Jorge Macri, el Bukele porteño

“Cuando escuché el disparo, me arrodillé y le rogué a Dios que mi hijo estuviera vivo”. Lo cuenta Claudia, vecina de la Villa 31 de Retiro, que el 24 de septiembre esperaba a Leo, su hijo, en su casa. Ese mismo día, otra vecina del barrio, Lidia, recibió nueve impactos de balas de goma durante el operativo policial. “Esa tarde le dije al policía que tratara bien a Leo, que no era una bolsa de papas que estaba llevando, sino un ser humano”, recuerda.

En el sector Saldías, el hijo de Lidia también iba camino a su trabajo cuando siete policías lo requisaron en medio de los típicos verdugueos. Cuando explicó a dónde iba, un efectivo le respondió: “Ustedes los villeros dicen que van a trabajar y salen a robar”. Más al sur, a unos cuarenta minutos, en la Villa 21-24 de Barracas, alrededor de quince personas en situación de calle fueron despojadas de sus pertenencias: colchones, frazadas y los ranchos. A orillas del Riachuelo, vecinos denunciaron una persecución contra personas en situación de calle, con balas de goma, gases y un detenido que recuperó la libertad pocos días después.

Así se vivió la segunda edición de los operativos de saturación de la gestión de Jorge Macri, desplegados en 15 villas y barrios populares porteños bajo la premisa de la “seguridad”. Lo bautizaron Tormenta Negra. En los barrios quedaron las clausuras de locales, las humillaciones, el despojo y el miedo. Mientras tanto, el despliegue policial también ofrecía una postal para las redes sociales: un gran espectáculo de seguridad.

En una reunión del Movimiento de Villas y Barrios Populares, Claudia relató con la voz temblorosa, atravesada por la bronca, lo que sufrió Leonardo, su hijo. “Escuché el tiro y pensé: ‘A mi hijo me lo mataron’”, recuerda. Contó que Leo atraviesa un momento difícil por el consumo problemático y advirtió que la “maldita droga” no deja de expandirse por el barrio. También denunció que su primera impresión fue que “lo estaban golpeando como cien policías”.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a Leonardo siendo trasladado por varios efectivos, tomado de pies y manos, desvanecido y sangrando. Durante esos momentos, su familia no sabía a dónde lo llevaban. “No decían dónde se lo habían llevado, ni a qué hospital, ni a qué comisaría”, contó Claudia.

Leo regresó a su casa con múltiples lesiones, según el relato de su madre. “Lo tengo vivo en casa, gracias a Dios. Pero Leo está todo roto, con el brazo hinchado, lleno de heridas por el arrastre. En el destacamento lo trataron como a un perro, le tiraron agua para despertarlo. Le sacaron el codo de lugar, tiene todo pelado: la espalda, los brazos, la rodilla. La verdad que lo que le hicieron no se hace con nadie”, concluyó.

Lidia, por su parte, estaba preparando la misa junto al padre Nacho en la Capilla Luján, en la Villa 31. Desde allí escuchó lo que ocurría cerca del lugar donde habían levantado a Leo, inconsciente. “Escuchamos un ruido infernal afuera”, cuenta. Según su testimonio, cuando vecinos y vecinas reclamaron por el trato que estaba recibiendo el joven, la respuesta policial fue la violencia. Lidia recibió nueve impactos de balas de goma en su cuerpo.

Jorge Macri y el modelo Bukele

La comparación con el modelo de seguridad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aparece en las críticas de quienes cuestionan la política de Jorge Macri. La puesta en escena de los operativos, el despliegue de efectivos y la difusión de imágenes en redes sociales alimentan esa lectura: mostrar capacidad de control, exhibir detenciones y convertir la seguridad en una de las principales marcas de gestión.

La estética institucional de Macri también adoptó tonos violetas, asociados en el escenario político argentino con La Libertad Avanza. Pero más allá de los colores y las imágenes, la discusión de fondo es qué política de seguridad se construye y sobre quiénes recaen sus consecuencias.

Los operativos de saturación se presentan como acciones para combatir el delito y recuperar el espacio público. Sin embargo, las denuncias de violencia institucional, la destrucción de pertenencias y las clausuras de comercios familiares abren otra discusión: qué sucede cuando la intervención estatal se despliega sobre comunidades enteras y las personas que viven allí quedan expuestas a sospechas generalizadas.

La política de seguridad también se expresa en las normas. Una semana después del Tormenta Negra del 24 de septiembre, Jorge Macri envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional. La iniciativa propone endurecer sanciones económicas y días de arresto, agravar las penas por reincidencia e incorporar nuevas contravenciones. Entre otras medidas, prevé multas de hasta 58 millones de pesos por venta ilegal en el espacio público y sanciones por portar elementos destinados a provocar disturbios en manifestaciones. El proyecto todavía debe debatirse en la Legislatura.

Mientras Argentina atraviesa una crisis de endeudamiento familiar, los barrios populares son protagonistas a la hora de pensar la crítica realidad para quienes sobreviven por debajo de la línea de la pobreza. En ese marco, el Gobierno de la Ciudad procede a reforzar su política militarizada. "En dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad", anuncian en la página oficial del GCBA. Y suman: "Se sumaron más de 600 patrulleros, camionetas, motos, cuatriciclos y bicicletas para las comisarías; 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna". Recordemos que las pistolas Byrna se introdujeron en 2024, son las que disparan proyectiles cinéticos o municiones químicas irritantes -como gas lacrimógeno-, con un alcance de hasta 20 metros.

Otro gran desempeño para las intenciones de Macri tiene que ver con el traslado de personas privadas de su libertad del Penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Esa especie de liberar de cárceles la Ciudad, sin dudas para vecinos de la zona es un alivio. El punto que toca analizar es la narrativa que acompaña este traslado donde el GCBA y Jorge Macri insisten con “ley y orden” contra los más débiles, pobres, porque la inmensa mayoría de la población del sistema penitenciario argentino provienen de barrios populares. Ese sesgo de seguir insistiendo en la mano dura con quienes ya están en el suelo es lo que convierte a estas políticas en discriminantes, estigmatizantes.

La pregunta es qué modelo de convivencia se busca construir cuando el endurecimiento de las sanciones y la exhibición de fuerza ocupan un lugar central en la respuesta estatal a los conflictos sociales. El endurecimiento de las normas y los operativos policiales también se desarrollan en un escenario de competencia política y de cara al próximo calendario electoral. Macri busca instalar la seguridad como una de las marcas de su gestión. Sus críticos advierten que esa estrategia puede convertir a los sectores más vulnerables en blanco de una política que promete orden, pero que produce estigmatización y temor.

El ojo de la tormenta

El 24 de septiembre, el clima en las villas estaba lo suficientemente tenso como para que circularan advertencias sobre lo que podía ocurrir. A las 17.55, el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra publicó en redes sociales: “En minutos el gobierno de la Ciudad va a hacer un operativo tipo tormenta negra en la Villa 20, los vecinos y vecinas lo saben hace horas. También lo saben los que tienen algo que esconder, que a esta altura ya se pudieron ir del barrio”.

El operativo no se limitó a la Villa 20. En Zavaleta y la Villa 21-24, vecinos y vecinas también habían advertido movimientos policiales desde las nueve de la mañana. La circulación anticipada de información plantea una pregunta sobre la eficacia de estos despliegues para alcanzar a quienes cometen delitos y sobre su impacto en la vida cotidiana de los barrios.

El Gobierno porteño informó que, al igual que en mayo, el 24 de septiembre desplegó alrededor de 1.500 policías y agentes de control en quince villas y barrios populares. El dispositivo incluyó drones, helicópteros, controles de personas y vehículos, inspecciones comerciales y tareas de ordenamiento del espacio público. Según el balance oficial, hubo 17 detenidos y se secuestraron 192 vehículos.

La magnitud del despliegue contrasta con las escenas denunciadas por los habitantes de los barrios: personas en situación de calle que perdieron sus colchones y frazadas, comercios familiares clausurados y vecinos que relataron golpes y disparos de balas de goma. Son episodios que requieren investigación y respuestas concretas de las autoridades, más allá del balance policial.

El 30 de septiembre, Jorge Macri publicó en sus redes sociales: “Algunos pseudo progres y garantistas dicen que discriminamos a las villas con los operativos Tormenta Negra. Nada discrimina más que la ausencia de ley. Nosotros salvamos vidas y garantizamos el orden adentro y afuera”.

Acompañó el mensaje con una imagen que afirmaba que los homicidios en las villas se habían reducido un 70%. Sin embargo, esa cifra, por sí sola, no demuestra que la reducción sea consecuencia de las Tormentas Negras. Para establecerlo sería necesario conocer el período comparado, la fuente estadística, la cantidad de casos y la evolución de los homicidios en otros territorios durante el mismo tiempo.

También es necesario distinguir entre las detenciones anunciadas y los resultados judiciales posteriores. En el balance oficial del operativo de septiembre no se informó ninguna detención por homicidio. Ese dato no permite, por sí solo, sacar conclusiones sobre la totalidad de las causas judiciales ni sobre la eficacia general de la política de seguridad.

Lo que sí puede afirmarse es que el operativo dejó denuncias de violencia institucional que necesitan ser investigadas. En la Villa 21-24 de Barracas se denunciaron agresiones contra personas en situación de calle y el retiro de sus pertenencias. En el barrio Mugica, ex Villa 31, vecinos denunciaron disparos de balas de goma contra una mujer y golpes contra un joven que terminó inconsciente.

Según el testimonio de su madre, Leonardo sufrió una dislocación de codo y múltiples heridas durante el procedimiento. La familia también denunció que no recibió información clara sobre su paradero mientras era trasladado.

Días después del operativo, vecinos y vecinas que denunciaron haber sufrido directamente la represión de la Tormenta Negra 2 se reunieron en la Legislatura porteña para relatar lo ocurrido. Frente a funcionarios de la Ciudad y diputados nacionales, y junto a representantes de organismos de derechos humanos, compartieron sus testimonios sobre los episodios de violencia institucional que, aseguran, afectan la vida cotidiana y la salud mental de las comunidades.

Las tormentas que están por venir

El 28 de septiembre, los curas villeros se reunieron con el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Zinny, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, para solicitar diálogo frente a los operativos. En un comunicado, los párrocos de seis villas de la Ciudad expresaron su preocupación por “los secuestros de carros a cartoneros, violencia institucional, jornadas de tormentas negras con cierre de locales, confiscación de mercadería, herramientas y equipamiento de trabajo, destrucción de toldos y demás acciones”. También calificaron la segunda Tormenta Negra, realizada el 24 de septiembre, como “fatídica”.

La respuesta que los representantes religiosos atribuyeron a los funcionarios fue que habría futuras reuniones de diálogo y trabajo, pero que el Gobierno mantendría por el momento esa modalidad de intervención. El mensaje dejó planteada una contradicción: mientras referentes comunitarios, religiosos y organizaciones sociales reclamaban revisar los procedimientos, el Gobierno porteño anticipaba que continuaría con ellos.

Como escribo cada vez que intento contar lo que pasa en las villas, después de las tormentas queda toda la caca flotando. Los vecinos y vecinas entramos en un proceso de recomposición, como las aves que quedaron empapadas por la lluvia o con las plumas desparramadas después de una acción violenta. El shock no desaparece de un día para el otro. Hay que sacudirse el cuerpo, volver a encontrarse y pensar acciones posibles. Después de todo, lamentablemente, no queda otra que seguir adelante.

Octubre, en el marco del Día de la Identidad Villera, estuvo marcado por actividades y encuentros en las calles de distintos barrios populares. En la 1-11-14, replicando la asamblea de La Carbonilla realizada un mes antes, vecinos y vecinas se reunieron para pensar colectivamente soluciones. Lo mismo ocurrió en la Villa 21-24. En el barrio Mugica, ex Villa 31, distintas agrupaciones también se encontraron para organizar acciones que, según anticipaban sus participantes, tendrían una expresión pública hacia fines de octubre.

En Amancio Alcorta e Iguazú, en Nueva Pompeya, vecinos de Zavaleta y la Villa 21-24 se sumaron a semaforazos convocados por trabajadores de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y docentes de escuelas de la zona para repudiar la militarización de los barrios. Frente a los operativos, las comunidades también empezaron a construir respuestas colectivas.

El 8 de octubre, integrantes del Movimiento de Villas y Barrios Populares realizaron una “Tormenta Blanca” en Plaza de Mayo junto a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Decenas de vecinos y vecinas se concentraron con carteles y pañuelos, para reclamar el cese de las Tormentas Negras del jefe de Gobierno.

La “Tormenta Blanca” funciona como una respuesta simbólica al operativo y al discurso oficial. Frente a la estigmatización de los barrios populares, sus participantes eligieron la presencia colectiva y la reivindicación de sus derechos. La convocatoria busca trascender una concentración puntual y convertirse en una herramienta para visibilizar las denuncias y fortalecer la organización comunitaria.

Y, mientras tanto, la atmósfera en los barrios populares sigue cargada. Las lluvias intensas y los riesgos asociados al fenómeno climático conocido como Super Niño vuelven a poner sobre la mesa la precariedad de muchas viviendas y la falta de infraestructura adecuada. A esa vulnerabilidad se suman los desalojos en distintos puntos de la Ciudad y el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya eventual aprobación podría tener consecuencias para comunidades campesinas, indígenas y habitantes de barrios populares, según advierten organizaciones sociales.

La represión, los desalojos y los operativos de saturación forman parte de una discusión más amplia sobre el derecho a la vivienda, al trabajo, a la integridad física y a vivir sin ser señalado por el lugar donde uno vive. Mientras Jorge Macri presentó sus intervenciones como una política para garantizar el orden, los vecinos reclaman que la seguridad también implique proteger sus vidas, sus hogares y sus herramientas de trabajo.