Un Ministerio de Alimentación para que el pueblo tenga alimentos sanos, soberanos y a precios justos es la iniciativa que impulsa la UTT para un país que produce materias primas de exportación y también estómagos vacíos. Una mirada a las mesas argentinas, entre el lobby empresario, la economía mundial y las organizaciones campesinas.
En la Argentina hay siete grandes cadenas de supermercados (seis de ellas de origen extranjero) que controlan el grueso de la venta de alimentos. Hay también unas 50 millones de hectáreas que se destinan a la producción de soja para exportación con uso intensivo de productos químicos. Y hay, además, un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza (la mitad de los niños y las niñas del país son pobres).
Aunque parezcan asuntos distintos, el hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza en pocas manos y la exportación de materias primas producidas en los campos que podrían dar de comer a toda la sociedad.
El país que les tocará a las próximas generaciones no puede ser pensado por fuera de un tema que es tan obvio como urgente: el alimento. Las preguntas sobre quiénes son dueños de la tierra, qué se produce allí, bajo qué sistema productivo, cómo se distribuyen los alimentos y a qué precios llegan a las mesas argentinas tienen que estar en la agenda pública nacional.
"Cuando nosotros ponemos la alimentación en agenda, estamos pensando en una alimentación sana, justa y soberana para el pueblo", dice la UTT.
Para la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones integrantes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación. Nuestra propuesta es que el Estado, a través de un Ministerio de Alimentación, pueda tomar decisiones sobre qué alimentos se producen, qué come la población y a qué precio llegan los alimentos. Cuando nosotros ponemos la alimentación en agenda, estamos pensando en una alimentación sana, justa y soberana para el pueblo”.
-¿Qué rol cumpliría ese Ministerio?
-Aplicar una política integral vinculada con la alimentación en todas las etapas, desde la producción hasta la comercialización. Para eso es necesario, primero, democratizar la matriz productiva que ahora está profundamente concentrada. ¿Qué rol cumple hoy el Ministerio de Agroindustria? Favorecer el agronegocio. En todo caso, organizar la producción de materias primas desde una perspectiva comercial, pero no hay una preocupación por los alimentos. Es mentira eso de que Argentina produce toneladas de alimentos para dar de comer a millones de personas; lo que produce Argentina son materias primas para exportación. Desde la UTT creemos que tiene que haber un Ministerio que promueva la producción de alimentos sanos a precio justo para el pueblo.
-¿Cuál es el primer paso para conseguir ese objetivo?
-Lo que hay que lograr es democratizar la matriz productiva, ir al fondo de la cuestión. También sería necesario generar mercados integrales de proximidad, es decir, como si fuesen mercados concentradores pero que garanticen la distribución de alimentos mediante la compra a los pequeños productores, las pymes y la agricultura familiar. Si vos tenés varios de estos mercados testigos, por llamarlos así, podés hacer un acuerdo de precios que beneficie a los productores y también a los consumidores. ¿Qué hace falta para eso? Primero, salir del dólar, quitar la dolarización de la cadena productiva.
-¿Es posible democratizar también el mercado?
-Como toda iniciativa de interés público, lo que hace falta es voluntad política. Hoy en día todo el mercado de alimentos está manejado por grandes corporaciones, desde la producción de la materia prima hasta la comercialización. Están totalmente concentrados, tanto la matriz de producción de alimentos como los circuitos de comercialización. Eso se ve claro en la producción de semillas y agrotóxicos, que son el corazón de la agroindustria. También pasa en las industrias agroalimentarias como las carnes y los lácteos. La concentración en pocas manos se fue profundizando con los años, y la intervención del Gobierno fue, a lo sumo, acordar con algunas de estas grandes empresas para tener un control de precios.
El hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza y la exportación de materias primas.
Agrotóxicos, China y los chanchos
“La alimentación es un tema estratégico para el país que se viene”, plantea Levaggi. Desde su mirada, “uno de los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno es cómo va a comer la gente, porque no hay plata en el bolsillo de las personas”. El “Plan Argentina contra el Hambre” que presentó Alberto Fernández el lunes pasado, tiene tres ejes centrales: el acceso a la canasta básica de alimentos, una política para erradicar la malnutrición y una articulación federal para trabajar junto a las provincias y los municipios.
“Celebro y acompaño la convocatoria pública a resolver colectivamente la mayor vergüenza nacional: el hambre del pueblo argentino (incluyendo la malnutrición en todas sus formas)”, escribió Marcos Filardi tras haber participado en la presentación del Plan impulsado por el Frente de Todxs. El fundador del Museo del Hambre e integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, destacaba que “la propuesta es ambiciosa” y “tiene componentes verdaderamente transformadores, sobre todo para la agricultura familiar, campesina e indígena y para la economía social y popular”.
Sin embargo, Filardi alertaba sobre los puntos grises de la convocatoria: “Que en el ‘todxs’ de la propuesta se incluya, en un lugar (doblemente destacado) a Syngenta-Chemchina –empresa transnacional que es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales– y en un lugar destacado a la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL) –que nuclea a la industria alimentaria más concentrada que comercializa los objetos comestibles ultraprocesados– enciende una alarma sobre el potencial transformador de la propuesta”.
Arelovich: "Hacen falta políticas de largo plazo y normas que regulen el funcionamiento de las empresas y el rol de la banca y el capital extranjero".
Sergio Arelovich, economista y docente en la Universidad Nacional de Rosario, aporta: “Desde el ’83 en adelante, ningún Gobierno se propuso alterar la matriz concentrada que hay en la Argentina”. Eso se debe, en parte, a un condicionamiento real: “Hay grandes jugadores, como los agroexportadores, a los que no podés volar de un plumazo porque tienen un rol importante en la economía”.
Sobre lo que viene, dice que es clave el rol que ocupa China en el mapa económico global. Por un lado, “es el gran financiador serial por fuera del FMI y del Banco Mundial”, pero también tiene a COFCO, la empresa estatal que se ha convertido en uno de los líderes del agronegocio.
COFCO, que también compró a los gigantes Noble y Nidera, es una de las principales agroexportadoras de Argentina. Sólo en 2017 envió al exterior 11.006.563 toneladas de productos agrícolas y facturó 48.499 millones de pesos. China, plantea Arelovich, puede seguir concentrando mucho más el mercado mundial si se lo propone.
¿Es posible alimentar al pueblo argentino sin quedar atrapados en el mercado internacional? “Lo que produce Argentina, principalmente, son alimentos para chanchos y biocombustibles”, explica. Desde su perspectiva económica, ningún plan de gobierno puede desarrollarse si no se revisa la legislación vigente: “Hacen falta políticas de largo plazo y normas que regulen el funcionamiento de las empresas y el rol de la banca y el capital extranjero. Los pilares jurídicos de la Argentina vienen de años de dictadura y neoliberalismo. No se puede seguir sosteniendo ese marco regulatorio, que propicia la situación actual de alta concentración y extranjerización de la economía”.
Una salida por abajo
El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, que elaboró en el mes de mayo un paquete de propuestas desde abajo para avanzar en políticas públicas destinadas a los sectores más relegados del campo y la economía productiva, también alertó sobre la presencia de las corporaciones en la lucha contra el hambre. En un comunicado reciente, las organizaciones participantes expresaron: “Syngenta junto a un puñado de corporaciones, entre las que se destaca también Bayer-Monsanto, es responsable de la expulsión de miles de campesinas y campesinos a las grandes ciudades durante las últimas décadas y ellos son uno de los principales sectores que padecen el crimen que significa el hambre que hoy azota a la Argentina”.
En un país con 14 millones de pobres y 3 millones de indigentes, el Foro propone tres ejes principales de intervención:
1. El desarrollo de un modelo productivo alternativo, no extractivista, sobre la base de la Soberanía Alimentaria y entendiendo a la Tierra como Hábitat y Territorio.
2. Políticas públicas específicas por sector, que a su vez se encuadran en la misma base que mencionamos anteriormente.
3. Una institucionalidad basada en un Estado planificador para garantizar la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, con la articulación participativa y descentralizada entre el Estado, las organizaciones de productorxs y otras organizaciones del sistema agroalimentario y atendiendo particularmente a las reivindicaciones de los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes.
El documento concluye así: “Comprometidos a seguir colaborando para terminar con el hambre en nuestro país nos ponemos a disposición para avanzar en estas acciones urgentes y en la implementación de las políticas necesarias para lograr las transformaciones estructurales que nuestro país necesita”.
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