Comunidad Nahuelpan, entre la contaminación y el despojo

por Gioia Claro
Fotos: Roxana Sposaro
03 de marzo de 2022

Cerca de Esquel (Chubut) está asentada una histórica comunidad mapuche tehuelche donde se detectaron metales pesados y restos de hidrocarburos en el agua y el suelo. Un basural estatal es causante del daño, que se suma a la criminalización recurrente por defender la tierra.

Agua y suelos contaminados. Los resultados de la División de Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina arrojaron como resultado la presencia de metales pesados (níquel y cobalto) en distintas muestras de suelo e “hidrocarburos lineales” en el agua de captación subterránea de la vivienda de Felipe Suárez, uno de los pobladores de la Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan, cercana a la ciudad de Esquel, provincia de Chubut.

Felipe cuenta: “Lo mío es la parte lindera al basurero, que fue instalado en el 2009 sin previa consulta a la comunidad y en el 2010 ya empezamos a sufrir el daño y perjuicio al campo. La voladura de nylon, de todo. Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta favorable a pesar de las notas que se han enviado a distintos lugares del Municipio de Esquel. De palabra nomás, algunas promesas no cumplidas”.

La denuncia se hizo en octubre de 2021 ante la Justicia federal y el juez Guido Otranto ordenó el allanamiento para que la PFA haga análisis de suelo y agua. “Vinieron enseguida a hacer las muestras de suelo y agua, y realizaron un allanamiento a la planta de residuos”, dice Gabriel Nahuelquir, otro vecino. 

En tanto, el Municipio recibió un rechazo en la Justicia Civil provincial después de haber presentado un amparo y debía limpiar el campo en un plazo de 15 días, además de reponer el alambrado para que no se sigan volando las bolsas provenientes del basural. Gabriel: “Creemos a simple vista que en menos de 5 años no lo van a limpiar”.

 

Entre venenos y basura

El informe pericial de la PFA concluye que se tomaron las muestras incluso dentro del campo de la Comunidad. Según el mismo informe, tanto el sentido de escurrimiento de las aguas como la dirección de los vientos predominantes apuntan del basural directamente hacia el territorio comunitario. 

¿Qué dice la pericia policial? 

1) “Las muestras de suelo M7 (915144) y la M8 (915435) presentan niveles de metales pesados (Cobalto y Níquel) superiores a los tolerables de uso residencial e industrial según lo exige la normativa vigente en materia de Residuos Peligrosos, Ley Nacional N° 24.051 y su decreto reglamentario 831/9393”.

2) “En TODAS las muestras de agua, de la M1A a la M9A se comprobó la presencia de hidrocarburos parafínicos lineales, estos contemplados en la ley 24501 como Residuos Peligrosos del tipo Y-9 'Mezclas y emulsiones de aceite o hidrocarburos y agua'”.

3) “Las muestras de suelo y agua contaminadas, M8 y M9A respectivamente, se encuentran dentro del campo de la Comunidad Nahuelpan lindera a la PTSRU Esquel”.

4) “La muestra contaminada con hidrocarburos M9A, se corresponde con el agua de captación subterránea de la vivienda de la familia del Sr Felipe Suárez de la Comunidad Nahuelpan”.

La denuncia es por delito ambiental en contra del Municipio de Esquel, que es propietario de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), donde son contribuyentes el Municipio de Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces. Gabriel: “El basurero tiene un fin económico. Si sirvió, fue para los bolsillos de algunos, porque nunca funcionó bien. En 2009 se creó y a fin de año ya había bolsas volando por el campo”. Desde entonces, las familias Castro, Panquilef y Suárez, integrantes de la Comunidad Nahuelpan, presentaron denuncias que nunca fueron respondidas. 

Nahuelpan es una de las comunidades emblemáticas de la región, conformada por cientos de familias que datan desde, al menos, mediados del siglo XIX en el lugar, durante las campañas militares que llevó el Estado Argentino para consolidarse como tal.

Además, dice Gabriel, “ningún abogado quería denunciar a los municipios”. Actualmente cuentan con el patrocinio letrado de la Dra. Sonia Ivanoff, abogada especialista en derecho  de los pueblos indígenas, miembro de la Asociacion de Abogados/as de Derecho Indígena de la Republica Argentina (AADI).

Unos 20 camiones diarios de residuos domésticos, más una decena de camiones de escombros y otros materiales ingresan al basural procedentes de Esquel, Trevelin y Villa Futalaufquen. Gabriel suma contexto: “La Policía de la provincia tiene ahí además un parque automotor. Los autos secuestrados vienen a parar ahí, sobre la tierra. Debe haber al menos 200 autos. También está Vialidad Provincial con autos y maquinaria. Todo el combustible, gasoil, nafta, aceite, cae a la tierra. La cantidad  de bolsas, plásticos, colchones, todo lo que en el domicilio puede haber y se tira, eso también está en el campo, a unos diez kilómetros a la redonda en la Comunidad Nahuelpan”. 

La afectación en el territorio es tal después de más de una década de funcionamiento del basural, que las familias más cercanas tienen que sacar a los animales del campo porque ya no pueden estar ahí: se están muriendo. Gabriel describe: “Las vacas, los caballos, tienen bolsas en el cuerpo que no pueden digerir. Las ovejas, los chivos y otros animales se han muerto y han largado combustible u otra cosa por los ojos, por la boca. Algunos se han hinchado y los han tenido que despanzar y tienen bolsas adentro, plásticos, cualquier cosa”. Las familias directamente afectadas son cinco de las 28 que actualmente componen la Comunidad Nahuelpan.

 

Mecanismos del despojo

El basurero es solo uno de los frentes con los que debe lidiar hoy la Comunidad para sobrevivir. A esta situación se le suma una disputa judicial por un acceso al territorio, que fue primero cerrado con tranquera y candado, y luego zanjeado por la empresaria María Elena Paggi, que es periodista y dirigenta política del Frente de Todxs (en 2015 fue candidata a intendenta de Esquel). Asimismo, las familias son hostigadas por la fiscalía de Esquel a raíz de una denuncia por “usurpación” que realizó el terrateniente Carlos Aguado.

Nahuelpan es una de las comunidades emblemáticas de la región, conformada por cientos de familias que datan desde, al menos, mediados del siglo XIX en el lugar, durante las campañas militares que llevó el Estado Argentino para consolidarse como tal. Si bien fue reconocida en 1908 por el mismo Estado, un decreto de 1937 impuso el desalojo de sus habitantes. Más tarde, en 1948, el mismo Estado restituyó solo una parte (3 de 9 lotes) del territorio a los descendientes directos del Cacique Francisco Nahuelpan. 

Los atropellos continuaron. Cambiaron las formas, mas no el modo: los derechos de los pueblos indígenas existen, pero no se cumplen ni se respetan.

¿Qué fue del estudio de impacto social y ambiental previo al basural? ¿Qué participación tuvo la Comunidad? Sonia Ivanoff, abogada: “El derecho a la consulta y participación previa, libre e informada para instalar la planta de residuos urbanos de Esquel, lindera al territorio de la Comunidad, nunca se hizo. No se respetó el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho a la participación. El Estado estaba obligado, ya que afecta intereses directos contra la comunidad”.

Ivanoff suma: “Las acusaciones de usurpación a miembros individuales de la Comunidad Nahuelpan y el accionar de la fiscal Dra. Mónica Caveri, quien pretende imputar un delito penal donde se debe discutir el derecho a la posesión y propiedad indígena, forma parte del escenario que deben hoy transitar los comuneros mapuche”.

Los análisis químicos que hizo la Policía Federal arrojaron como resultado la presencia de metales pesados (níquel y cobalto) en distintas muestras de suelo e “hidrocarburos lineales” en el agua.

Ana Ramos, Dra. en Antropología Social e integrante del Grupo GEMAS (Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas), explica el trasfondo de la Comunidad Nahuelpan: “Limitar el territorio de las relaciones históricas a través de la figura de 'reserva indígena' ya es de por sí un mecanismo de despojo. Otro de los mecanismos utilizados fue, con quienes tenían títulos personales o permisos precarios de ocupación, hacer jugar la 'sucesión' con algunos hermanos. Mediante la sucesión podían presionar a familiares que estaban lejos, viejitos o que querían vender, y el que quedaba en el campo, quedaba con un territorio tan reducido que ya no podía producir ahí. Eso también es despojo”.

Para Ramos, los criterios jurídicos estatales que suelen aplicarse (como la denominación “reserva” y la figura de la “sucesión”) son “muy diferentes a las formas tradicionales de reconocimiento, de uso y de herencia de las comunidades mapuche tehuelche”. Además, “el derecho de las comunidades a regirse por sus normativas tradicionales en sus territorios también es una ley vigente”.

 

Memorias que regresan

María Elena Paggi heredó de su abuelo un lote de 2.500 hectáreas pertenecientes a la “Reserva Nahuelpan”. Pedro Memphis Paggi, escribano del lugar, fue uno de los beneficiados en el loteo del territorio que sucedió al desalojo decretado en 1937. Ese año, más de 300 familias que allí vivían fueron violentamente despojadas de sus tierras. Quemaron sus casas, rompieron sus plantaciones y soltaron a sus animales. Tuvieron que irse con lo puesto a buscar otros lugares donde subsistir, conformándose nuevas comunidades en distintos parajes. 

Muchas familias debieron trasladarse a las ciudades como Comodoro Rivadavia, Trelew, Corcovado, Gualjaina o la incipiente Esquel, donde se conformaron barrios como el Ceferino y el Badén, periféricos al centro. Otras familias quedaron deambulando, “desalojadas” por años, viviendo en campamentos. 

En uno de esos campamentos nació Ángel Quilaqueo, uno de los referentes de la Comunidad Nahuelpan, siete años después del desalojo. “Su abuela Isabel Nahuelpan, una de las hijas de Francisco Nahuelpan, vivía antes del desalojo junto con su familia en lo que hoy es el lote 9, donde finalmente se quedó Maria Elena Paggi”, relata Ayelén Fiori, del Grupo GEMAS, que viene trabajando junto a la comunidad en la reconstrucción histórica de su identidad.

La denuncia es por delito ambiental en contra del Municipio de Esquel, que es propietario de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), donde son contribuyentes el Municipio de Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces.

Los relatos del desalojo han quedado en las memorias disgregadas que de a poco van retornando y uniéndose en la reconstrucción de una historia y una identidad del Pueblo Nación Mapuche y Mapuche Tehuelche que el Estado Argentino se niega a reconocer.
En Esquel lo recuerdan algunas abuelas y abuelos, que hoy tienen la fuerza y el acompañamiento para compartir esos relatos con lxs más jóvenes.

Mientras tanto, una calle perdida entre otras calles internas de la ciudad lleva el nombre de “Desalojo del 37”. Y el “Expreso Patagónico La Trochita”, con salidas diarias durante todo el verano, recorre el camino que va de Esquel a la “Estación Nahuelpan”. Con un boleto de cuatro mil pesos para residentes nacionales, recauda millones por temporada para el mismo Municipio que desoye los reclamos de la comunidad. 

 

La palabra y el territorio

Por esta situación, el pasado 14 de febrero se realizó una conferencia de prensa y acción política de visibilización en la estación de La Trochita en Esquel. Allí Ángel Quilaqueo, lonko de la Comunidad Nahuelpan, expresaba: “Queremos hacer saber a la población la situación en que estamos. A principio de mes, el 2 de febrero, fueron más de 30 policías a allanarnos, no encontraron nada, no sé con qué fin, con qué intención fueron allá. Que se sepa cómo estamos en Nahuelpan”. 

Sobre el rol de algunos medios: “Tenemos una señora periodista que tiene su radio y nos critica todos los sábados. No le podemos contestar porque no tenemos medios, no lo podemos denunciar porque no te toman la denuncia, así que estamos aguantando todas esas críticas y discriminación. A ver si toman un poquito de entusiasmo las autoridades provinciales, municipales, y la Justicia. Ha pasado un año del caso que teníamos con la señora Paggi  y no se sabe nada. Entramos y salimos pero no sabemos qué día va y nos pone otra vez la zanja ahí en el camino, y hay que prepararse para el invierno. Y encima esto del basurero”.

“Aquí los tribunales saben perfectamente lo que está pasando en Nahuelpan pero no nos dan ninguna solución y además los atropellos que hacen, llevan a la Policía, nos quieren sacar a toda costa”, denunció Ángel. Su deseo: “Necesitamos que las autoridades provinciales y nacionales se enteren. Tenemos una esperanza de que nos puedan escuchar. Somos mapuche pero estamos en Argentina. Queremos nuestra tierra para vivir y sobrevivir y tener algo para nuestros hijos y que no tengan que irse a las ciudades. El mapuche quiere a su familia trabajando en nuestra tierra. Es eso lo que pedimos, nada más”. 

Existe una disputa judicial por un acceso al territorio, que fue primero cerrado con tranquera y candado, y luego zanjeado por la empresaria María Elena Paggi, que es periodista y dirigenta política del Frente de Todxs.

En un comunicado difundido el 1 de marzo, la Comunidad convoca “para el día 10 de marzo a las 10 horas de la mañana, en el territorio de la Comunidad Nahuelpan, a los siguientes funcionarios a parlamentar”. En la lista figuran: el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; el presidente de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu; el intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato; y el intendente de la ciudad de Trevelin, Héctor Ingram.

“Esta convocatoria -dice el texto dinfundido- deja asentada nuestra intención de poner en primer plano la diplomacia y la palabra, tal como hacían nuestros antepasados. Sin embargo, no dudaremos en ejercer nuestro derecho a defender la vida de nuestro territorio”.

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