“Los sectores más empobrecidos son los primeros damnificados de la crisis climática”

Por Guillermo Folguera

La crisis climática predice que los fenómenos anómalos, abruptos e intensos, como los que vivimos el domingo 17 de diciembre, se van a dar cada vez con mayor fuerza y frecuencia. Me refiero a fenómenos con ráfagas de viento por encima de los 140 kilómetros por hora. Podemos hablar también de aumentos en las precipitaciones y sequías, como las que tuvimos hace poco en el país. Esto da un escenario general de situaciones climáticas excepcionales que tienen como causal a una crisis climática que no sólo no está siendo abordada, sino que hay una aceleración de la degradación.

Estamos frente a una ausencia muy marcada de políticas de prevención y, en el caso de una parte importante de la región, un incremento en las desigualdades sociales. No hay dudas de que estos vientos han golpeado mucho más a los sectores vulnerados, lo mismo sucede con las temperaturas excepcionales que tenemos en verano en la zona central del país y la implementación de políticas absolutamente desacertadas y vinculadas con el agronegocio.

En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires ha quedado muy expuesto que la mutilación indiscriminada de árboles estuvo fuertemente asociada a los destrozos masivos que hubo. Cuanto más mutilado el árbol, evidentemente, más débil.

Posiciones como la del presidente Javier Milei, negando abiertamente la crisis climática y achicando el Estado en su misma expresión, negando cualquier política de prevención o cuidado, evidentemente no hace más que agregar combustible a un incendio que está cada vez más marcado y abrupto.

El Estado argentino -en el gobierno anterior- no priorizó la política de prevención de la destrucción ambiental, ni buscó disminuir la desigualdad social asociada a la crisis climática. Creo que ahí entramos en una lógica binaria que no es beneficiosa en ningún sentido, o bien elegimos que el Estado se retire por completo, y esto quede a ritmo de las grandes corporaciones para sus negocios, o bien que el Estado actúe como un garante de esos propios negocios, cuya máxima aspiración es ser socio de Vaca Muerta, Equinor, Chevron, Shell, o que por ejemplo, la Universidad Nacional del Litoral actúe como socio de Bioceres.