ASESINO SUELTO
Jorge Antonio Ciccioli mata con la utilización de agrotóxicos y mandó a matar al campesino Cristian Ferreyra. Sin embargo fue absuelto de todo cargo.
La sentencia dictada esta mañana en la ciudad de Monte Quemado por la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de Santiago del Estero, constituye una clara muestra del carácter clasista y racista del poder judicial de esa provincia. En un sentido más general, el desenlace de este histórico proceso contra los asesinos del joven campesino Cristian Ferreyra, pone en evidencia el pacto establecido entre el poder político y económico de Santiago del Estero para imponer un modelo de desarrollo y acumulación, a través de la violencia contra las poblaciones rurales.
La decisión de dar la espalda a los anhelos de justicia de un campesinado que durante la última década se movilizó en defensa de sus formas de vida y de producción, ante al avance demoledor de los agro-negocios, puede tener severas consecuencias en un futuro inmediato de intensificación de los conflictos sociales.
La tensión a la que nos referimos no es exclusiva de Santiago del Estero ni se dirime únicamente en el territorio de la ruralidad. No se trata tampoco de un exceso o anomalía. Estamos antes los efectos necesarios de un esquema de negocios articulado en función de la hegemonía del capital financiero, cuyo alcance es nacional e incluso regional. El narcotráfico, la especulación inmobiliaria, y las distintas industrias extractivas, forman parte del mismo patrón productivo, cuyo poder de corrosión penetra a las instituciones estatales, poniendo en serio riesgo las formas republicanas de la soberanía.
Javier Juárez, el asesino material, es el único condenado en la causa, a cumplir una pena de solo 10 años de prisión y al pago de 900 mil pesos en concepto de indemnización por los daños causados. Mientras tanto el empresario Jorge Antonio Ciccioli, a todas luces el verdadero responsable de la violencia instrumentada contra los campesinos, fue absuelto de todo cargo. En el mismo sentido, el resto de los integrantes de la banda parapolicial que pretendía aterrorizar a los pobladores de los parajes de San Antonio, San Bernardo y Campo de Mayo, fueron liberados de toda responsabilidad penal.
La sentencia fue precedida por un desproporcionado operativo policial, con el propósito de contener y eventualmente reprimir la movilización organizada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe Ó VC), organización a la que pertenecía el joven Cristian Ferreyra.
El desafío para los movimientos populares y de crítica que pugnan por una democratización real de las estructuras sociales es enorme, ante la complejidad de los tiempos que se avecinan. Desde Monte Quemado, Angel Strapazón, uno de los referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena afirmó: “Ya lo dijo José Martí: la justicia es un largo laberinto, cañadas y precipicios. Lo estamos comprobando y constatando dolorosamente, a veces a los golpes.
Podemos putear, indignarnos, reaccionar. Pero somos inteligentes y sabemos que el momento de recibir un golpe es también el momento de mostrar el poder de sobrevivencia. Es un momento para la inteligencia y la astucia. Y tendremos que volver a recurrir al mismo poder judicial. Sabemos que es una de las corporaciones más duras, vinculadas a los grupos hegemónicos. Igual vamos a apelar hasta el infinito, todo lo que nos permita el poder judicial argentino”.
La decisión de dar la espalda a los anhelos de justicia de un campesinado que durante la última década se movilizó en defensa de sus formas de vida y de producción, ante al avance demoledor de los agro-negocios, puede tener severas consecuencias en un futuro inmediato de intensificación de los conflictos sociales.
La tensión a la que nos referimos no es exclusiva de Santiago del Estero ni se dirime únicamente en el territorio de la ruralidad. No se trata tampoco de un exceso o anomalía. Estamos antes los efectos necesarios de un esquema de negocios articulado en función de la hegemonía del capital financiero, cuyo alcance es nacional e incluso regional. El narcotráfico, la especulación inmobiliaria, y las distintas industrias extractivas, forman parte del mismo patrón productivo, cuyo poder de corrosión penetra a las instituciones estatales, poniendo en serio riesgo las formas republicanas de la soberanía.
Javier Juárez, el asesino material, es el único condenado en la causa, a cumplir una pena de solo 10 años de prisión y al pago de 900 mil pesos en concepto de indemnización por los daños causados. Mientras tanto el empresario Jorge Antonio Ciccioli, a todas luces el verdadero responsable de la violencia instrumentada contra los campesinos, fue absuelto de todo cargo. En el mismo sentido, el resto de los integrantes de la banda parapolicial que pretendía aterrorizar a los pobladores de los parajes de San Antonio, San Bernardo y Campo de Mayo, fueron liberados de toda responsabilidad penal.
La sentencia fue precedida por un desproporcionado operativo policial, con el propósito de contener y eventualmente reprimir la movilización organizada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe Ó VC), organización a la que pertenecía el joven Cristian Ferreyra.
El desafío para los movimientos populares y de crítica que pugnan por una democratización real de las estructuras sociales es enorme, ante la complejidad de los tiempos que se avecinan. Desde Monte Quemado, Angel Strapazón, uno de los referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena afirmó: “Ya lo dijo José Martí: la justicia es un largo laberinto, cañadas y precipicios. Lo estamos comprobando y constatando dolorosamente, a veces a los golpes.
Podemos putear, indignarnos, reaccionar. Pero somos inteligentes y sabemos que el momento de recibir un golpe es también el momento de mostrar el poder de sobrevivencia. Es un momento para la inteligencia y la astucia. Y tendremos que volver a recurrir al mismo poder judicial. Sabemos que es una de las corporaciones más duras, vinculadas a los grupos hegemónicos. Igual vamos a apelar hasta el infinito, todo lo que nos permita el poder judicial argentino”.
Comunicado del Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP)
Lobo suelto
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