Después de una inundación, se detectaron contaminantes peligrosos en las aguas del Canal Los Molinos, en Córdoba. Vecinos y vecinas denuncian el “entramado político-empresarial” que encubre el desastre ambiental. Y cómo la Justicia no reacciona. Hay medio millón de personas en peligro.
“El mal olor que hay en la zona es insoportable, quema las fosas nasales. Esto no puede ser bueno. Por eso la profunda preocupación que tenemos los habitantes de este lugar. No luchamos solo por nosotros, sino por las futuras generaciones. Esto nos va a matar a todos”, se lamenta José Gremo, vecino del Canal Los Molinos, zona contaminada tras un derrame de sustancias peligrosas.
La lluvia de la madrugada del 28 de marzo de 2017 cambiaría la vida de los y las habitantes de la zona cercana a la capital cordobesa. Las precipitaciones inundaron la zona de la cuenca alta y el agua -rápidamente- se llevó por delante la contención del depósito de residuos industriales peligrosos que tiene la Planta Taym en medio de una cuenca natural. Y esa agua transitó libremente hasta el canal Los Molinos-Córdoba, que abastece de agua a más de medio millón de habitantes de esa provincia.
“Nos preocupa que después de cuatro meses nos mandan de acá para allá y no imputan a nadie. Hay falla de funcionarios porque nunca, pero nunca se debió permitir que esa planta se instale allí. Se dispersaron contaminantes por doquier: en el canal, en sembradios, en campos y sigue su curso. Ya llevamos cuatro meses de impunidad”, denuncia Gremo.
La Planta de Residuos Peligrosos Taym pertenece al Grupo Roggio, encargado de la construcción del canal de Los Molinos, y de manejar la distribución de agua en la Ciudad de Córdoba (a través de la empresa Aguas cordobesas) y el entubamiento en parte del canal Los Molinos. Es el mayor licitador de obra pública de esa provincia. Lo que explica la inacción del gobierno de Juan Schiaretti y las idas y vueltas del poder Judicial para determinar lo obvio: el agua estuvo en contacto con materiales peligrosos como mercurio, plomo, aceite de avión, pesticidas, y después se desparramó por todo el territorio contaminando el suelo, el aire y las napas, y llegando al canal.
La fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, inició una investigación de oficio, confirmando la presencia de contaminantes peligrosos en el agua que ingresó al Canal Los Molinos. Y el ministro de Agua y Ambiente de Córdoba, Fabián López, prometió la conformación de una mesa de técnicos para evaluar el daño ambiental. Sin embargo, después de cuatro meses no hubo novedades. “A pesar de la clausura preventiva ordenada por la Policía Ambiental hemos constatado y denunciado, en varias oportunidades, personal trabajando dentro del predio, máquinas construyendo nuevas fosas o taludes de contención, fuertes olores provenientes de la planta”, aseguran desde la Asamblea Santa María Sin Basura, cuyos integrantes son querellantes en la causa y aportaron pruebas sobre la contaminación.
La causa judicial iniciada de oficio por Otonello había sido girada en su totalidad -a mediados de abril- a la Fiscalía Anticorrupción, cuando el fiscal consideró que habría funcionarios públicos implicados. El fiscal de anticorrupción Hugo Amayusco negó que la investigación perteneciera a su fuero y, al mes siguiente, devolvió la causa a la fiscalía de Alta Gracia. El movimiento de la causa de una fiscalía a otra no terminó. El caso volvió a ser remitido el 10 de julio a la Fiscalía Anticorrupción.
“Este derrame viene a darse cuando ya teníamos una lucha previa: la empresa Taym quiere instalar en la zona el tercer basural más grande de Latinoamérica. Realmente tienen un desprecio por la vida total, por eso lo llamamos ecocidio”, aseguran desde la Asamblea. Cuando se produjo el derrame, estaban acampando en la zona para impedir la instalación del megabasural del Cormecor en un predio contiguo al de Taym. El reclamo es por la inacción, el silencio y impunidad: “Exigimos una justicia independiente de los intereses políticos y empresariales”.
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