El femicidio que despertó a un pueblo

La autopsia del cuerpo de Natalia arrojó la presencia de cinco restos de ADN distintos, tres correspondían a los policías de la bonaerense Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, que fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Criminal N°2 de Mar del Plata en octubre de 2002, acusados de “privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas”. Gustavo Fernández, alias “El Gallo”, recibió una condena de 25 años -que luego fue reducida a 10- considerado el entregador de Natalia. 

Ricardo Panadero, el cuarto implicado, ex sargento de la bonaerense, fue absuelto por la Justicia en dos oportunidades distintas a pesar de las declaraciones de testigos que lo incriminaron y el resultado de ADN que arrojó un 97% de compatibilidad con el encontrado en el cuerpo de Natalia. La familia apeló estas resoluciones en ambas instancias y en 2019 lograron que la Sala III del Tribunal de Casación provincial anulara la absolución de Panadero. “La Cámara de Casación dijo que había elementos suficientes para condenarlo, estamos esperando que la justicia resuelva la sentencia con las pruebas que ya tienen o pretendan hacer otro juicio después de 20 años”, Gustavo no se rinde.

Falta un quinto ADN encontrado en el cuerpo de la joven que nunca fue ni investigado, ni cotejado, ni identificado. El lunes 1° de febrero, el abogado de la familia de Natalia, Federico Paruolo, solicitó a la Suprema Corte bonaerense que ordene a la Justicia de Mar del Plata que ese ADN sin identificar, sea cotejado con el de los policías que prestaban funciones en Miramar en la fecha que Natalia fue asesinada, para saber a quién corresponde, algo que la Justicia debería haber hecho hace 20 años.

UN ENTRAMADO POLÍTICO DE IMPUNIDAD

“La conformidad que plantea la Justicia es ya te condenamos a tres, ahora déjate de joder”, dice Gustavo. Desde aquel cuatro de febrero de 2001 junto a Laura se enfrentaron al poder político, a la impunidad policial y a la violencia institucional. Al dolor de haber perdido a su hija le siguieron las amenazas de muerte de parte de lxs familiares de los policías femicidas. También la quema del santuario de Natalia -realizado por vecinxs de Miramar-, y la persecución a los chicos de la familia: “Amenazaron a mi nieto que tenía cinco años cuando estaba en una plaza, fue uno de los hijos de Echenique. Mi hijo lo vio, le hizo un ademan que le gatillaba en la cabeza. Después supimos que ese chico mató a un joven en la costa de Miramar”, así cuenta Gustavo cómo transcurrieron los años de lucha. Las familias de lxs femicidas vivían muy cerca de su casa y las amenazas continuaron.

Era tal el poder y la impunidad con la que se manejaban las fuerzas de seguridad que en los inicios de la investigación, cuando los policías aún no habían sido detenidos,  los propios ayudantes de la Fiscalía se hacían pasar por vendedores ambulantes o turistas para entrar a Miramar. “Nadie sabía que estaban investigando a estos tipos, había tanto miedo, cuando ellos estaban libres que era muy difícil que alguien pudiese atestiguar sabiendo que al otro día podías amanecer con un tiro en la cabeza.”

Antes del femicidio de Natalia, en Miramar había silencio, nunca hubo una marcha, ni siquiera se conmemoraban los 24 de marzo, un pueblo de pocos habitantes acostumbrado a callar los abusos policiales por miedo no solo a las fuerzas sino también al intendente, Marcelo Honores. Un claro ejemplo de cómo se manifiesta un entramado político de impunidad. “Lamentablemente hubo otras víctimas de los mismos policías, pero nadie se atrevió a enfrentar al intendente”, asegura Laura.

Cada sábado a las 21 Laura y Gustavo junto a un pequeño grupo de vecinxs y amigxs salían a pedir justicia por su hija, pegaban carteles por las paredes de Miramar, partían desde la esquina de la municipalidad y recorrían las calles. Un día de esos el intendente le ofreció plata a cambio de su silencio: “Nos pidió que saquemos los carteles donde denunciábamos que en Miramar había policías asesinos sueltos, pero nunca logró callarnos”. Las marchas continuaron cada cuatro de febrero y se convirtieron en multitudinarias cuando se sumaban los turistas que iban a veranear. Miramar no volvió a ser igual

El femicidio de Natalia cambió a la comunidad de Miramar entera, nada de esto hubiera sucedido sin la lucha que emprendieron Laura y Gustavo. “Yo me quedé en Miramar a acuñar el nombre de mi hija, para que cuando me vean a mí la vean a ella, para que no la olviden, porque pretendemos, queremos, deseamos que no vuelva a suceder. Esto ha creado, que un pueblo tome conciencia y la única forma de enfrentar a una corporación como la policía de la Provincia de Buenos Aires era saliendo a la calle. Luchando las cosas se logran, no todo lo que uno quiere, pero sí con el eje inicial que era sacar a los asesinos de la calle”, asegura Laura.

El año pasado la abogada de los femicidas condenados, Patricia Perelló, solicitó prisión domiciliaria para sus defendidos por emergencia sanitaria, a pesar de que ninguno de ellos presentaba una enfermedad de riesgo. Este pedido fue rechazado. Perelló, que alcanzó la fama por tener a Carlos Monzón como cliente, aún hoy continúa asegurando que el femicidio de Alicia Muñiz se trató de un “accidente”. 

“Hay dos cosas importantes cuando pasa algo como lo que nos pasó a nosotros, una es que la familia tiene que dar la lucha, porque si no, la Justicia no sigue. Por otro lado, aquel que ve alguna joven que la están maltratando,  es necesario que le asista o que testifique, que no la abandone a su suerte, que trate de evitarle la muerte. Ese es un deber que tenemos como comunidad y por suerte existe la lucha que están emprendiendo las mujeres”, concluye Gustavo.

Natalia Melmann está presente. Vive en la memoria de su pueblo desde hace 20 años cuando su familia, acompañada de amigxs y vecinxs comenzó ese largo camino en busca de justicia, que aún hoy esperan.