“Argentina tiene un gran hueco en la búsqueda de personas”

–¿Hay una dificultad particular en investigar las desapariciones forzadas en democracia llevadas a cabo por fuerzas de seguridad?

–Sí, son muy difíciles de esclarecer con los canales normales de la Justicia. Los grupos interdisciplinarios sirven, si se les da acceso a los expedientes, a los funcionarios y a entrevistar a personas. Le pedimos que lo haga el Estado y no lo pudieron hacer, no pudieron presentar un plan integral de búsqueda con las hipótesis a seguir. Tenemos una mesa de trabajo con el Estado, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal con la PROCUVIN, el Ministerio de Seguridad con el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas). Pero cada uno mostró sus debilidades, por eso insistimos ante la certeza de que la búsqueda de Iván está estancada, tenemos que buscar qué hacer. Se ha presentado una queja contra la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por retardo en las medidas solicitadas, por el rechazo de la inclusión del EAAF y de un grupo de expertos independiente al caso, el rechazo al peritaje fotográfico, y otras medidas no dadas a lugar o dilatadas. Pedimos a la jueza que proteja el aspecto humanitario de la búsqueda, es una evolución jurídica de la Corte IDH: todo buscador, sobre todo familias como la de María, no va a parar de buscar, pero para buscar tenés que hacerlo en dignidad, con vivienda digna, comida, abrigo, gastos para viajar, apoyo en la salud física y mental. No se puede buscar con dignidad en la pobreza.

–¿Qué pasa con esa mesa de trabajo?

–Al menos tenemos la semilla, la mesa. Es importante fortalecerla. A la Corte le decimos que estamos sentados con el Estado, poniendo voluntad por parte de las víctimas, lo cual es mucho pedirles, que vuelvan a confiar. La Secretaría de Derechos Humanos había puesto un investigador para que hiciera el necesario peinado del expediente, pedimos que fuera a tiempo completo. Necesitamos trabajo de campo, hay que revisar cada lugar con perspectiva de víctima que complemente el trabajo de escritorio. Al procurador Casal le reclamamos que no hubo un fiscal de la PROCUVIN, ni un fiscal natural, que haya activado el caso. Le dijimos que si hay una Unidad especial para los crímenes del Terrorismo de Estado, debía colocar algo similar para las desapariciones forzadas en democracia, no como una cáscara sino con personal, dinero y estrategia. La tarea es igual de difícil: antes era enjuiciar a militares, ahora se tienen que cargar a las Policías. No es fácil pero antes se hizo.

–¿Quiénes son?

–Si hablamos de Chubut, son hombres jóvenes en circunstancias socioeconómicas desfavorables; no son estudiantes, ni pensadores, nada parecidos a los desaparecidos de la dictadura. María es una madre en una situación de vulnerabilidad enorme, con una fuerza de búsqueda inmensa, que no ha sido acompañada en todos estos años por una política seria que haga de ella una buscadora dignificada. Ahí está el tercer paso que pedimos, como una obligación del Estado. Tuvimos una respuesta favorable en el sentido de reconocer que esto es así, es una deuda pendiente incluso por ley, dar políticas específicas para víctimas como María, medidas concretas de vivienda digna, educación, trabajo, acceso a salud mental de confianza y a médicos. Sabemos que el Procurador General se reunió con la Corte IDH y presentó una resolución de creación de una Unidad de Desaparición Forzada, en el marco de la PROCUVIN, sin detalles de los recursos humanos ni económicos que tendrá. Pero nos cambia la pelea. La reunión política es importante y hubo empatía con María, aunque los resultados concretos aún están pendientes. Nuestro pedido enfático al secretario Pietragalla fue que el cambio de Gobierno nos deje siempre con acuerdos firmados para que la mesa siga tendida, que tenga continuidad.

–Que no se corte con los cambios de Gobierno.

–Claro, que no sea como el juego de la oca. Tomamos con seriedad las palabras del secretario. Pero el 25 de noviembre en la reunión por Zoom de seguimiento no estuvo presente la jueza, el encuentro final lo cambiaron de fecha, y encima la Secretaría se negó a firmar los compromisos asumidos por Pietragalla. Fue un tremendo manoseo que afectó mucho a María, hablaban del cuerpo de Iván como si fuera cualquier cosa. Dijeron que iban a aumentar la recompensa a 5 millones pero ni siquiera eso cumplieron.

–Si no hay un registro de NN y tampoco un banco de datos de ADN, ¿qué datos van a cruzar?

–Tienen que tomar decisiones y usar lo que ya tienen, no hace falta inventar la rueda. Banco genético hay, llega hasta 1983. El registro único de las víctimas de la dictadura te dice si hay sentencia, si se encontró al perpetrador, con sus fotos, es una base de datos. Podrían continuarla, ensayar. Que usen la lista de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), empiecen con estos 218, no es una lista cerrada. La recepción fue buena. Hace tres años lo único que hicieron fue modificar la ficha de Iván, dejaron “extraviado” y pusieron “desaparecido”. No va por ahí. No sólo por Iván. Tiene que ser para todos los desaparecidos y desaparecidas, es una oportunidad. La sentencia de 2011 decía que el Estado debe tener en cuenta el contexto, que se repite en cada caso. En definitiva, deseamos que la estructura de Argentina permita un involucramiento de un EAAF sin necesidad de la venia judicial, una evaluación forense de todo lo sucedido independiente de la Justicia. Porque vemos que por ahí no logramos nada. Hace falta independencia e interdisciplinariedad: abogados, forenses, peritos fotográficos, entre otros expertos. No es malo que exista una recompensa millonaria, pero de por sí no sirve porque no está atada a ningún estudio sobre los mecanismos de impunidad, que son los pactos de silencio policiales, que se alimentan de otros mecanismos internos muy eficaces en ocultar la verdad que buscamos.