A siete meses del derrame de un millón de litros de agua cianurada en San Juan, la asamblea de Jáchal y diferentes organizaciones internacionales levantan la voz mientras los grandes medios y la clase polÃtica hace oÃdos sordos.
Siete meses después, el silencio quiere seguir imponiéndose. Aunque cada vez es más difÃcil, porque las pruebas y los interesados en conocer la verdad se extienden mucho más allá de San Juan, donde el 12 de septiembre de 2015, en la mina Veladero, explotada por la compañÃa canadiense Barrick Gold, se produjo el derrame de un millón de litros de agua cianurada que afectó a la región del rÃo Jáchal, sus afluentes y a las poblaciones en su área de influencia.
“Los peritajes que confirman contaminación son un empuje a la lucha, pero sin embargo, hay una temible y sospechosa negación del tema, donde los funcionarios minimizan los efectos del derrame y las consecuencias que traen en la población”, expresó Miriam Corso, representante de la asamblea vecinal Jáchal No se Toca, quien además aseguró: "tenemos el caso de un chico de cinco años de Jáchal donde aparecen rastros de mercurio en un análisis de sangre que se le practicó, pero el niño y su familia están con identidad reservada porque recibieron amenazas.”
El hecho, gracias a la protección mediática de la que goza la megaminerÃa en nuestro paÃs, pasó inadvertido para los grandes medios y la mayorÃa de los funcionarios tanto provinciales como nacionales. En cambio, el tema fue tomado con preocupación por diferentes organizaciones ambientalistas internacionales. Según Greenpeace, Barrick Gold utiliza más de 110 litros de agua por segundo en ese emprendimiento, lo cual equivale a nueve millones y medio de litros por dÃa. “No vamos a parar de manifestar hasta que la última mina se vaya, porque son incompatibles con la vida de la población y el desarrollo de nuestras comunidades", enfatizó Corso.
Semanas atrás, más de veinte asambleas y colectivos ambientales se reunieron para celebrar un nuevo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la Asamblea Jáchal no se toca, surgida en 2004 a partir de la noticia de la instalación de la minera en el departamento de Iglesia.
Asistieron a la asamblea representantes de Chile y Uruguay, de las asambleas Campesinos por el Valle del Huasco y de la Asamblea Pachamama, entre otras. Y tras tres dÃas de debate, se determinaron acciones conjuntas para realizar en apoyo a la situación que está enfrentando el pueblo de Jáchal.
Los efectos de la explotación son devastadores. En principio, se dinamitan las montañas con la consiguiente alteración del paisaje, y la destrucción de lugares en varios casos sagrados para comunidades indÃgenas, por el uso de toneladas de explosivos. Asimismo, la remoción de la tierra libera a la atmósfera minerales tóxicos como el arsénico.
El proceso de molienda y decantación requiere mucha energÃa para triturar la roca y extraer unos pocos ramos de oro por cada tonelada rocosa, incrementando la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. El uso de millones de litros de agua potable de rÃos, arroyos y napas, implica la dispersión extensiva del cianuro aplicado para la separación metalÃfera.
El lÃquido potable deja de estar disponible para las comunidades y para otros usos como la agricultura y la crÃa de animales. Notoriamente, los minerales son separados en piletones a cielo abierto llamados “diques de cola”, con vertidos de una sopa quÃmica contaminante que van a parar a los cursos hÃdricos o se filtran a las napas.
La red AVAAZ, que inició una campaña de activismo por internet, publicó un documento que expresa que “las multinacionales megamineras se llevan el mineral sin dejar prácticamente nada en el paÃs y sà recibiendo múltiples subsidios (energÃa, agua, y exenciones impositivas)”. Al mismo tiempo, la entidad remarca que “las autoridades utilizan la Ley Antiterrorista para procesar a los miembros de las comunidades que se oponen a ese tipo de megaminerÃa, como en los casos de Andalgalá y Chilecito”.
Se afirma que a pedido de numerosos vecinos, y de comunidades indÃgenas desplazadas, el municipio de ese departamento sanjuanino efectuó un estudio técnico sobre el agua de los rÃos de la zona, y asà se detectó contaminación hasta 1.400 por ciento por encima de los valores tolerables.
La misma fuente sostiene que tras el vertido con agua cianurada de Veladero se verificó la contaminación en los rÃos de deshielo con elementos peligrosos como aluminio, arsénico, boro, manganeso, cloruros y sulfatos.
Después del episodio se abrieron dos investigaciones judiciales, una en el fuero Federal a cargo del juez Sebastián Casanello y otra en la Justicia sanjuanina, a cargo del juez Pablo Oritja, cuya Circunscripción procesó a nueve ejecutivos de la empresa Barrick por el mencionado derrame. Frente a esto, el gobierno de la provincia estableció una multa a la compañÃa de 145.696.000 pesos. Sin embargo, desde la Asamblea consideran que la multa, asà como los procesamientos, son insuficientes.
“Los peritajes que confirman contaminación son un empuje a la lucha, pero sin embargo, hay una temible y sospechosa negación del tema, donde los funcionarios minimizan los efectos del derrame y las consecuencias que traen en la población”, expresó Miriam Corso, representante de la asamblea vecinal Jáchal No se Toca, quien además aseguró: "tenemos el caso de un chico de cinco años de Jáchal donde aparecen rastros de mercurio en un análisis de sangre que se le practicó, pero el niño y su familia están con identidad reservada porque recibieron amenazas.”
El hecho, gracias a la protección mediática de la que goza la megaminerÃa en nuestro paÃs, pasó inadvertido para los grandes medios y la mayorÃa de los funcionarios tanto provinciales como nacionales. En cambio, el tema fue tomado con preocupación por diferentes organizaciones ambientalistas internacionales. Según Greenpeace, Barrick Gold utiliza más de 110 litros de agua por segundo en ese emprendimiento, lo cual equivale a nueve millones y medio de litros por dÃa. “No vamos a parar de manifestar hasta que la última mina se vaya, porque son incompatibles con la vida de la población y el desarrollo de nuestras comunidades", enfatizó Corso.
Semanas atrás, más de veinte asambleas y colectivos ambientales se reunieron para celebrar un nuevo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la Asamblea Jáchal no se toca, surgida en 2004 a partir de la noticia de la instalación de la minera en el departamento de Iglesia.
Asistieron a la asamblea representantes de Chile y Uruguay, de las asambleas Campesinos por el Valle del Huasco y de la Asamblea Pachamama, entre otras. Y tras tres dÃas de debate, se determinaron acciones conjuntas para realizar en apoyo a la situación que está enfrentando el pueblo de Jáchal.
Los efectos de la explotación son devastadores. En principio, se dinamitan las montañas con la consiguiente alteración del paisaje, y la destrucción de lugares en varios casos sagrados para comunidades indÃgenas, por el uso de toneladas de explosivos. Asimismo, la remoción de la tierra libera a la atmósfera minerales tóxicos como el arsénico.
El proceso de molienda y decantación requiere mucha energÃa para triturar la roca y extraer unos pocos ramos de oro por cada tonelada rocosa, incrementando la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. El uso de millones de litros de agua potable de rÃos, arroyos y napas, implica la dispersión extensiva del cianuro aplicado para la separación metalÃfera.
El lÃquido potable deja de estar disponible para las comunidades y para otros usos como la agricultura y la crÃa de animales. Notoriamente, los minerales son separados en piletones a cielo abierto llamados “diques de cola”, con vertidos de una sopa quÃmica contaminante que van a parar a los cursos hÃdricos o se filtran a las napas.
La red AVAAZ, que inició una campaña de activismo por internet, publicó un documento que expresa que “las multinacionales megamineras se llevan el mineral sin dejar prácticamente nada en el paÃs y sà recibiendo múltiples subsidios (energÃa, agua, y exenciones impositivas)”. Al mismo tiempo, la entidad remarca que “las autoridades utilizan la Ley Antiterrorista para procesar a los miembros de las comunidades que se oponen a ese tipo de megaminerÃa, como en los casos de Andalgalá y Chilecito”.
Se afirma que a pedido de numerosos vecinos, y de comunidades indÃgenas desplazadas, el municipio de ese departamento sanjuanino efectuó un estudio técnico sobre el agua de los rÃos de la zona, y asà se detectó contaminación hasta 1.400 por ciento por encima de los valores tolerables.
La misma fuente sostiene que tras el vertido con agua cianurada de Veladero se verificó la contaminación en los rÃos de deshielo con elementos peligrosos como aluminio, arsénico, boro, manganeso, cloruros y sulfatos.
Después del episodio se abrieron dos investigaciones judiciales, una en el fuero Federal a cargo del juez Sebastián Casanello y otra en la Justicia sanjuanina, a cargo del juez Pablo Oritja, cuya Circunscripción procesó a nueve ejecutivos de la empresa Barrick por el mencionado derrame. Frente a esto, el gobierno de la provincia estableció una multa a la compañÃa de 145.696.000 pesos. Sin embargo, desde la Asamblea consideran que la multa, asà como los procesamientos, son insuficientes.
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