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Violencia estatal en Constitución

por Revista Cítrica
25 de agosto de 2026

Tras intervenir para frenar el maltrato policial a un vendedor de paltas en Constitución, Alfredo Cuellar y su hijo sufrieron golpizas, horas de tortura y una causa armada. Un relato en primera persona sobre la represión cotidiana y la solidaridad que evita que la violencia gane.

El sábado 15 de agosto, la esquina de Brasil y Salta, en el barrio porteño de Constitución, volvió a ser el escenario donde se cruzan la persecución cotidiana a lxs trabajadores de la calle y la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad. Alfredo Cuellar -padre de Florencia "La China" Cuellar- y su hijo caminaban por el lugar tras terminar su jornada laboral cuando advirtieron que un grupo de agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad agredía a un joven que vendía paltas.

“Lo único que hicimos nosotros fue decirle por favor que basta, que no lo traten así, que no estaba cometiendo ningún delito”, relató Alfredo sobre el momento en que decidieron no mirar para otro lado.

Lejos de detener el abuso, la reacción del operativo fue inmediata. A los pocos metros, decenas de efectivos de la Policía de la Ciudad alcanzaron a Alfredo y a su hijo. “Me arrinconaron contra la pared obligándome a levantar los brazos. Empezaron las discusiones, a tratarme mal y a pegarme. Ante la violencia que ejercían sobre mi persona, mi hijo empezó a los gritos para evitar que me peguen y también le empezaron a pegar a él. Fueron golpizas muy violentas contra nosotros”, detalló.

El derrotero no terminó en la calle. Durante su paso por la comisaría, la fiscalía y el Hospital Argerich, Alfredo permaneció esposado durante horas sin acceso a un baño: “En ningún momento me dieron la posibilidad ni siquiera de pasar al baño; era como una tortura más que estaba viviendo”. El informe médico constató la gravedad de las agresiones con la fractura del cuarto y quinto metatarsiano del pie izquierdo y múltiples hematomas, lesiones que le impedirán trabajar durante al menos dos meses.

A la violencia física le siguió el armado judicial de manual. Al momento de disponer su liberación, pretendieron que firmara una acusación por desobediencia, resistencia a la autoridad y una insólita amenaza con arma de fuego. “Le dije al ayudante del fiscal que bajo ningún punto de vista iba a firmar esas acusaciones porque era una causa que se estaba armando en mi contra. Todo eso es una falacia. Lo único que tenía dentro de mis pertenencias era la mochila llena de herramientas porque veníamos de trabajar”, aclara Alfredo.

Gracias a la rápida movilización de familiares, amigxs y organizaciones sociales que se concentraron frente a la fiscalía de la calle Suipacha, padre e hijo recuperaron la libertad al día siguiente. Hoy, mientras se prepara para ampliar su declaración y aportar testigos, Alfredo reafirma la necesidad de visibilizar estos atropellos: “Sé que ir contra este aparato y este sistema trae consecuencias, pero alguien tiene que levantar la voz. No podemos permitir que cualquier personal público o de las fuerzas tenga impunidad para actuar como lo hicieron conmigo. Es de suma importancia visibilizar la violencia que vivimos a diario”.