Comunidad Buenuleo: si no reprime el Estado, lo hacen los privados

por Gioia Claro
Fotos: Juan Pablo Barrientos
02 de octubre de 2019

En Bariloche, los amedrentamientos no detienen su marcha. La comunidad mapuche Buenuleo lucha por sus territorios ancestrales. Terratenientes privados aseguran tener un boleto de compraventa. La Justicia ordenó el desalojo por la fuerza, mientras los pueblos originarios persisten en su reclamo.

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, hay dos barrios: Pilar I y Pilar II. Tras alzar la vista pueden observarse unas 600 hectáreas, pertenecientes a la familia mapuche Buenuleo. Se trata de una comunidad territorial que se encuentra en proceso de relevamiento, lo cual impediría un eventual desalojo, amparados por la ley 26.160.

El viernes 27 de septiembre se dio a conocer que la comunidad Mapuche Buenuleo está sujeta a la Ley 26.160 hasta que se termine con todo el proceso de relevamiento del territorio que tradicionalmente ocupan. Este procedimiento ya se encuentra finalizado y solo resta una rúbrica provincial.

Este hecho fue confirmado en el marco de la audiencia de impugnación que se desarrolló en rechazo a la resolución de primera instancia del juez provincial Sergio Pichetto, quien ordenó el desalojo de la comunidad, contra el proceso de reivindicación/recuperación territorial iniciado por la comunidad Mapuche Buenuleo en el Cerro Ventana.

Luis Pilquiman, integrante del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y referente del Consejo de Participación Indígena (CPI) por la Zona Andina, declaró en la audiencia de impugnación, y le señaló al juez Marcos Burgos que la comunidad Buenuleo está realizando el Relevamiento Territorial en el marco de la Ley nacional 26160, que -entre otras medidas- suspende los desalojos a comunidades indígenas en todo el país.

En este contexto, existen unas 90 hectáreas en litigio, de las cuales un supuesto terrateniente, llamado Emilio Friedrich, aduce ser propietario. Asegura poseer un boleto de compraventa que áun no fue presentado formalmente, y que estaría firmado por Claudio Thieck -un candidato a legislador por parte de una lista liderada por Martín Soria y Magdalena Odarda, quien está denunciado por ventas fraudulentas de tierras-. Las tramitaciones y formalizaciones de documentos fueron realizadas ante el escribano Ernesto Repetur, también sindicado de actuar fraudulentamente.

"La Justicia cierra filas con este instrumento represivo. No hay chances para una discusión donde se tenga en cuenta el derecho indígena"

Repetur, en 2012, atacó con su camioneta a manifestantes que protestaban contra la megaminería en Bariloche. El mencionado escribano y su acompañante, descendieron del rodado y repartieron golpes a diestra y siniestra. Del acto de violencia resultó herido de gravedad un manifestante, quien sufrió fractura múltiple de mandíbula. Repetur también fue diputado del PJ -en Chubut- a fines de los 80, época en la que ya era sindicado como alguien que se apoderaba de territorios mapuche para luego venderlos.

Hace pocos días, los Friedrich -padre e hijo- armados con cuchillos y revólveres, junto a un grupo de matones, se apersonaron en la comunidad mapuche Buenuleo con claras intenciones de desalojo por la fuerza. 

La Justicia supo fallar a favor de Friedrich, en base a que "ya tenía construcciones" en la zona en conflicto, además de argumentar que la familia Buenuleo "no estaba ocupando el territorio", ante lo cual fue "recuperado", y por lo cual -según la Justicia- los Buenuleo estarían "usurpando" el terreno ancestral. 

“Nosotros compramos las tierras en 2009 a una persona que le había comprado a don Antonio Buenuleo en 2001", dijo Juan Emilio Fiedrich, en declaraciones a El Cordillerano Radio 93.7.

“En el 2009 compramos y en 2010 empezamos a recorrer con el agrimensor, no sabíamos con certeza donde empezaba para levantar un obrador y empezar a constituirnos, entonces el agrimensor comenzó a trabajar y cuando estaba más o menos definido el tema, levantamos el pequeño obrador, que un día desapareció y lo que no se robaron lo rompieron”, relató el supuesto propietario/ terrateniente.

Más tarde, en una audiencia judicial, la comunidad fue acusada de usurpación de las mencionadas tierras. En este escenario, Natalia Araya, abogada de la comunidad, impugnó el fallo del juez provincial Sergio Pichetto sobre el desalojo. 

Este miércoles, en una nueva audiencia sobre esta impugnación, otro juez le dio la razón a Pichetto, y volvió a ordenar el desalojo, del que se encargaria -en caso de ser ratificado- la fuerza especial COER, ejerciendo nuevamente la violencia institucional contra los pueblos originarios. Esto sólo puede hacerse efectivo 72 horas después de que la sentencia esté firme. 

"Ahora, como nunca, el estado mapuche deberá estar unido para ponerle límite a tanta tiranía y tanta injusticia. Será una nueva página de resistencia que está escribiendo la comunidad"

Antes de llegar a esta instancia, a la comunidad le restaría el recurso de la impugnación extraordinaria, que se presenta ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, sobre la cual existe un plazo de cinco días para ser presentada, y luego la Justicia tendría un lapso de 10 días para responder a la petición. Ante un eventual rechazo, el desalojo sería inminente, con las consecuentes derivaciones dramáticas que anteceden a este tipo de situaciones de recuperación territorial en un conflicto mapuche que ya se cobró las vidas de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala.

Mauro Millán lonko del lof Pillan Mawiza, en la zona de Corcovado, Chubut, expresó que "este fallo deja en evidencia cómo la Justicia cierra filas con este instrumento represivo. No hay chances para una discusión donde se tenga en cuenta el derecho indígena. Desde el comienzo nos dimos cuenta que la suerte ya estaba echada".

"Ahora, como nunca, el pueblo mapuche deberá estar unido para ponerle límite a tanta tiranía y tanta injusticia. Será una nueva página de resistencia que está escribiendo -en este caso- la comunidad Buenuleo", señaló.

En tanto, Deolinda Buenuleo dijo: "Entiendo que si la Justicia estuvo tan acelerada en este proceso, también lo será con los matones de Friedrich. Esa denuncia se hizo. En ese caso, de parte de la comunidad, se exige que se avance en esta medida. Hasta ahora no hemos tenido respuestas por parte de la fiscalía sobre esta denuncia".

En la zona los casos son muy similares: o es el Estado quien reprime, como en la Winkul Mapu, donde hay territorios "en conflicto" con Parques Nacionales u otros organismos; o son privados, con emprendimientos inmobiliarios y otros grandes intereses económicos, avalados por el mismo Estado, quienes reclaman las tierras.

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