¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú?

Daiana no se ahorcó

Daiana Abregú, una joven de 26 años que había salido a bailar la noche anterior, apareció muerta en una celda de la Comisaría Comunal de Laprida. Los policías, ese mismo día, les avisaron a sus padres que su hija se había suicidado ahorcándose en el calabozo con su propia campera. La segunda autopsia del cuerpo –solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras no haberse respetado los protocolos necesarios en la primera– mostró exactamente lo contrario: no hubo ahorcadura, ni lesiones en su cuello. 

Daiana, señalaron los primeros resultados periciales en el último examen, murió por una asfixia. “Fue un homicidio. Y vamos a probarlo”, aseguraron desde un primer momento los abogados de la familia.

Cinco efectivos bonaerenses fueron implicados y detenidos el domingo por la muerte de la joven: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Vanesa Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya. Todos estuvieron presentes en diferentes horarios desde que Daiana entró en la comisaría a las siete de la mañana –por disturbios en la vía pública– hasta que se la encontró sin vida entre las tres y cuatro de la tarde.

“Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, explica Sergio Roldán, uno de los abogados de la familia. “Y acá nadie lo hizo. El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, cuenta.

La oficial Vanesa Núñez, sigue Roldán, estaba a cargo de la última guardia imaginaria que vigiló a Daiana. “Ellas habían tenido sus encontronazos antes fuera de la comisaría”, cuenta el abogado. Núñez, según la versión policial de lo sucedido, es quien encuentra fallecida a la joven. Pide ayuda a Pamela Di Bin, quien se acerca y desata la supuesta campera de las rejas de la ventana. El resto –Adrián Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya– colaboraron con maniobras de reanimación del cuerpo. “Los cinco estuvieron presentes en la comisaría. Ahora hay que demostrar cómo actuaron verdaderamente ese día”, vuelve Roldán. 

Hay otros policías, sin embargo, que seguirán investigados. El oficial Víctor Mallón, dice el defensor de la familia, sería uno de ellos. La carátula del caso cambió de averiguación de causales de muerte a homicidio doblemente agravado por alevosía y abuso de la condición de funcionarios públicos. 

El fiscal de la causa, Ignacio Calonje, había ordenado allanamientos en los domicilios de cuatro de los cinco implicados a diez días del hecho. Allí secuestraron celulares que aún están siendo peritados. Ninguno, por el momento, había sido llamado a declarar. Sin embargo, a partir de sus detenciones, el fiscal avanzaría con sus indagatorias en los próximos días. Según una fuente policial de Laprida, Adrián Núñez y Pamela Di Bin habían estado cumpliendo funciones en otras dependencias fuera de la ciudad. La única desafectada fue Vanesa Núñez. Los responsables del destacamento –el comisario inspector Marcelo Amaya y el comisario Christian Barrios–, también fueron trasladados. Ambos siguen con sus tareas en la ciudad Tres Arroyos. 

La muerte de Daiana marcó a Laprida. Las marchas en reclamo de justicia se hicieron cada vez más frecuentes. Las calles arboladas y taciturnas del pueblo se adornaron con fotos y carteles de la joven. En la plaza que Salamone había ideado para la posteridad hay un mástil, pero hoy funciona como altar. Entre los restos de velas derretidas y de pancartas, sobre la piedra gruesa, alguien escribió con marcador rojo: “¿Quién nos cuida de la policía?”.

Bolsas, picanas y palizas 

Para hablar de su primer encuentro con el oficial Víctor Mallón, Alan Torres se toca las orejas. Era un sábado del 2018 y había salido de un boliche junto a unos amigos. En la calle discutieron con otro grupo. Un patrullero llegó al instante. Mallón bajó y lo tumbó al piso sin mediar palabra. En esa posición, le retorció las orejas. “Otro me apretó los testículos”, recuerda Alan, de 27 años, en el comedor de su casa en Laprida. “Igual nada se compara a cuando me rompieron los dientes”, dice.

Fue el año pasado. Estaba borracho y había discutido con un vecino a unas cuadras de su casa. Al volver, dos patrulleros con siete policías lo estaban esperando. “Me les planté y ahí nomás me destrozaron la cara”. Le partieron dos dientes y lo esposaron cruzado, con una muñeca unida a un tobillo. Así, con el cuerpo contorsionado, lo arrojaron a la caja de una camioneta policial, donde se desmayó. Al despertar, estaba en el hospital municipal del pueblo. Lo habían llevado para hacerle el examen médico antes de ingresarlo en la comisaría. “Seguí discutiendo y en la cama del hospital un oficial me empieza a ahorcar. La doctora entra justo y ve todo”, cuenta. 

Ese día Alan le dijo a la médica que había ingerido varias pastillas de un antidepresivo que tomaba su madre. Quedó detenido en el hospital. “Si entraba al calabozo, me molían a palos. Lo hacen siempre. Te agarran entre todos”, dice. “O te ponen la bolsa”.. “Te atan las manos a las rejas de la ventana de la celda y te embolsan la cara”, cuenta Torres. Expolicías de la estación de Laprida confirmaron su uso como instrumento de tortura. 

Stella Maris de la Torre vio a su hijo de nueve años esposado y custodiado por dos policías en el hospital del pueblo, pero no dijo nada. En cambio, le susurró a Dios. “Le pedí clemencia”, cuenta. Era el año 2013 y había llevado a su hijo a la guardia del hospital por un ataque de nervios, pero en un descuido el menor se escapa. Las autoridades del nosocomio avisan a la Policía. 

“Lo salieron a buscar como un delincuente”, cuenta Stella. La madre, finalmente, lo encuentra llorando y atado con esposas en la guardia. “¿Cómo le van a poner los ganchos a un nene de nueve años?”. Stella denunció el hecho en la ayudantía fiscal de Laprida a cargo de Alejandro Braga, pero durante años se negaron a darle una copia. “Braga me decía que no se entregaban y que me olvidara del tema”, cuenta. Tres años después, ante el Departamento de Control Interno de la Procuración General de La Plata, denuncia a Braga por no darle ese documento. Nunca le contestaron.

En 2015, Stella volvería a rezar, pero sus plegarias serían reprimidas con golpes. Su hijo, con 11 años, paseaba en su bicicleta cuando un policía lo detiene. Le dice que esa bici no era suya, que se la robó. Lo empuja y se la quita. “Volvió a casa llorando”, recuerda Stella. Ella, su exmarido Héctor Almada y su hijo fueron hasta la comisaría para retirar la bicicleta. Adentro, Héctor discute con unos policías. Identifica a Adrián Núñez –uno de los policías detenidos–, y a Gustavo Rojas, entre otros. Lo tiran al suelo y lo golpean. Stella y su hijo intervienen. Toda la familia es agredida. A los padres los esposan y los encierran. Al menor lo dejaron en un pasillo llorando por cuatro horas hasta que un familiar pasó a retirarlo. Hicieron la denuncia por las agresiones, pero nunca tuvieron una respuesta. Stella, ahora, reza para que se esclarezca lo que pasó con Daiana. “En Laprida la Policía se cree dueña de nosotros y la Justicia no hace nada. ¿Quién nos ayuda entonces?”, vuelve a preguntarse.

“Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”

A Franco Palavecino le rompieron el brazo dentro de la comisaría. Era 2017 y tenía 17 años. Había sido detenido por una pelea en grupo. Adentro, cuatro oficiales, entre los que estaba Adrián Núñez, lo recibieron con una paliza. “Acá no importa si sos menor de edad. Te meten al calabozo y te revientan igual”, cuenta. Esa noche su mamá lo retiró de la comisaría. Al ver a su hijo rengueando, con un brazo colgando de un pañuelo y la espalda lacerada, le tomó una foto. Después hizo la denuncia, pero nunca los volvieron a llamar. “Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”, cuenta Palavecino.

Ailén Arias pasó dos días encerrada en la dependencia por una contravención. Fue en 2020 y había salido de un boliche cuando fue detenida junto a su hermana, su cuñado y su pareja por disturbios en la calle. Estuvieron todo un fin de semana en la celda. “Nos pusieron gas pimienta en la comida que mandaban nuestros familiares”, cuenta. “Una abogada nos ayudó después a salir”. 

Lorena Julián Rodriguéz es abogada en Mar del Plata, pero tiene familiares en Laprida. Esa relación la llevó a tomar varios casos de la ciudad desde La Feliz. Con Ailén, cuenta, bastó con llamar a la comisaría y pedirle explicaciones al jefe de turno. “La tuvieron sin causa y sin dar aviso a ningún juzgado por dos días. Eso es completamente ilegal”, dice la abogada. “En Laprida no se respetan los derechos básicos y muchas denuncias quedan encajonadas”. 
Las historias sobre la brutalidad policial en Laprida se repiten. El paisaje de un pueblo sereno y tradicional de la pampa bonaerense, se enturbia. 

Algo se enciende

Lo dejaron tirado en la celda. De espaldas, con los brazos extendidos en el suelo. Intenta ponerse de pie, pero desiste: un cuerpo estropeado, inútil. Sin embargo, desde afuera, escucha la orden del policía.

–Mandale la picana al gil ese.

Reconoce esa voz. Lo había visto al entrar a la comisaría, casi desmayado por los golpes. “¿Cómo olvidar a un defensor tan rústico?”, pensará Juan Pablo Guzmán cuando el oficial Adrián Núñez, su excompañero en el club Platense de Laprida, dé la orden para picanearlo en el calabozo.

Son cinco. Se mueven rápido adentro. Lo levantan entre cuatro. El quinto, el oficial Gustavo Rojas, está de frente y lo mira fijo. Tiene una linterna larga en la mano. No es cualquier linterna. De un lado ilumina y del otro, comprenderá luego Juan Pablo, traerá oscuridad. Los policías le estiran el brazo. Algo se enciende. Rojas lo picanea una, dos, tres veces. Él aún no lo sabe, pero su verdugo no tendrá ninguna consecuencia. De hecho, al mes, será ascendido a teniente. Mientras tanto, Juan Pablo grita, siente el olor a piel chamuscada.

–¿Ya aprendiste que con nosotros no se jode? –le preguntarán tras la sesión de tortura en la celda.

El 27 de diciembre de 2020, Juan Pablo Guzmáan conducía su camioneta junto a cuatro amigos cuando un móvil policial lo frenó durante la madrugada. Tras presentarles todos los papeles en regla del vehículo, empieza una discusión con tres oficiales. Lo golpean salvajemente en la calle y lo llevan a la comisaría. Allí lo torturan. 

Dos días después, con la ayuda de la abogada Lorena Julián Rodríiguez, hace la denuncia en la fiscalía local. “También hicimos presentaciones en organismos de derechos humanos de La Plata”, cuenta Lorena. Luego de dos años, la fiscalía explicó a este medio que “están a la espera de una serie de oficios judiciales respecto a la causa para avanzar”. También asignaron una audiencia para Brian Quinteros, quien estaba con Juan Pablo la madrugada en que lo detuvieron. “Nunca me llamaron de ningún lado”, aseguró Quinteros. 

“Pensé que me mataban ahí nomás”, dice Juan Pablo Guzmán sobre esa noche. Detenido en el penal de Sierra Chica de Olavarría por un supuesto robo –que nada tiene que ver con lo que le pasó en Laprida– Juan Pablo solo quiere justicia. “Yo la pude contar. La mano dura de algunos oficiales ya es conocida en el pueblo. Ojalá que lo que le pasó a Daiana sirva para que las cosas cambien”.

Desde adentro

Julieta V. –un nombre ficticio para resguardar su identidad– es policía bonaerense y formó parte de la comisaría de Laprida. “Amo mi uniforme, aunque otros no merecen ni llevarlo puesto”, dice Julieta desde un café del pueblo. En sus cinco años como oficial de esa estación Julieta, cuenta, vio de todo: desde efectivos violentos hasta inescrupulosos. Sin embargo, nunca pensó que lo sufriría en carne propia.

En 2019, denunció ante la secretaría de Seguridad que su superior de servicio, Juan Felipe Caparrós, la acosaba sexualmente. “No solo a mí sino a mis compañeras y a cualquier mujer que se acercaba a la comisaría”, cuenta. “Si alguien dejaba sus datos, él las llamaba”. Julieta había dado aviso de esto a una de las jefas de la estación, Karina Couchez, pero no la escucharon. “Me cansé y lo denuncié directamente”. Ese mismo día, Caparrós fue trasladado preventivamente a otra dependencia. Su denuncia, luego, sería descartada por falta de pruebas. 

“No hubo sanción, solo lo derivaron a otro lugar, donde quizás siga haciendo lo mismo”, dice. Según datos que surgen de un pedido de información pública realizado por Perycia, hubo siete denuncias por violencia de género a policías de Laprida entre 2013 y 2019.

Tras la salida de Caparrós, las represalias llegaron para Julieta. Sus colegas de la comisaría ya no le hablaban y sus jefes le perdieron consideración. Un año después, pidieron su traslado a Olavarría. “Fue duro. Estoy lejos de mis hijos y tengo que viajar 150 kilómetros todos los días”. No sería la última experiencia de Julieta con la dependencia de Laprida.

En octubre del 2020, durante el aislamiento por la pandemia, su hijo había salido a festejar sus dieciocho años con unos amigos. Un patrullero los frena. Dos policías, entre los que estaba Gustavo Rojas, se bajan. La discusión se tensa y Rojas hace lo que mejor sabe: lo deja sangrando en el piso y se lo lleva detenido. Cuando Julieta fue a buscarlo, se despachó con la jefa de turno. “Les dije a todos que tenían el uniforme sucio y que yo me había ido, pero limpia”. Acompañó a su hijo a hacer la denuncia, pero nunca tuvieron novedades. Estos medios contactaron a la fiscalía local para ver el estado de la misma. “Estamos a la espera de oficios e informes”, dijeron, otra vez.

Respecto a lo que pasó con Daiana, Julieta apunta al subcomisario Christian Barrios, trasladado a Tres Arroyos. “Siempre avaló cada manejo de sus policías. Como jefe, debería haber cambiado las cosas que estaban mal, pero no hizo nada”. La detención de sus excompañeros, avivó la hipótesis de que Daiana fue asesinada por una asfixia. La bolsa, como método de tortura, también cobró fuerza. “Un detenido me contó hace tiempo que lo habían embolsado para subirlo al patrullero. Yo nunca lo presencié, pero sí que ocurría”, dice. 

“Es un tipazo, pero a veces se le va la mano”

Es una noche fresca de junio y el policía bonaerense Pablo A. –prefiere no dar su verdadero nombre–, maneja su camioneta por Laprida con liviandad. Cada vez que pase por la comisaría –que serán varias– la mirará fija y dirá cosas como:

–Acá el problema era Christian Barrios. Nunca tuvo que haber llegado a jefe.

Pablo fue policía de la estación desde 2016 hasta 2020, cuando el exsubcomisario Barrios pidió su traspaso tras un conflicto personal. 

–Quise rebuscarmela desde lo económico y molestó, pero los jefes sí pueden hacer sus negocios. ¿Sabés cuánto gana un policía? Bueno, poco.

En sus cuatro años entabló relación con varios de los oficiales detenidos, y también con Víctor Mallón.

–Víctor es un tipazo, yo lo quiero mucho. Pero a veces se le va la mano.

El “se le va la mano” de Pablo derivará en Mallón golpeando varias veces la cabeza a un joven contra la reja del patrullero. Esa vez los dos habían ido a una casa por un llamado de música fuerte. Pablo bajó del móvil y les pidió a los jóvenes que apagaran los parlantes, pero no hicieron caso. Mallón, en cambio, bajó con una escopeta. Y empezó el desmadre.

–Víctor es temperamental. En el pueblo no le quieren mucho por eso. Pero es una buena persona. No te creas que los vecinos de acá son todos santitos, eh. A veces se la buscan.

Del detenido Adrián Núñez dirá que es una “excelente persona” y un “muy buen compañero”. El 20 de diciembre del 2019, Pablo y Adrián fueron reconocidos por sus desempeños en un acto oficial. Núñez, esa jornada, recibió un premio estímulo como oficial ayudante.

–Igual no pongo las manos en el fuego por nadie –dice Pablo, mientras un patrullero pasa por el otro carril y él saluda a su conductor?. Yo no creo que la piba se haya suicidado. O si lo hizo, la dejaron morir.

Pablo se detiene en un semáforo al costado de la plaza. Debajo de su camioneta, en el pavimento, todavía hay pintadas de la última marcha en reclamo de justicia por Daiana.

–El tema de la bolsa y las torturas yo nunca lo presencié, pero sé quién lo empezó –dice Pablo–. Jorge Hein. El “ruso”. Ya murió, pero es una leyenda el tipo. 

–¿Qué hacía?

–Mañas de policía viejo. Capaz torturaba un poco. Acá hicieron escuela varios con él. Barrios (Christian) fue uno.

El legado Hein

El policía Jorge Mario Hein llegó a Laprida a principios de los ´90 cuando la ciudad –explica el periodista de policiales Marcelo Beltrán–, "era un caos". “Había mucha delincuencia. Banditas que hacían quilombo en las calles. Hein llegó de Olavarría, lo nombraron subcomisario y puso orden”, cuenta Beltrán.

El orden para Hein, sigue el periodista, fue la mano dura. "Era guapo 'el ruso'. Tenía sus métodos, claro, pero el delito bajó". Las bolsas en la cabeza, las picanas y las palizas feroces dentro de la comisaría se volvieron moneda corriente. El oficial bonaerense Pablo confirma esto. “Mi papá era policía y me contaba historias sobre él. Los viejos oficiales del pueblo lo recuerdan así, con esas prácticas”. El abogado Sergio Roldán también tiene su anécdota con ‘el ruso’: “Una vez me prohibió entrar a un allanamiento con él. Me ordenó por las buenas que me quedara afuera”.

Las denuncias contra la Policía de Laprida en ese entonces –y como ahora– se acumularon. Tanto que, en el año 2003, Asuntos Internos tenía previsto llegar al pueblo a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario El Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a la cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto, el peritaje de esa investigación determinaría que el fuego se encendió de forma “intencional”.

De hecho, en la noticia, figura que Marcelo Amaya –excomisario de la estación separado por el caso Daiana– estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Hein, por esa fecha, ya estaba siendo investigado por una malversación de horas extras en la comisaría. Según una fuente de Asuntos Internos consultada por este medio, el subcomisario fue declarado “prescindible” de la comisaría en 2004. Al año, es exonerado por completo de la fuerza, poniendo fin a su mandato en el pueblo.

En Laprida, tras 20 años, las cosas siguen –más o menos– igual.