Guatemala se "planta" contra la megaminería

Diferentes experiencias de resistencia aparecen en tanto circula la palabra en uno de los acampes que frena la explotación megaminera en Guatemala. Se suman testimonios del pueblo originario Xinka, que en zona selvática aledaña a El Escobal han organizado a las comunidades campesinas y aborígenes para impedir que la minera vuelva a entrar en la etapa de explotación. Buscan evitar que se contamine el agua que ya escasea al haberse secado los pozos, impedir el desplazamiento de las familias que quedan sobre la montaña y ahorrarse más destrucción y más sangre derramada. 

También se escuchan experiencias de México, de Perú y de Argentina, ya que representantes de las comunidades de la meseta y de las asambleas vecinales de Chubut están allí, en el país centroamericano, para participar de una cumbre de pueblos afectados por la multinacional Pan American Silver. La información se comparte, las experiencias se cruzan según los diferentes momentos de cada resistencia.

Mujeres, niñxs, jóvenes y abuelos; campesinos, cafeteros, comerciantes, hermanxs de comunidades originarias, compañerxs de organizaciones sociales; todxs se acercan a la ronda y escuchan la historia de la compañera o el agricultor. Las horas pasan, la noche cae, al mismo tiempo que cae desde las redes sociales una noticia que frena la compartida y dispone la atención de los presentes: hay represión en Catamarca contra el pueblo de Choya que se resiste a un nuevo proyecto de minería a gran escala; hay heridos y detenidos. 

Ante el hecho, lo que hay en el plantón es empatía: no hay demasiado que explicar, en Andalgalá tanto como en Colis –al sureste de la capital Guatemala– el estado de alerta es constante, y la defensa del agua y el territorio, una urgencia que hace posible el sueño de la Patria Grande. En menos de diez minutos, el pueblo de Catamarca recibe también el aliento de los pueblos hermanos desde Guatemala, que saben bien lo que significa la imposición contra la voluntad popular mediante la violencia estatal y el poder corporativo.

SOLIDARIDAD para #Andagala #Argentina desde la resistencia pacífica contra la mina #Escobal en #Guatemala. “Bajen las máquinas del Cerro, Fuerza #Catamarca!” $YRI pic.twitter.com/5tblJovxvb

-- MiningWatch Canada (@MiningWatch) May 4, 2022

Marta Julia Muñoz Montenegro es habitante de Mataquescuintla, Jalapa, y “parte de la comunidad organizada”. Sobre su lucha decía:“Estamos en defensa de la vida, en contra del proyecto minero. Iniciamos en Casillas primero, luego acá (en Colis), por los impactos del proyecto: temblores en forma de sismos, luego se empezaron a rajar algunas casas, por eso la necesidad de poner estos plantones; hubo contaminación a todas nuestras producciones (agrícolas); división social que vinieron a hacer en la población, en nuestras familias, en la región completa del Pueblo Xinka; se han secado mucho los pozos a falta de agua. Y la contaminación que tiene: mucha agua ha salido alta en metales pesados, entonces uno ya no tiene la confianza de usar el vital líquido para el sustento de las familias”. 

Marta se refirió a la militarización de la zona para forzar la explotación minera entre 2014 y 2017. “Hubo una criminalización total que vino a bajar la moral de la población, desde entonces vivimos con pánico por ese Estado de Sitio que tuvimos: el Gobierno en contra nuestra por el solo hecho de defender la vida ante las trasnacionales que vienen a invadir nuestros territorios”, denunció.

Durante el proceso de resistencia, iniciado en 2010 a la par de la concesión del proyecto minero, se realizaron al menos 15 consultas municipales: todas rechazaron la minería, con resultados contundentes por encima del 93% por el No. Además, se realizaron multitudinarias marchas, presentaciones en rechazo a los estudios de impacto ambiental, cortes de ruta y acampes. A pesar del rechazo popular, la empresa y el Estado de Guatemala impusieron la actividad megaminera, con la inevitable militarización de la zona, Estado de Sitio incluido.

Así, en medio de la represión y el miedo, Tahoe Resources –con capitales de EE.UU. y Canadá– operó entre 2013 y 2017. Se dedicó a la explotación de una de las reservas de plata más grande del mundo. Como la que tiene Chubut en la Meseta y que el proyecto Navidad, de PAS, busca explotar desde hace quince años.
 

Espejos de resistencia

Mientras la empresa incrementaba su facturación de millones de dólares, la violencia estatal también crecía: persecución, detenciones ilegales, judicialización y balas para los que se manifestaban. A pesar del clima de violencia, cada vez más comunidades se plantaron al ver cómo las reservas de agua se secaban, los cultivos no producían como de costumbre y las promesas de desarrollo y progreso se convertían en engaños y hambre. “El límite fue cuando la tierra empezó a temblar”, coincidieron desde el primero de los acampes, en el “plantón” de Casillas, Santa Rosa. Plantarse ante el poder no fue gratis.

“Yo tuve un atentado hace poco, grave, gracias a Dios estoy aquí de pie, siempre en la lucha. El atentado fue en mi hogar, tenemos un negocio y llegaron los delincuentes, me balearon, fue el 16 de enero de 2021”, relató Julio González Arango, uno de los líderes comunitarios de Jalapa.

–¿Cómo asocia el atentado con su resistencia contra la minera?

–A mí me han llevado como líder comunitario desde 2012. He sido perseguido por el Gobierno de Otto Pérez Molina (Presidente de Guatemala 2012-2015), fui criminalizado, la empresa ha estado detrás de nosotros viendo que hemos hecho una resistencia fuerte, nos han tratado de quitar de la resistencia para que ellos puedan trabajar.

–¿Dónde le dispararon?

–Acá, en el abdomen. Me quitaron el bazo, tengo una operación grande en el estómago. Pero acá estoy, de pie, con más ganas de vivir y de luchar por mi pueblo. Lo que más les duele a ellos es que nosotros, por medio de compañeros de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, hemos hecho una fuerza bastante fuerte y les duele, les molesta. Han querido comprar a nosotros, los comunitarios.

–¿Cómo los vienen a comprar?

–Buscan los números de compañeros, de abogados, para que desistan de los procesos que se han llevado en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia. Están buscando a cualquier líder para detener eso. Ofrecen millones de quetzales para poder comprar voluntades de las personas.

Cualquier similitud con Chubut no es casualidad, sino un patrón que las multinacionales mineras repiten como una receta en el país latino en que desembarcan, con la complicidad estatal.

Desde 2017, comunidades originarias y campesinas de la zona de San Rafael se organizaron para impedir que la empresa continúe operando, al punto que nunca le permitieron conectarse a la red de energía eléctrica, que debieron reemplazar por combustible. Desde que PAS adquirió la minera El Escobal en 2019, a pesar de los conflictos y la falta de licencia, gastó entre 20 y 24 millones de dólares al año en mantenimiento; monto que levanta las sospechas de las comunidades sobre el destino de los millones. En Chubut sucede algo similar: Pan American no puede explicar a sus inversores en qué gastó seis millones de dólares solo en 2019, en una provincia donde la actividad está prohibida por ley.

La suspensión de la explotación, que PAS busca levantar, depende del proceso de consulta previa, libre e informada entre el Gobierno de Guatemala y el pueblo originario Xinka, que fue ordenado por la Corte Constitucional en un fallo sin precedentes que llegó tras la instalación de los plantones. Las comunidades denuncian la intromisión de la empresa en la instancia de diálogo y rechazan que Pan American considere el proceso como una instancia previa para terminar avanzando en la explotación, en palabras de la empresa: “Un diálogo formal para lograr acuerdos entre los participantes principales en el proceso, comunidad indígena Xinka, Ministerio de Energía, Ambiente y Minas y la subsidiaria PAS Guatemala”. El pueblo Xinka señala el rol del Estado guatemalteco como “intermediario entre nosotros y PAS” y advierte que la empresa le está informando a sus inversores con “mala fe”.

Los accionistas y el territorio

En la última asamblea anual de accionistas de PAS celebrada en Vancouver, Canadá, la empresa se negó a recibir una petición con 85.000 firmas en la que denuncian cómo se ignora las posturas de las comunidades de Guatemala y Argentina, dirigida a sus inversores. 
“No está claro si la compañía respetará el derecho de los pueblos indígenas a rechazar la minería en su territorio; eso hace que la inversión sea peligrosa y los accionistas lo deberían saber”, apuntó Ellen Moore, de la organización Earthworks, que es accionista de Pan American Silver y trabaja con las comunidades afectadas.

La jornada de intercambios en el plantón de Colis llega al final, luego de compartir una típica comida guatemalteca, con frijoles, huevo, tortillas y café. La mayoría retornó a sus casas, sus campos, sus ciudades, aunque la guardia pacífica seguirá en el plantón, durante toda la noche, hasta cumplir las 24 horas.

Luego vendrá otra para el siguiente turno, durante todos los días, en dos lugares estratégicos en simultáneo. Es la forma en que han conseguido frenar la megaminería en esa zona de Guatemala. “Solo Dios sabe cómo seguirá esto”, dicen. Mientras, siguen allí, resistiendo.