Cuatro muertos en un año y medio, dos de ellas de adolescentes, exponen una trama más profunda que hechos aislados: comunidades terapéuticas sin habilitación, controles estatales ausentes y denuncias que no logran activar respuestas a tiempo. En esta nota se advierte sobre un sistema que encierra, vulnera y, cuando falla, deja morir.
En un año y medio, al menos cuatro personas murieron en comunidades terapéuticas de la provincia de Buenos Aires. Las mismas no estaban habilitadas ni contaban con controles estatales. Dos de los casos corresponden a adolescentes, y las denuncias fueron presentadas por la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que advierte sobre un patrón de violencia, encierro y ausencia de supervisión.
Las víctimas fueron Sebastián (36), Catalina (20) y dos jóvenes de 17 años, cuyos nombres fueron resguardados como Braian y Juliana. Según la UIP, los hechos ocurrieron en instituciones ubicadas en Escobar, Pilar y Malvinas Argentinas, algunas de ellas ya clausuradas o denunciadas previamente.
Desde el organismo sostienen que no se trata de episodios aislados. En un informe previo, la UIP había relevado 20 muertes en dispositivos de encierro en la última década, incluyendo suicidios, incendios y otros hechos evitables. “Hoy, el ritmo se acelera”, advierten.
Sebastián y Catalina murieron en septiembre de 2024 y junio de 2025, respectivamente, en la comunidad terapéutica “Sanar para Vivir”, en Escobar, que había sido clausurada pero continuaba funcionando tras su traslado a Pilar. Según testimonios relevados por la UIP, ambos estaban expuestos a un contexto de violencia verbal, aislamiento y sobremedicación. En el caso de Sebastián, testigos afirmaron que era insultado por las autoridades del lugar. Catalina, en tanto, había dejado escrito en su cuaderno frases que evidenciaban un deterioro de su salud mental. De acuerdo a esos relatos, pedía ayuda, lloraba y no recibía atención adecuada. Las muertes fueron archivadas sin una investigación profunda.
El caso de Braian, de 17 años, agrega un elemento adicional: la intervención del Estado. El adolescente, con retraso madurativo y obesidad severa, había sido derivado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro a la comunidad “Nunca Más Solos”, en Pilar. Falleció el primero de enero de este año tras ser trasladado al Hospital Juan Sanguinetti con un cuadro de neumonía. Según la UIP, los responsables del lugar habrían intentado encubrir la situación y obligaron a su madre a firmar un documento de “abandono de tratamiento”.
La denuncia resalta que la institución ya había sido denunciada en noviembre de 2025 e inspeccionada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), pero no fue clausurada. A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar inició una investigación por “averiguación causal de muerte”, pero recién el 27 de marzo.
El cuarto caso es el de Juliana, también de 17 años, fallecida el 2 de febrero de 2026 en la comunidad terapéutica “Señales”, en Grand Bourg. La muerte fue informada inicialmente como “ahorcamiento”. La UIP, en cambio, advierte que el hecho requiere una investigación exhaustiva al tratarse de una menor de edad en contexto de encierro. En su análisis, el organismo detectó la ausencia de información básica: no se identificaban profesionales de salud mental, ni matrículas, ni responsables clínicos, ni habilitación sanitaria. Nada.
Es un patrón que se repite, llamativo, pero no sorpresivo. Las cuatro muertes comparten elementos: personas en situación de vulnerabilidad, alojadas en instituciones privadas no habilitadas, sin controles efectivos y con respuestas judiciales que, según la UIP, no avanzan en profundidad.
Frente a este escenario, la unidad solicitó a los Departamentos Judiciales de San Isidro y Zárate-Campana, así como al Órgano de Revisión Local de la Ley de Salud Mental, una serie de medidas: reabrir las investigaciones archivadas, profundizar las responsabilidades institucionales y estatales, y revisar los mecanismos de habilitación y control de estos espacios.
Para la UIP, lo ocurrido expone fallas estructurales. “No se trata de errores individuales, sino de un sistema”, sostienen. La falta de supervisión estatal, la existencia de instituciones clandestinas y las condiciones de encierro configuran un escenario de riesgo para personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Las muertes de Sebastián, Catalina, Braian y Juliana, advierten, no pueden ser explicadas únicamente por sus padecimientos. “Murieron en contextos de violencia y falta de cuidado”, concluyen.
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