Misiones: el extractivismo avanza contra las comunidades Mbya Guaraní
por Clarisa Néztor05 de mayo de 2026
En un operativo represivo bajo la excusa de “usurpación”, fuerzas policiales detuvieron a un cacique y varios integrantes de la comunidad Puente Quemado II. Complicidad política y despojo territorial.
El Gobierno misionero volvió a actuar como fuerza de choque al servicio del extractivismo. Esta mañana fue detenido Santiago Ramos, mburuvicha (cacique) de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, y trasladado a la comisaría de Garuhapé (oeste provincial, límite con Paraguay) bajo una causa por supuesta “usurpación” que tramita el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico.
La acusación carece de toda legitimidad jurídica y territorial. El lote en cuestión forma parte del relevamiento oficial realizado bajo la Ley 26.160 (de Emergencia territorial indígena), que reconoce la ocupación ancestral de la comunidad y suspende los desalojos. Sin embargo, el propio Estado que debe garantizar esos derechos es el que hoy los viola.
La detención ocurre días después de que la comunidad llevara su denuncia a instancias internacionales, exponiendo el conflicto territorial que mantiene frente al avance de la multinacional Arauco. La respuesta estatal, sin embargo, fue acelerar la persecución.
Previo a la detención, un operativo policial ingresó al territorio con el argumento de constatar una supuesta usurpación. Aprovechando la detención de Ramos, que estaba fuera de su tekoa (aldea), la Policía de Misiones hizo un nuevo despliegue represivo: ingresó ilegalmente en Puente Quemado II con varios patrulleros, camuflando un operativo de desalojo con argumentos legales. Efectivos ingresaron al territorio y trasladaron a hombres, mujeres y niños a la comisaría de Garuhapé, sin explicaciones claras y en condiciones que generaron miedo, desorientación y ruptura del entramado comunitario.
En ese operativo fueron detenidos el cacique y otros ocho miembros de la comunidad, a quienes se les secuestraron los teléfonos celulares. Ya dentro de la dependencia policial, las mujeres fueron interrogadas sobre sus datos personales, los de sus hijos y sus vínculos familiares. Fueron separadas de los hombres, en un procedimiento completamente ilegal que expone una práctica de control y hostigamiento directo sobre la vida ancestral indígena.
El Gobierno de Misiones es cómplice del avance violento sobre territorios Mbya Guaraní. Este accionar se inscribe en un conflicto más amplio: el avance del modelo forestal en la provincia, sostenido por grandes empresas como Arauco, que han ocupado extensas superficies para la implantación de monocultivos de pino sobre tierras históricamente pertenecientes a comunidades originarias.
La expansión de este modelo implica desmontes, pérdida de biodiversidad, alteración de fuentes de agua y la expulsión progresiva de quienes habitan, sostienen y protegen con su vida el monte nativo. Para que este modelo avance, el rol del Estado resulta determinante.
En este contexto, la pregunta que se impone no es jurídica sino política: ¿por qué el Gobierno provincial actúa contra una comunidad reconocida por la ley y no contra las empresas que avanzan sobre ese territorio?
La situación en Puente Quemado II exige una respuesta urgente. Santiago Ramos y el resto de las personas detenidas fueron liberados por la tarde, pero el reclamo de fondo es el cese de los operativos en territorio indígena y el cumplimiento efectivo de la Ley 26.160.
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En Misiones, más de 130 comunidades viven en estrecha relación con el monte, fuente de alimento, medicina y espiritualidad. Pero su modo de vida ancestral se ve amenazado por el avance de empresarios y la falta de respuestas del Estado. Voces desde el territorio.
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