Comunidad Nahuelpan, entre la contaminación y el despojo

¿Qué dice la pericia policial? 

1) “Las muestras de suelo M7 (915144) y la M8 (915435) presentan niveles de metales pesados (Cobalto y Níquel) superiores a los tolerables de uso residencial e industrial según lo exige la normativa vigente en materia de Residuos Peligrosos, Ley Nacional N° 24.051 y su decreto reglamentario 831/9393”.

2) “En TODAS las muestras de agua, de la M1A a la M9A se comprobó la presencia de hidrocarburos parafínicos lineales, estos contemplados en la ley 24501 como Residuos Peligrosos del tipo Y-9 'Mezclas y emulsiones de aceite o hidrocarburos y agua'”.

3) “Las muestras de suelo y agua contaminadas, M8 y M9A respectivamente, se encuentran dentro del campo de la Comunidad Nahuelpan lindera a la PTSRU Esquel”.

4) “La muestra contaminada con hidrocarburos M9A, se corresponde con el agua de captación subterránea de la vivienda de la familia del Sr Felipe Suárez de la Comunidad Nahuelpan”.

La denuncia es por delito ambiental en contra del Municipio de Esquel, que es propietario de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), donde son contribuyentes el Municipio de Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces. Gabriel: “El basurero tiene un fin económico. Si sirvió, fue para los bolsillos de algunos, porque nunca funcionó bien. En 2009 se creó y a fin de año ya había bolsas volando por el campo”. Desde entonces, las familias Castro, Panquilef y Suárez, integrantes de la Comunidad Nahuelpan, presentaron denuncias que nunca fueron respondidas. 

La afectación en el territorio es tal después de más de una década de funcionamiento del basural, que las familias más cercanas tienen que sacar a los animales del campo porque ya no pueden estar ahí: se están muriendo. Gabriel describe: “Las vacas, los caballos, tienen bolsas en el cuerpo que no pueden digerir. Las ovejas, los chivos y otros animales se han muerto y han largado combustible u otra cosa por los ojos, por la boca. Algunos se han hinchado y los han tenido que despanzar y tienen bolsas adentro, plásticos, cualquier cosa”. Las familias directamente afectadas son cinco de las 28 que actualmente componen la Comunidad Nahuelpan.

Mecanismos del despojo

El basurero es solo uno de los frentes con los que debe lidiar hoy la Comunidad para sobrevivir. A esta situación se le suma una disputa judicial por un acceso al territorio, que fue primero cerrado con tranquera y candado, y luego zanjeado por la empresaria María Elena Paggi, que es periodista y dirigenta política del Frente de Todxs (en 2015 fue candidata a intendenta de Esquel). Asimismo, las familias son hostigadas por la fiscalía de Esquel a raíz de una denuncia por “usurpación” que realizó el terrateniente Carlos Aguado.

Nahuelpan es una de las comunidades emblemáticas de la región, conformada por cientos de familias que datan desde, al menos, mediados del siglo XIX en el lugar, durante las campañas militares que llevó el Estado Argentino para consolidarse como tal. Si bien fue reconocida en 1908 por el mismo Estado, un decreto de 1937 impuso el desalojo de sus habitantes. Más tarde, en 1948, el mismo Estado restituyó solo una parte (3 de 9 lotes) del territorio a los descendientes directos del Cacique Francisco Nahuelpan. 

Los atropellos continuaron. Cambiaron las formas, mas no el modo: los derechos de los pueblos indígenas existen, pero no se cumplen ni se respetan.

¿Qué fue del estudio de impacto social y ambiental previo al basural? ¿Qué participación tuvo la Comunidad? Sonia Ivanoff, abogada: “El derecho a la consulta y participación previa, libre e informada para instalar la planta de residuos urbanos de Esquel, lindera al territorio de la Comunidad, nunca se hizo. No se respetó el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho a la participación. El Estado estaba obligado, ya que afecta intereses directos contra la comunidad”.

Ivanoff suma: “Las acusaciones de usurpación a miembros individuales de la Comunidad Nahuelpan y el accionar de la fiscal Dra. Mónica Caveri, quien pretende imputar un delito penal donde se debe discutir el derecho a la posesión y propiedad indígena, forma parte del escenario que deben hoy transitar los comuneros mapuche”.

La palabra y el territorio

Por esta situación, el pasado 14 de febrero se realizó una conferencia de prensa y acción política de visibilización en la estación de La Trochita en Esquel. Allí Ángel Quilaqueo, lonko de la Comunidad Nahuelpan, expresaba: “Queremos hacer saber a la población la situación en que estamos. A principio de mes, el 2 de febrero, fueron más de 30 policías a allanarnos, no encontraron nada, no sé con qué fin, con qué intención fueron allá. Que se sepa cómo estamos en Nahuelpan”. 

Sobre el rol de algunos medios: “Tenemos una señora periodista que tiene su radio y nos critica todos los sábados. No le podemos contestar porque no tenemos medios, no lo podemos denunciar porque no te toman la denuncia, así que estamos aguantando todas esas críticas y discriminación. A ver si toman un poquito de entusiasmo las autoridades provinciales, municipales, y la Justicia. Ha pasado un año del caso que teníamos con la señora Paggi  y no se sabe nada. Entramos y salimos pero no sabemos qué día va y nos pone otra vez la zanja ahí en el camino, y hay que prepararse para el invierno. Y encima esto del basurero”.

“Aquí los tribunales saben perfectamente lo que está pasando en Nahuelpan pero no nos dan ninguna solución y además los atropellos que hacen, llevan a la Policía, nos quieren sacar a toda costa”, denunció Ángel. Su deseo: “Necesitamos que las autoridades provinciales y nacionales se enteren. Tenemos una esperanza de que nos puedan escuchar. Somos mapuche pero estamos en Argentina. Queremos nuestra tierra para vivir y sobrevivir y tener algo para nuestros hijos y que no tengan que irse a las ciudades. El mapuche quiere a su familia trabajando en nuestra tierra. Es eso lo que pedimos, nada más”.