En Argentina existen más de 200 casos de desapariciones forzadas cometidas desde 1983. En la mayoría está involucrada alguna fuerza de seguridad y en todos pesa la inoperancia del aparato estatal para encontrarlas. ¿Quién busca a las personas desaparecidas?
16 de marzo de 1991. Alejandro Flores tenía 5 años y estaba de visita en la casa de su tía, en Río Cuarto, Córdoba. Dos policías lo atropellaron con su patrullero. En lugar de llevarlo al hospital intentaron asistirlo con enfermeras amigas. El niño murió y los uniformados hicieron desaparecer su cuerpo. Para tapar sus rastros, condujeron el vehículo hacia otra provincia. En julio de 2008, un verdulero encontró accidentalmente en una acequia unos restos óseos, a apenas 300 metros del lugar de la desaparición. Era Alejandrito. Su cadáver tenía fractura de cadera y de los miembros superiores e inferiores. Había sido echado a una alcantarilla donde permaneció oculto por diecisiete años.
15 de mayo de 2020. Luis Espinoza y su hermano Juan pasaron por casualidad por una carrera de caballos, en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de Covid-19. Los policías de la localidad de Monteagudo habían acudido a dispersar a los tiros el espectáculo. Juan se cayó de su caballo y los uniformados empezaron a golpearlo. Luis acudió en su defensa y recibió un disparo mortal. La familia lo buscó por todas partes, la policía dijo que se había escapado, que había robado la recaudación de la carrera. Luego de una semana, la fiscalía y la policía judicial encontraron el cuerpo sin vida de Espinoza en alta montaña, en medio de precipicios, en el límite provincial, del lado de Catamarca. Su cadáver estaba sin ropa, envuelto en nylon negro, con una bolsa blanca en la cabeza. Espinoza era un trabajador rural de 31 años, estaba casado y tenía seis hijos.
11 de marzo de 2021. Tehuel de la Torre fue visto por última vez la tarde de ese día cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad bonaerense de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento. Su papá, Andrés de la Torre, lamenta: "La investigación está parada y nuestra familia está muy sola para encarar la búsqueda". Tehuel tiene 22 años, una hermana melliza y una novia que lo espera.
Iguales, parecidos, diferentes
A priori se podría caer en la trampa de pensar que al menos en el caso de Espinoza la aparición del cuerpo fue más rápida que en la del chico Flores. Sin embargo, en los más de 200 casos de desapariciones forzadas cometidas durante períodos constitucionales *, el 30 por ciento no está el cuerpo, entre ellos Miguel Bru, Iván Torres y Arshak Karhanyan. Lo ocurrido con Tehuel no muestra evidencia de participación de fuerzas policiales o de seguridad en su desaparición. Pero la soledad de la familia expone, una vez más, las falencias, ausencias, torpezas e inoperancia del burocrático aparato estatal para encontrar personas que, de pronto, ya no están. La tierra no las traga.
Por estas horas el Centro de Estudios Legales y Sociales se pregunta ¿quién busca al joven trans? Y afirma: “Se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre. Hoy, ninguna instancia estatal lo está buscando activa y sistemáticamente. Las escasas medidas, parciales y limitadas, se llevan adelante por el impulso de actores no estatales que, con los recursos que tienen, presionan sobre alguna autoridad judicial o ejecutiva. No hay un plan de búsqueda organizado por el Estado de la provincia de Buenos Aires ni por el nacional. No lo hubo cuando la ausencia de Tehuel fue denunciada y no lo hay ahora”. Para el Cels, “esta situación es parte de un problema más amplio: no existe en nuestro país una política de búsqueda de personas, tampoco una agencia que se comprometa con ello”.
Lo ocurrido con Tehuel muestra la soledad de la familia y expone, una vez más, las falencias, ausencias, torpezas e inoperancia del burocrático aparato estatal para encontrar personas.
Las familias que atraviesan esta tragedia ya casi no tienen fe institucional porque lo que abunda es impunidad, falta de resultados, ausencias perpetuas. Luciana, la novia de Tehuel fue a la comisaría a presentar la denuncia y no se la tomaron porque era menor. A la madre de Luciano Arruga no se la querían tomar por falta de documentos.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) recomienda evitar las dependencias policiales y acudir directamente a la fiscalía de turno, no por una específica confianza en el Ministerio Público sino al menos para no caer en manos de uniformados que repiten, como si fuera una serie de Netflix, que hay que esperar 48 horas, o 72, cuando de hecho no hay que esperar ni un solo segundo para empezar a buscar a un desaparecido, a una desaparecida. Es decir, no hay un organismo específico, especializado, como tampoco un protocolo de actuación.
En el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas abundan las buenas intenciones, y faltan las herramientas precisas. “Me atendieron bien, pero funcionan con día y horario, no entiendo por qué no buscan las 24 horas”, me decía Vardush Karhanyan, la madre del policía de origen armenio desaparecido en pleno Caballito, a las dos de la tarde del 24 de febrero de 2019.
Nadie busca a nadie
Ni siquiera es posible hacer un diagnóstico preciso de esta problemática porque no hay un registro exhaustivo, actualizado y único de personas desaparecidas en el país. Hay nóminas pero incompletas, como la de la secretaría de Derechos Humanos que deja afuera a los cuatro militantes del MTP desaparecidos en La Tablada. Un país que pudo juzgar su genocidio debería haber aprendido a no caer en la trampa de la víctima inocente y la víctima culpable, por caso no solo estos guerrilleros sino también Daniel Solano sería “culpable” de haber osado intentar organizarse con sus compañeros, trabajadores golondrina explotados.
La burocracia estatal no parece haber tenido voluntad para aprender algo del poderoso proceso de juzgamiento del genocidio. Pero no todo se explica en su proverbial desidia e inoperancia. El Estado no los busca porque es cómplice, por acción u omisión, cuando no partícipe de estos aberrantes delitos. Los pocos avances, por caso las fiscalías especializadas, se diluyen en la repetición de casos sin respuestas. No hay registros unificados de personas muertas NN, así como un banco de ADN de las personas desaparecidas. No existen cruces entre esos dos universos. Y no es que hayan faltado profesionales que marcaran el camino a seguir.
El antropólogo Alejandro Incháurregui dijo a la periodista Mona Moncalvillo, en una entrevista de junio de 1992 en la revista Humor, que “los cementerios fueron los primeros sitios donde pretendieron hacer desaparecer cadáveres durante la dictadura”. Un informe de María Soledad Escobar, experta en informática, luego de la inundación en La Plata de 2013 determinó que hubo entierros de cuerpos con falsa identidad. “La investigación nos llevó mucho más allá y dejó expuesto el procedimiento de la policía para deshacerse de un cadáver: matan un pibe en un patrullero, lo entierran con falsa identidad y no lo ves más”.
La parte administrativa del Estado, en los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales, es una burocracia ramificada de dependencias que impiden identificar a personas que mueren en la calle sin documentos, en las vías del tren o que son asesinadas y tiradas al río. Esta maraña de ineficacia (muy funcional cuando hace falta apelar al encubrimiento de un delito) es suplida por la enorme labor detectivesca que desarrollan las familias y las organizaciones que las apoyan, que intercambian fortaleza, esperanza y teléfonos de abogados experimentados en lidiar con el perverso sistema.
Las fiscalías tradicionales y los juzgados no se quedan atrás a la hora de embarrar la cancha. “La chica está en Neuquén con su novio, dice que está bien y manda saludos”, dijo por una radio el fiscal del caso Katherine Moscoso, la joven que apareció sin vida, sin ropa enterrada en un médano de Monte Hermoso luego de haber estado desaparecida. Y la clase política se suma a esa mirada que piensa “algo habrá hecho” y dice “Santiago Maldonado está en Chile”.
Lo mismo sucede en las comisarías, donde las familias son maltratadas y tienen que escuchar que sus seres queridos “se fueron de joda”, y luego en los medios que se nutren de esos policías aparece la típica campaña de “andaba en la droga”. O peor aún, algunos funcionarios muy serios, bajan el tono y te susurran al oído, “me dicen que andaba con los narco”.
"No existe en nuestro país una política de búsqueda de personas, tampoco una agencia que se comprometa con ello", expresó el Cels a propósito del caso de Tehuel.
Hay quien proclama que la ceguera del Estado es estructural, pero no concertada. Probablemente sea cierto que la mayoría de las desapariciones provocadas por las deficiencias del sistema no tengan que ver con crímenes. Pero ante ese enfoque contrapongo el análisis de los más de 200 casos de desaparición forzada desde 1983 y afirmo que los desaparecedores de uniforme descansan en esa ceguera estatal como garantía de impunidad. Así, ante la pregunta de ¿por qué lo hacen?, la respuesta es simple: porque pueden y salen indemnes. Desde el regreso de la democracia, la violencia y represión estatales asociadas al sistema penal determinaron que sea grande la medida en que el aparato de seguridad desaparece personas en el presente.
Alejandrito no fue el primero, hubo otros antes. Pero lo peor es que habrá otros después de Luis Espinoza, de Tehuel de la Torre, de Lautaro Rosé, el pibe de Corrientes al que la policía dejó morir en el río Paraná.
¿Qué pasó con los victimarios de Alejandrito? Los policías fueron absueltos por prescripción de la causa. En 2014 un fallo de la Corte Suprema ordenó profundizar la investigación, al considerar que “la extinción de la pretensión penal no implica desentenderse de la obligación del Estado de asegurar el derecho de los padres de la víctima a conocer la verdad de los hechos”. Sin embargo, el caso permanece impune.
¿Qué pasó con los asesinos de Luis? La investigación avanzó porque dos policías quebraron el pacto de silencio y delataron al comisario de Monteagudo. Once de ellos y dos civiles estarían a punto de ser juzgados en proceso oral y público, aunque el cambio de fuero hacia la justicia federal podría demorar el juicio.
¿En qué estado está la causa de Tehuel? La causa está frenada por “cuestiones procesales” y todavía no tiene fecha de elevación a juicio. No hay avances significativos desde el cambio de carátula, que pasó a ser por “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”. Están detenidos Alberto Ramos, y su vecino Oscar Montes. Fueron las últimas dos personas que estuvieron con Tehuel.
Este sombrío panorama me lleva a buscar luz en las palabras de Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil que la dejó en silla de ruedas y autora de La disciplina de las balas **: “Desde mucho antes de ese disparo criminal estoy convencida de que la represión del Estado capitalista sólo terminará cuando ese mismo Estado sea desarticulado, desarmado y destruido”.
*Desaparecer en democracia, Editorial Marea, 2021.
**La disciplina de las balas, Ediciones IPS, 2019.
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