Antes y después de Santiago

Es a través de esos medios que se conocen las constantes represiones, como la del 10 y 11 de enero también en Pu Lof. Aquella vez, ningún medio que no fuera de la zona se acercó a cubrir lo que, hoy sabemos, resultó el antecedente de la desaparición forzada y el asesinato de Santiago. Si en aquellos días de enero no hubo un muerto, producto de la represión de varias fuerzas conjuntas, fue por casualidad.

CAMBIO DE PLANES

Que Santiago Maldonado no haya sido mapuche es, desde el principio, algo que no estaba en los planes de quienes no descansan un segundo en su tarea creativa de desligarse del asesinato.

Una familia como los Maldonado tampoco estaba en los planes.

Los organismos de derechos humanos no estaban en los planes. O sí: por eso se les tenían preparadas las operaciones correspondientes.

Medios y comunicadores no adictos al poder no estaban en los planes. O al menos no que llegaran, vía redes sociales –el terreno político que, trolls mediante, mejor manejan– a un público masivo.

La sociedad, o gran parte de ella interesada por saber qué pasó en esa represión ordenada por el Estado, no estaba en los planes.

Que se ponga la mirada en la Patagonia, no estaba en los planes.

Una vez que todo eso empezó a ocurrir –y el mundo empezó a preguntarse por Santiago–, el trabajo se les volvió más difícil. El negocio –porque el asesinato de Santiago se da en el marco de un negocio: la tierra en manos de pocos– empezó a complicarse. Las operaciones, por ende, tuvieron que hacerse más espectaculares. Con más implicados, con más hilos a la vista. Con más evidencia y menos sutileza.

EL PUESTERO PUESTO EN LA CAUSA

¿Se acuerdan del puestero? Bueno, esa fue una de las operaciones de un Gobierno que, mientras decía que la Justicia debía trabajar con independencia, vía Ministerio de Seguridad introdujo en la causa la hipótesis del puestero. ¿Qué objetivos buscaba ese montaje que finalmente fracasó? Al menos dos:

• instalar que Santiago no había estado en la Lof el 1º de agosto.

• considerar a Santiago miembro de la RAM.

Al caerse esa hipótesis, hubo que recalcular también la estrategia mediática.

A la RAM, por un tiempo se la guardó en un cajón. Y en su lugar, se diversificó el “enemigo interno”: según el día y las circunstancias, los cirujanos comunicacionales –y sobre todo los trolls– atacaban, se burlaban, buscaban poner en ridículo o desmentir sistemáticamente a la familia Maldonado, los organismos de derechos humanos, los mapuche y todo aquel que desconfiara de la versión oficial.

Para ello, también se recurrió seguido a la “politización”, que en el caso del Gobierno y sus medios se reduce a la tarea de señalar a alguien de K, sin importar si realmente existe tal filiación y considerando esa etiqueta como una especie de inhabilitación moral automática para quien la porte. Algo que, por otra parte, genera malestar en sectores de izquierda, que también sienten como una ofensa que los consideren dentro de un espacio que durante años combatieron.

Es que para el esquema binario que alimentan a diario los conductores del país no hay muchas vueltas. El que no está con ellos, está en la vereda de enfrente.

La grieta es, también, o sobre todo, Santiago Maldonado.

NO FUE UN CASO AISLADO

Santiago Maldonado llegó el 31 de julio a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen para acompañar un reclamo de diferentes comunidades mapuche. Llegó para participar de un corte de ruta que pedía la libertad de Facundo Jones Huala. La detención del lonko, ilegal, por una causa en la que ya fue juzgado y por la que se pretende extraditarlo a Chile, es parte fundamental del plan ideado desde el Ministerio de Seguridad.

Ese plan, que consiste en descabezar y desactivar la lucha por la recuperación del territorio que llevan adelante diferentes comunidades, nunca se detuvo. Sin embargo, la trascendencia que tomó la desaparición forzada de Santiago obligó al gobierno a levantar el pie del acelerador.

Ante las evidencias que fueron creciendo con los días, y que hacían cada vez más indisimulable la responsabilidad de Gendarmería, el Gobierno tuvo que cortarla un poco con eso de que los terroristas mapuche eran los culpables de todo. Ya no era creíble ni para los propios.

¿Cuánto tuvo que ver en eso la aparición del cuerpo de Santiago? Es algo que, quizás, nunca sabremos.

Lo que sí sabemos, a la espera de los resultados de la autopsia, es que Santiago no iba caminando por la orilla del río y se cayó. Santiago llegó al río perseguido por gendarmes que ingresaron de manera ilegal (la orden del juez era liberar la ruta) en un territorio y que, según sus propios relatos y las pruebas que constan en el expediente, dispararon y tiraron piedras.

Esa realidad es la que se buscará distorsionar.Para ese objetivo ya vienen actuando a destajo los comunimacaneadores de turno y sus principales aliados a la hora de generar opinión pública: las y los trolls.

Eso sí, las familias mapuche están primeras en la lista.

Y no sólo las de la Pu Lof, sino en diferentes provincias. Fundamentalmente en Río Negro, Chubut y Neuquén, para donde está trazado un plan específico del Ministerio de Seguridad, del cual se conocieron detalles el año pasado cuando Página 12 publicó un powerpoint en el que, bajo el título “Re-Valorización de la Ley, Problemáticas en Territorio Mapuche”, no sólo se seguían los lineamientos de petroleras y otras multinacionales a la hora de caracterizar a las comunidades y a la RAM sino que reconocía algo totalmente ilegal: “La PSA se encuentra centralizando las tareas de investigación”.

Es, en ese marco, que se busca “descabezar” a las comunidades mapuche. Y se lo detiene al lonko Facundo Jones Huala. Pero, pese a las “recomendaciones” de caerle con todo el peso de esa ley que busca transformar en terroristas a luchadores sociales, el juez Guido Otranto no lo condenó. Sí, el juez Guido Otranto, que por esa decisión fue duramente criticado, entre otros por el gobernador fallecido Mario Das Neves, que dijo: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”.

Otranto fue quien mandó a desalojar el corte de la ruta 40, frente a Pu Lof, la noche en la que estaba Santiago. La orden de ingresar al territorio, en cambio, no vino de parte de la Justicia. Pero la actuación posterior del juez en la causa que investigaba qué pasó con Santiago deja entrever que “entendió” cuál era el camino que había que tomar.

Otro magistrado, Gustavo Villanueva, también lo había entendido: desde el 27 de junio mantiene detenido ilegalmente a Facundo Jones Huala, quien podría ser extraditado por un arreglo entre los gobiernos de Argentina y Chile, que no conocen de fronteras a la hora de perseguir y demonizar al pueblo mapuche.

LO QUE VIENE

Los cirujanos comunicacionales que sacan pecho en diarios de mucha -pero cada vez menos- tirada, en programas de radio y televisión vuelven, de a poco, a repetir sus encendidos discursos antimapuche. Repiten y repetirán, cual muletillas, palabras que pronuncian con todas las letras: RAM y terrorismo.

Así, como loritos, buscan instalar que Santiago murió, no que lo mataron. Y sobre todo alejar de la escena a la Gendarmería, al Estado, el principal responsable no sólo del operativo ilegal dentro de la Pu Lof sino del encubrimiento mediático, político y judicial posterior.

Para completar la operación, no sería raro que aparezcan nuevos "terroristas" y nuevos “atentados”, como por ejemplo esos incendios a máquinas viejas y aseguradas, que no dejan víctimas y sí panfletos de la RAM que, vaya a saber cómo, sobreviven al fuego.