La desigualdad de las escuelas en pandemia

por Lautaro Romero
Fotos: Agencia Télam
16 de octubre de 2020

El Gobierno porteño decidió impulsar “actividades socio-educativas” y de “revinculación pedagógica” en los patios de las escuelas. ¿Qué pasa con que les pibes que deben viajar desde el conurbano? ¿Qué pasa si no hay elementos de higiene? ¿Qué pasa si el montaje mediático le gana a la planificación?

¿Qué hacemos si los baños y la escuela en general no se limpiaron, abrimos igual? ¿Si falta el personal de maestranza o no enviaron elementos de higiene? ¿Qué hacemos con lxs niñxs con o sin discapacidad que no pueden respetar las pautas? ¿Les decimos que no vayan? ¿Si van lxs mandamos de vuelta a su casa? ¿Es justo y sobre todo ético discriminar entre quienes pueden y no pueden adecuarse? Si a unx niñx le sangra la nariz espontáneamente (esto pasa, muchas veces en la escuela), se resbala y se lastima o se le parte un diente (pasa, lamentablemente) o se descompensa por calor o por hambre (pasa mucho también), o se hace pis o caca encima (muy habitual también)…¿Qué hacemos? ¿Cómo garantizarán el transporte seguro de lxs alumnxs que viven lejos de su escuela? ¿Cómo imaginan que se podría contener a unx niñx que se angustie si sus docentes no pueden abrazarlx, acercarse o asistirlo?"

Patricia Pines es referente del colectivo Vacantes para Todxs, pero antes que nada es madre y docente. En este momento la frustra una profunda tristeza porque no hay respuestas para sus preguntas, que surgen básicamente de usar el sentido común, de reflexionar en lo cotidiano y en el aula.

Lo que Patricia y miles de familias no entienden es por qué el Consejo Federal de Educación –con el Ministro Nicolás Trotta a la cabeza– habilitó la resolución impulsada por el gobierno porteño respecto de las jornadas –no obligatorias– de “actividades socio-educativas” y de “revinculación pedagógica” en los patios de las escuelas, exclusivamente para alumnos de séptimo grado de primaria, y quinto y sexto año de escuelas medias y técnicas.

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Por qué decidieron en base a un “semáforo” epidemiológico que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente con un nivel medio de transmisión comunitaria, estaba preparada para iniciar actividades “no escolares”, al aire libre y con no más de diez estudiantes a la vez. 

Por qué ahora, cuando hay alta circulación del virus –los números hablan de 900 contagios de Covid por día- y la situación sanitaria sigue siendo delicada. 

Por qué los docentes y los directivos de las escuelas no recibieron un comunicado oficial. Por qué muchos se enteraron por los medios. 

Por qué nadie les explicó qué protocolo seguir en caso de que un alumno contraiga la enfermedad.

Por qué nadie piensa en aquellos docentes que tienen hijos menores de 14 años a cargo.

Por qué durante la cuarentena hubo alrededor de 800.000 alumnos alrededor del país sin conexión alguna con la escuela. 

Por qué en los colegios faltan artículos de limpieza y desinfección. Por qué las condiciones de infraestructura no son las adecuadas. 

Por qué no hay personal auxiliar disponible.

Por qué los docentes, de cumplirse esta normativa, debieran trabajar el doble: presencialidad y virtualidad. Por qué deben extender las horas de laburo.

Por qué no les pagan los sueldos adeudados desde hace meses. Por qué no les aumentan.

Por qué el Estado no previene. Por qué se contradice. Por qué lo hace con la educación.

Por qué si en San Juan, Catamarca y Santiago del Estero se abrieron las aulas y tuvieron que dar marcha atrás por el aumento de casos.

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El martes 13 de octubre, en las escuelas técnicas Nº35 y la Nº27 del distrito 18, un grupo de diez alumnos bajo la modalidad “burbuja” vivió en primera persona la experiencia de la semi presencialidad. En el patio, a los rayos del sol, inmóviles, sentados en los bancos, sin poder acercarse ni jugar con sus compañerxs; ante la mirada perturbadora de funcionarios del gobierno de la Ciudad, supervisores, cámaras de televisión y periodistas que no respetaron los protocolos ni el distanciamiento social.

"Estas medidas solo pueden ser propuestas por personas ajenas a la dinámica escolar y que evidentemente desconocen las problemáticas de infraestructura, seguridad e higiene que atraviesan a las escuelas"

Para colmo, está previsto que abran once escuelas secundarias más, y la semana que viene otros 190 establecimientos educativos. Y al mismo tiempo se evalúa la posibilidad de adelantar un mes el inicio de clases en el período 2021, a fin de recuperar lo perdido durante la pandemia.

Patricia: “Está claro que esta iniciativa, lejos de pensar en el bienestar de la comunidad educativa, se sustenta en otros intereses de puja política y de presiones del sector privado. Y también demuestra lo perjudicial que puede ser que lxs funcionarixs a cargo de tomar decisiones no sean especialistas en la materia, estas medidas solo pueden ser propuestas por personas ajenas a la dinámica escolar y que evidentemente desconocen las problemáticas de infraestructura, seguridad e higiene que atraviesan a las escuelas públicas desde siempre. En estos años de gestión el Gobierno de la Ciudad dio numerosas muestras en sus acciones que no respetan los derechos de lxs niñxs, lxs adolescentes ni las familias trabajadoras, por eso deciden de manera inconsulta y arbitraria arriesgar la vida de miles de alumnxs, docentes, personal auxiliar y familias”.

Y agrega: “Desde el primer día exigimos que entreguen computadoras y garanticen la conexión a Internet. Si construyeran escuelas en vez de cerrar salas, grados y escuelas enteras, no habría 15 mil niñxs fuera del sistema. Si en vez de multiplicar los CPI -que no son escuelas- crearan más escuelas infantiles, no existirían recorridos escolares diferenciados para niñxs provenientes de hogares vulnerables. Si en vez de cerrar los institutos de formación docente mejoraran la oferta de capacitación continua, oficial y gratuita, lxs docentes contarían con más y mejores herramientas para mejorar sus prácticas dentro del aula y a distancia”.

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Como consecuencia de la apertura de las escuelas, gremios docentes como UTE, Ctera y Ademys, expresan su rechazo a la medida impulsada por la Ministra de la Ciudad, Soledad Acuña, y mantienen un cese de actividades presenciales por considerar que no están dadas las condiciones sanitarias y epidemiológicas. Exigen que la vuelta parcial de los pibes y las pibas a las aulas se dé bajo un contexto de “baja o nula” transmisión del virus. 

También se proclamó en contra el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que publicó un informe -basado en un relevamiento sobre 1400 escuelas- donde demuestra que gran parte de las instituciones educativas privadas del país no están en condiciones para volver a las clases presenciales. Cabe destacar que el regreso para los colegios privados es una decisión voluntaria, y para quedar habilitados deberán presentar una nota a la Dirección de Educación de Gestión Privada.

“Hay mucho malestar en la docencia, no terminás de entender lo que quieren hacer", dice Jorge Adaro, secretario adjunto de la Asociación Docente Ademys. "La situación epidemiológica sigue siendo compleja. Esta resolución del Consejo Federal de Educación -de carácter nacional- se toma en el momento más alto de la pandemia. Hay una presión de un sector social, y además hay una puja de escenario pre electoral 2021, con dos cuestiones centrales: la economía y el manejo de la pandemia con la educación. Es absolutamente político. Por eso nuestra respuesta también es política”.

"La capital está dividida en 21 distritos escolares; 10 por lo menos tienen matrícula con alumnos de la provincia de Buenos Aires, entonces, ¿cómo hacés con el traslado de los pibes?"

Jorge es maestro hace 39 años. Da clases en una escuela de Vila Soldati, en las afueras del centro porteño. Y nos cuenta que durante los últimos meses los docentes hicieron lo posible por sostener el vínculo con los pibes y las pibas olvidadxs. Pero que la tarea de educar se vuelve ardua por el drama de la falta de recursos y la conectividad.

“Llegamos a tener un 30% de estudiantes trabajando en un escenario de virtualidad. Desde marzo venimos reclamando computadoras para nosotros y para los pibes. Las familias que no tienen un mango se sacrifican para gastar datos del celular. La escuela termina decidiendo qué pibe va a la escuela y cuál no. Y el responsable termina siendo la familia. Hay madres que trabajan cama adentro y el único momento que les pueden dar los celulares a sus hijos para que hagan los trabajos prácticos son los fines de semana”.

Como secretario adjunto de Ademys, Adaro participó la semana pasada de la reunión con el Consejo Federal de Educación, que reúne a los 24 ministros de ese sector de todas las jurisdicciones del país, gremios nacionales y sindicatos. 

Ahí, de una manera muy escueta, le informaron qué iban a hacer. 

Adaro sentencia: “Yo les pregunto: la capital está dividida en 21 distritos escolares; 10 por lo menos tienen matrícula con alumnos de la provincia de Buenos Aires, entonces, ¿cómo hacés con el traslado de los pibes? Es muy grave, demuestran un desprecio absoluto por los pibes. Apuntan al sector más desprotegido y que menos capacidad de respuesta tiene ante el virus. Una cosa es si tenes una prepaga y las cuestiones de salud resueltas para enfrentar un tratamiento; pero en los barrios de la periferia lo único que tenes son los CESAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria), que están desbordados. Hay una necesidad de avanzar con esto que es grosera y criminal. Es de una irresponsabilidad absoluta”.

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