Andalgalá: las mineras contaminan, la Justicia duerme

Todos firmaron un contrato para ceder la explotación a la empresa suiza Xstrata  y a dos empresas canadienses: Goldcorp  y Northern Orion. 

Bajo La Alumbrera fue y sigue siendo un caso emblemático. Llegó a remover, diariamente, más de 300 toneladas de roca y consumía por minuto casi 70 mil litros de agua. El estado catamarqueño le concedió impúdicamente autorización para utilizar hasta 100 millones de litros de agua de manera diaria, una barbaridad si se tiene en cuenta que la OMS  argumenta que una persona puede satisfacer todas sus necesidades con un mínimo de 50 litros de agua por día. Un cálculo simple nos dice que la Alumbrera puede utilizar en un día lo mismo que necesitan más de dos millones de personas. Y lo peor es que todo esto sucede en una zona donde el agua escasea.

Semejante daño y gasto no redundó en las arcas del estado catamarqueño, pues las regalías que dejaban eran ínfimas.

Nada nuevo

Aunque sí fueron generosos en dejar un pasivo ambiental fenomenal que se calcula en –por lo menos- cinco derrames con tóxicos en sus valles y sus ríos, la voladura de montañas, el cambio del paisaje.

El uso de explosivos obligó a todo un pueblo a tener que convivir con una nube de polvo permanente, sulfuros, producto de las explosiones y –según relatan algunos- una lluvia ácida tan molesta como perjudicial para la salud. 

Al igual que sucede con las poblaciones donde reina el monocultivo, la siembra directa y las  fumigaciones, los pobladores de estas zonas enferman y mueren en proporciones mucho más grande que en otros lados.

Y renace la pregunta: ¿casualidad o causalidad?

Luis Alberto Flores es médico generalista, trabajó en el hospital zonal de Andalgalá, y fue muy claro cuando alertó que desde que se radicó la minería en ese lugar aparecieron distintos tipos de cáncer.

Lo que preocupó al profesional es la cantidad de chiquitos y adolescentes que mueren por cáncer cuando –se sabe- es una enfermedad que, por lo general, ataca a la segunda y tercera edad.

Fue el mismo Flores quien en un reportaje concedido al medio Nuevo Diario, de Santiago del Estero, reveló números que asustan: la incidencia de cáncer juvenil en la zona trepaba un 2400 por ciento.

Semejante realidad llevó al profesional –y a otros- a concretar una investigación y relacionarlo con algún componente químico que esté consumiendo la población, y aunque el médico fue presionado por el gobierno provincial para no difundirlo, con valentía Flores pudo informar que entre las posibles causasse mencionan los residuos tóxicos de la megaminería y las antenas telefónicas.

No fue el único. El perito Héctor Oscar Nieva denunció que el dique de cola contaminó las napas de la zona. Otras denuncias de vecinos, de la Fiscalía General de Cámara del Poder Judicial de Tucumán y de la Universidad de Córdoba relatan distintas contaminaciones producidas en el lugar.

Con el tiempo se supo que lo contaminado es inaudito: 20 mil veces más de arsénico, 5 mil veces más en cadmio, 10 mil veces más en mercurio que lo permitido por la ley nacional, y cantidades exorbitantes de plomo fueron la única inversión dejada por las multinacionales.

La realidad de Bajo la Alumbrera es la misma que ocurre en otros lados: promesas de progreso y de respeto al ambiente que no se cumplen. Se dijo que el pueblo cambiaría: que habría trabajo, que se construiría un hospital, barrios, escuelas. Pero nada de esto sucedió: según los habitantes del lugar, en el mejor momento, contrataron a menos de un centenar de personas, la mano de obra calificada vino de afuera y ninguna obra de infraestructura fue concretada.

En 2009 se hablaba de otro proyecto en ejecución: el yacimiento Agua Rica, un proyecto de extracción de oro, plata y cobre que se encontraba a tan solo 15 kilómetros de Andalgalá. Era  demasiado. Los vecinos se organizaron. No estaban dispuestos a otro saqueo.

Buscándole tiempo a sus vidas se encontraban, charlaban, discutían y conformaron a mediados de diciembre de 2009 la “Asamblea El Algarrobo”. Lo bautizaron así porque su nacimiento fue a la sombra generosa que brinda ese árbol.

Se trata de la organización de una comunidad hastiada y que pelea por la vida: interpelan a las autoridades, piden explicaciones y los sábados dejan la comodidad de sus casas para concretar caminatas por la ciudad con carteles y cantos que reclaman basta de la minería a cielo abierto. La respuesta del poder político es la misma de siempre: acusarlos de “extremos”, intentar desarticular la organización, asustar para que los pobladores no participen y hasta amedrentar cualquier intento de organización con presencia policial.

Nada los paró. Se movilizaron hasta la puerta del emprendimiento minero y el 15 de febrero de 2010 fueron desalojados por orden judicial del Juez Rodolfo Cecenarro, previa brutal represión policial también ordenada por el mismo funcionario judicial. Las fuerzas eran desproporcionadas: un grupo especializado como fuerza de choque, infantería, la policía con perros y refuerzos de otras localidades fue la bestial movilización de las fuerzas de seguridad para descomprimir una asamblea de vecinos. 

Hubo resistencia y fue tan importante que un juez debió dictar una medida de suspensión de toda actividad minera en el yacimiento Agua Rica.

No fue la única represión sufrida por los asambleístas. Se fueron repitiendo cada vez que se manifestaron. Hasta llegaron a judicializar la protesta e inventaron causas penales contra vecinos.

Como en tantos lados, los asambleístas sabían que debían dar lucha en diferentes frentes: el político fue uno; el judicial, otro. Presentaron proyectos de ordenanzas que fueron ignorados, pidieron que se convocara a un plebiscito de carácter vinculante que en un principio se aprobó, pero finalmente no se llevó a cabo ya que fue declarado inconstitucional.

Estaba claro que la idea era vencerlos, cansarlos.

Nada más lejos de la realidad. Los vecinos continuaron la lucha.

En septiembre de 2012, ciento cincuenta vecinos  presentaron una medida autosatisfactiva –esas medidas de carácter urgente que responden a una situación que requiere necesariamente una imperiosa solución-- para que  se suspendan todas las exploraciones y explotaciones de yacimientos megamineros en el cordón montañoso Sierras del Aconquija hasta tanto el Instituto de Nivologia y Glaciología realizara el inventario de glaciares.

Nunca tuvieron una respuesta.

Asambleas, manifestaciones, caminatas por la vida, campamentos en las puertas de los yacimientos, en  la intendencia e –incluso- frente a los Tribunales de la Nación en Buenos Aires fueron la manera que tuvieron los vecinos de mantener la lucha.

En 2014 y 2016 acamparon en la misma puerta de los Tribunales Federales pidiéndole a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que dictamine a favor de los amparos ambientales presentados seis años antes.

Se sabe: la Justicia es lenta.

El 1º de marzo de 2016 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de los vecinos de Andalgalá y la Justicia de Catamarca debía anular la resolución que autorizaba el emprendimiento minero de Agua Rica.

El fallo fue unánime y en contra de la sentencia del Superior Tribunal de Catamarca, que había rechazado el amparo de los vecinos que, basados en la protección de su salud, pedían la suspensión del proyecto.

Era una victoria importante pero había que seguir.

El 9 de septiembre de 2016 fue viernes. El  Concejo Deliberante de Andalgalá  debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por sectores autoconvocados  que  solicitaba la prohibición de la  minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá. 

Los 7 concejales votaron a favor. Se prohibía la minería a cielo abierto en búsqueda de oro, cobre, plomo, plata y también de minerales nucleares descubiertos o a descubrirse en la cuenca del río Andalgalá. 

Otro artículo de la ordenanza prohíbe el uso de cianuro y mercurio, y toda sustancia química contaminante y peligrosa. Además no permite el uso del agua de río, vertientes o subterránea para la explotación. También plantea que las empresas serán jurídicamente responsables en caso de daño ambiental.

La ordenanza  lleva el número 029/16 y fue sancionada por el intendente  Alejandro Páez, quien ocupa su cargo después de haber protagonizado la campaña electoral con un fuerte discurso anti minero y con promesas de no permitir este tipo de emprendimientos.

Queda claro que la insistencia y dignidad popular fueron claves.

Sin embargo, la lucha debe continuar porque la voracidad empresarial y la corrupción política son dos hermanos tan tenaces como indignos.

Aquel amparo que tiene resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió al fuero judicial de Andalgalá y cayó en manos del mismo juez que ordenó el desalojo y la represión en 2010, el Doctor Rodolfo Cecenarro.

Los vecinos temen, con justa razón, que aquel juez al que no le tembló el pulso para mandar a reprimir, ahora haga lo imposible por no cumplir la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La respuesta de la asamblea no se hizo esperar y en febrero de este año presentaron una denuncia penal contra el magistrado por prevaricato y desobediencia judicial. Semejante “mojada de oreja” iba a tener respuesta.

A mediados de febrero de este año una desproporcional fuerza policial allanó la casa de Sergio Martínez, un integrante de la Asamblea El Algarrobo. El allanamiento no cumplió las normas procesales tales como mostrar la orden judicial al inicio de la acción y llevar testigos que certifiquen la acción policial. La acusación es que Martínez y su hijo  consumían drogas ilegales.

“Sabemos que es parte de una campaña de desprestigio, hay hechos que lo demuestran, por ejemplo, el allanamiento se desarrollo entre las 17 y la 1 de la madrugada,  y ese mismo día los diarios ya tenían todos los datos, el nombre de nuestro compañero y de su hijo y se lanzó una campaña de desprestigio con fotos de ellos y de otros integrantes de la asamblea”, asegura Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo desde sus inicios.  

Nada nuevo: buscar en la zona el desprestigio de los luchadores sociales que, como dice la misma Rosa: “Tenemos que sufrir esta realidad”. Rosa cuenta que acompañan a Sergio Martínez, que saben que se trata de otro manotazo del poder para quebrarlos, pero que solo lograrán fortalecerlos.

El hijo de Martínez estuvo nueve días preso. Fue una manera de amedrentar. Y también una prueba del lazo estrecho que existe entre el Poder Judicial y los contaminadores y saqueadores de siempre.