigación y búsqueda interdisciplinario; que empecemos por uno, para que nos dé una evaluación integral en un plazo de seis meses, con los insumos que le puede dar la Mesa.

–¿A Iván se lo podría encontrar por fuera del aparato judicial?

–Sí. Es necesario. Va a cambiar la lucha. La familia va a poder empezar un duelo, o una búsqueda de justicia diferente. Podrán dormir tranquilos, ya que al menos saben dónde está su hermano, su hijo. María, y los hermanos Valeria y Marcos.

–¿Qué le pidieron a Aníbal Fernández?

–María quería reunirse con la vicepresidenta, con Cristina. Pero no respondió ni la Vicepresidencia ni la Presidencia del Senado. También quisimos ver al Procurador, pero nos dijo que no tenía tiempo. Sin embargo, la reunión con el Ministerio de Seguridad fue positiva, planteamos que el programa BUSCAR no sirve. Ellos dijeron “sí, tenés razón, ¿cómo hacemos?”. Venimos acumulando frustración con ese sistema. Hace tres años pedimos un registro único.

–Si no hay un registro de NN y tampoco un banco de datos de ADN, ¿qué datos van a cruzar?

–Tienen que tomar decisiones y usar lo que ya tienen, no hace falta inventar la rueda. Banco genético hay, llega hasta 1983. El registro único de las víctimas de la dictadura te dice si hay sentencia, si se encontró al perpetrador, con sus fotos, es una base de datos. Podrían continuarla, ensayar. Que usen la lista de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), empiecen con estos 218, no es una lista cerrada. La recepción fue buena. Hace tres años lo único que hicieron fue modificar la ficha de Iván, dejaron “extraviado” y pusieron “desaparecido”. No va por ahí. No sólo por Iván. Tiene que ser para todos los desaparecidos y desaparecidas, es una oportunidad. La sentencia de 2011 decía que el Estado debe tener en cuenta el contexto, que se repite en cada caso. En definitiva, deseamos que la estructura de Argentina permita un involucramiento de un EAAF sin necesidad de la venia judicial, una evaluación forense de todo lo sucedido independiente de la Justicia. Porque vemos que por ahí no logramos nada. Hace falta independencia e interdisciplinariedad: abogados, forenses, peritos fotográficos, entre otros expertos. No es malo que exista una recompensa millonaria, pero de por sí no sirve porque no está atada a ningún estudio sobre los mecanismos de impunidad, que son los pactos de silencio policiales, que se alimentan de otros mecanismos internos muy eficaces en ocultar la verdad que buscamos.
 

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